Reforma que castiga prostitución en CDMX es regresiva y discriminatoria, dicen trabajadoras y académicas
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Reforma que castiga prostitución en CDMX es regresiva y discriminatoria, dicen trabajadoras y académicas

Trabajadoras sexuales y académicas consideran que es necesario regular el comercio sexual; sin embargo, coinciden en que es necesario que las leyes y políticas públicas tengan como objetivo mejorar las condiciones de seguridad en las que se llevan a cabo estas actividades.
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El pasado 16 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva Ley de Cultura Cívica que sanciona administrativamente la “prostitución”, lo que para trabajadoras sexuales y académicas es una medida regresiva, que discrimina a quienes ejercen dicho oficio y las coloca en situaciones de riesgo.

Ante los señalamientos de la regresión en el reconocimiento de derechos a las trabajadoras sexuales, realizados por distintas organizaciones como el Centro de Apoyo a Identidades Trans y la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS), quienes desde 2014 tienen el reconocimiento de “trabajadoras no asalariadas” en la Ciudad de México, el gobierno capitalino decidió dar marcha atrás a esta legislación.

Prostitución, hacinamiento y maltratos físicos; violaciones presentes en penales femeniles de México

Trabajadoras sexuales y académicas, como Marta Lamas y la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Claudia Torres, consideran que es necesario regular el comercio sexual; sin embargo, coinciden en que es necesario que las leyes y políticas públicas que se generen en esta materia tengan como objetivo mejorar las condiciones de seguridad en las que se llevan a cabo estas actividades, y no con su criminalización.

Mujeres pobres, las más vulnerables

La académica feminista Marta Lamas explica que la regulación del trabajo sexual en la Ciudad de México tiene su origen durante el gobierno de Ernesto P. Uruchurtu, en la década de los años 50, cuando se dio el cierre de diversas casas de citas, y continuó en los 80, cuando el regente Enrique Jackson propuso el reconocimiento de puntos en los que las mujeres tenían permitido ejercer la prostitución.

Fue a partir del 2000, cuando se aprobó el Protocolo de Palermo contra el tráfico de personas, de drogas y de armas, que la narrativa en la legislación del trabajo sexual cambió, pues, de acuerdo con Lamas, “se mezcló de manera indiferenciada la trata con el comercio sexual, lo que generó preocupación por que este diera pie a la explotación, aunque hay investigaciones salidas que demuestran que hay una barrera muy clara entre una y otra práctica”.

En opinión de la académica, lo que la Ciudad de México necesita es que se formulen leyes que distingan la trata de personas del trabajo sexual, porque con la prohibición a quienes se vulnera son a las mujeres más pobres, quienes no cuentan con un lugar privado desde el cual prestar sus servicios y tienen que ofrecerlos en la calle y pueden convertirse en víctimas de extorsiones por parte de autoridades que regulan el espacio público.

Además, recordó que, desde 2014 una jueza concedió un amparo a un grupo de trabajadoras sexuales, y determinó que estas tenían que ser reconocidas como “trabajadoras no asalariadas” por el gobierno capitalino, con lo que se les reconocen derechos como el de acceso a servicios médicos y a recibir capacitaciones en actividades técnicas para “elevar su nivel de cultura y propiciar su mejoramiento integral”.

Prostitución trans y las normas de trasfondo

Por ello, la académica considera que la aprobación de la nueva Ley de Cultura Cívica por parte del Congreso de Ciudad de México “va contra una disposición judicial”.

Castigar el trabajo sexual, un acto de discriminación

La investigadora Claudia Torres, integrante del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, señala que lo que sugirió el Congreso “no es hacer de la prostitución un delito, pero al tipificarla como una falta administrativa se regula desde un contexto de discriminación, porque se suspenden derechos que ellas trabajadoras sexuales habían ganado desde 2014”.

Desde entonces, recordó Torres, el gobierno capitalino está obligado a reconocerlas como trabajadoras y a credencializarlas, lo que implica también la protección de sus derechos a beneficios sociales, mismos que no pueden ser “suspendidos sin explicación”, debido a que la decisión del Congreso se hizo sin la participación de las mismas.

“Esta es una reforma regresiva, por lo menos en lo que tiene que ver con derechos económicos y sociales asociados con el régimen de trabajo no asalariado”, explica.

Para la académica, este tipo de regulaciones son discriminatorias, porque “perpetúan la idea de que las trabajadoras sexuales son objetos de regulación y no sujetos de derecho, lo que las coloca en una situación desigual, sin mecanismos de defensa”.

Además, incentiva que las trabajadoras sexuales se escondan, al igual que los clientes, llevando esta actividad a una clandestinidad que resulta peligrosa para ellas.

La prostitución, ¿debe regularse o prohibirse?

