Conflicto entre pueblos de Aldama y Chenalhó, Chiapas, continúa pese a firma de paz
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Conflicto entre pueblos de Aldama y Chenalhó, Chiapas, continúa pese a firma de paz

Pobladores reportan que las agresiones han continuado y que las autoridades no actúan para frenarlas.
Cuartoscuro
13 de junio, 2019
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El martes 4 de junio se firmó en el Palacio de Gobierno de Chiapas un convenio de no agresión entre los habitantes del municipio de Aldama y los de Santa Martha, en Chenalhó. Al hecho se le calificó como algo histórico, que marcaba el inicio de una nueva etapa de paz. 

Ambas zonas han estado enfrentadas desde hace más de 40 años por un conflicto de tierras. Pero en 2016 la violencia escaló y ha provocado desplazados, muertos y heridos. Activistas y pobladores culpan de esto a grupos de corte paramilitar, asentados en el municipio de Chenalhó y herederos de los que perpetraron la masacre de Acteal, en 1997.

El día de la firma del convenio de paz, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaria de Gobernación (Segob), quien fungió como testigo de honor, aseguró que el pacto signado ese día podría ser ejemplo para la nación.

“El convenio de no agresión que hoy se suscribe marca el inicio de una nueva etapa por la paz y la reconciliación entre las mexicanas y los mexicanos, no solamente entre los municipios de Aldama y Chenalhó, sino que puede ser un ejemplo para que en todo el país vayamos construyendo la civilidad”, aseguró el subsecretario. 

Rutilio Escandón Cadena, gobernador del estado, también testigo de honor en el hecho, remarcó que era un día histórico. “Por primera vez están juntos dos pueblos hermanos. Pasaron muchos años para que hoy estemos unidos por una causa: la paz y la reconciliación”. 

Pero al día siguiente, 5 de junio, alrededor de las 10:22 de la noche, Animal Político recibió un reporte de los pobladores de Aldama. “Alrededor de las 7 de la noche hubo disparos de armas de fuego hacia nuestras comunidades, procedentes de Tojtik, Santa Martha, cerca de la escuela secundaria. ¿Dónde está el pacto de paz de Chenalhó?”.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirma que mientras el Estado no investigue, desarticule y desarme a los grupos paramilitares de Chenalhó, como lo han estado pidiendo los pobladores de Aldama, ningún convenio de no agresión va a funcionar. 

“Le apostaron a que la imagen institucional, con la presencia del gobernador y de Encinas, iba a bastar para generar la presión suficiente y parar la violencia, pero no fue así”, señala Faro.

Desplazados de Chenalhó exigen a AMLO justicia y seguridad para volver a casa

Fue una burla

Pocos días antes de la firma del convenio, los pobladores de Aldama estuvieron reportando agresiones constantes con armas de fuego por parte de sus vecinos de Santa Martha.

Tal como Animal Político reportó, el miércoles 22 de mayo, Juan Lunes Santiz, de 19 años, recibió un balazo mientras se encontraba en el patio de su vivienda, en la comunidad de Cocó, municipio de Aldama. Acababa de volver del trabajo en el cultivo del café y la milpa. La bala se alojó en el pie derecho del muchacho, en el empeine. 

“Casi todos los días disparan desde Santa Martha (Chenalhó) a las comunidades de Aldama, sobre todo a Tabak, Cocó, San Pedro Cotzilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, las que están en la franja donde colindan ambos municipios”, contó el 24 de mayo Azalia Hernández, vocera del Frayba.

En ese entorno, la firma del convenio el 5 de junio sonó sorpresiva. Aunque uno de los líderes de los pobladores de Aldama afectados por la violencia, a quien llamaremos Abel para respetar su petición de no poner su verdadero nombre, cuenta que las pláticas para llegar al acuerdo de paz iniciaron desde el 29 de abril de 2018, todavía bajo la administración estatal de Manuel Velasco. 

