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Cortesía Caminando por la justicia

Familiares de desaparecidos: “Zenaida llevaba recibiendo amenazas desde mayo”

La Fiscalía de Michoacán vincula el asesinato de Zenaida Pulido a la disputa por un predio. Activistas aseguran que ella recibía amenazas desde mayo, cuando coordinó una caravana que localizó una fosa con 43 restos óseos.
Cortesía Caminando por la justicia
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“Aquí pues el anteojo de seguido me está llegando y aquí se queda y está bien canijo la verdad”. Este es parte de un mensaje de Whatsapp enviado por Zenaida Pulido a Evangelina Contreras Ceja, su compañera en el grupo de búsqueda “¿Dónde están los desaparecidos?” que ambas fundaron en 2013. En él muestra su preocupación por estar siendo sometida a vigilancia.

La activista, de 43 años, fue asesinada el viernes en el tramo de carretera entre Huahua y Pichilinguillo, municipio de Aquila, en la costa de Michoacán. Junto a ella viajaban su esposo Jeremías y un familiar de este. El primero resultó herido y al segundo todavía se le busca. 

Lee más: Matan a la activista Zenaida Pulido en Michoacán tras denunciar que fue amenazada

Según afirma su compañera, Pulido venía recibiendo amenazas desde mayo. En ese momento, ambas coordinaron la quinta caravana “Buscando Encontraremos” que organiza el colectivo Caminando por la Justicia, con quienes habían comenzado a colaborar. Hallaron una fosa con 43 restos óseos que Contreras Ceja cree que puedan ser de su hija Tania, desaparecida en 2013.

Existen dos versiones contrapuestas alrededor del asesinato de Zenaida Pulido. 

La primera versión es la de sus compañeras en las organizaciones de búsqueda. Aseguran que la mujer estaba siendo amenazada pero que no había puesto denuncias. Dicen que los responsables la castigaron por remover demasiado el pasado y los crímenes perpetrados en Michoacán. 

La segunda versión es la de la Fiscalía General Estatal de Michoacán. Asegura que el asesinato está vinculado a una disputa por un predio. Fuentes de esta institución afirman disponer testimonios de allegados al esposo de Pulido que sostienen esta tesis. El jueves fueron detenidos dos sospechosos, Ricardo C.P. y Enoc C.M., de quienes el Ministerio Público dice que “mantenían diferencias por la posesión de un predio”. Ambos están en la cárcel. 

Leer más: Detienen en Michoacán a dos presuntos asesinos de la activista Zenaida Pulido

En Michoacán actúa la delincuencia organizada y también existen denuncias contra funcionarios públicos vinculados a estos. Por eso, quienes buscan a sus familiares, no se fían de las fuentes oficiales. 

Una fosa con 43 restos óseos

“Con Zenaida nos comunicábamos todos los días. Ella temía por su vida. Me estuvo mandando mensajes, hablábamos por Whatsapp. Tenía mucho temor”, dice Contreras Ceja.

A esta mujer le desaparecieron a su hija y al papá de esta el 11 de julio de 2012. Ambos eran, además, familia de Zenaida Pulido. Sobrina y primo, respectivamente. Por eso conoce bien a la víctima. 

Con ella comenzó el proceso de búsqueda de sus seres queridos. A Zenaida le habían desaparecido a su esposo y a otros familiares. Así que solas, sin más ayuda que la convicción, comenzaron a reunirse y a hablar, que es el paso previo a hacer. 

En 2016 bautizan el grupo como “¿Dónde están los desaparecidos?”. Dice Contreras Ceja que eran apenas 20 personas. Que la gente tenía miedo. Que muchos no hablaban. Que los que hablaban, no denunciaban. Que mucho menos se atrevían a buscar. 

