¿Qué pasó con los donativos del sismo de 2017? No se sabe cómo ni en qué se gastaron
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¿Qué pasó con los donativos del sismo de 2017? No se sabe cómo ni en qué se gastaron

Mientras que no hay claridad en el manejo de los recursos recibidos para la reconstrucción; solo se reportan 1 de cada 5 hospitales totalmente rehabilitados en el país; 40% de escuelas afectadas sin evaluación correcta de daños.
Por Nayeli Roldán y Arturo Angel
29 de junio, 2019
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En 2017, mientras cientos de personas habían perdido su patrimonio, a familiares, se recuperaban en hospitales y algunos perecían entre los escombros tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, la ayuda internacional comenzó a fluir. México recibió donativos en dólares americanos, canadienses y euros que suman más de 91 millones de pesos, pero no se sabe cómo ni en qué se gastaron.

Tampoco dónde terminaron los donativos del Fideicomiso “Fuerza México” donde se concentró la ayuda nacional, porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero y, por tanto, no se pudo determinar si se utilizó de manera eficiente.

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Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su evaluación de los trabajos de reconstrucción tras los sismos ocurridos en 2017. Los resultados, revelados en el primer informe de la Cuenta Pública de 2018, también arrojan retrasos, omisiones y fallas importantes en la reparación de hospitales, viviendas y centros educativos.

En el tema específico de los donativos, la revisión comprendió el trabajo realizado con ellos por la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, entonces encabezadas por José Antonio Meade y por Luis Videgaray, respectivamente.

La Auditoría señaló que la falta de claridad del destino de los donativos tanto nacionales como internacionales se debió a la falta de transparencia y de coordinación entre las dependencias, de transparencia en el registro y seguimiento de los donativos, pero no determinó ninguna responsabilidad a funcionarios ni instruyó a que los Órganos Internos de Control o la Auditoría Superior de la Federación a que sigan investigando.

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Tras la catástrofe, el Ejecutivo estimó en 48 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción, y ante las escenas de hombres y mujeres trabajando intentando rescatar gente con vida entre los escombros y cientos que literalmente se quedaron en la calle por las afectaciones o derrumbes en sus casas, la ayuda de particulares se monetizó.

Por eso, el gobierno fconstituyó el Fideicomiso Fuerza México para supuestamente “coordinar” y “conjuntar esfuerzos” con la iniciativa privada. De hecho, este instrumento financiero no es ni totalmente público ni privado, toda vez que “el fideicomitente forma parte de la iniciativa del sector privado, liderada por el Consejo Coordinador Empresarial y la fiduciaria fue una entidad pública, Nacional Financiera (NAFIN).

Esto “impidió que las entidades y dependencias del estado mexicano recibieran donativos, los administraran y destinaran a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública, y dejó esa tarea al sector privado. Lo anterior evidenció la falta de un marco jurídico ordinario, en materia de donativos que permita regular los donativos que recibe el gobierno federal”, advierte la ASF en la auditoría de desempeño 52-GB.

Aunque el gobierno federal creó Plataforma Fuerza México donde publicó información respecto al avance de reconstrucción y entrega de apoyos, pero los datos de actualización “no son consistentes entre los apartados de “’Apoyo a la emergencia y “Datos abiertos’”, además, ahí no se publicó información sobre el Fideicomiso.

Por lo tanto, la Auditoría concluyó que la gestión de la Secretaría de Hacienda respecto a los donativos, “fue deficiente, ya que no estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos; no acreditó que se coordinó con las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Fideicomiso Fuerza México, para la recepción y distribución de los donativos”.

En la Auditoría de desempeño número 74-GB a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se determinó que sin bien dicha dependencia informó que no recibió aportaciones financieras debido a la instrucción de Hacienda que todo se concentraría en el Fideicomiso Fuerza México y a la Cruz Roja Mexicana, se comprobó que por medio de notas diplomáticas, la Cancillería tuvo conocimiento de 22 aportaciones financieras pero no inscribió todos en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional.

