Comunidad indígena logra que gobierno del Edomex cambie proyecto para autopista Naucalpan-Toluca
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Cuartoscuro

Comunidad indígena logra que gobierno del Edomex cambie proyecto para autopista Naucalpan-Toluca

La obra de infraestructura es una propuesta de los propios pobladores, elaborada con la asesoría de ingenieros y ambientalistas.
Cuartoscuro
22 de mayo, 2019
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Después de 12 años de lucha, la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, ubicada en el Estado de México, llegó a un acuerdo con el gobierno y una filial de Grupo Higa para que la autopista de peaje Toluca-Naucalpan no divida por completo el Parque Otomí Mexica, y deje confinados a los habitantes de la zona alta de Lerma y sin poder subir a la montaña.

De acuerdo al plan de la empresa, la obra de infraestructura partiría en dos la reserva natural. Lo que quedara de un lado y de otro estaría conectado solo por dos pequeños pasos. La comunidad otomí ya no tendría libre acceso a lugares del bosque, que para ellos son sagrados, y la fauna de la región estaría en peligro, al verse obligada a cruzar una autopista, vuelta de pronto frontera, en donde para ellos antes había libre tránsito.

Hay un acuerdo para suspender las obras en Xochicuautla: habitantes

En 2007, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, autorizó la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a la empresa TEYA S. A. de C. V, filial de Grupo Higa.

“El proyecto, como estaba planteado, afectaba bosques, fauna, lugares sagrados y la cultura de nuestro pueblo otomí, además de importantes fuentes de agua, que incluso abastecen a la zona metropolitana”, explicó, en entrevista con Animal Político, José Luis Fernandez, integrante del Consejo Supremo Indigena de la Comunidad Xochicuautla.

Ante ese plan, los habitantes de la zona se rebelaron. Nadie los consultó sobre el proyecto, alertaron, e iniciaron la lucha legal y de resistencia social. Esa batalla entró en su fase final en 2016, cuando los pobladores decidieron, frente al avance del 93.7 % del total de la obra, que tenían una única opción viable: proponer un proyecto alternativo que les permitiera conservar su paso por el bosque y proteger a la fauna y toda el hábitat.

Nuevo proyecro de la autopista Toluca-Naucalpan.

Nuevo proyecro de la autopista Toluca-Naucalpan.

Policías del Edomex desalojan a habitantes de Xochicuatla, que se oponen a un proyecto de Higa

La propuesta sigue el trazo original de la autopista pero respeta los escurrimientos naturales subterráneos, que alimentan los ríos y fuentes de agua de la comunidad. “Nuestra propuesta respeta también el movimiento humano y de fauna, en lugar de cortar el paso”, asentó el Consejo Indigena en su posicionamiento oficial.

Para lograr esto, el proyecto alterno de la comunidad considera 10 pasos que se traducirán en puentes (uno de ellos mide 260 metros); pasos superiores multiusos con flora, (que servirán para mantener el continuo biológico de todas las especies) y un paso superior vehicular.

Además, la comunidad logró imponer un “Plan de Desarrollo Integral” con siete ejes estratégicos: educación, cultura, salud, deporte, productivo (sustentable y autosuficiencia alimentaria), forestal, (conservación y el cuidado de nuestros bosques) e infraestructura. En cada uno, la comunidad decidirá de manera autónoma los contenidos y acciones.

Otro logro es la creación de un fideicomiso, promovido por la recomendación 56/2016 de la CNDH, para que parte de los ingresos de la autopista Toluca-Naucalpan se destinen a obras de infraestructura en la comunidad, incluidos pozos para captación de agua pluvial.

Para los pobladores también es importante el reconocimiento moral. “Somos parte de una comunidad indígena en resistencia que logró crear una alternativa técnicamente mejor a la del gobierno y la empresa”, afirmó José Luis Fernández.

Los acuerdos, que terminaron de firmarse en marzo, fueron resultado de dos años de mesas técnicas con la empresa, y los gobiernos federal y del Estado de México, en las que la comunidad estuvo acompañada por testigos como la CNDH, la Organización de las Naciones Unidas y Servicios y Asesoría para la Paz.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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