Incluso se instaló una llamada “mesa de atención” que integró el gobierno del estado, a través de la secretaría general del gobierno 

Las reuniones se realizaban por separado entre autoridades locales y federales y los pobladores de Santa Martha, Chenalhó, por un lado, y los de Aldama, por el otro. Aunque Abel, quien ha estado presente en los encuentros, asegura que durante la administración pasada no se avanzó. “No hubo ningún resultado, según porque los de Santa Martha no se presentaban a las reuniones, al menos eso nos decía el gobierno”. 

Fue hasta que cambió la administración local y federal que los de Chenalhó se sentaron a negociar. “No sabemos por qué, pero empezaron a asistir a las reuniones con el secretario general y con integrantes de la fiscalía, y de derechos humanos estatal y federal”. 

De acuerdo a reportes de medios locales y nacionales, en esas reuniones fue donde  el secretario general del Gobierno de Chiapas, Ismael Brito, propuso firmar el convenio de paz. El 4 de junio, el ánimo fue festivo, hubo sonrisas y abrazos. “Pero fue una burla. Mientras el gobierno del estado no investigue, desarme y desarticule al grupo de corte paramilitar que opera en Chenalhó no van a parar las agresiones hacia nosotros”, advierte Abel. 

Pueblos de Aldama, Chiapas, bajo ataque por conflicto territorial y sin actuación de autoridades

Los pobladores de Aldama reportaron que los ataques siguen. “Los hacen ahora de forma más discreta. Antes tiraban cuando la gente andaba en la parcela o en los caminos, ahora como en el convenio se firmó el libre tránsito, no tiran si la gente anda caminando o en la carretera, pero sí disparan y lo hacen para amedrentar, para que la gente se la piense para salir”, afirma el dirigente. 

El jueves 6, los habitantes de Aldama reportaron, por ejemplo, que, alrededor de las 11 de la noche, cuando la gente ya estaba durmiendo, se escucharon ráfagas de armas de fuego de alto calibre, que provenían desde las colinas de Baletik, Santa Martha Chenalhó, hacia San Pedro Cotzilnam, uno de los bastiones importantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El domingo 9 de junio hubo otro ataque, aunque de menor intensidad, al parecer con armas de bajo calibre, desde la comunidad de Toyoy’tik Saclum, en Santa Martha, hacia la de Cocó, en Aldama. Este miércoles 12 de junio, hubo disparos con armas cortas, a las 6:20 de la tarde, desde T’ulvitz, Santa Martha, hacia San Pedro Cotzilnam.

En el convenio se estableció que en caso de que alguien disparara, sus propias autoridades comunitarias se encargarían de sancionarlo y de llevarlo ante las del municipio si era reincidente, lo que al parecer no ha sucedido a decir de Abel. 

“Nosotros le hemos pasado los reportes a las autoridades del estado. Solo nos dicen que van a mandar el patrullaje de la policía, pero si es noche, ya no entran  y solo están unos 15 o 20 policías que regresaron hace dos semanas ahí en la base militar que se instaló en Cocó en enero, en el mismo lugar de donde huyeron los policías en abril, porque hasta a ellos les disparan”.

Abel dice que derivado de los ataques que se han generado en los últimos días, acudieron al palacio de gobierno, pero el secretario general, Ismael Brito, no los recibió, bajo el argumento de que tenía otra reunión. Fue el coordinador de delegados del gobierno del estado quien los atendió. “Solo nos dijo que iban a mandar llamar a las autoridades de Chenalhó y ya no hemos sabido más”. 

Las comunidades de Aldama, dice Pedro Faro, el director del Frayba, “están obligadas, por la inacción de los gobiernos estatal y municipal, a resistir en un entorno de violencia y terror. “Las autoridades saben dónde están las personas que tienen armas. Han levantado hasta una trinchera de 25 metros para desde ahí estar tirando hacia Aldama. Pasa por ahí el ejército y no la destruye. Hay denuncias en la fiscalía estatal y federal por las agresiones y los homicidios y las autoridades no actúan”. 