Explica que la fosa descubierta tras la caravana la tenían ubicada desde 2014. Se encuentra en Tizupan, cerca de Caleta de Campos, no lejos de donde Zenaida Pulido cayó abatida. Denuncia que, en aquel entonces, ni el Ministerio Público ni ninguna autoridad se hizo cargo. Hasta que llegaron con otros activistas, en mayo, y tomaron muestras. Cree que son los restos de su hija. Lleva cinco años creyendo que son los restos de su hija. Imaginemos: cinco años con una fosa localizada, pensando que ahí, en ese lugar, están los restos de tu hija. 

“Estamos pendientes de los exámenes de ADN”, explica.

Contreras Ceja dice tener buenas razones para creer que esa fosa está vinculada a la muerte de su compañera. Asegura que todas las personas que tuvieron relación con ese descubrimiento han sufrido amenazas: la hermana de Zenaida, la dueña del predio donde su ubicaba, el señor que la descubrió. Pide que no publiquemos sus nombres, que no sería prudente. 

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“Todos los involucrados han sido amenazados”, reitera. 

Asegura que, desde que comenzaron las amenazas, mantenía una estrechísima comunicación con su amiga. Se llamaban constantemente para saber dónde se encontraba cada una. Ella, dice, le había referido que varias camionetas la hostigaban. También a su familia. De hecho, los Pulido han dejado su vivienda en la comunidad de Pichilinguillo, por temor a otro ataque.

“En estos tiempos buscamos la forma de hacer que parezcan las cosas personales, pero no fueron así”, dice Contreras Ceja. No se cree la versión oficial. 

La activista asegura que ella misma tiene miedo. Que el lunes, tres días después del asesinato de su compañera, ella misma fue amenazada. 

En su opinión, la causa del asesinato es clara: “Por un lado, el crimen organizado. Por otro, para que no andemos haciendo las búsquedas, que no hagamos visible lo que está pasando en Michoacán”.

Los detenidos no declaran

“Esta es una represalia por participar, como conocedoras del lugar, del descubrimiento de la fosa. Por visibilizar que en Michoacán también hay fosas clandestinas”. Laura Orozco es integrante del Caminando por la Justicia. El jueves, este grupo celebró un acto en Morelia para exigir justicia para su compañera. 

“Zenaida había recibido amenazas. Ella y su familia tenían mucho miedo”, dice. 

Orozco critica que la Fiscalía negase a Pulido la condición de defensora. Que al redactar el expediente se limitase a señalar que se trataba de una comerciante, pero no hiciese mención a su condición de buscadora de familiares desaparecidos. 

Leer más: Filtraciones y falta de auxilio, las fallas en investigación por feminicidio de la activista Cristina Vázquez

“No negamos que fuera activista, pero cuando se hace el reconocimiento, su hijo dice que es comerciante”, aseguran en el Ministerio Público. 

Activistas y Ministerio Público chocan en su versión de los hechos.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que la única línea de investigación que manejan es la de la disputa por los predios. Estas mismas fuentes indicaron a Animal Político que los dos arrestados se acogieron a su derecho a no declarar pero que testimonios de allegados del sobreviviente, el esposo de Zenaida, refuerzan esta tesis. 

En esta misma institución también niegan que la activista hubiese presentado denuncia por amenazas. “No hay antecedentes de amenazas, si hubiese habido denuncias, habría habido protección”, asegura una fuente del ministerio público.

Y tiene razón, en parte.

Según relata Orozco, el día en el que fue asesinada, la víctima se desplazó hasta Huahua para poner esas amenazas en conocimiento del jefe de Tenencia de la comunidad. “Le informó al personal de la jefatura a lo que iba y lo esperó, pero el jefe nunca llegó y entonces se regresó”, afirma. 

La activista llama la atención sobre un contexto complejo. “Tenemos una situación de crimen organizado, pero también muchos de los casos de desaparición tienen participación de elementos del Estado, de la Marina, del Ejército”, denuncia.

