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Cuartoscuro

Conflicto entre pueblos de Aldama y Chenalhó, Chiapas, continúa pese a firma de paz

Pobladores reportan que las agresiones han continuado y que las autoridades no actúan para frenarlas.
Cuartoscuro
13 de junio, 2019
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El martes 4 de junio se firmó en el Palacio de Gobierno de Chiapas un convenio de no agresión entre los habitantes del municipio de Aldama y los de Santa Martha, en Chenalhó. Al hecho se le calificó como algo histórico, que marcaba el inicio de una nueva etapa de paz. 

Ambas zonas han estado enfrentadas desde hace más de 40 años por un conflicto de tierras. Pero en 2016 la violencia escaló y ha provocado desplazados, muertos y heridos. Activistas y pobladores culpan de esto a grupos de corte paramilitar, asentados en el municipio de Chenalhó y herederos de los que perpetraron la masacre de Acteal, en 1997.

El día de la firma del convenio de paz, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaria de Gobernación (Segob), quien fungió como testigo de honor, aseguró que el pacto signado ese día podría ser ejemplo para la nación.

“El convenio de no agresión que hoy se suscribe marca el inicio de una nueva etapa por la paz y la reconciliación entre las mexicanas y los mexicanos, no solamente entre los municipios de Aldama y Chenalhó, sino que puede ser un ejemplo para que en todo el país vayamos construyendo la civilidad”, aseguró el subsecretario. 

Rutilio Escandón Cadena, gobernador del estado, también testigo de honor en el hecho, remarcó que era un día histórico. “Por primera vez están juntos dos pueblos hermanos. Pasaron muchos años para que hoy estemos unidos por una causa: la paz y la reconciliación”. 

Pero al día siguiente, 5 de junio, alrededor de las 10:22 de la noche, Animal Político recibió un reporte de los pobladores de Aldama. “Alrededor de las 7 de la noche hubo disparos de armas de fuego hacia nuestras comunidades, procedentes de Tojtik, Santa Martha, cerca de la escuela secundaria. ¿Dónde está el pacto de paz de Chenalhó?”.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirma que mientras el Estado no investigue, desarticule y desarme a los grupos paramilitares de Chenalhó, como lo han estado pidiendo los pobladores de Aldama, ningún convenio de no agresión va a funcionar. 

“Le apostaron a que la imagen institucional, con la presencia del gobernador y de Encinas, iba a bastar para generar la presión suficiente y parar la violencia, pero no fue así”, señala Faro.

Desplazados de Chenalhó exigen a AMLO justicia y seguridad para volver a casa

Fue una burla

Pocos días antes de la firma del convenio, los pobladores de Aldama estuvieron reportando agresiones constantes con armas de fuego por parte de sus vecinos de Santa Martha.

Tal como Animal Político reportó, el miércoles 22 de mayo, Juan Lunes Santiz, de 19 años, recibió un balazo mientras se encontraba en el patio de su vivienda, en la comunidad de Cocó, municipio de Aldama. Acababa de volver del trabajo en el cultivo del café y la milpa. La bala se alojó en el pie derecho del muchacho, en el empeine. 

“Casi todos los días disparan desde Santa Martha (Chenalhó) a las comunidades de Aldama, sobre todo a Tabak, Cocó, San Pedro Cotzilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, las que están en la franja donde colindan ambos municipios”, contó el 24 de mayo Azalia Hernández, vocera del Frayba.

En ese entorno, la firma del convenio el 5 de junio sonó sorpresiva. Aunque uno de los líderes de los pobladores de Aldama afectados por la violencia, a quien llamaremos Abel para respetar su petición de no poner su verdadero nombre, cuenta que las pláticas para llegar al acuerdo de paz iniciaron desde el 29 de abril de 2018, todavía bajo la administración estatal de Manuel Velasco. 

Incluso se instaló una llamada “mesa de atención” que integró el gobierno del estado, a través de la secretaría general del gobierno 

Las reuniones se realizaban por separado entre autoridades locales y federales y los pobladores de Santa Martha, Chenalhó, por un lado, y los de Aldama, por el otro. Aunque Abel, quien ha estado presente en los encuentros, asegura que durante la administración pasada no se avanzó. “No hubo ningún resultado, según porque los de Santa Martha no se presentaban a las reuniones, al menos eso nos decía el gobierno”. 

Fue hasta que cambió la administración local y federal que los de Chenalhó se sentaron a negociar. “No sabemos por qué, pero empezaron a asistir a las reuniones con el secretario general y con integrantes de la fiscalía, y de derechos humanos estatal y federal”. 

De acuerdo a reportes de medios locales y nacionales, en esas reuniones fue donde  el secretario general del Gobierno de Chiapas, Ismael Brito, propuso firmar el convenio de paz. El 4 de junio, el ánimo fue festivo, hubo sonrisas y abrazos. “Pero fue una burla. Mientras el gobierno del estado no investigue, desarme y desarticule al grupo de corte paramilitar que opera en Chenalhó no van a parar las agresiones hacia nosotros”, advierte Abel. 

