La Estafa Maestra: exsubsecretario de Sedatu denuncia falsificación de firma en otros 2 convenios
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La Estafa Maestra: exsubsecretario de Sedatu denuncia falsificación de firma en otros 2 convenios

Enrique González Tiburcio denunció ante la FGR que desconoce su firma en dos convenios con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, una de las 8 universidades implicadas en el desvío de 7 mil millones en La Estafa Maestra.
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13 de junio, 2019
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Por segunda vez, el exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció penalmente la falsificación de su firma en convenios con una universidad pública, implicada en los desvíos millonarios de La Estafa Maestra.

González Tiburcio, que fue el segundo a cargo en la Sedatu cuando Rosario Robles fue la titular de esta dependencia, denunció el pasado 4 de junio, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que su firma fue falsificada en dos convenios generales firmados con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) para la realización de una serie de servicios.

Se trata de los convenios SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de enero de 2016.

Por ahora, no hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de los servicios y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí ha detectado, al menos desde 2012, en otros múltiples convenios firmados entre dependencias públicas, como Pemex, Sedesol, o la propia Sedatu, y universidades públicas.

Lo que sí es un hecho, es que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco es una de las ocho universidades que participó en el desvío de siete mil millones de pesos, documentado en la investigación La Estafa Maestra.

En 2013, esta universidad firmó seis convenios con Pemex-PEP por 385 millones de pesos. De ese dinero, Animal Político documentó que 358 millones de pesos fueron a parar a las cuentas de empresas fantasma o irregulares, a través de una violación a la ley federal de adquisiciones, y los 27 millones restantes se los quedó la universidad solo por hacer de intermediaria con las compañías fraudulentas.

Estos seis convenios fueron firmados por el exrector Carlos Mario Olán López, cuya firma también aparece en el convenio general de 2015 firmado con la Sedatu, y en el que González Tiburcio denunció que su rúbrica fue falsificada.

De denunciante a imputado

Esta es la segunda vez que González Tiburcio denuncia ante la Fiscalía la falsificación de su firma, en convenios de la Sedatu que derivaron en presuntos desvíos de recursos públicos a través de instituciones públicas de educación.

La primera vez fue en agosto de 2017. En ese entonces, González Tiburcio desconoció su firma en un convenio firmado en enero de 2016 con la Universidad Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la supuesta realización de una serie de servicios. En este caso, la Auditoría Superior señaló en un informe que ese convenio derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos a empresas irregulares, que no hicieron los servicios.

Sin embargo, a pesar que González Tiburcio acudió en esa ocasión en calidad de denunciante, los peritos de la entonces PGR determinaron que la firma contenida en el convenio fraudulento sí es verdadera, por lo que el exfuncionario pasó a ser imputado por el delito de “falsedad de declaración”, y posteriormente vinculado a proceso el pasado 30 de enero.

La vinculación significa que el juez consideró que las pruebas son suficientes para señalar a González Tiburcio como posible responsable de haber “faltado a la verdad”, al decir que su firma fue falsificada, por lo que se abrió un proceso penal en su contra.

Desde la vinculación del pasado 30 de enero, tanto la FGR como la defensa del exfuncionario están recabando pruebas antes de que se realice un juicio, en el que se decidirá si el exfuncionario es responsable o no del delito imputado.

Precisamente ayer miércoles tuvo lugar una de las audiencias públicas previo al juicio, en la que la defensa del exsubsecretario de la Sedatu se anotó una pequeña victoria.

Los abogados consiguieron que un juez federal exhortara a los investigadores de la Fiscalía General de la República a que aceptaran el desahogo de una serie de pruebas que recabaron, y que la Fiscalía no había tomado en cuenta, argumentando que éstas no tenían vinculación directa con el caso, y que, por tanto, no eran pertinentes.

Entre las nuevas pruebas que en un plazo de tres días hábiles la Fiscalía tendrá que recibir, están los testimonios de tres testigos que aportará la defensa del exfuncionario, y un nuevo peritaje de la firma de González Tiburcio que realizará un perito privado, luego de que el perito en grafoscopía de la PGR (hoy FGR) determinara que su firma no había sido falsificada en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

En su exposición de argumentos, el juez federal José Artemio Zúñiga señaló que el caso aún está en la fase de investigación complementaria, donde las partes pueden aportar las pruebas que consideren, por lo que exhortó a la Fiscalía a que la defensa desahogue todas las pruebas.

“Que investiguen La Estafa Maestra”

Tras la audiencia ante el juez de control celebrada en la sala 2 del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, González Tiburcio dijo que la Fiscalía “ha sido omisa en investigar la ruta del dinero”, y acusó a las autoridades de investigación de hacerle falsas imputaciones “para encubrir a los responsables de estos hechos de corrupción”.

Por ello, el exsubsecretario de la Sedatu dijo que su defensa solicitó una audiencia con el nuevo subprocurador en delitos federales que estará a cargo de casos como Odebrecht, Estafa Maestra, y Duarte, Juan Ramos López.

“Estamos solicitando una audiencia con el nuevo encargado del tema para informarle de todas estas irregularidades, y pedirle una investigación apegada a Derecho que identifique a los verdaderos responsables de la llamada Estafa Maestra”, dijo González Tiburcio.

Además del exsubsecretario de la Sedatu, otro exfuncionario de esta dependencia, Armando Saldaña, también denunció en enero pasado ante la PGR y el Órgano Interno de Control de la Sedatu que su firma fue falsificada, en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero por 185 millones de pesos.

Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la firma, un juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.  

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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