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Cuartoscuro

Farmacéuticas cuestionan licitación por precios "irreales" e incertidumbre sobre pagos

También hay reclamos porque solo puedan participar los dueños de los registros sanitarios, por las fechas de entrega, y por la poca información sobre el proceso de pago.
Cuartoscuro
19 de junio, 2019
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Este 17 de junio terminó la fase de aclaraciones para la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del segundo semestre del año fiscal 2019, pero las empresas farmacéuticas interesadas en participar se quedaron con dudas y reclamos no atendidos.

Los posibles licitantes tienen derecho a solicitar precisiones sobre los puntos publicados en la convocatoria. Para esta compra consolidada, las autoridades (la Secretaría de Salud y la de Hacienda) recibieron más de 6 mil cuestionamientos. La industria farmacéutica dijo que esa acumulación se debía a lo impreciso de las bases del proceso.

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La Secretaría de Salud y Hacienda respondieron a esas 6 mil preguntas, pero las empresas farmacéuticas se quejaron que lo hicieron de forma ambigua. Así fue: en muchas de las respuestas, publicadas en las actas de la junta de aclaraciones de Compranet, solo se remite a los interesados a que lean los anexos de la licitación sin dar una contestación precisa.

Eso generó que hubiera otros 1,300 cuestionamientos sobre las respuestas de la autoridad. Ante las nuevas peticiones de aclaración, los posibles licitantes se han quedado igual, y ya sin posibilidad de volver a preguntar, así tendrán que decidir si presentan su propuesta para entrar a la licitación o simplemente se abstienen de participar.   

Una de las dudas y quejas más recurrentes fue sobre los precios máximos de referencia impuestos a diversos productos.

En una de las solicitudes de aclaración, por ejemplo, está relacionada con el costo de jeringas. En esta se puede leer: “entendemos que existe un error en el precio máximo de referencia al estar establecido por pieza y no conforme a la presentación del envase de 100, por lo que la cantidad correcta sería 98 pesos por envase y no 0.98. De confirmarse el precio señalado en el Anexo 1 de la convocatoria se generará que esta clave quede desierta”.

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A este señalamiento, la Secretaría de Salud respondió tajante que se ratifica el precio máximo de referencia indicado en las bases de la licitación, es decir: 0.98 por caja de 100 piezas. 

Diversos precios resultan tan bajos para los fabricantes que, en otra de las solicitudes de aclaración sobre la cantidad a pagar se pide especificar si el precio máximo de referencia establecido “es simbólico o se trata de una donación para esos insumos”.  La respuesta registrada es que la solicitud de aclaración no está vinculada con algún punto específico de la convocatoria. 

En las actas de las juntas de aclaraciones, se puede leer también que los posibles licitantes le piden a la autoridad hacer público el estudio de mercado en el que se basaron para fijar los precios de referencia. La contestación de la autoridad es que esa solicitud no está vinculada con los puntos contenidos en la licitación. 

“La de los precios es una queja general porque sí son bajos y aunque los parámetros para fijarlos se reservan siempre, sería conveniente, ante las quejas, saber cuáles se usaron para determinarlos, porque hay mucha disparidad, en algunos casos son superiores, pero en la mayoría de los casos están por debajo de lo estipulado en otras licitaciones, en las que se habían fijado de acuerdo a los obtenidos en procesos similares”, explica Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). 

Gual refrenda que hay casos en los que los “precios son irreales”, como en el de los .98 por caja de 100 piezas de jeringas. Sin embargo, asegura que no sabe si esto realmente puede ocasionar que se queden claves desiertas. “Eso lo veremos hasta que suceda. No creo que haya empresas que puedan dar esos precios. Pero habrá que ver, también está en función del volumen que se licite para una clave en específico”.

Cuestionado sobre si esto podría provocar que se compre material de baja calidad para atender a los pacientes, Gual responde que los productos deben tener el registro de COFEPRIS y cumplir con la normatividad que existe en México. “No se pueden arriesgar a comprar un producto de mala calidad o que no haya cumplido con todo lo que exige la normativa”. 