Zenaida Pulido murió sin encontrar los restos de los familiares a cuya búsqueda dedicó sus últimos años de vida. 

Sus compañeras en aquellas indagaciones exigen justicia. No se fían de las autoridades. Piden que se tome en cuenta las amenazas que la víctima les relató haber sufrido. 

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The Hattori family

Yoshihiro Hattori: cómo tocar la puerta equivocada acabó con la vida de un adolescente japonés en EU

Un estudiante japonés de intercambio se perdió en Louisiana en Halloween de 1992 y murió tras recibir un balazo. El accidente desató toda una campaña para cambiar las leyes de control de armas en Estados Unidos.
The Hattori family
21 de octubre, 2019
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En octubre de 1992, Yoshihiro Hattori tocó la puerta equivocada.

Yoshi, como se le conocía, era un estudiante japonés de intercambio de 16 años que iba a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, Louisiana, en el sur de Estados Unidos.

Estaba con su amigo Webb, y estaban perdidos.

Los dos muchachos cometieron un error inocente que le costó la vida a Yoshi.

Al accidente le siguió un frenesí mediático y luego una campaña masiva para cambiar las leyes de armas de EE.UU.

Los padres de Yoshi, su familia anfitriona en EE.UU. y un abogado de Louisiana hablaron con la BBC sobre aquel día de hace 27 en el que cambió sus vidas.

“Lo amaban”

En el verano de 1992, Yoshi viajó a EE.UU., donde iba a pasar un año de intercambio, a través de American Field Service (AFS), una organización mundial de intercambio para jóvenes.

Fue recibido en Dallas, Texas, por sus anfitriones, los Haymaker, que lo llevaron a su casa en Baton Rouge.

Yoshihiro Hattori pescando en 1989.

The Hattori family
Yoshihiro Hattori (en una imagen de 1989, posando con dos pescados) llegó a EE.UU. en 1992 para pasar allí un año como estudiante de intercambio.

Holley Haymaker, médica, y su esposo, Dick Haymaker, físico teórico, habían recibido estudiantes de intercambio antes. Pero Hattori les causó una impresión inmediata, dijeron.

“Yoshi era un extrovertido total”, recordó Holley. “Los alumnos de McKinley High School lo amaban porque era un espíritu muy libre”.

El hijo de los Haymakers, Webb, que tenía 16 años en ese momento, le dice a la BBC que Yoshi tenía un “enorme apetito por la vida y la experiencia” y que trataba de hacer amigos donde quiera que fuera.

“Estamos aquí para la fiesta”

La noche del sábado 17 de octubre, Yoshi y Webb iban a una fiesta de Halloween al noreste de Baton Rouge, en la ciudad de Central.

Yoshi estaba disfrazado del personaje de John Travolta en “Fiebre de sábado por la noche”, y Webb, de víctima de un accidente.

“Llegamos a una calle y vimos una casa que tenía decoraciones de Halloween, tres autos en la entrada y la dirección era 10311, aunque nosotros que queríamos ir al 10131. Pero vi la dirección y dije ‘¡aquí es!'”, cuenta Webb.

Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

AFP/Getty
Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

Webb y Yoshi tocaron la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Luego vieron a una mujer abrir la puerta lateral del garaje y mirar hacia afuera antes de cerrarla abruptamente.

“Nos estábamos yendo algo confundidos, y yo preguntándome si era otra casa”, señala Webb. “Pero alguien abrió la puerta, Rodney Peairs”.

Peairs, un carnicero de supermercado de 30 años, sostenía un revólver Magnum .44, y Yoshi se volvió hacia él.

“Supongo que no entendió que tenía un arma. Tal vez pensó que era algo de Halloween”, recuerda Webb.

“Simplemente dijo, a todo volumen y feliz, ‘¡Estamos aquí para la fiesta! ¡Estamos aquí para la fiesta!'”.

