Un abogado y tres familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por encabezar presuntamente una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con autoridades de Estados Unidos y México.
Se trata del abogado Víctor Francisco Beltrán García y los hermanos Erika y Ulises González Valencia, cuñados de el Mencho, así como Ana Paulina Barajas Sahd (esposa de Ulises), quienes de acuerdo con una búsqueda en el Registro Público del Comercio (PRC) de Jalisco cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 17 de mayo.
Estos personajes a su vez se encuentran relacionados directamente con otras 22 personas, quienes fungen como socios, apoderados, comisarios y supervisores de las nueve compañías dedicadas a la construcción; fabricación y comercialización de productos orgánicos y bebidas alcohólicas, y a la compra, venta y diseño de bienes inmuebles, de acuerdo con documentos en poder de Animal Político.
En el caso de Víctor Francisco las autoridades mexicanas identificaron que se encuentra relacionado directamente con una millonaria cuenta bancaria en dólares, por lo que no descartan que su rol sea más importante al señalado en una conferencia de prensa del 17 de mayo, cuando las autoridades del Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México lo identificaron como “un abogado con sede en Guadalajara, (quien) facilita las actividades de corrupción a nombre del CJNG y Los Cuinis (la organización de los cuñados de el Mencho).
El descubrimiento se dio a la par de que el Tesoro boletinara por lavado de dinero y actos de corrupción al juez de Jalisco Isidro Avelar Gutiérrez, y al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, a quienes acusaron de recibir sobornos del CJNG.
En el caso del juez las autoridades indicaron que “recibió sobornos” del CJNG a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus principales integrantes. De acuerdo con el periódico La Jornada, en 2018 Avelar “ordenó la libertad de Francisco Aguilar Santana”, hombre cercano al Mencho; en 2016, deslindó de toda responsabilidad a Nemesio Oseguera González, el Menchito.
El exgobernador nayarita, por su parte, fue señalado (junto con su familia) de haber “participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG”.
Abogado de narcos, empresario y proveedor de gobierno
A Víctor Francisco, además, lo ubican como supuesto socio de un despacho de abogados perteneciente al esposo de Jessica Johanna Oceguera, hija del Mencho. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que ese despacho ha realizado operaciones financieras por varios millones de pesos.
Una búsqueda en el RPC de Jalisco arrojó que este abogado es dueño de cuatro compañías, tres de ellas dedicadas a la “fabricación, elaboración, envasado, distribución, exportación… de agave”, creadas el 10 de diciembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco.
Se trata de las empresas Horizonte Agavero S.A. de C.V., Palenque Agavero S.A de C.V. y Soy Agave S.A. de C.V., que además de haber sido creadas el mismo día y por el mismo notario público cuentan con los mismos dueños, gerente y comisario (persona encargada de vigilar la sociedad).
Aparte, es dueño de Grupo Nabohi Sudamérica S.A. de C.V., empresa fundada en 2010. Dos de los cuatro socios de dicha compañía se han desempañado como funcionarios públicos. Uno de ellos a nivel federal y otro en el municipio de Zapopan, Jalisco. En el RPC no se específica el objeto social de la compañía.
No sólo eso. En dos diferentes bases de datos oficiales de los ayuntamientos de Jamay y Amatitán, Jalisco, Víctor Francisco aparece como proveedor de las dos localidades. En dichos documentos sólo aparece su nombre, pero no específica el tipo de servicios o productos que ofrece a los ayuntamientos. Tampoco aparece la dirección donde presuntamente opera, como suele ocurrir con la mayoría de los proveedores oficiales.
Los cuñados
Erika y Ulises González Valencia son hermanos de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho. De acuerdo con las autoridades de México y Estados Unidos estos dos personajes “han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales a nombre del CJNG y Los Cuinis. Ellos también (se presume) lavan dinero para promover las actividades internacionales de narcotráfico de estas organizaciones”.
