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Cuartoscuro Archivo

Acuerdo migratorio de México con Trump es ilegal: OSC y defensores que interpusieron amparo colectivo

El acuerdo México-EU viola normas y convenciones internacionales, acusan organizaciones de la sociedad civil, albergues y defensores de migrantes.
Cuartoscuro Archivo
24 de julio, 2019
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Organizaciones de la sociedad civil, albergues y defensores de migrantes interpusieron un amparo colectivo ante la justicia mexicana para frenar el acuerdo que, el pasado 7 de junio, México firmó con Estados Unidos para detener migrantes centroamericanos de manera masiva, a cambio de que el presidente Donald Trump no impusiera aranceles a diversos productos mexicanos.

Ana Saiz, directora de la organización civil Sin Fronteras, explicó en entrevista con Animal Político que el amparo fue interpuesto el pasado viernes ante el juez de distrito número 11, con sede en la Ciudad de México, por considerar que el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos viola normas y convenciones internacionales que ambos países firmaron, y porque “desconoce la Constitución y la legislación mexicana”. 

“El acuerdo tiene numerosos vicios de fondo y forma”, subrayó Saiz, quien expuso que para suscribir un tratado como el que sellaron México y Estados Unidos en Washington, el 7 de junio pasado, debió haber estado presente la Secretaría de Gobernación (Segob), que es la dependencia que, según la ley mexicana, está facultada para firmar estos acuerdos que afectan a la política migratoria mexicana y a la política interna de México.

“Puesto que en la firma de ese acuerdo con Trump no estuvo presente ningún funcionario de Segob (solo de la Cancillería que dirige Marcelo Ebrard), para nosotros fue suscrito ilegalmente”, recalcó Saiz, quien añadió que otra irregularidad es que el tratado con Estados Unidos debió pasar por el Senado para su discusión y ratificación, cosa que no sucedió. Lo que tuvo lugar fue una comparecencia del canciller Marcelo Ebrard para explicar el acuerdo ante el Senado el 14 de junio, después de la firma del pacto con Estados Unidos. 

Lee más: México pasa la primera prueba con EU: Baja 36.2% el flujo de migrantes en la frontera sur

El plan migratorio entre ambos países también establece que Estados Unidos puede regresar a México a personas indocumentadas que solicitaron asilo en su territorio, mientras dure el proceso de refugio en los tribunales estadounidenses. Lo anterior, bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, o también conocido como el programa Permanece en México.

La Coalición Pro-Defensa del Migrante señaló que, entre el 29 de enero de 2019 y el 9 de julio, Estados Unidos ha enviado a 18 mil 501 personas solicitantes de asilo en su país a Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, como resultado de ese acuerdo. 

Sin embargo, esas miles de personas permanecen a la espera por tiempo indefinido, sin acceso a un abogado estadounidense que acompañe sus casos antes las cortes de Estados Unidos, sin posibilidad de trabajar, y viviendo en algunos casos en las calles de ciudades como Juárez o Tijuana, dos de las urbes con mayores índices de violencia en México y en el mundo. 

De ahí que muchos de esos migrantes, dada la estancia prolongada e indefinida ante el desconocimiento del periodo de tiempo de espera y la incertidumbre en sus procesos legales, optan por regresar a los países de los que salieron huyendo por la violencia. 

Por ello, Ana Saiz consideró que, con el pacto binacional, México también viola normas internacionales como el derecho a la no devolución de solicitantes de asilo a los países de los que huyeron. 

“Con el amparo buscamos que la justicia mexicana analice la validez de ese acuerdo con Estados Unidos y que éste quede sin efecto, puesto que estamos seguros que es un acuerdo irregular”, recalcó la directora de Sin Fronteras.

El antecedente guatemalteco

Este intento de las organizaciones civiles de frenar el pacto migratorio entre México y Estados Unidos tiene un antecedente reciente en el vecino del sur, Guatemala. 

La Corte Constitucional guatemalteca decidió que cualquier acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro para migrantes solicitantes de asilo, como lo planean hacer el presidente Jimmy Morales y Donald Trump, debe pasar primero por el Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación o rechazo.

Por ello, el presidente Morales se vio obligado a posponer la fecha de una reunión en la Casa Blanca con Trump, para la firma del acuerdo. Lo cual desató la furia del presidente estadounidense, quien, en sus habituales mensajes vía Twitter, amenazó a Guatemala con la imposición de aranceles, como ya hizo con México. 

