La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programó para este miércoles, 10 de julio, la solicitud del gobierno de Chihuahua para que se le reconozca como “víctima” en el juicio que se le sigue al exsecretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, correspondiente al desvío de 250 millones de pesos.
Además, la SCJN determinará si el sobreseimiento de dicha causa penal, decretado por un juez federal, a solicitud de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR), fue ajustado a derecho o bien concede un amparo para que se reponga el procedimiento y de esa manera la causa penal que se le sigue al priista regrese a Chihuahua.
Alejandro Gutiérrez está acusado por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, durante la administración del exgobernador César Duarte, hoy prófugo de la justicia. Se trata de recursos que presuntamente se utilizaron para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.
De acuerdo con la lista de asuntos que se verán este miércoles en la primera sala de la SCJN, las solicitudes de facultad de atracción estarán bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Con esta acción, el Gobierno de Chihuahua busca que el juicio contra Gutiérrez regrese a la jurisdicción local y se le reconozca como víctima, pues consideran que con el sobreseimiento de dicha causa penal, decretado a solicitud de la PGR, se vulneraron los derechos del Gobierno del Estado.
De acuerdo con una tarjeta informativa del caso elaborada por el gobierno de Chihuahua, la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto vulneró los derechos de la administración estatal, al:
1.-“Negarle justicia completa, en el sentido de que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado”.
2.-“Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido”.
3.-“Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público”.
