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Cuartoscuro Archivo

Notarios públicos, empresarios y profesionistas, vinculados a la red de Collado

Cuatro de las personas en la red denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente.
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Las operaciones del abogado Juan Ramón Collado, con las que presuntamente hizo la compra ilegal de un edificio comercial valuado en 700 millones de pesos en Querétaro, contaron con la presunta participación de al menos 50 personas, entre ellas 9 notarios públicos de tres diferentes estados de la República Mexicana, de acuerdo con una investigación hecha por Animal Político.

Cuatro de estas personas denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente por emitir ilegalmente una carta poder, con la que se concretó la venta del bien.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio de los estados de Querétaro, Nuevo León y Estado de México, los integrantes de esta red realizaron (por lo menos en el papel) una serie de movimientos mercantiles conectados entre sí y los principales socios de 4 empresas que, a su vez, están relacionados directamente con la compra-venta del bien.

Por la forma de operar se observa un sofisticado mecanismo donde, con un día o dos de diferencia, se convocaba a asambleas que permitían cambiar de dueños o representantes legales de las empresas involucradas, y aumentar sus ganancias.

En una de esas operaciones, por ejemplo, se inyectó 57 millones de pesos a una de las compañías.

Los 50 nombres de socios, apoderados, comisarios y notarios aparecen en las actas constitutivas y asambleas de las 4 empresas que desde el pasado 7 de junio son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a solicitud del empresario queretano Sergio Hugo Bustamante quien denunció el robo de su identidad, con el fin de vender la millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V. (Libertad), que dirige Juan Collado.

Las empresas investigadas por esta operación son: Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.; Administradora Cimatario S. A. de C. V.; Administradora Ario S. A. de C. V. y Despacho Integral de Inmuebles S. A. de C. V.

Un poco de contexto

En su denuncia, Bustamante acusó a su exsocio José Antonio Rico y al abogado Collado, de haberse confabulado con José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Pattricia García Ortega -esta última pieza clave en la red-, para pactar la compra-venta de un inmueble del cual él era dueño del 50%. El otro 50% pertenecía a José Antonio Rico.

Bustamante dijo que estas cinco personas pactaron la compra-venta del bien por 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa de Collado, aun cuando la propiedad tiene un valor de 700 millones de pesos. Por esta operación él no recibió ninguna ganancia.

No sólo eso. Bustamante dijo que por esta operación Collado habría solicitado a José Antonio Rico un soborno de 24 millones de pesos para concretar la compra. Y que para pagarle esa cantidad utilizaron las cuentas bancarias de 3 de las 4 empresas investigadas (Administradora Cimatario; Administradora Ario y Despacho Integral de Inmuebles).

Además, comentó que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, entre otros, serían los supuestos propietarios de las empresas implicadas en la millonaria operación.

“Me dijeron que atrás de Collado estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri. Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el Director General de Libertad Servicios Financieros”, dijo Bustamante.

Lee más: Peña Nieto y Salinas, supuestos dueños de empresa de Collado ligada a desvíos, según denuncia

Los notarios

De acuerdo con los documentos del RPC, hay 9 notarios que participaron en las operaciones de la red. De estos hay 3 cuyos nombres son recurrentes entre una empresa y otra.

Es el caso de Antonio Pérez de la Peña, de la Notaría Pública número 2; Álvaro Guerrero Alcocer, de la Notaria Pública número 3, y Juan Pablo Olivares, de la Notaría Pública número 11. Los tres de Querétaro.

Antonio Pérez de la Peña, por ejemplo, avaló movimientos en 3 de las 4 empresas involucradas; en tanto Álvaro Guerrero participó en la creación de 2 de las empresas, mientras su hermana María Zamantha Guerrero Alcocer, adjunta de la notaría número 3, fue la que acreditó la creación de la compañía Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V., que vendió el predio en disputa.

Otros de los notarios es Héctor César Jiménez Arreola, de la Notaría Pública número 2 de Querétaro, quien de acuerdo con la denuncia es el notario “de cabecera de José Antonio Rico”, y quien de manera “dolosa” avaló la venta ilegal del edificio.

Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, de la Notaría Público número 24 de Monterrey, Nuevo León, es otra de las involucradas en la red. Ella protocolizó una acta “ilegal” de asamblea donde presuntamente se despojó a Sergio Hugo Bustamante de las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.”.

Además, la notaria otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández por parte de José de Jesús Cárdenas Rico, “a fin de poder concretar la venta del edificio”.

José de Jesús Cárdenas Rico es otra de las personas que denunció el robo de identidad.

Por la emisión de esta carta poder, la notaria Bonifaz Sánchez fue denunciada penalmente por Cárdenas.