Hasta 2018, se realizaron donativos en dinero que ascendieron a 3 millones 234 mil dólares americanos; 48 mil 494 euros; 20 millones 161 mil pesos mexicanos; 600 mil dólares canadienses y 500 mil pesos filipinos. Lo que a conversión al tipo de cambio a septiembre de 2017 sumó 91 millones 803 mil pesos.

La dependencia sólo reportó 16 apoyos “por tanto, no se contó con un registro de información útil y confiable sobre este tipo de donativos, en tanto, se desconoce la recepción y distribución de las aportaciones”, señaló la Auditoría.

Respecto a la ayuda internacional en especie, entre 2017 y 2018, se recibieron donativos de 18 gobiernos y organismos internacionales que correspondió a 12,267.0 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de ayuda en especie.

De los 18 donativos, la dependencia sólo reportó 14 y nada más elaboró actas de entrega recepción para 10 donativos. Pero los datos contenidos en ellas, como  el donante, la donataria o la cantidad donada “no son sólidos con la documentación soporte. Por ello se determinó que no se contó con información útil, confiable y oportuna sobre la entrega, recepción y distribución de los apoyos lo que impidió darles seguimiento”.

Solo 1 de cada 5 hospitales dañados están reparados,  y de forma dudosa

De los hospitales que resultaron afectados por los sismos de 2017 en el país, en promedio solo 1 de cada 5 se encuentra supuestamente rehabilitado hasta la fecha, sin que tampoco existan datos que lo acrediten plenamente. Se trata de una atención deficiente de parte de la Secretaría de Salud a un proceso prioritario de reconstrucción.

Así lo concluye una evaluación practicada por la ASF al proceso de atención de los 132 centros de salud afectados en seis entidades, la cual  muestra fallas desde la fase de evaluación de los inmuebles afectados hasta la supuesta conclusión de los trabajos.

El informe detalla, por ejemplo, que en los formatos de los diagnósticos de los centros afectados no se incluyeron cerca de la mitad de los datos que la normatividad marca, entre ellos el de clave de la localidad donde se encuentra el edificio afectado, tipo de centro de salud dañado y su capacidad. Ello, según los auditores, vuelve al diagnóstico poco confiable.

Lee: Abandonados o en reconstrucción, la situación de los hospitales en CDMX a un año del 19S

Lo anterior trae como consecuencia que tampoco haya una base sólida y técnica que justifique los 491 millones de pesos que se cuantificaron para la reparación de los centros afectados, monto que ya de por sí es superior en 179 millones de pesos a lo que originalmente se había solicitado, sin que tampoco haya una razón que justifique esta amplia diferencia.

A su vez los auditores encontraron problemas graves en la planeación de los trabajos ya que solo se documentaron estrategias de rehabilitación basadas en evaluaciones documentadas para 44 de los 132 inmuebles afectados, sin que hubiera justificación de porque en los 88 centros restantes no se hizo esta labor.

LA ASF también revisó cinco informes de avances trimestrales físicos y financieros de estas obras en donde sin embargo, se consignaron datos de manera genérica e incompleta, sin que quede claro como se aplicaron los recursos siguiendo los lineamientos del Fondo de Desastres Naturales, que es de donde provienen.

“También existieron inconsistencias respecto de los avances registrados en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, debido al registro de una disminución en los porcentajes de avance, sin que la Secretaría de Salud explicara las causas de dichas variaciones”, indica el informe de los auditores

Y lo más preocupante: un avance de solo el 21.2% en los trabajos de rehabilitación de los centros de salud afectados, al haberse reportado como listos a 28 de los 132.

“Y aun cuando se reportó solo ese nivel de avance se careció de la información sobre los objetivos y las metas, así como la evidencia documental para comprobar la conclusión de los proyectos reportados”, indicaron los auditores.

Por este tema la ASF emitió 13 recomendaciones a la Secretaría de Salud y promovió la apertura de tres expedientes de investigación internos.