Regulación y despenalización, la propuesta de trabajadoras

Midori, integrante de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, explica que para la AMETS es importante que, de darse una regulación de esta actividad, esta se realice con un enfoque de derechos humanos, y no con la finalidad de recaudar impuestos o de criminalizar.

Como trabajadora sexual independiente, Midori explica que es necesario que se haga una distinción entre su profesión y la trata de personas, por lo que es necesaria la despenalización de la prostitución.

Natalia, mujer integrante del Centro de Apoyo a Identidades Trans, coincide en que es necesario regular la actividad, aunque el grupo al que pertenece aboga porque se les dé un reconocimiento de trabajadoras que incluya seguridad social desde un modelo integral que no estigmatice a esta población y las ayude a conseguir un nivel de vida digna.

El grupo al que pertenece señala que la criminalización de la prostitución “abre la puerta a prácticas delictivas como las detenciones arbitrarias, el cobro de piso, el abuso, la persecución y extorsión por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y las instituciones de impartición de justicia en la Ciudad de México”.

Ambas organizaciones de trabajadoras sexuales anunciaron que buscarán participar en la reformulación de la Ley de Cultura Cívica y de otras regulaciones que se discutan acerca de su oficio, mientras tanto, sus integrantes continuarán laborando en condiciones en las que la única medida de seguridad que pueden tener es el apoyo entre compañeras, con redes de información sobre dónde y con quién se encuentran y la autodefensa.

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Dondequiera hay cadáveres: cómo la segunda ola de la pandemia está devastando al estado más poblado de India

Con una población más grande que la de Brasil, el estado indio de Uttar Pradesh está siendo arrasado por la pandemia de COVID-19.
21 de abril, 2021
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India está siendo azotada por una severa segunda ola de covid-19 y muchos estados están luchando para hacer frente al aumento de casos.

Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, se encuentra entre los más afectados y su gente está sufriendo a pesar de que las autoridades insisten en que la situación está bajo control, como informa la periodista de la BBC Geeta Pandey.

El padre de Kanwal Jeet Singh, Niranjan Pal Singh, de 58 años, murió el viernes en una ambulancia cuando lo transportaban de un hospital a otro.

Cuatro hospitales lo habían rechazado por falta de camas.

“Fue un día desgarrador para mí”, explicó por teléfono desde su casa en la ciudad de Kanpur.

“Creo que si hubiera recibido tratamiento a tiempo, habría vivido. Pero nadie nos ayudó, la policía, las autoridades sanitarias o el gobierno”.

Con un total de 851,620 infecciones y 9,830 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, Uttar Pradesh no lo había hecho tan mal durante la primera ola que devastó a muchos otros estados indios.

Pero la segunda ola lo ha llevado al borde del colapso.

Las autoridades dicen que la situación está bajo control.

Pero imágenes perturbadoras de centros de pruebas abarrotados, hospitales que rechazan pacientes y piras funerarias ardiendo las 24 horas del día en los campos de cremación en la capital del estado, Lucknow, y otras ciudades importantes como Varanasi, Kanpur y Allahabad, han sido noticia nacional.

Con 240 millones de habitantes, Uttar Pradesh es el estado más poblado de India.

Es hogar de uno de cada seis indios. Si fuera un país separado, sería el quinto más grande del mundo por población, solo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

Políticamente, el estado también es el más importante de India: tiene la mayor cantidad de diputados (80) en el Parlamento, incluido el primer ministro Narendra Modi, quien, aunque es de otro estado, compite desde aquí.

Sin embargo, esta influencia política le ha traído poco desarrollo.

El estado tiene 191,000 casos activos en este momento y se informa de miles de nuevas infecciones diariamente, aunque se cree que las cifras son mucho más altas.

Esto ha puesto la frágil infraestructura de salud del estado en el centro de atención.

Entre los enfermos se encuentran el ministro principal del estado, Yogi Adityanath, varios de sus colegas de gabinete, decenas de funcionarios gubernamentales y cientos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Los videos que compartió un periodista local en Kanpur muestran a un hombre enfermo tirado en el suelo en el estacionamiento del hospital Lala Lajpat Rai administrado por el gobierno.

A poca distancia, un anciano se sienta en un banco. Ambos han dado positivo por covid, pero el hospital no tiene camas para acomodarlos.

Afuera del hospital de Kanshiram, administrado por el gobierno, una joven lloró al explicar que dos hospitales se habían negado a admitir a su madre enferma.

“Dicen que se han quedado sin camas. Si no tienes cama, ponla en el suelo, pero al menos dale un tratamiento. Hay muchos pacientes como ella. He visto a varias personas que han sido rechazadas como nosotros”.

“El primer ministro dice que hay camas. Por favor, muéstrenme dónde están. Por favor, ayuden a mi madre”, dijo sollozando desconsoladamente.