Los pobladores acusan que tampoco se avanza para solucionar el conflicto territorial. De hecho, el convenio que se firmó el 4 de junio solo comprometía un acuerdo de no agresión, sin tocar el problema que dio origen a los enfrentamientos entre ambos municipios: la pugna por 60 hectáreas que reclaman como propias ambas partes

“Se supone que el viernes 14 vamos a tener una reunión para empezar a ver cómo se soluciona esto de las 60 hectáreas, pero si ni siquiera se respeta el convenio de no agresión, cómo vamos a poder avanzar en lo otro”, señala Abel. 

En entrevista con Animal Político, Ismael Brito, secretario general del Gobierno de Chiapas, admite que el convenio que se firmó “es apenas un pasito” en la solución del conflicto. “Sabemos que hay gente interesada en que esto no prospere, hay quienes reciben hasta un salario porque no prospere, pero no puedo dar nombres ni apellidos. Pese a eso, el acuerdo va. Si hay disparos eso no significa que se rompa”. 

El acuerdo está firme, asegura, “tan es así que el viernes 14 nos vamos a reunir con los representantes de ambos municipios. Vamos ahí a tratar lo de un programa de canje de armas, lo vamos a promover ese día, a quien entregue una se le da una computadora o algo que le sirva”. 

Claro, “sabemos que no van a llegar a entregar todos su arma, es una cultura que tenemos que ir fomentando, que sepan que no se necesitan armas en los hogares. Necesitamos que las mujeres vayan hablando con sus esposos. Es poco a poco”. 

Brito subraya que no es estableciendo bases de operaciones mixtas como se va a llegar a la paz , “es un convencimiento, es un trabajo arduo, permanente, que vamos a ir logrando”. 

El origen del conflicto 

Los problemas de tierras entre ambas zonas vienen desde la década de los 70 cuando se hizo la Reforma Agraria en el país.

Sin embargo, ambas comunidades habían logrado negociar y consensar para no llegar a un conflicto, hasta que una acción del gobierno volvió a detonar el problema: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), con el que se hicieron nuevos planos de los bienes comunales de los que resultó que una porción de tierra que aparentemente era de Aldama quedó dentro de Santa Martha, en Chenalhó.

Fue a mediados de 2016 cuando los conflictos se agudizaron en la zona limítrofe, conocida como Manuel Utrilla – Santa Martha, cuando los pobladores acusaron a sus vecinos de Aldama de cometer actos de provocación, al destruir sus cultivos. Desde entonces las agresiones subieron de tono, hasta llevar al desplazamiento de 90 familias de Cocó, 145 en Tabak y de otras zonas de Aldama.

Poco a poco, los desplazados fueron regresando a sus comunidades, después de más de un año de estar fuera. Pero las agresiones no habían parado. Resultado de esos ataques, de acuerdo a datos proporcionados por los pobladores, desde finales de 2017 a la fecha han sido asesinadas cuatro personas y 12 han resultados heridas, entre ellas dos menores de edad.

Se esperaba que con la firma del convenio de no agresión esos ataques terminaran, pero, de acuerdo a lo denunciado por los pobladores de Aldama, no ha sido así. 

La sombra del paramilitarismo 

La violencia lleva años incubándose en Chenalhó, los paramilitares que los habitantes de Aldama señalan como los perpetradores de las constantes balaceras tienen el mismo origen que el de grupos que han causado los desplazamientos de pobladores de Chalchihuitán, el propio Aldama y hasta de su mismo municipio, en el Ejido Puebla.

En todos los casos, los testimonios de pobladores, activistas, párrocos e investigadores señalan a Rosa Pérez, expresidenta municipal de Chenalhó, como la causante de que se hayan reactivado estos grupos armados, a los cuales se ubica como paramilitares. 

“En el municipio de Chenalhó desde hace dos administraciones municipales se despertó al grupo armando, que había estado ahí hibernando, latente, sin que nadie lo tocara. El mismo que creó el propio Estado para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al que le permitieron ingresar armas a las comunidades”, afirma Diego Cadenas, del Centro de Derechos Humanos Ku’untik. 

“Rosa Pérez fue quien reactivó a esos grupos para tener el control del municipio de Chenalhó, porque ella es del Partido Verde y estaba en pugna por el poder con el síndico, Miguel Santiz, que es del PRI”, dice Abel. 