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Otras de las quejas es que la licitación sea internacional abierta y que no se restrinja solo a los países con los que México tiene firmados tratados de libre comercio.

También se leen discrepancias porque solo se permita la participación de los titulares del registro sanitario y hay muchas solicitudes de aclaración respecto a si pueden participar la empresa dedicada a la comercialización de un grupo farmacéutico titular del registro, a lo que la respuesta de la Secretaría de Salud es: “no se acepta”. 

En este sentido hay propuestas para aclarar si los dueños de los registros pueden participar en la licitación junto con un distribuidor autorizado, a lo que la autoridad refrenda su decisión de excluir a los distribuidores de este proceso de licitación al responder: “que podrán agruparse dos o más empresas para participar pero todas deberán ser titulares de registro”.

Dadas las cantidades de producto y lo cercano de las fechas de entrega, también se reiteran las peticiones para aclarar si se puede participar para abastecer solo una parte de lo requerido, a lo que se responde que no, que solo se podrá participar por el 100 % de la demanda.

Las dudas sobre los pagos también salieron a relucir. Varias de las preguntas se refieren a cómo se efectuarán los pagos a los proveedores, en qué plazo y cubriendo qué requisitos, ya que solo se habla de la facturación validada. La respuesta es escueta: “los pagos, sanciones, facturación y demás relativos serán plasmados dentro del contrato respectivo que se formalice con cada dependencia”.

Por supuesto preocupa también la fecha de entrega. Se ha entendido que quienes ganen la licitación tendrán solo cinco días para entregar el producto; así que se leen diversos señalamientos sobre lo apretado de los tiempos para cumplir con la demanda de los fármacos.

Al respecto, la autoridad responde que el plazo de cinco días se refiere al periodo otorgado para que los administradores del contrato soliciten los bienes en el documento y señalen la fecha de entrega, que en algunos casos se estipulará para 15 días después.

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Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), dice que por supuesto que se quedarán claves desiertas, “los fabricantes pueden decir para qué le entro, si no hay garantías de pago bien establecidas, al menos hasta ahora, los precios de referencia están muy bajos y las fechas de entrega muy apretadas, si no tienen el inventario listo no les va a dar tiempo de surtir, pues para qué”.

En ese escenario, el directivo señala que el gobierno tiene la opción de utilizar lo que se licitó a fines del año pasado, “eso no ha quedado cancelado, hay contratos vigentes con los que podría seguir adelante”. Esto en referencia a los que se firmaron para todo 2019 pero de los que solo se surtió un 40 % de la demanda y con los que el gobierno decidió no seguir adelante para concretar el restante 60 % del pedido.

Si no se opta por reactivar eso y hay muchas claves desiertas, de Villafranca dice que no se sabe cuál sería la situación real de desabasto, “porque solo ellos (las instituciones) saben exactamente cómo están sus inventarios”.   

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Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?

Con menos de dos semanas de diferencia, ecuatorianos y chilenos salieron a las calles para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué tan distintas son estas protestas?
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22 de octubre, 2019
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Con menos de dos semanas de diferencia, América Latina ha sido escenario de importantes protestas en dos países separados por unos 3,000 km de distancia: Ecuador y Chile.

Ambos estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno —liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile— que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil.

Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes.

Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis?

La génesis de todo: el transporte público

La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4,200 millones.

A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un “plan de austeridad” que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1.85 a US$2.30, lo que significó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina y, a su vez, un alza en la tarifa del transporte público.

La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y, en solo un par de horas, las manifestaciones se apoderaron de las calles de varias ciudades del país.

Solo dos semanas después, algo similar sucedería en Chile: luego de que el presidente Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, centenares de chilenos iniciaron las famosas “evasiones masivas”.

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Diversas estaciones del metro en Chile fueron destrozadas tras las protestas que partieron con “evasiones masivas”.

Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques incendiarios a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno.

Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar (transporte público), para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante.

“En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neo liberación del país. En el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal”, le dice a BBC Mundo.

“Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tal imposibilidad de vivir que se produce una adhesión masiva en todo Chile”, agrega.

Gobiernos ceden a la presión, pero las reacciones son distintas

Esa es la razón, quizás, de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas.

Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país.

Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Piñera anunció el sábado la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes.

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Manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades de Chile.

En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

“Las diversas causas que hay detrás del caso chileno van mucho más allá de los 30 pesos de aumento”, le dice a BBC Mundo Nicolás Somma, profesor de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales, participación política y protesta.

“Hay un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana, que se siente discriminada y abusada”, agrega.

Una opinión parecida tiene Jorge Saavedra. “En el caso ecuatoriano, al echar pie atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando”.

“Pero en Chile es distinto: el listado de cosas donde hay abuso de la gente es enorme, entonces que se elimine el alza no cambia nada”, opina.

Los líderes detrás de las protestas masivas

Luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador.

Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país.

Esto no es nuevo: en las últimas décadas, estos grupos han sido actores políticos clave en la historia ecuatoriana gracias a su capacidad de movilización y de resistencia.

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Las protestas en Ecuador fueron lideradas por movimientos indígenas.

El caso de Chile es completamente distinto.

Las protestas chilenas no tienen un líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes pero luego, con el pasar de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales.

Y así, hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos, y gente de estratos altos y bajos.

“El mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile”, explica el académico Jorge Carrasco.

“Eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto, no se sabe cómo se puede organizar la gente o generar petitorios. Y eso es un problema”, añade.

En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, subraya Nicolás Somma.

“En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento”, dice.

“Lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran. Pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta”, añade.

Esto, dice el académico, es un gran problema para el gobierno de Piñera.

“En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente para negociar”.

La “mano dura” de los gobiernos

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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el jueves 3 de octubre.

Si hay una similitud entre los casos de Ecuador y Chile es la “mano dura” impuesta por los respectivos gobiernos frente a las movilizaciones.

Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Lo mismo sucedió en Chile: a las pocas horas de recrudecerse el conflicto el pasado viernes, Piñera decretó estado de emergencia, lo que también significó el despliegue de los militares en diferentes zonas del país.

En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones, generándose un duro enfrentamiento con los protestantes.

Esta situación, explica Jorge Saavedra, suele ser una tónica habitual en varios lugares de América Latina.

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En Chile, el Ejército tomó el control de la seguridad del país.

“Si uno ve el caso de Perú, por ejemplo, en las protestas por venta y uso de empresas americanas del suelo amazónico, la movilización fue reprimida terriblemente y terminó con la masacre de Tagua en 2009. Y esto se replica en todo el continente”, afirma.

“La práctica de los gobiernos ha sido dialogar con las comunidades a través de policías y represión. Y eso no ha cambiado porque no se ha avanzado en procesos de confianza y democratización ciudadanas”, agrega.

Nicolás Somma, en tanto, asegura que “está súper estudiado que la relación entre protestas y represión no es lineal. Es decir, para que la represión pueda disminuir la protesta, es necesario llevarla a un grado extremo que es simplemente inaceptable en democracia”.

Territorio: del centro a regiones y de regiones al centro

El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es distinto.

En el caso del primero, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.

Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil.

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Las protestas en Ecuador comenzaron en las comunidades indígenas y luego marcharon hacia la capital, Quito.

En cuanto a Chile, las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago. Específicamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad.

Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro (y, por lo tanto, era una problemática que solo le afectaba a los santiaguinos), con el pasar de las horas la rebelión se extendió a otras regiones.

Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones.

“Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno casi todo sucede en Santiago, es muy preponderante el rol de la capital”, explica Jorge Saavedra.

En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto.

Pero lo que sí está claro es que, con solo dos semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Moreno en jaque y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.


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