“No vino nadie”

La situación en la capital, Lucknow, es igualmente terrible.

Sushil Kumar Srivastava fue fotografiado sentado en su automóvil, conectado a un cilindro de oxígeno mientras su desesperada familia lo llevaba de un hospital a otro.

Cuando le encontraron una cama, ya era demasiado tarde.

Su hijo Ashish estaba demasiado devastado para hablar. “Sabes lo que pasó. No estoy en condiciones de hablar”, expresó con la voz quebrada.

La nota escrita a mano en hindi del juez retirado Ramesh Chandra, solicitando ayuda después de que las autoridades no pudieran sacar el cuerpo de su esposa de su casa, fue compartida por cientos de personas en las redes sociales.

“Mi esposa y yo dimos positivo para el corona(virus). Desde ayer por la mañana, llamé a las líneas telefónicas de ayuda del gobierno al menos 50 veces, pero nadie vino a entregar ningún medicamento ni a llevarnos al hospital”.

“Debido al descuido del gobierno”, escribió, “mi esposa murió esta mañana”.

hospital administrado por el gobierno en Noida.

BBC
Gente esperando una prueba de covid frente a un hospital administrado por el gobierno en Noida.

Hace años que perdí la esperanza, por las malas instalaciones médicas que hay en este estado. Aquí es donde se encuentra mi aldea ancestral y conozco las dificultades de encontrar un médico o una ambulancia, incluso en tiempos normales.

Con una pandemia arrasadora, las dificultades se han exacerbado.

En la ciudad santa de Varanasi, que también es parte del distrito electoral del primer ministro Modi, reside Vimal Kapoor desde hace mucho tiempo.

Su madre de 70 años, Nirmala Kapoor, murió de covid en un hospital el jueves pasado. Describe la situación como “bhayavah”: aterradora.

“He visto a demasiadas personas morir en ambulancias. Los hospitales están rechazando a los pacientes porque no hay camas, las farmacias se han quedado sin medicamentos esenciales de covid y el oxígeno es escaso”.

Hospitals have been overrun in many cities

BBC
Los hospitales no pueden atender a todos los pacientes.

Kapoor señala que cuando llevó el cuerpo de su madre al campo de cremación, se encontró con un “lashon ka dher”, una pila de cuerpos.

El costo de la leña para la pira se ha multiplicado por tres y la espera para tener un lugar en la cremación ha aumentado de 15 a 20 minutos a entre cinco y seis horas.

“Nunca había visto algo así antes. Dondequiera que mires, ves ambulancias y cadáveres”, dijo.

Las historias de muertes y familias devastadas por la covid-19 abundan a medida que las infecciones continúan incrementándose.

El domingo el estado registró 30.596 nuevos casos, el recuento más alto en un solo día.

Incluso esto, dicen activistas y políticos de la oposición, no da una imagen real de la propagación de la infección.

Acusan al estado de mantener bajo el recuento de casos y muertes al no llevar a cabo suficientes pruebas y al no incluir datos de laboratorios privados.

Y la afirmación parece estar sustentada.

Ghaziabad in Uttar Pradesh

Getty Images
Un fallecido por covid cremado en Ghaziabad en Uttar Pradesh.

Muchas personas con las que hablé dijeron que no se habían hecho la prueba o que sus resultados positivos no se habían incluido en el sitio del gobierno estatal.

Desde Lucknow, Ajay Singh, de 62 años, me envió el análisis positivo de la prueba de su esposa, la cual no se menciona en los registros estatales.

Y ni Singh, que murió en Kanpur, ni la madre de Kapoor, que murió en Varanasi, fueron incluidos en el recuento estatal de víctimas.

Sus certificados de defunción no mencionaron el coronavirus como la causa de la muerte.

Los medios indios también han cuestionado los datos del gobierno, con informes de un desajuste entre el número oficial de muertes y los cuerpos en los crematorios de Lucknow y Varanasi.

Anshuman Rai, director de Heritage Hospitals, un grupo privado que dirige colegios médicos y hospitales en el estado, describe la situación como “extraordinaria”.

“La razón por la que los servicios no funcionan es porque demasiados trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, mensajeros y técnicos de laboratorio, se están enfermando”, indica.

“En un momento en que deberíamos estar trabajando al 200%, ni siquiera podemos hacerlo al 100% porque el sector de la salud depende totalmente de la mano de obra”.

Los críticos culpan al gobierno estatal y federal por no anticipar la segunda ola.

Dicen que hubo una pausa entre septiembre y febrero cuando los servicios de salud y la infraestructura podrían haberse reforzado, el estado podría haber creado bancos de oxígeno y abastecerse de medicamentos, pero desaprovecharon la oportunidad.

Y con el virus propagándose rápidamente, es poco probable que las cosas mejoren pronto.


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