Omisiones y sobrecostos en reconstrucción de escuelas

La ASF acreditó múltiples problemas en el proceso de reparación y reconstrucción de 19 mil 194 planteles que resultaron afectados por el sismo de 2017, desde deficiencias en los dictámenes que acreditaran los daños y por ende el presupuesto requerido, hasta la falta de un seguimiento adecuado al punto en que no se tiene acreditado que la sobras hayan concluido. Todo ello responsabilidad de la SEP.

A ello se suma un presunto sobrecosto en las obras ya que para 2018 la Secretaria de Educación Pública reportó el ejercicio de 606 millones de pesos, que es casi 20% arriba de lo que se había autorizado.

“Esto sin que la dependencia remitiera la documentación comprobatoria del gasto, ni explicara las causas que originaron tal situación” señalaron los auditores.

El informe de resultados de la ASF arroja que se evaluaron daños en 5 mil 10 escuelas a las que se destinaron recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y en 10 mil 901 planteles a las que se destinaron recursos del Programa de Reforma Educativa.

“Sin embargo, la secretaría careció de la evidencia documental para comprobar la viabilidad de la inclusión y la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación, por lo que se desconoció si las obras propuestas contaron con el sustento técnico que acreditara su inclusión”, señala el informe.

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Incluso, en poco más del 40% de los planteles reportados ni siquiera se acreditó una correcta evaluación de daños.

La ASF también encontró deficiencias en cuanto al seguimiento de las obras que se propusieron, ya que no se presentaron todos los informes de avance trimestrales que tendían que elaborarse, y tampoco se dio constancia de las visitas de supervisión que se deberían de haber llevado a cabo.

La SEP informó a los auditores que en 2018 se visitaron el 75% de los planteles afectados, pero no hay evidencia documental que acredite los resultados de dichas visitas ni las conclusiones que tendría que haber arrojado.

Y finalmente, la dependencia tampoco proporcionó información que diera cuenta de la presunta conclusión de las obras y de que estas se llevaron de forma adecuada.

“En opinión de la ASF, la gestión gubernamental de la SEP en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas del nivel básico afectadas por los sismos de 2017 fue deficiente” concluyeron los auditores.

Por estas anomalías, la ASF emitió 17 recomendaciones a la SEP y le pidió abrir a través de su Órgano Interno de Control tres investigaciones.

Viviendas afectadas: padrones contradictorios y mínima supervisión

¿Cuántas viviendas exactamente resultaron afectadas por los sismos registrados hace más de año y medio? Esa es una información que no está clara pues los padrones oficiales resultan contradictorias, pese a que todos ellos dependen de la propia Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbanos (Sedatu).

La ASF reportó que de acuerdo con los diagnósticos definitivos fueron 172 mil 57 las viviendas dañadas, de las cuales el 64.9% son viviendas con daño parcial; 34.8% con daño total; y el resto con daño menor.

Sin embargo, el padrón de viviendas contemplado en la base de datos de programas y acciones arroja solo 168 mil 256 inmuebles, mientras que en el padrón para la entrega de apoyos con tarjetas electrónicas aparecen solamente 170 mil 871 viviendas. Todas las cantidades difieren.

“En relación con la supervisión, sólo se contrató la supervisión de 59 mil 866 viviendas con daño total, lo que representó el 34.9% de las 171 mil 494 viviendas afectadas registradas en sus diagnósticos y que difieren de las 170 mil 871 incluidas en sus bases finales, de las que supervisó 59 mil 380 (34.6%)” señala el informe.

De las viviendas en donde sí se realizó un trabajo de supervisión, la Sedatu informó que solo en 25 mil 584, es decir menos de la mitad, se reportaron avances del 75 al 100% en los trabajos. En el resto de las viviendas los avances fueron inferiores al 50% e incluso en algunos casos se desconoce por completo.

Estas irregularidades, señalan los auditores, arrojan dudas en la correcta aplicación de casi 118 millones de pesos que se distribuyeron a los beneficiarios de las viviendas afectadas para los trabajos de reparación.

