EU y México, tras la pista de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco
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EU y México, tras la pista de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco

Un abogado y tres familiares del Mencho cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Un abogado y tres familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por encabezar presuntamente una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con autoridades de Estados Unidos y México.

Se trata del abogado Víctor Francisco Beltrán García y los hermanos Erika y Ulises González Valencia, cuñados de el Mencho, así como Ana Paulina Barajas Sahd (esposa de Ulises), quienes de acuerdo con una búsqueda en el Registro Público del Comercio (PRC) de Jalisco cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 17 de mayo

Estos personajes a su vez se encuentran relacionados directamente con otras 22 personas, quienes fungen como socios, apoderados, comisarios y supervisores de las nueve compañías dedicadas a la construcción; fabricación y comercialización de productos orgánicos y bebidas alcohólicas, y a la compra, venta y diseño de bienes inmuebles, de acuerdo con documentos en poder de Animal Político.

En el caso de Víctor Francisco las autoridades mexicanas identificaron que se encuentra relacionado directamente con una millonaria cuenta bancaria en dólares, por lo que no descartan que su rol sea más importante al señalado en una conferencia de prensa del 17 de mayo, cuando las autoridades del Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México lo identificaron como “un abogado con sede en Guadalajara, (quien) facilita las actividades de corrupción a nombre del CJNG y Los Cuinis (la organización de los cuñados de el Mencho).

El descubrimiento se dio a la par de que el Tesoro boletinara por  lavado de dinero y actos de corrupción al juez de Jalisco Isidro Avelar Gutiérrez, y al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, a quienes acusaron de recibir sobornos del CJNG.

Leer: Suspenden a magistrado ligado al Cártel de Jalisco e investigado por lavado de dinero

En el caso del juez las autoridades indicaron que “recibió sobornos” del CJNG a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus principales integrantes. De acuerdo con el periódico La Jornada, en 2018 Avelar “ordenó la libertad de Francisco Aguilar Santana”, hombre cercano al Mencho; en 2016, deslindó de toda responsabilidad a Nemesio Oseguera González, el Menchito.

El exgobernador nayarita, por su parte, fue señalado (junto con su familia) de haber “participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG”.  

Abogado de narcos, empresario y proveedor de gobierno

A Víctor Francisco, además, lo ubican como supuesto socio de un despacho de abogados perteneciente al esposo de Jessica Johanna Oceguera, hija del Mencho. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que ese despacho ha realizado operaciones financieras por varios millones de pesos.

Una búsqueda en el RPC de Jalisco arrojó que este abogado es dueño de cuatro compañías, tres de ellas dedicadas a la “fabricación, elaboración, envasado, distribución, exportación… de agave”, creadas el 10 de diciembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco.

Se trata de las empresas Horizonte Agavero S.A. de C.V., Palenque Agavero S.A de C.V. y Soy Agave S.A. de C.V., que además de haber sido creadas el mismo día y por el mismo notario público cuentan con los mismos dueños, gerente y comisario (persona encargada de vigilar la sociedad).

Aparte, es dueño de Grupo Nabohi Sudamérica S.A. de C.V., empresa fundada en 2010. Dos de los cuatro socios de dicha compañía se han desempañado como funcionarios públicos. Uno de ellos a nivel federal y otro en el municipio de Zapopan, Jalisco. En el RPC no se específica el objeto social de la compañía.

No sólo eso. En dos diferentes bases de datos oficiales de los ayuntamientos de Jamay y Amatitán, Jalisco,  Víctor Francisco aparece como proveedor de las dos localidades. En dichos documentos sólo aparece su nombre, pero no específica el tipo de servicios o productos que ofrece a los ayuntamientos. Tampoco aparece la dirección donde presuntamente opera, como suele ocurrir con la mayoría de los proveedores oficiales.

Los cuñados 

Erika y Ulises González Valencia son hermanos de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho. De acuerdo con las autoridades de México y Estados Unidos estos dos personajes “han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales a nombre del CJNG y Los Cuinis. Ellos también (se presume) lavan dinero para promover las actividades internacionales de narcotráfico de estas organizaciones”. 

Adicionalmente, identificaron a Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises, como la persona que presuntamente ayuda a “manejar negocios a nombre de su esposo”, quien el 26 de junio de 2018 fue detenido por agentes de la Policía Federal y de la PGR en Jalisco.

En su momento, el gobierno mexicano informó que Ulises se presentaba como “empresario inmobiliario”, para lo cual utilizaba credenciales y nombres para realizar “operaciones con dinero ilícito, trasiego y comercialización” de droga.