“Ella entró a sangre y fuego a gobernar al municipio. Así empezó en Chenalhó una etapa en la que se ha optado por gobernar a través de las armas”, dice Faro. 

El Frayba no descarta que los grupos de paramilitares estén incluso coludidos con células crimínales que operan en la región, y que usan las rutas para pasar drogas y armas.

Desplazados del Ejido Puebla y el Centro de Derechos Humanos Ku´untik han denunciado a Abraham Cruz, actual presidente municipal de Chenalhó, quien fungió como tesorero municipal en la administración de Rosa Pérez de octubre de 2015 hasta el 16 de marzo de 2018, como quien canalizaba los recursos a los grupos paramilitares para la compra de armas.

Abraham Cruz es hijo del pastor presbiteriano que fue señalado como el que bendijo las armas de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal contra Las Abejas, en 1997.

“El autor intelectual de todo el conflicto causado ahora por los paramilitares entra y sale del palacio de gobierno de Chiapas. Es Abraham Cruz. Mientras no se le investigue los ataques no van a parar, pero no lo hacen porque las autoridades  traen todo este discurso, que viene desde el mismo presidente de la República, de vamos a perdonar, a olvidar y pasemos a echar a andar los programas sociales, pero no es así como se arreglan las cosas, hace falta justicia para las víctimas y que no haya impunidad”, sentencia Cadenas.

Animal Político cuestionó a Ismael Brito respecto a si se investigará al presidente municipal de Chenalhó y a los presuntos grupos paramilitares, y el funcionario descartó que se vaya a hacer por el momento. 

AP: ¿Se investigará a quienes los pobladores señalan como integrantes de grupos paramilitares, como el presidente municipal de Chenalhó?

IB: Déjame decirte que el presidente municipal de Chenalhó está muy sumado a los trabajos de pacificación. Por supuesto que nadie está libre de ser investigado, alguien que haga mal las cosas en Chiapas va a castigarse, no hay una actitud de voltear a ver a otro lado, pero el presidente, así como la presidenta de Aldama están colaborando en la pacificación. 

AP: ¿No hay interés de investigar a los grupos por ahora? 

IB: Estamos trabajando en esta propuesta de paz y vamos avanzando bien, no estamos dejando de ver lo que debemos de hacer, lo haremos, pero estamos trabajando arduamente en la pacificación.

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Los exclusivos barrios en EU con clínicas privadas de test de covid-19 y médicos a domicilio

La pandemia ha evidenciado la extrema desigualdad en la atención sanitaria en la primera potencia mundial: mientras unos tienen acceso a tests rápidos y a domicilio, otros esperan largas colas para acercarse a uno de ellos... y a veces ni eso.
20 de abril, 2020
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Fisher Island.

Getty Images
La exclusiva isla de Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos.

Una imagen en muchas ocasiones vale más que mil palabras y en Miami ahora mismo hay dos que reflejan cuasi a la perfección el sistema sanitario de Estados Unidos.

Por un lado, colas de vehículos en el aparcamiento de un estadio para hacerse una prueba de coronavirus; por otra, una exclusiva isla y hogar de las élites con una clínica privada abierta solamente para hacer pruebas rápidas de covid-19 a todos sus residentes y empleados, más de 1,000.

Hay muchos detalles que no se ven en esas imágenes, como que las pruebas en uno y otro lugar son distintas y, por ende, cumplen diferentes funciones, pero ambas evidencian la profunda desigualdad en el acceso a la sanidad en la autodenominada tierra de la libertad.

En medio de una pandemia como la del coronavirus, esa diferencia puede llegar a determinar si vives o mueres, por lo que no es de extrañar que ante la situación tan dramática que vivimos esas dos fotografías generen polémica.

Fisher Island

La controversia creció después de que el diario The Miami Herald publicara que Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos, había decidido comprar miles de tests rápidos de covid-19 al Sistema de Sanitario de la Universidad de Miami (UHealth), una entidad privada.