Socios y apoderados

De las 41 personas que participan en la red, además del caso de los notarios, entre las que se encuentran socios, apoderados, profesionistas y comisarios (personas que vigilan las empresas), hay 7 cuyos nombres se repiten en varias de las empresas investigadas.

De estas 7 personas, sólo Patricia García Ortega es una de las denunciadas penalmente, por lo que existe una orden de aprehensión en su contra.

Contra las otras 6 personas y el resto de los participantes de la red no existen, hasta el momento, ordenes de aprehensión.

De acuerdo con la denuncia penal, Patricia García es la persona que presuntamente operó la entrada y salida de los recursos a la empresa que vendió el edificio, pero también la que autorizó el pago del presunto soborno al abogado Juan Ramón Collado.

De acuerdo con los movimientos del RPC consultados por Animal Político, Patricia García es apoderada de las empresas Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V., y Despacho Integral de Inmuebles de S. A. de C. V.

Myriam Bonilla Saturnino, es otro de los personajes que aparece de manera recurrente en 3 de las 4 empresas denunciadas e investigadas por la FGR.

Myriam Bonilla aparece como apoderada y representante legal de Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.; Administradora Cimatario S. A. de C. V., y Administradora Ario S. A. de C. V.

Otro personaje cuyo nombre aparece en dos de las empresas investigadas es José David Aguilar Vega, quien aparece como socio de las empresas Operadora de Inmuebles del Centro y Administradora Cimatario.

Aguilar Vega es otra de las personas que denunció el robo de identidad. En su declaración ante el Ministerio Público dijo desconocer la existencia de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro.

Esperanza Córdova Hernández; Liliana María Paulin Urbiola; Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez y José Alberto Hernández Rivera, son otros 4 personajes cuyos nombres se encuentran vinculados a por los menos 2 de las diferentes empresas de la red, con las que presuntamente el abogado Juan Ramón Collado, así como los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña operaron la compra ilegal de un edificio valuado en 700 millones de pesos.

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Crisis en Venezuela: La desesperada búsqueda de hormonas de los transexuales

Las personas que quieren cambiar su sexo biológico necesitan un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios en su cuerpo. En Venezuela son hoy imposibles de encontrar, lo que acarrea graves riesgos para ellas.
27 de junio, 2019
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“Si volviera a parecer una mujer, no me atrevería a salir a la calle”.

A André le llevó mucho tiempo y esfuerzo construir la apariencia del hombre que siempre sintió ser.

Transformar el cuerpo de Bolivia Andreína Bellorín, la mujer cuyo nombre figura en su cédula de identidad pero en la que nunca se reconoció, le costó dos intervenciones quirúrgicas, meses de un caro tratamiento hormonal y un doloroso desencuentro con una madre ya fallecida que nunca terminó de aceptarlo.

Ahora, al encontrarlo en la cafetería de un centro comercial de Caracas, nadie diría que el cuerpo de este empleado en una empresa agrícola fue un día de mujer.

Pero él siente que algo está cambiando, que lo que tanto le costó podría, poco a poco, malograrse.

“Ya no me sale barba en muchas partes de la cara y me estoy poniendo más caderón”, cuenta preocupado. “Pero lo peor es mi voz, no soportaría que mi voz fuera otra vez la de antes“.

Como todos los transexuales que inician lo que los especialistas denominan “transición” para adecuar su sexo biológico a su personalidad, André Bellorín necesita un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios alcanzados.

Su cuerpo se está feminizando de nuevo porque en 2014 lo interrumpió.

¿La razón? La misma que la de muchos otros problemas en Venezuela: la escasez.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación del Derecho a la Salud elaborado el año pasado por varias ONG locales, Venezuela vive “un agotamiento extremo de los inventarios de medicinas, vacunas e insumos básicos” que se traduce en que muchos pacientes tienen graves dificultades para encontrar los medicamentos que necesitan.

Los trans y sus hormonas no se libran del problema.

“Cada vez se hizo más difícil encontrar la testosterona. Recorría una farmacia tras otra; a veces tenía suerte, otras no”, recuerda André, que cuenta incluso que hubo un año en que sus amigos le regalaron unos inyectables de testosterona por su cumpleaños.

Habían unido esfuerzos para traerlos desde Colombia.

Fue algo excepcional.

André Bellorín.

G. D. Olmo
A André le ha dejado de salir barba en la mayor parte de la cara y teme que la feminización de su cuerpo no se detenga.

“Yo no tengo dinero para comprar la hormona en Colombia y que me la manden todos los meses”, cuenta André, que como muchos en Venezuela estira su modesto sueldo al máximo para hacer frente a la hiperinflación.