A la par de boletinar a estas tres personas en la lista del Tesoro, las autoridades binacionales identificaron a seis empresas relacionadas al CJNG y a sus socios Los Cuinis. 

Las seis entidades mexicanas son:

  1. A&A Estudio Arquitectónico, S. de R.L. de C.V., 
  2. Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V., 
  3. G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V., 
  4. Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V., 
  5. Jafiela Boutique, S.A. de C.V.
  6. Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V.

De acuerdo con el RPC de Jalisco, la primera de estas empresas fue creada el 12 de septiembre de 2013, con un capital de 1.5 millones de pesos. Su objeto es la prestación de “servicios de construcción, desarrollo, remodelación y ampliación de todo tipo de inmuebles”. Como dueños aparecen el Juez Isidro Avelar Gutiérrez y su hijo Isidro Avelar Martin.

Otras cuatro empresas (Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V; G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V; Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V  Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V) están vinculadas directamente con Ulises González Valencia, su esposa Ana Paulina y otras 13 personas. 

Las sociedades fueron creadas entre 2008 y 2014. De acuerdo con el RPC de Jalisco, las empresas no cuentan con una orden de aseguramiento, por motivo de alguna investigación ministerial por parte de la Fiscalía General de la República (antes PGR).

De acuerdo con las actas constitutivas de las empresas, en todos los casos han incrementado el valor de las sociedades, o las han vendido a personajes de la misma red.

El 2 de octubre de 2013 aumentaron el valor de la empresa Arquitectura y Diseño en Balance, S.A de C.V, creada ese mismo en el mes de junio. Originalmente la empresa contaba con un capital de 50 mil pesos, y le inyectaron 950 mil para quedar en un millón.

Cuatro años más tarde, esa misma sociedad fue vendida por un millón de pesos a un personaje relacionado con Ulises y su esposa, en sus otras sociedades mercantiles.  

En el caso de Jalife Boutique, S.A de C.V, la empresa pertenece a Liliana Rosas Camba, otro de los personajes boletinados por el Tesoro el pasado 17 de mayo.

Esta mujer es esposa de Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, uno de los líderes del CJNG, quien controla “la plaza o área de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que le permite supervisar el narcotráfico y otras actividades delictivas de esta área”. Sus subordinados “son responsables de secuestros y numerosos asesinatos” en esa zona.

Liliana Rosas “administra las actividades comerciales y lava las ganancias de las drogas a nombre de su esposo y el CJNG”, según el Tesoro.

De acuerdo con el RPC, la empresa fue fundada el 30 de marzo de 2016 con un capital de 500 mil pesos, y liquidada el 17 de mayo de 2018. Para liquidarla contrataron los servicios de un exjugador de futbol profesional, quien ha militado en tres diferentes clubes de tercera división de Jalisco. 

En un lapso de 4 años, el Tesoro de Estados Unidos ha realizado 10 diferentes acciones contra el CJNG y sus socios Los Cuinis. En suma han sido 29 personas boletinadas y 43 empresas, incluidas las 6 del pasado 17 de mayo. Solo en un caso las autoridades norteamericanas han retirado de su lista de presuntas empresas lavadoras de dinero a una de estas sociedades.

Principalmente las empresas se encuentran en Jalisco, pero también en el Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

De acuerdo con el Tesoro, “los negocios previamente designados en México incluyen centros comerciales, compañías de bienes raíces, restaurantes, compañías agrícolas, un negocio de promoción de música, y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades mexicanas se han involucrado en el lavado de las ganancias de las drogas y representan intentos por parte del CJNG y Los Cuinis de integrarse más con la economía legítima”.

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Los exclusivos barrios en EU con clínicas privadas de test de covid-19 y médicos a domicilio

La pandemia ha evidenciado la extrema desigualdad en la atención sanitaria en la primera potencia mundial: mientras unos tienen acceso a tests rápidos y a domicilio, otros esperan largas colas para acercarse a uno de ellos... y a veces ni eso.
20 de abril, 2020
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Fisher Island.

Getty Images
La exclusiva isla de Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos.

Una imagen en muchas ocasiones vale más que mil palabras y en Miami ahora mismo hay dos que reflejan cuasi a la perfección el sistema sanitario de Estados Unidos.

Por un lado, colas de vehículos en el aparcamiento de un estadio para hacerse una prueba de coronavirus; por otra, una exclusiva isla y hogar de las élites con una clínica privada abierta solamente para hacer pruebas rápidas de covid-19 a todos sus residentes y empleados, más de 1,000.