A ello se suma que la Comisión Nacional de Vivienda sólo proporcionó asistencia técnica a 15 mil 373 viviendas de las 60 mil 302 viviendas con daño total que la Sedatu reportó como en daño total. Dicha Comisión también mostró deficiencias en los registros relacionados con las viviendas afectadas.

 

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Chiapas, el estado de México donde el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio mundial

El gobierno de México los calificó de "veneno embotellado" y los responsabilizó en gran medida de la diabetes e hipertensión que sufren la mayoría de víctimas de covid-19.
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17 de agosto, 2020
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“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos?”

Con esta comparación, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, volvió a poner hace unos días sobre la mesa una realidad visible en casi cada hogar y tienda del país: México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo.

El impacto en la población es alto. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, cada año más de 40,000 muertes en el país (un 7% del total) “son atribuibles” al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, dijo el subsecretario.

Pero este ya conocido y extendido hábito alimenticio de los mexicanos despertó aún más preocupación en tiempos de pandemia del coronavirus, ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas).

“México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por covid-19 porque afecta a personas con este tipo de enfermedades crónicas (…) que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años”, dijo López-Gatell.

“Es lo que se llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadores de esta epidemia en una gran proporción”, agregó.

Muertes por covid-19 en México según comorbilidad. (porcentaje, hasta el 10 de agosto de 2020). .

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) criticó que se quiera estigmatizar estas bebidas para buscar “un culpable único a un problema de salud de origen multifactorial”.

“De acuerdo con la FAO, solo el 5.8% de calorías que consumen diariamente los mexicanos provienen de bebidas saborizadas, y más del 70% vienen de alimentos y bebidas no industrializadas, por lo que resulta ilógico pretender responsabilizar a estos productos del 7% de muertes”, aseguró en un comunicado.

Vendedora en CDMX

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México es el principal consumidor per cápita del mundo de bebidas azucaradas.

Pese a todo, las autoridades de México -donde la diabetes es la segunda causa de muerte y que tiene la segunda mayor tasa de obesidad del mundo- están tomando medidas para reducir la ingesta de estos productos.

Al impuesto que se gravó a sus precios en 2014 y al nuevo etiquetado que alertará desde octubre de los que tienen exceso de calorías, grasas y sal; se sumó hace dos semanas la inédita decisión de Oaxaca de prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad.

Sin embargo, este no es ni de cerca el estado mexicano donde más se toman estas bebidas.

Récord mundial de consumo

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Chiapas es la región del mundo donde más se bebe Coca-Cola, el refresco favorito de los mexicanos (sus productos representan más del 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas, según la organización El Poder del Consumidor).

El Conacyt se basa en un estudio que muestra cifras impactantes, como que el consumo medio por persona en este estado del sur de México es cinco veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.

“Es el epicentro de la epidemia de consumo de refrescos”, le dice a BBC Mundo el doctor Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán.

Consumo anual de bebidas azucaradas en el mundo. [ 821,25 litros en Chiapas, México ] [ 150 litros en México (en promedio) ],[ 100 litros en EE.UU. ],[ 25 litros en el mundo (en promedio) ], Source: Fuente: Conacyt, en base al estudio "Dulce exterminio: refresco y cerveza como causa desencadenante y complicaciones de diabetes en mayas de Chiapas". Revista Medicina Social 2019, Image: Lata de Coca-Cola

BBC Mundo preguntó a la ANPRAC por las cifras de este estudio y otras cuestiones, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.

De lo que no hay duda es de que los refrescos forman ya parte esencial de la vida cotidiana en este estado, especialmente en la región de Los Altos de Chiapas, donde la mayoría de su población es indígena y rural.

En esta zona, donde Coca-Cola tiene una planta embotelladora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el consumo de esta marca es aplastantemente mayoritario respecto a la competencia ya desde temprana edad de la población.