Lee más: Trump amenaza a Guatemala con aranceles por “romper acuerdo” migratorio; Morales culpa a Corte

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros para firmar un necesario Acuerdo de Tercer País Seguro”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. 

“Estábamos listos. Ahora estamos contemplando la prohibición, aranceles, cargos por remesas, o todo lo anterior. Guatemala no se ha portado bien”, añadió. 

Los impactos del acuerdo México-USA

Por otra parte, organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), Assylum Access, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, dieron la mañana de este martes una conferencia para analizar cuáles son los principales impactos que está teniendo el pacto binacional migratorio en miles de personas indocumentadas. 

Berenice Valadez, del IMUMI, explicó que, entre los costos, está la detención de más de 50 mil niños, niñas y adolescentes migrantes, que en su mayoría fueron deportados “sin respetar su interés superior, como lo establece la ley mexicana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

Otros costos tienen que ver con la ocupación de 60 millones de pesos de fondos de la cooperación internacional para “dignificar” las pésimas condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias, hipersaturadas por la detención de enero a julio de este año de 100 mil 861 personas migrantes. 

Claudia León, del Servicio Jesuita Migrante y del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, señaló que, en los últimos 7 meses, se pasó de un discurso de política migratoria respetuosa de los derechos humanos, al reforzamiento y continuidad de un enfoque de seguridad policial y militarizada. 

Ese enfoque de seguridad, abundó León, se ha visto reflejado “en una práctica sistemática de detención” y en el aumento de los operativos migratorios en colaboración con la Guardia Nacional, quienes hacen redadas masivas en espacios públicos en diferentes municipios de Chiapas, así como cateos en hoteles de Tapachula. 

“En la frontera sur de México hay una guerra contra el migrante”, denunció la activista, quien acusó al gobierno mexicano de estar ocasionando una crisis humanitaria, ante la gran cantidad de migrantes que viven en las calles, sin acceso a una vivienda, alimentos, ni medicinas, en espera de resolver su situación migratoria o su proceso de asilo ante una colapsada Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). 

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Cómo es el “tráfico hormiga” de armas de Estados Unidos a México

Cada día, en promedio, más de 500 armas cruzan ilegalmente desde EU hacia México según datos oficiales. El tráfico está detrás de la inédita ola de violencia en territorio mexicano, que ha causado la muerte a más de 200 mil personas en los últimos años.
20 de agosto, 2019
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Todos los días, en compartimentos secretos de automóviles o escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo.

Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. El 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte.

El tráfico es parte de la inédita ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se registraron 10.274 homicidios y lesiones graves a 5.633 personas, casos en los que se utilizaron pistolas o fusiles de asalto.

Los datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Según la cancillería “las víctimas de arma de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles”.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han logrado contener este problema y por el contrario, está en crecimiento según las cifras oficiales.

Policías en México

AFP
En México las corporaciones policíacas utilizan armas estadounidenses.

En 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego. Ahora la cifra es de 70 por cada 100.

“El problema es el número de armas que entran ilegalmente al país y la incapacidad del Estado para frenar el ingreso”, le dice a BBC Mundo Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

“Aunado a eso está la dificultad del Estado para evitar que las armas se comercialicen ilegalmente en las grandes ciudades o centros rurales, donde se venden impunemente”.

Millones de armas

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, estiman que son más de 15 millones.

Pero recientemente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en la última década entraron ilegalmente a México dos millones. En este lapso las autoridades han confiscado más de 193.000 armas.

La mayoría se compró en negocios ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En esos estados fronterizos con México existen 22.689 armerías y establecimientos autorizados para la venta. Parte del problema empieza en esos lugares, según han documentado autoridades de ambos países.

Armas confiscadas

Gobierno de México
El gobierno de México ha confiscado más de 193.000 armas.

La forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo.

A ellos se les conoce como “compradores paja”. En esta modalidad del tráfico deben superar una revisión de su historia judicial, que se realiza en las armerías registradas ante el gobierno federal.

Pero hay otros lugares donde no se aplica este proceso, e inclusive personas que legalmente tienen prohibido tener armas las consiguen, dicen especialistas como Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

“Compradores paja”

Es el caso de las “ferias de armas”, eventos que se realizan en salones de hoteles o centros de exposiciones, e inclusive en estacionamientos de centros comerciales.

También son frecuentes las compras en portales de internet. En esos espacios difícilmente se aplica la revisión de antecedentes a los compradores, dice Weigend Vargas a BBC Mundo.