Hay muchos detalles que no se ven en esas imágenes, como que las pruebas en uno y otro lugar son distintas y, por ende, cumplen diferentes funciones, pero ambas evidencian la profunda desigualdad en el acceso a la sanidad en la autodenominada tierra de la libertad.

En medio de una pandemia como la del coronavirus, esa diferencia puede llegar a determinar si vives o mueres, por lo que no es de extrañar que ante la situación tan dramática que vivimos esas dos fotografías generen polémica.

Fisher Island

La controversia creció después de que el diario The Miami Herald publicara que Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos, había decidido comprar miles de tests rápidos de covid-19 al Sistema de Sanitario de la Universidad de Miami (UHealth), una entidad privada.

“Para minimizar aún más la propagación en la isla densamente poblada, en la que la mitad de los residentes tienen más de 60 años y están en alto riesgo, Fisher Island pidió a UHealth que les proveyera tests de anticuerpos de covid-19 para todos sus empleados y residentes“, explica a BBC Mundo la portavoz de la isla, Sissy DeMaria.

Fisher Island, pegada a la icónica Miami Beach, abrió un centro para la ocasión y las pruebas se están llevando a cabo, junto a otras medidas de prevención.

Fisher Island, edificios.

Getty Images
Hasta la isla solo es posible ir en barco.

Desde UHealth reconocen que su servicio “puede haber dado la impresión de que algunas comunidades recibirían un trato preferencial”, pero aseguran que no fue su “intención”.

“Uno de los primeros casos confirmados de coronavirus en el condado de Miami-Dade fue en Fisher Island, más de la mitad de la población es mayor de 60 años y muchos residentes estaban volviendo del noreste”, la zona más golpeada por la covid-19, destaca la portavoz Lisa Worley en un escueto comunicado.

El centro universitario ha estado colaborando con las agencias gubernamentales y de salud pública y llevó a cabo una iniciativa para hacer pruebas de anticuerpos de covid-19 a 3.500 personas al azar en Florida, recogen medios locales.

Pese a ello, la noticia sobre Fisher Island generó rápidamente una oleada de frustración y enfado, ante la escasez de equipos y el acceso limitado a tests.

“Los estadounidenses y, a veces, el resto del mundo, están escandalizados de descubrir que gente muy adinerada puede usar sus recursos para conseguir ventajas cuando tienen una necesidad médica, incluido en una plaga, pero eso siempre ha sido así. Es algo que los estadounidenses parecen tolerar”, apunta Arthur Caplan, director de Ética Médica de la Universidad de Nueva York.

“Estados Unidos nunca ha reconocido el derecho a la sanidad. Muchos estadounidenses obtienen su cobertura sanitaria a través del trabajo, lo que significa que éticamente tienen que ganársela. Y si dejan de trabajar, la pierden”.

El sistema sanitario estadounidense funciona mayoritariamente a base de seguros privados, pero millones de personas no disponen de uno o tienen coberturas insuficientes.

“Cuando no tienes un sistema del que todo el mundo forma parte, entonces existe un menor sentido ético de responsabilidad comunitaria”, reflexiona el experto.

"Éticamente es bastante despreciable usar dinero en el libre mercado para desviar recursos para quien puede pagar y no para quien más lo necesita"", Source: Arthur Caplan, Source description: Director del Área de Ética Médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York., Image: Professor Caplan

En esta crisis, el gobierno está adquiriendo un mayor papel del habitual a nivel federal, pero en muchos aspectos, son los estados los que tienen el control. También en cuestiones sanitarias.

En Florida, las autoridades han instalado ocho clínicas móviles en las comunidades más afectadas, según explican desde el Departamento de Salud a BBC Mundo.

Uno de los servicios con mayor demanda se ubica en uno de los aparcamientos del estadio Hard Rock en Miami, donde se celebró este año la final de la Super Bowl.

Médicos en Hard Rock.

Getty Images
El del aparcamiento del estadio Hard Rock es uno de los sitios de pruebas que instaló Florida en el estado.

Allí, los equipos médicos realizan diariamente los llamados test PCR, que constata si una persona tiene covid-19, a través de una muestra recogida de la nariz o la garganta y un análisis de laboratorio.

Esa consulta es diferente a la de Fisher Island, una prueba rápida de sangre que solo puede determinar si una persona ha pasado ya la enfermedad, pero no si está infectada.