“Al 3% de niños menores de seis meses, sus madres les dan Coca-Cola, en un momento que solo deben tomar leche materna,”, destaca Arana entre las conclusiones más destacadas de una investigación en la que participó en 2016.

Niño de Chiapas bebiendo un refresco

Cortesía Marcos Arana
Muchas madres en Chiapas aseguran comprarle refrescos a sus hijos pequeños “porque, sin él, no comen”.

Organizaciones locales como el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC) que Arana dirige apuntan como causas de este consumo desmedido a las “agresivas” prácticas comerciales de las refresqueras y a la fácil accesibilidad de sus productos en la zona.

“Coca-Cola es el producto más disponible en Los Altos, uno tiene que caminar más distancia para comprar tortillas o cualquier otra cosa. La cantidad de puntos de venta es excesiva, sin ningún control, y con precios reducidos hasta el 30%”, dice Arana.

“La disponibilidad y publicidad de algo tan barato es tan grande y omnipresente en Chiapas ante poblaciones vulnerables que han creado una adicción que se ve como necesidad”, afirma.

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“Pobladores me decían que antes de que llegara el camino a Tenejapa, allí no había ni diabetes ni problemas cardiovasculares. Que eso empezó cuando llegó la carretera al pueblo y llegaron los refrescos, las papas fritas…”, le dice a BBC Mundo Jaime Page Pliego, antropólogo y autor del estudio citado por el Conacyt.

El experto asegura que la rutina ahora para los habitantes de esta zona pasa por desayunar café y llevarse “dos o tres litros de Coca-Cola” al campo para tomar en la hora de la comida.

Cartel de Coca-Cola en entrada a Tenejapa

Cortesía Marcos Arana
Expertos aseguran que la excesiva publicidad en los últimos años y presencia masiva de Coca-Cola en puntos de venta de Chiapas es una de las causas de su alto consumo.

Valor religioso y estatus social

Cuando Page, miembro del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), pregunta en las comunidades por qué beben tanto refresco, suele escuchar las mismas respuestas: “Porque me gusta, me llena, y lo extraño cuando no lo tomo. No puedo dejar de tomarlo”.

“Incluso los mismos diabéticos con los que trabajo reconocen que lo siguen tomando, aunque sea menos. No pueden concebir la vida sin refresco. Es verdaderamente una tragedia”, afirma.

Pero entre las causas de su consumo y valoración también existe un componente religioso, al formar parte de ceremonias tradicionales indígenas.

Así, Page refleja en su estudio cómo el pox (un aguardiente de caña) y otras bebidas alcohólicas fueron eliminadas de los rituales para dejar paso a los refrescos.

Ceremonia religiosa con la Coca-Cola como ofrenda

Cortesía Marcos Arana
La Coca-Cola es utilizada en ceremonias religiosas como ofrenda.

“El consumo de alcohol se inscribió en procesos de satanización y persecución. Sobre todo en los rituales para ayudar a sanar se sustituyó por el refresco, que tiene un olor dulzón semejante al del pox, y que pasó a ser la ofrenda principal en la nutrición de las deidades”, explica.

Este uso religioso (“las mismas iglesias ofrecen refresco en sus reuniones”, dice Page) le adjudicó un elevado prestigio a esta bebida también en eventos sociales y políticos.

“Quien ofrece Coca-Cola tiene un buen estatus ante la comunidad. Si ofrece otro refresco en las zonas donde predomina esta marca, ya se le está viendo mal”, apunta.

Refrescos en lugar de agua

Chiapas es el estado de México que concentra mayor tasa de personas viviendo en situación de pobreza: 76.4%, según un estudio de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pese a ser una de las zonas del país con mayores recursos hídricos naturales, la falta de acceso a agua potable en regiones como Los Altos de Chiapas es también considerado uno de los motivos de que se beban tantos refrescos.

Por ello, y ante “la carencia de agua en el municipio”, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas solicitó este año a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revocara la concesión otorgada a la planta de Coca-Cola para extraer agua de dos pozos de la zona para sus operaciones.

