Organizaciones de la sociedad civil, albergues y defensores de migrantes interpusieron un amparo colectivo ante la justicia mexicana para frenar el acuerdo que, el pasado 7 de junio, México firmó con Estados Unidos para detener migrantes centroamericanos de manera masiva, a cambio de que el presidente Donald Trump no impusiera aranceles a diversos productos mexicanos.
Ana Saiz, directora de la organización civil Sin Fronteras, explicó en entrevista con Animal Político que el amparo fue interpuesto el pasado viernes ante el juez de distrito número 11, con sede en la Ciudad de México, por considerar que el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos viola normas y convenciones internacionales que ambos países firmaron, y porque “desconoce la Constitución y la legislación mexicana”.
“El acuerdo tiene numerosos vicios de fondo y forma”, subrayó Saiz, quien expuso que para suscribir un tratado como el que sellaron México y Estados Unidos en Washington, el 7 de junio pasado, debió haber estado presente la Secretaría de Gobernación (Segob), que es la dependencia que, según la ley mexicana, está facultada para firmar estos acuerdos que afectan a la política migratoria mexicana y a la política interna de México.
“Puesto que en la firma de ese acuerdo con Trump no estuvo presente ningún funcionario de Segob (solo de la Cancillería que dirige Marcelo Ebrard), para nosotros fue suscrito ilegalmente”, recalcó Saiz, quien añadió que otra irregularidad es que el tratado con Estados Unidos debió pasar por el Senado para su discusión y ratificación, cosa que no sucedió. Lo que tuvo lugar fue una comparecencia del canciller Marcelo Ebrard para explicar el acuerdo ante el Senado el 14 de junio, después de la firma del pacto con Estados Unidos.
El plan migratorio entre ambos países también establece que Estados Unidos puede regresar a México a personas indocumentadas que solicitaron asilo en su territorio, mientras dure el proceso de refugio en los tribunales estadounidenses. Lo anterior, bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, o también conocido como el programa Permanece en México.
La Coalición Pro-Defensa del Migrante señaló que, entre el 29 de enero de 2019 y el 9 de julio, Estados Unidos ha enviado a 18 mil 501 personas solicitantes de asilo en su país a Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, como resultado de ese acuerdo.
Sin embargo, esas miles de personas permanecen a la espera por tiempo indefinido, sin acceso a un abogado estadounidense que acompañe sus casos antes las cortes de Estados Unidos, sin posibilidad de trabajar, y viviendo en algunos casos en las calles de ciudades como Juárez o Tijuana, dos de las urbes con mayores índices de violencia en México y en el mundo.
De ahí que muchos de esos migrantes, dada la estancia prolongada e indefinida ante el desconocimiento del periodo de tiempo de espera y la incertidumbre en sus procesos legales, optan por regresar a los países de los que salieron huyendo por la violencia.
Por ello, Ana Saiz consideró que, con el pacto binacional, México también viola normas internacionales como el derecho a la no devolución de solicitantes de asilo a los países de los que huyeron.
“Con el amparo buscamos que la justicia mexicana analice la validez de ese acuerdo con Estados Unidos y que éste quede sin efecto, puesto que estamos seguros que es un acuerdo irregular”, recalcó la directora de Sin Fronteras.
El antecedente guatemalteco
Este intento de las organizaciones civiles de frenar el pacto migratorio entre México y Estados Unidos tiene un antecedente reciente en el vecino del sur, Guatemala.
La Corte Constitucional guatemalteca decidió que cualquier acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro para migrantes solicitantes de asilo, como lo planean hacer el presidente Jimmy Morales y Donald Trump, debe pasar primero por el Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación o rechazo.
Por ello, el presidente Morales se vio obligado a posponer la fecha de una reunión en la Casa Blanca con Trump, para la firma del acuerdo. Lo cual desató la furia del presidente estadounidense, quien, en sus habituales mensajes vía Twitter, amenazó a Guatemala con la imposición de aranceles, como ya hizo con México.
“Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros para firmar un necesario Acuerdo de Tercer País Seguro”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
“Estábamos listos. Ahora estamos contemplando la prohibición, aranceles, cargos por remesas, o todo lo anterior. Guatemala no se ha portado bien”, añadió.
Los impactos del acuerdo México-USA
Por otra parte, organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), Assylum Access, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, dieron la mañana de este martes una conferencia para analizar cuáles son los principales impactos que está teniendo el pacto binacional migratorio en miles de personas indocumentadas.
Berenice Valadez, del IMUMI, explicó que, entre los costos, está la detención de más de 50 mil niños, niñas y adolescentes migrantes, que en su mayoría fueron deportados “sin respetar su interés superior, como lo establece la ley mexicana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Otros costos tienen que ver con la ocupación de 60 millones de pesos de fondos de la cooperación internacional para “dignificar” las pésimas condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias, hipersaturadas por la detención de enero a julio de este año de 100 mil 861 personas migrantes.
Claudia León, del Servicio Jesuita Migrante y del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, señaló que, en los últimos 7 meses, se pasó de un discurso de política migratoria respetuosa de los derechos humanos, al reforzamiento y continuidad de un enfoque de seguridad policial y militarizada.
Ese enfoque de seguridad, abundó León, se ha visto reflejado “en una práctica sistemática de detención” y en el aumento de los operativos migratorios en colaboración con la Guardia Nacional, quienes hacen redadas masivas en espacios públicos en diferentes municipios de Chiapas, así como cateos en hoteles de Tapachula.
“En la frontera sur de México hay una guerra contra el migrante”, denunció la activista, quien acusó al gobierno mexicano de estar ocasionando una crisis humanitaria, ante la gran cantidad de migrantes que viven en las calles, sin acceso a una vivienda, alimentos, ni medicinas, en espera de resolver su situación migratoria o su proceso de asilo ante una colapsada Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar).