Dada la cantidad de personas que acudieron al aparcamiento de Hard Rock, el personal sanitario tuvo que colgar el cartel de cerrado poco tiempo después de abrir las puertas en varios días de la pasada semana.

Ello llevó a que aumentaran la capacidad, de 400 test diarios a 750, y se rebajaran los requisitos.

Médicos “concierge”

No obstante, el de Fisher Island no es el único caso que evidencia las desigualdades en esta crisis sanitaria, de la que Estados Unidos ya es la nación más afectada en número de muertos y contagiados, según los recuentos oficiales.

La prensa local recoge, por ejemplo, el caso de una multinacional biomédica en Colorado que decidió comprar pruebas rápidas de anticuerpos de covid-19 para todo un condado, en el que habitan unas 8.000 personas, entre ellas, dos de sus ejecutivos durante una parte del año.

Se trata de una iniciativa inédita en el país, que enfrentó dificultades pero que parecía estar de nuevo en marcha, según un comunicado del gobierno del condado.

BBC Mundo contactó con la firma para recabar más información, pero no recibió respuesta.

Una joven mira a una mujer a través de una ventana

Getty Images
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

El experto en Ética Médica menciona por su parte el caso de una comunidad adinerada en Westport, Connecticut, que también trató de acceder a tests privados, y cita los servicios de los llamados médicos “concierge“, que están ofreciendo pruebas a domicilio.

David Nazarian es uno de estos profesionales. Con clínica en el lujoso barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, el médico ha registrado un persistente aumento de consultas desde el principio de la epidemia y montó un centro de pruebas con atención a personas desde sus vehículos.

“He trabajado muy duro desde el principio porque considero que es muy importante (…) Esta es una crisis que todos estamos enfrentando. Pobres y ricos. No se trata de eso. Se trata de lo que todos podemos hacer para controlar este virus. Si no lo hacemos, no pararemos los contagios y no podremos hacer que la gente retome sus vidas. Esa es la cuestión más importante, porque si no, todo el mundo va a sufrir”, considera.

Su clientela se compone de familias o individuos del mundo del entretenimiento o altos ejecutivos, pero asegura que sus servicios están disponibles para todos a un precio que prefiere no revelar.

No obstante, Nazarian lleva 10 años atendiendo a un porcentaje de sus pacientes gratis, una tarea que sigue llevando a cabo en este crucial momento, asegura en conversación con BBC Mundo.

Beverly Hills Hotel en época de coronavirus.

Getty Images
California es uno de los estados que mejor respondió a la covid-19 en Estados Unidos, según los expertos.

El equipo del médico ha realizado pruebas de PCR o de anticuerpos a domicilio o en su clínica móvil, además de para empresas, con los materiales que pudo comprar y un poco de innovación ante la falta de recursos, creando ellos mismos algunos materiales.

“No hay ninguna duda de las desigualdades y desafortunadamente siempre ha sido así. Ojalá no lo fuera. Todo el mundo debería tener acceso a una buena sanidad. Todo el mundo debería poder hacerse la prueba”, afirma.

En su opinión, el gobierno debería estar haciendo más: “Es lamentable que vivamos en Estados Unidos y nos estemos quedando atrás en capacidad de tests comparado con otros países”.

Tras los problemas con los tests al principio de la pandemia, EE.UU. ahora está haciendo unas 150.000 pruebas por día. Pero los mayores expertos en el campo consideran que el número debería ser muy superior: entre los 5 y los 22 millones diarios.

Este país es un estado fallido“, lamentaba un enfermero anestesista de un hospital de Nueva York a principios de mes, revelando uno de los momentos más trágicos de su carrera.

El profesional, Derrick Smith, compartió en Facebook las últimas palabras de un paciente de covid-19 en estado crítico antes de intubarle y conectarle a un respirador.

“Who’s going to pay for it?”Last words I’ll never forget // the response my patient gasped out (between labored…

Posted by Derrick Smit on Friday, April 3, 2020

“¿Quién va a pagar por esto?”, le espetó el enfermo con visibles problemas para respirar y hablar, y antes de que le dejaran llamar a su mujer, pues muchos enfermos “nunca se recuperan tras ser intubados”, relató.

La dramática escena lleva inevitablemente a la reflexión: ¿provocará esta brutal pandemia un cambio en EE.UU.?

“No apostaría por ello”, zanja Caplan.

En Estados Unidos, remarca el experto, las viejas ideas conservadoras pesan: la salud es un privilegio, no un derecho.


Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk

https://www.youtube.com/watch?v=QBv7nudMSpc

https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE

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