Según organizaciones locales, la empresa extrae más de 1,3 millones de litros de agua al día.

Protesta ante planta de Coca-Cola en San Cirstóbal

Cortesía Marcos Arana
Vecinos protestaron ante la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas por considerar que su impacto es negativo sobre la salud de la población y su derecho de acceso al agua.

Coca-Cola FEMSA (embotelladora de la marca en el municipio) dijo a BBC Mundo en una comunicación escrita que el volumen anual de agua concesionada es de 419.774 m3 (lo que resultaría en 1,14 millones de litros al día), si bien gracias a su “alta eficiencia en el uso del recurso” extraen menos del total permitido.

Finalmente, la Conagua rechazó revocar los permisos alegando que los pozos extraen agua a 130 y 200 metros de profundidad, “por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano” para San Cristóbal que se realiza a base de aguas superficiales de manantiales.

“¿Y esos pozos profundos se alimentan desde el centro de la tierra, o qué? También se nutren del agua que va escurriendo por el cerro, por lo que no justifica que sean pozos profundos para decir que no es responsable de la carencia de agua en la ciudad”, cuestiona Page.

FEMSA, por su parte, remarca que la conclusión de Conagua “permite afirmar que la extracción de agua de la planta de San Cristóbal no interfiere ni pone en riesgo el suministro” en la localidad, a la vez que recuerda su implicación en proyectos comunitarios y la reforestación de 150,000 árboles en Chiapas.

¿Cuál es la solución?

BBC Mundo solicitó una entrevista con las autoridades de Salud de Chiapas para conocer qué iniciativas pusieron en marcha para reducir el consumo de refrescos y comida chatarra en la entidad, pero no obtuvo respuesta.

Tanto Page como Arana critican la ausencia de medidas a nivel estatal, pero sí reconocen el valor de algunas acciones del gobierno federal actual, en el que ven un cambio respecto a la postura de administraciones anteriores ante el poder económico de estas grandes empresas.

Aunque, dicen, sigue sin ser suficiente.

Hombre pasea por San Cristobal de las Casas

Getty Images
Es más fácil encontrar Coca-Cola en las tiendas de Chiapas que tortillas, critican organizaciones locales.

Arana apunta a la necesidad de educar a las comunidades y promover el consumo de alimentos tradicionales como el pozol (una bebida a base de maíz), garantizar el acceso al agua y, sobre todo, disminuir la disponibilidad de refrescos y “evitar prácticas comerciales monopólicas”.

“Si las autoridades hacen algo como cancelar la concesión para la fabricación de Coca-Cola en la zona o, por lo menos, reducir el volumen de producción, alentará un futuro más positivo” para no fomentar “esta adicción tan temprana al azúcar creada ya en los niños”, opina.

“Entendemos los desafíos de salud que enfrenta la población de México y queremos trabajar estrechamente con el gobierno para colaborar en soluciones reales e innovadoras a este complejo problema”, le dice a BBC Mundo Santiago López Jaramillo, director del Grupo para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas.

“Estamos marcando la diferencia con nuestras acciones voluntarias para reducir el consumo de azúcar de las bebidas, a través de nuestro esfuerzo por innovar, reformular y ofrecer porciones más pequeñas”, agrega, a la vez que asegura que la industria en México redujo un 11% el contenido calórico de sus productos desde 2014 y tiene intención de rebajarlo en un 20% más para 2024.

Pero Page se muestra pesimista sobre el futuro. “No tengo ninguna esperanza. Platico con la gente en las comunidades y no apunta a ninguna solución”, reconoce.

“De no ser que aumente el precio de los refrescos desorbitadamente, o que haya menor disponibilidad en las tiendas… Tiene que haber un proceso de desarticulación de estas industrias, por mucho que se quejen. Creo que la única forma es cancelar esos productos”, concluye.


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https://www.youtube.com/watch?v=jizwCrw_WEU

https://www.youtube.com/watch?v=XBfltfjAEZk

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