Adicionalmente, identificaron a Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises, como la persona que presuntamente ayuda a “manejar negocios a nombre de su esposo”, quien el 26 de junio de 2018 fue detenido por agentes de la Policía Federal y de la PGR en Jalisco.
En su momento, el gobierno mexicano informó que Ulises se presentaba como “empresario inmobiliario”, para lo cual utilizaba credenciales y nombres para realizar “operaciones con dinero ilícito, trasiego y comercialización” de droga.
A la par de boletinar a estas tres personas en la lista del Tesoro, las autoridades binacionales identificaron a seis empresas relacionadas al CJNG y a sus socios Los Cuinis.
Las seis entidades mexicanas son:
- A&A Estudio Arquitectónico, S. de R.L. de C.V.,
- Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V.,
- G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V.,
- Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V.,
- Jafiela Boutique, S.A. de C.V.
- Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V.
De acuerdo con el RPC de Jalisco, la primera de estas empresas fue creada el 12 de septiembre de 2013, con un capital de 1.5 millones de pesos. Su objeto es la prestación de “servicios de construcción, desarrollo, remodelación y ampliación de todo tipo de inmuebles”. Como dueños aparecen el Juez Isidro Avelar Gutiérrez y su hijo Isidro Avelar Martin.
Otras cuatro empresas (Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V; G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V; Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V) están vinculadas directamente con Ulises González Valencia, su esposa Ana Paulina y otras 13 personas.
Las sociedades fueron creadas entre 2008 y 2014. De acuerdo con el RPC de Jalisco, las empresas no cuentan con una orden de aseguramiento, por motivo de alguna investigación ministerial por parte de la Fiscalía General de la República (antes PGR).
De acuerdo con las actas constitutivas de las empresas, en todos los casos han incrementado el valor de las sociedades, o las han vendido a personajes de la misma red.
El 2 de octubre de 2013 aumentaron el valor de la empresa Arquitectura y Diseño en Balance, S.A de C.V, creada ese mismo en el mes de junio. Originalmente la empresa contaba con un capital de 50 mil pesos, y le inyectaron 950 mil para quedar en un millón.
Cuatro años más tarde, esa misma sociedad fue vendida por un millón de pesos a un personaje relacionado con Ulises y su esposa, en sus otras sociedades mercantiles.
En el caso de Jalife Boutique, S.A de C.V, la empresa pertenece a Liliana Rosas Camba, otro de los personajes boletinados por el Tesoro el pasado 17 de mayo.
Esta mujer es esposa de Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, uno de los líderes del CJNG, quien controla “la plaza o área de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que le permite supervisar el narcotráfico y otras actividades delictivas de esta área”. Sus subordinados “son responsables de secuestros y numerosos asesinatos” en esa zona.
Liliana Rosas “administra las actividades comerciales y lava las ganancias de las drogas a nombre de su esposo y el CJNG”, según el Tesoro.
De acuerdo con el RPC, la empresa fue fundada el 30 de marzo de 2016 con un capital de 500 mil pesos, y liquidada el 17 de mayo de 2018. Para liquidarla contrataron los servicios de un exjugador de futbol profesional, quien ha militado en tres diferentes clubes de tercera división de Jalisco.
En un lapso de 4 años, el Tesoro de Estados Unidos ha realizado 10 diferentes acciones contra el CJNG y sus socios Los Cuinis. En suma han sido 29 personas boletinadas y 43 empresas, incluidas las 6 del pasado 17 de mayo. Solo en un caso las autoridades norteamericanas han retirado de su lista de presuntas empresas lavadoras de dinero a una de estas sociedades.
Principalmente las empresas se encuentran en Jalisco, pero también en el Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.
De acuerdo con el Tesoro, “los negocios previamente designados en México incluyen centros comerciales, compañías de bienes raíces, restaurantes, compañías agrícolas, un negocio de promoción de música, y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades mexicanas se han involucrado en el lavado de las ganancias de las drogas y representan intentos por parte del CJNG y Los Cuinis de integrarse más con la economía legítima”.
