Notarios públicos, empresarios y profesionistas, vinculados a la red de Collado
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Notarios públicos, empresarios y profesionistas, vinculados a la red de Collado

Cuatro de las personas en la red denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente.
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Las operaciones del abogado Juan Ramón Collado, con las que presuntamente hizo la compra ilegal de un edificio comercial valuado en 700 millones de pesos en Querétaro, contaron con la presunta participación de al menos 50 personas, entre ellas 9 notarios públicos de tres diferentes estados de la República Mexicana, de acuerdo con una investigación hecha por Animal Político.

Cuatro de estas personas denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente por emitir ilegalmente una carta poder, con la que se concretó la venta del bien.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio de los estados de Querétaro, Nuevo León y Estado de México, los integrantes de esta red realizaron (por lo menos en el papel) una serie de movimientos mercantiles conectados entre sí y los principales socios de 4 empresas que, a su vez, están relacionados directamente con la compra-venta del bien.

Por la forma de operar se observa un sofisticado mecanismo donde, con un día o dos de diferencia, se convocaba a asambleas que permitían cambiar de dueños o representantes legales de las empresas involucradas, y aumentar sus ganancias.

En una de esas operaciones, por ejemplo, se inyectó 57 millones de pesos a una de las compañías.

Los 50 nombres de socios, apoderados, comisarios y notarios aparecen en las actas constitutivas y asambleas de las 4 empresas que desde el pasado 7 de junio son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a solicitud del empresario queretano Sergio Hugo Bustamante quien denunció el robo de su identidad, con el fin de vender la millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V. (Libertad), que dirige Juan Collado.

Las empresas investigadas por esta operación son: Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.; Administradora Cimatario S. A. de C. V.; Administradora Ario S. A. de C. V. y Despacho Integral de Inmuebles S. A. de C. V.

Un poco de contexto

En su denuncia, Bustamante acusó a su exsocio José Antonio Rico y al abogado Collado, de haberse confabulado con José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Pattricia García Ortega -esta última pieza clave en la red-, para pactar la compra-venta de un inmueble del cual él era dueño del 50%. El otro 50% pertenecía a José Antonio Rico.

Bustamante dijo que estas cinco personas pactaron la compra-venta del bien por 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa de Collado, aun cuando la propiedad tiene un valor de 700 millones de pesos. Por esta operación él no recibió ninguna ganancia.

No sólo eso. Bustamante dijo que por esta operación Collado habría solicitado a José Antonio Rico un soborno de 24 millones de pesos para concretar la compra. Y que para pagarle esa cantidad utilizaron las cuentas bancarias de 3 de las 4 empresas investigadas (Administradora Cimatario; Administradora Ario y Despacho Integral de Inmuebles).

Además, comentó que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, entre otros, serían los supuestos propietarios de las empresas implicadas en la millonaria operación.

“Me dijeron que atrás de Collado estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri. Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el Director General de Libertad Servicios Financieros”, dijo Bustamante.

Lee más: Peña Nieto y Salinas, supuestos dueños de empresa de Collado ligada a desvíos, según denuncia

Los notarios

De acuerdo con los documentos del RPC, hay 9 notarios que participaron en las operaciones de la red. De estos hay 3 cuyos nombres son recurrentes entre una empresa y otra.

Es el caso de Antonio Pérez de la Peña, de la Notaría Pública número 2; Álvaro Guerrero Alcocer, de la Notaria Pública número 3, y Juan Pablo Olivares, de la Notaría Pública número 11. Los tres de Querétaro.

Antonio Pérez de la Peña, por ejemplo, avaló movimientos en 3 de las 4 empresas involucradas; en tanto Álvaro Guerrero participó en la creación de 2 de las empresas, mientras su hermana María Zamantha Guerrero Alcocer, adjunta de la notaría número 3, fue la que acreditó la creación de la compañía Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V., que vendió el predio en disputa.

Otros de los notarios es Héctor César Jiménez Arreola, de la Notaría Pública número 2 de Querétaro, quien de acuerdo con la denuncia es el notario “de cabecera de José Antonio Rico”, y quien de manera “dolosa” avaló la venta ilegal del edificio.

Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, de la Notaría Público número 24 de Monterrey, Nuevo León, es otra de las involucradas en la red. Ella protocolizó una acta “ilegal” de asamblea donde presuntamente se despojó a Sergio Hugo Bustamante de las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.”.

Además, la notaria otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández por parte de José de Jesús Cárdenas Rico, “a fin de poder concretar la venta del edificio”.

José de Jesús Cárdenas Rico es otra de las personas que denunció el robo de identidad.

Por la emisión de esta carta poder, la notaria Bonifaz Sánchez fue denunciada penalmente por Cárdenas.

Socios y apoderados

De las 41 personas que participan en la red, además del caso de los notarios, entre las que se encuentran socios, apoderados, profesionistas y comisarios (personas que vigilan las empresas), hay 7 cuyos nombres se repiten en varias de las empresas investigadas.

De estas 7 personas, sólo Patricia García Ortega es una de las denunciadas penalmente, por lo que existe una orden de aprehensión en su contra.

Contra las otras 6 personas y el resto de los participantes de la red no existen, hasta el momento, ordenes de aprehensión.

De acuerdo con la denuncia penal, Patricia García es la persona que presuntamente operó la entrada y salida de los recursos a la empresa que vendió el edificio, pero también la que autorizó el pago del presunto soborno al abogado Juan Ramón Collado.

De acuerdo con los movimientos del RPC consultados por Animal Político, Patricia García es apoderada de las empresas Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V., y Despacho Integral de Inmuebles de S. A. de C. V.

Myriam Bonilla Saturnino, es otro de los personajes que aparece de manera recurrente en 3 de las 4 empresas denunciadas e investigadas por la FGR.

Myriam Bonilla aparece como apoderada y representante legal de Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.; Administradora Cimatario S. A. de C. V., y Administradora Ario S. A. de C. V.

Otro personaje cuyo nombre aparece en dos de las empresas investigadas es José David Aguilar Vega, quien aparece como socio de las empresas Operadora de Inmuebles del Centro y Administradora Cimatario.

Aguilar Vega es otra de las personas que denunció el robo de identidad. En su declaración ante el Ministerio Público dijo desconocer la existencia de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro.

Esperanza Córdova Hernández; Liliana María Paulin Urbiola; Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez y José Alberto Hernández Rivera, son otros 4 personajes cuyos nombres se encuentran vinculados a por los menos 2 de las diferentes empresas de la red, con las que presuntamente el abogado Juan Ramón Collado, así como los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña operaron la compra ilegal de un edificio valuado en 700 millones de pesos.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

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