“Eso provoca que adquirir un arma sea relativamente fácil, que cualquier persona aunque tenga prohibido legalmente comprarla lo puede hacer sin que se le haga ningún tipo de pregunta”.

Armas confiscadas

AFP
Hay más de dos millones de armas ilegales en México, dicen autoridades.

En muchos casos, los fusiles, balas o pistolas cruzan en pocas cantidades la frontera cada vez, aunque suceden miles de operaciones similares cada año.

Pero hay otros donde las bandas reúnen arsenales en territorio estadounidense y después los envían a México en compartimentos secretos dentro de camiones de carga.

Los vehículos cruzan las aduanas mexicanas sin problemas, dice Francisco Rivas, en parte por la corrupción de funcionarios pero también por amenazas de bandas de delincuencia organizada.

Las armas también se envían por túneles construidos en ciudades fronterizas.

En la mayoría de los casos, el origen de los cargamentos es el “tráfico hormiga”, y generalmente participan ciudadanos estadounidenses.

Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas para el trasiego de drogas y dinero.

El mapa del tráfico

¿Por dónde cruzan las armas? De acuerdo con la Secretaría de la Defensa la mayor parte del tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En la región existe una cruenta disputa entre los carteles del Noroeste y El Golfo por controlar las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y droga.

Violencia México

Getty Images
El tráfico de armas desde EE.UU. explica la ola de violencia en México.

Las zonas de mayor trasiego son las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo; Mc Allen y Reynosa así como Brownsville y Matamoros.

También hay registros de tráfico de arsenales en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Otro lugar es Sonora y Arizona donde la mayor parte del tráfico es por sitios clandestinos en el desierto de Altar, así como California y Baja California.

En esta zona los envíos de armas son, en muchos casos, por las aduanas entre San Diego y Tijuana.

Según la ATF y la Sedena la mayor parte de los cargamentos ilegales son fusiles semiautomáticos, pistolas y balas.

Pero el tráfico incluye armas de guerra. Las autoridades mexicanas han confiscado, en distintos momentos, cohetes antitanque M72 y AT-4.

Armas confiscadas

AFP
Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200.000 armas.

También lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barret calibre .50 así como subametralladoras y pistolas “de nueva generación” equipadas con balas trazadoras y con capacidad de traspasar blindajes de tipo medio.

En México a estas armas se les conoce como “matapolicías”, porque atraviesan los chalecos antibalas que portan los agentes.

Además se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire para derribar aeronaves y miles de balas y granadas de alto calibre.

Los datos corresponden a la FGR. Las organizaciones a las que se confiscó este tipo de armas son, por ejemplo, los carteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Juárez y Los Caballeros Templarios, entre otros.

La política

Más allá de los números, el tráfico de armas es uno de los temas más complicados en la relación entre México y Estados Unidos.

El problema se agravó a partir de 2004, cuando el gobierno del entonces presidente George Bush eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.

A partir de ese momento empezó una relación entre el incremento de homicidios y violencia en suelo mexicano, con la venta de armamento en suelo estadounidense dice el especialista Weigend Vargas.

El experto recuerda, por ejemplo, algunos estudios que mostraron un incremento en el número de homicidios cometidos con fusiles de asalto en municipios mexicanos vecinos de Arizona y Texas.

Algo que no sucedió en ciudades fronterizas con California. La diferencia: en los primeros estados las regulaciones para comprar armamento de alto calibre son “muy permisivas”, dice el especialista.

California mantiene la prohibición de venderlo. Pero la facilidad para los estadounidenses de reunir arsenales es una parte de la historia.

Donald Trump

Getty Images
El gobierno de Donald Trump se resiste a prohibir la venta libre armas en EE.UU.

La otra es que la guerra contra y entre carteles de narcotráfico en México incrementó la demanda de armas.

A esto se suman los problemas de corrupción y la poca capacidad de las autoridades para vigilar su frontera.

“Las aduanas en México son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control”, dice Francisco Rivas.

Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas.

Pero en Estados Unidos hay resistencias aunque a partir del tiroteo en El Paso, Texas el pasado 3 de agosto regresó el tema a la discusión pública dice Weigend Vargas.

Actualmente muchos están en favor de que se prohíba de nuevo la venta libre de armas de asalto. Otros demandan revisiones más estrictas de antecedentes a los posibles compradores.

“Hay muchas conexiones allí”, insiste el especialista. “Las mismas regulaciones que reducirían la violencia en Estados Unidos ayudarían a bajar el tráfico hacia México“.


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