“Para minimizar aún más la propagación en la isla densamente poblada, en la que la mitad de los residentes tienen más de 60 años y están en alto riesgo, Fisher Island pidió a UHealth que les proveyera tests de anticuerpos de covid-19 para todos sus empleados y residentes“, explica a BBC Mundo la portavoz de la isla, Sissy DeMaria.

Fisher Island, pegada a la icónica Miami Beach, abrió un centro para la ocasión y las pruebas se están llevando a cabo, junto a otras medidas de prevención.

Fisher Island, edificios.

Getty Images
Hasta la isla solo es posible ir en barco.

Desde UHealth reconocen que su servicio “puede haber dado la impresión de que algunas comunidades recibirían un trato preferencial”, pero aseguran que no fue su “intención”.

“Uno de los primeros casos confirmados de coronavirus en el condado de Miami-Dade fue en Fisher Island, más de la mitad de la población es mayor de 60 años y muchos residentes estaban volviendo del noreste”, la zona más golpeada por la covid-19, destaca la portavoz Lisa Worley en un escueto comunicado.

El centro universitario ha estado colaborando con las agencias gubernamentales y de salud pública y llevó a cabo una iniciativa para hacer pruebas de anticuerpos de covid-19 a 3.500 personas al azar en Florida, recogen medios locales.

Pese a ello, la noticia sobre Fisher Island generó rápidamente una oleada de frustración y enfado, ante la escasez de equipos y el acceso limitado a tests.

“Los estadounidenses y, a veces, el resto del mundo, están escandalizados de descubrir que gente muy adinerada puede usar sus recursos para conseguir ventajas cuando tienen una necesidad médica, incluido en una plaga, pero eso siempre ha sido así. Es algo que los estadounidenses parecen tolerar”, apunta Arthur Caplan, director de Ética Médica de la Universidad de Nueva York.

“Estados Unidos nunca ha reconocido el derecho a la sanidad. Muchos estadounidenses obtienen su cobertura sanitaria a través del trabajo, lo que significa que éticamente tienen que ganársela. Y si dejan de trabajar, la pierden”.

El sistema sanitario estadounidense funciona mayoritariamente a base de seguros privados, pero millones de personas no disponen de uno o tienen coberturas insuficientes.

“Cuando no tienes un sistema del que todo el mundo forma parte, entonces existe un menor sentido ético de responsabilidad comunitaria”, reflexiona el experto.

"Éticamente es bastante despreciable usar dinero en el libre mercado para desviar recursos para quien puede pagar y no para quien más lo necesita"", Source: Arthur Caplan, Source description: Director del Área de Ética Médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York., Image: Professor Caplan

En esta crisis, el gobierno está adquiriendo un mayor papel del habitual a nivel federal, pero en muchos aspectos, son los estados los que tienen el control. También en cuestiones sanitarias.

En Florida, las autoridades han instalado ocho clínicas móviles en las comunidades más afectadas, según explican desde el Departamento de Salud a BBC Mundo.

Uno de los servicios con mayor demanda se ubica en uno de los aparcamientos del estadio Hard Rock en Miami, donde se celebró este año la final de la Super Bowl.

Médicos en Hard Rock.

Getty Images
El del aparcamiento del estadio Hard Rock es uno de los sitios de pruebas que instaló Florida en el estado.

Allí, los equipos médicos realizan diariamente los llamados test PCR, que constata si una persona tiene covid-19, a través de una muestra recogida de la nariz o la garganta y un análisis de laboratorio.

Esa consulta es diferente a la de Fisher Island, una prueba rápida de sangre que solo puede determinar si una persona ha pasado ya la enfermedad, pero no si está infectada.

Dada la cantidad de personas que acudieron al aparcamiento de Hard Rock, el personal sanitario tuvo que colgar el cartel de cerrado poco tiempo después de abrir las puertas en varios días de la pasada semana.

Ello llevó a que aumentaran la capacidad, de 400 test diarios a 750, y se rebajaran los requisitos.

Médicos “concierge”

No obstante, el de Fisher Island no es el único caso que evidencia las desigualdades en esta crisis sanitaria, de la que Estados Unidos ya es la nación más afectada en número de muertos y contagiados, según los recuentos oficiales.