Parte de los migrantes venezolanos

El cirujano Edward Romero, responsable de la Unidad Transgénero en la clínica Uciep de Caracas, ha notado en su consulta los efectos de la escasez de hormonas.

“La mitad de mis pacientes se ha marchado a países en los que pueden conseguir el tratamiento, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, donde es más económico”, afirma.

Es una cara menos conocida de la diáspora de más de cuatro millones de personas que, según Naciones Unidas, ha dejado Venezuela desde que comenzó la crisis económica que sufre.

Médico y usuario transexual.

G. D. Olmo
El doctor Edward Romero dice que la mitad de sus pacientes se han marchado a países donde podían encontrar las hormonas.

Suspender el tratamiento hormonal, como muchos se han visto obligados a hacer, no solo pone en peligro los cambios logrados sino que puede tener otras graves consecuencias.

Según el doctor Romero, “los usuarios con frecuencia caen en la depresión y en la ansiedad”.

Los jóvenes son los más vulnerables. “En los adolescentes que están atravesando el conflicto de la transgeneridad vuelve a haber ideas suicidas y explosiones violentas en el ámbito familiar“.

El problema se agudiza en el caso de los trans masculinos, en los que las hormonas provocan cambios más rápidos, pero que también desaparecen rápido.

La vuelta de la menstruación, que puede producirse ya a los tres meses de la interrupción del tratamiento, supone una experiencia traumática para muchos de ellos.

Transexuales en Caracas.

Getty Images
Las hormonas provocan cambios más rápidos en los transexuales masculinos, pero también desaparecen rápido.

Toni del Vecchio es uno de los trans a los que trató el doctor Romero. Asegura que “lamentablemente, hoy en Venezuela empezar un tratamiento hormonal es una cuestión de dinero”.

Él, un diseñador gráfico al que le va bien, se sabe miembro de una minoría de privilegiados. Puede pagar el coste de su medicación en Ecuador y el envío desde allí.

Para la mayoría de los que resisten en Venezuela y no se resignan a que su cuerpo se convierta en aquello de lo que escaparon, conseguir las hormonas se ha convertido en una especie de odisea.

Venezolano rumbo a Colombia

Karl Rodríguez consume ahora lo que le queda de Nebido, un inyectable en ampollas que debe suministrarse cada tres meses para mantener los niveles de testosterona.

“Viajé hasta Colombia en la camioneta de un amigo para comprarlas a US$80 cada una”.

Ahora, cuenta, está ahorrando lo que puede de su sueldo de cocinero en el Banco Central para repetir el viaje y renovar sus existencias.

Sabe que no será fácil. Viajar por carretera en Venezuela se ha convertido en misión de alto riesgo. A la inseguridad se suma últimamente el problema de la dificultad para encontrar combustible en la mayor parte del país.

Karl dice que nada de eso lo detendrá. “De una manera o de otra conseguiré mis hormonas”.

Karl Rodríguez

G. D. Olmo
Karl Rodríguez tuvo que viajar por carretera hasta Colombia para conseguir las hormonas que necesitaba.

La desesperación por conseguirlas llevó a algunos a buscar en internet lo que no podían encontrar en las farmacias.

“En Venezuela lo único que puedes encontrar son páginas web que ofrecen las hormonas, nunca por debajo de US$300“, explica Del Vecchio.

Más alto que el coste son los riesgos para la salud de adquirir uno de estos productos sin certificación y consumirlo sin supervisión médica, como algunos hicieron.

El doctor Romero cuenta que trató a personas que recurrieron a hormonas animales, lo que puede provocar crisis hipertensivas y otros trastornos.

Un transexual que prefirió no dar su nombre refirió a BBC Mundo que compró por internet lo que creyó era testosterona y luego resultó ser resina vegetal.

Ahora tiene unos bultos en los glúteos, no sabe cuándo desaparecerán y ha renunciado definitivamente a hormonarse.

Situación de los LGBT en Venezuela

Para activistas y organizaciones de defensa de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) en Venezuela, los problemas de los transgénero para conseguir su medicación son un reflejo más del marco de precariedad y falta de derechos que sufre este colectivo.

Para Quiteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, “el país siempre estuvo mal en este campo, pero ahora estamos a la cola en la región“.

Venezuela no reconoce el derecho al cambio de identidad de los transgénero. Es además uno de los pocos de Sudamérica que no admite el matrimonio y ni siquiera contempla la unión civil entre personas del mismo sexo.

BBC Mundo intentó obtener información sobre la situación del colectivo LGBT en el país, pero el Ministerio de Comunicación no respondió a la petición.

Quiteria Franco resume la situación. “Somos un problema que nunca le ha importado a nadie”.


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