Pueblos de Aldama, Chiapas, bajo ataque por conflicto territorial y sin actuación de autoridades

Los pobladores de Aldama reportaron que los ataques siguen. “Los hacen ahora de forma más discreta. Antes tiraban cuando la gente andaba en la parcela o en los caminos, ahora como en el convenio se firmó el libre tránsito, no tiran si la gente anda caminando o en la carretera, pero sí disparan y lo hacen para amedrentar, para que la gente se la piense para salir”, afirma el dirigente. 

El jueves 6, los habitantes de Aldama reportaron, por ejemplo, que, alrededor de las 11 de la noche, cuando la gente ya estaba durmiendo, se escucharon ráfagas de armas de fuego de alto calibre, que provenían desde las colinas de Baletik, Santa Martha Chenalhó, hacia San Pedro Cotzilnam, uno de los bastiones importantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El domingo 9 de junio hubo otro ataque, aunque de menor intensidad, al parecer con armas de bajo calibre, desde la comunidad de Toyoy’tik Saclum, en Santa Martha, hacia la de Cocó, en Aldama. Este miércoles 12 de junio, hubo disparos con armas cortas, a las 6:20 de la tarde, desde T’ulvitz, Santa Martha, hacia San Pedro Cotzilnam.

En el convenio se estableció que en caso de que alguien disparara, sus propias autoridades comunitarias se encargarían de sancionarlo y de llevarlo ante las del municipio si era reincidente, lo que al parecer no ha sucedido a decir de Abel. 

“Nosotros le hemos pasado los reportes a las autoridades del estado. Solo nos dicen que van a mandar el patrullaje de la policía, pero si es noche, ya no entran  y solo están unos 15 o 20 policías que regresaron hace dos semanas ahí en la base militar que se instaló en Cocó en enero, en el mismo lugar de donde huyeron los policías en abril, porque hasta a ellos les disparan”.

Abel dice que derivado de los ataques que se han generado en los últimos días, acudieron al palacio de gobierno, pero el secretario general, Ismael Brito, no los recibió, bajo el argumento de que tenía otra reunión. Fue el coordinador de delegados del gobierno del estado quien los atendió. “Solo nos dijo que iban a mandar llamar a las autoridades de Chenalhó y ya no hemos sabido más”. 

Las comunidades de Aldama, dice Pedro Faro, el director del Frayba, “están obligadas, por la inacción de los gobiernos estatal y municipal, a resistir en un entorno de violencia y terror. “Las autoridades saben dónde están las personas que tienen armas. Han levantado hasta una trinchera de 25 metros para desde ahí estar tirando hacia Aldama. Pasa por ahí el ejército y no la destruye. Hay denuncias en la fiscalía estatal y federal por las agresiones y los homicidios y las autoridades no actúan”. 

Los pobladores acusan que tampoco se avanza para solucionar el conflicto territorial. De hecho, el convenio que se firmó el 4 de junio solo comprometía un acuerdo de no agresión, sin tocar el problema que dio origen a los enfrentamientos entre ambos municipios: la pugna por 60 hectáreas que reclaman como propias ambas partes

“Se supone que el viernes 14 vamos a tener una reunión para empezar a ver cómo se soluciona esto de las 60 hectáreas, pero si ni siquiera se respeta el convenio de no agresión, cómo vamos a poder avanzar en lo otro”, señala Abel. 

En entrevista con Animal Político, Ismael Brito, secretario general del Gobierno de Chiapas, admite que el convenio que se firmó “es apenas un pasito” en la solución del conflicto. “Sabemos que hay gente interesada en que esto no prospere, hay quienes reciben hasta un salario porque no prospere, pero no puedo dar nombres ni apellidos. Pese a eso, el acuerdo va. Si hay disparos eso no significa que se rompa”. 

El acuerdo está firme, asegura, “tan es así que el viernes 14 nos vamos a reunir con los representantes de ambos municipios. Vamos ahí a tratar lo de un programa de canje de armas, lo vamos a promover ese día, a quien entregue una se le da una computadora o algo que le sirva”. 

Claro, “sabemos que no van a llegar a entregar todos su arma, es una cultura que tenemos que ir fomentando, que sepan que no se necesitan armas en los hogares. Necesitamos que las mujeres vayan hablando con sus esposos. Es poco a poco”. 

Brito subraya que no es estableciendo bases de operaciones mixtas como se va a llegar a la paz , “es un convencimiento, es un trabajo arduo, permanente, que vamos a ir logrando”. 

El origen del conflicto 

Los problemas de tierras entre ambas zonas vienen desde la década de los 70 cuando se hizo la Reforma Agraria en el país.

Sin embargo, ambas comunidades habían logrado negociar y consensar para no llegar a un conflicto, hasta que una acción del gobierno volvió a detonar el problema: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), con el que se hicieron nuevos planos de los bienes comunales de los que resultó que una porción de tierra que aparentemente era de Aldama quedó dentro de Santa Martha, en Chenalhó.