La prensa local recoge, por ejemplo, el caso de una multinacional biomédica en Colorado que decidió comprar pruebas rápidas de anticuerpos de covid-19 para todo un condado, en el que habitan unas 8.000 personas, entre ellas, dos de sus ejecutivos durante una parte del año.

Se trata de una iniciativa inédita en el país, que enfrentó dificultades pero que parecía estar de nuevo en marcha, según un comunicado del gobierno del condado.

BBC Mundo contactó con la firma para recabar más información, pero no recibió respuesta.

Una joven mira a una mujer a través de una ventana

Getty Images
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

El experto en Ética Médica menciona por su parte el caso de una comunidad adinerada en Westport, Connecticut, que también trató de acceder a tests privados, y cita los servicios de los llamados médicos “concierge“, que están ofreciendo pruebas a domicilio.

David Nazarian es uno de estos profesionales. Con clínica en el lujoso barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, el médico ha registrado un persistente aumento de consultas desde el principio de la epidemia y montó un centro de pruebas con atención a personas desde sus vehículos.

“He trabajado muy duro desde el principio porque considero que es muy importante (…) Esta es una crisis que todos estamos enfrentando. Pobres y ricos. No se trata de eso. Se trata de lo que todos podemos hacer para controlar este virus. Si no lo hacemos, no pararemos los contagios y no podremos hacer que la gente retome sus vidas. Esa es la cuestión más importante, porque si no, todo el mundo va a sufrir”, considera.

Su clientela se compone de familias o individuos del mundo del entretenimiento o altos ejecutivos, pero asegura que sus servicios están disponibles para todos a un precio que prefiere no revelar.

No obstante, Nazarian lleva 10 años atendiendo a un porcentaje de sus pacientes gratis, una tarea que sigue llevando a cabo en este crucial momento, asegura en conversación con BBC Mundo.

Beverly Hills Hotel en época de coronavirus.

Getty Images
California es uno de los estados que mejor respondió a la covid-19 en Estados Unidos, según los expertos.

El equipo del médico ha realizado pruebas de PCR o de anticuerpos a domicilio o en su clínica móvil, además de para empresas, con los materiales que pudo comprar y un poco de innovación ante la falta de recursos, creando ellos mismos algunos materiales.

“No hay ninguna duda de las desigualdades y desafortunadamente siempre ha sido así. Ojalá no lo fuera. Todo el mundo debería tener acceso a una buena sanidad. Todo el mundo debería poder hacerse la prueba”, afirma.

En su opinión, el gobierno debería estar haciendo más: “Es lamentable que vivamos en Estados Unidos y nos estemos quedando atrás en capacidad de tests comparado con otros países”.

Tras los problemas con los tests al principio de la pandemia, EE.UU. ahora está haciendo unas 150.000 pruebas por día. Pero los mayores expertos en el campo consideran que el número debería ser muy superior: entre los 5 y los 22 millones diarios.

Este país es un estado fallido“, lamentaba un enfermero anestesista de un hospital de Nueva York a principios de mes, revelando uno de los momentos más trágicos de su carrera.

El profesional, Derrick Smith, compartió en Facebook las últimas palabras de un paciente de covid-19 en estado crítico antes de intubarle y conectarle a un respirador.

“Who’s going to pay for it?”Last words I’ll never forget // the response my patient gasped out (between labored…

Posted by Derrick Smit on Friday, April 3, 2020

“¿Quién va a pagar por esto?”, le espetó el enfermo con visibles problemas para respirar y hablar, y antes de que le dejaran llamar a su mujer, pues muchos enfermos “nunca se recuperan tras ser intubados”, relató.

La dramática escena lleva inevitablemente a la reflexión: ¿provocará esta brutal pandemia un cambio en EE.UU.?

“No apostaría por ello”, zanja Caplan.

En Estados Unidos, remarca el experto, las viejas ideas conservadoras pesan: la salud es un privilegio, no un derecho.


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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk

https://www.youtube.com/watch?v=QBv7nudMSpc

https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE

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