Fue a mediados de 2016 cuando los conflictos se agudizaron en la zona limítrofe, conocida como Manuel Utrilla – Santa Martha, cuando los pobladores acusaron a sus vecinos de Aldama de cometer actos de provocación, al destruir sus cultivos. Desde entonces las agresiones subieron de tono, hasta llevar al desplazamiento de 90 familias de Cocó, 145 en Tabak y de otras zonas de Aldama.

Poco a poco, los desplazados fueron regresando a sus comunidades, después de más de un año de estar fuera. Pero las agresiones no habían parado. Resultado de esos ataques, de acuerdo a datos proporcionados por los pobladores, desde finales de 2017 a la fecha han sido asesinadas cuatro personas y 12 han resultados heridas, entre ellas dos menores de edad.

Se esperaba que con la firma del convenio de no agresión esos ataques terminaran, pero, de acuerdo a lo denunciado por los pobladores de Aldama, no ha sido así. 

La sombra del paramilitarismo 

La violencia lleva años incubándose en Chenalhó, los paramilitares que los habitantes de Aldama señalan como los perpetradores de las constantes balaceras tienen el mismo origen que el de grupos que han causado los desplazamientos de pobladores de Chalchihuitán, el propio Aldama y hasta de su mismo municipio, en el Ejido Puebla.

En todos los casos, los testimonios de pobladores, activistas, párrocos e investigadores señalan a Rosa Pérez, expresidenta municipal de Chenalhó, como la causante de que se hayan reactivado estos grupos armados, a los cuales se ubica como paramilitares. 

“En el municipio de Chenalhó desde hace dos administraciones municipales se despertó al grupo armando, que había estado ahí hibernando, latente, sin que nadie lo tocara. El mismo que creó el propio Estado para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al que le permitieron ingresar armas a las comunidades”, afirma Diego Cadenas, del Centro de Derechos Humanos Ku’untik. 

“Rosa Pérez fue quien reactivó a esos grupos para tener el control del municipio de Chenalhó, porque ella es del Partido Verde y estaba en pugna por el poder con el síndico, Miguel Santiz, que es del PRI”, dice Abel. 

“Ella entró a sangre y fuego a gobernar al municipio. Así empezó en Chenalhó una etapa en la que se ha optado por gobernar a través de las armas”, dice Faro. 

El Frayba no descarta que los grupos de paramilitares estén incluso coludidos con células crimínales que operan en la región, y que usan las rutas para pasar drogas y armas.

Desplazados del Ejido Puebla y el Centro de Derechos Humanos Ku´untik han denunciado a Abraham Cruz, actual presidente municipal de Chenalhó, quien fungió como tesorero municipal en la administración de Rosa Pérez de octubre de 2015 hasta el 16 de marzo de 2018, como quien canalizaba los recursos a los grupos paramilitares para la compra de armas.

Abraham Cruz es hijo del pastor presbiteriano que fue señalado como el que bendijo las armas de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal contra Las Abejas, en 1997.

“El autor intelectual de todo el conflicto causado ahora por los paramilitares entra y sale del palacio de gobierno de Chiapas. Es Abraham Cruz. Mientras no se le investigue los ataques no van a parar, pero no lo hacen porque las autoridades  traen todo este discurso, que viene desde el mismo presidente de la República, de vamos a perdonar, a olvidar y pasemos a echar a andar los programas sociales, pero no es así como se arreglan las cosas, hace falta justicia para las víctimas y que no haya impunidad”, sentencia Cadenas.

Animal Político cuestionó a Ismael Brito respecto a si se investigará al presidente municipal de Chenalhó y a los presuntos grupos paramilitares, y el funcionario descartó que se vaya a hacer por el momento. 

AP: ¿Se investigará a quienes los pobladores señalan como integrantes de grupos paramilitares, como el presidente municipal de Chenalhó?

IB: Déjame decirte que el presidente municipal de Chenalhó está muy sumado a los trabajos de pacificación. Por supuesto que nadie está libre de ser investigado, alguien que haga mal las cosas en Chiapas va a castigarse, no hay una actitud de voltear a ver a otro lado, pero el presidente, así como la presidenta de Aldama están colaborando en la pacificación. 

AP: ¿No hay interés de investigar a los grupos por ahora? 

IB: Estamos trabajando en esta propuesta de paz y vamos avanzando bien, no estamos dejando de ver lo que debemos de hacer, lo haremos, pero estamos trabajando arduamente en la pacificación.

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos

A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Una muñeca con un cartel que dice "Justicia ABC"

Getty Images
Los padres exigen que se castigue a los responsables y que haya aplicación de la ley “5 de junio”.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Ministros de la Suprema Corte

Getty Images
El ministro Jorge Pardo (derecha) tiene a su cargo el dictamen que habrá de considerar la Suprema Corte sobre el caso “ABC”.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

Una protesta por el caso de la guardería ABC

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En total 25 niñas y 24 niños murieron, pero 104 más tuvieron algún tipo de herida, incluidas quemaduras.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Getty Images
Una de las copropietarias de la guardería “ABC” era pariente de Margarita Zavala, la entonces esposa del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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