Peairs gritó “¡Quieto!”, pero Yoshi parecía no entender y siguió avanzando. Peairs disparó una vez, le dio a Yoshi en el pecho y cerró la puerta.

“Un vecino cualquiera”

Al otro lado de la ciudad, los Haymakers salían del cine después de ver “El último mohicano”.

La policía ubicó a Holley en su buscapersonas y cuando los contactó, le dijeron que Webb estaba bien, pero que Yoshi no.

Los padres de Yoshi, Masa y Mieko Hattori, se enteraron de la noticia a través de un trabajador de AFS.

Dos días después del asesinato, los Hattori volaron a Nueva Orleans. “Estaba aterrorizada”, recordó Holley. “Yo debía que cuidar a su hijo y lo mataron”.

Pero según Holley, “las primeras palabras que dijo la madre de Yoshi fueron: ‘¿Cómo está Webb?'”.

Cajas llenas con peticiones enviadas a EE.UU. en una campaña para acabar con el acceso fácil a armas organizada por los Hattoris.

The Hattori family
Los Hattori lanzaron una campaña para acabar con el acceso fácil a las armas en EE.UU.

La muerte de Yoshi conmocionó a la gente en Japón, donde las armas de fuego están prohibidas.

Masa y Mieko lanzaron inmediatamente una campaña en Japón pidiendo el fin del acceso fácil a las armas de fuego en EE.UU.

De vuelta en Baton Rouge, la policía inicialmente liberó a Peairs sin cargos, asumiendo que tenía derecho a dispararle a un intruso. Pero después de las quejas del gobernador de Louisiana y el cónsul de Japón en Nueva Orleans, fue acusado de homicidio involuntario.

Sus abogados argumentaron que actuó en defensa propia. Dijeron que Peairs “no era un asesino”, simplemente “un vecino cualquiera” que había reaccionado a la “forma extremadamente inusual de moverse” de Yoshi.

Bonnie Peairs, la esposa de Rodney, le dijo a la corte que Yoshi la había asustado y le había pedido a su esposo que “cogiera el arma”.

En mayo de 1993, Rodney Peairs fue absuelto después de una deliberación del jurado de solo tres horas.

Rodney Peairs saliendo de una prisión de Baton Rouge, en noviembre de 1992.

Getty Images
Los abogados de Rodney Peairs aseguraban que el muchacho podía ser “cualquiera de tus vecinos”.

Sin embargo, Masa y Mieko Hattori no desistieron de su activismo por el control de armas.

“Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”

Unos 1,7 millones de japoneses firmaron la petición de los Hattori.

Dick Haymaker también decidió reunir firmas en EE.UU. y consiguió alrededor de 150.000.

Ambas familias estaban en Washington en noviembre de 1993 como parte de su campaña cuando lograron que Mieko le enviara una nota a un amigo de la familia que se encontraba en la Casa Blanca. “Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”, recordó Dick.

El presidente Clinton habló con los Haymaker y los Hattori en el Despacho Oval. “Sentimos que fuimos bienvenidos”, dijeron Mieko y Masa. “Creemos que entendió nuestra posición. Deseaba fuertes leyes de control de armas”.

Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

White House/Courtesy of Richard Haymaker
Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

Los Hattori y los Haymaker reconocen que pese a su apoyo en privado, había poco que el presidente pudiera hacer en la práctica.

Pero la campaña de ambas familias y también el 30 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy ese mes ayudaron a crear conciencia sobre el tema.

El Congreso aprobó la Ley Brady, para la prevención de la violencia con armas de fuego, que ordena la revisión de los antecedentes de los compradores de armas y un período de espera de cinco días para todas las compras.

Clinton promulgó la norma unas semanas después de reunirse con los Hattori y los Haymaker.

El embajador de EE.UU. en Japón, Walter Mondale, se reunió con los Hattori en diciembre de 1993 y les dio una copia de la ley, diciendo que habían tenido un “impacto muy claro en la aprobación del proyecto”.

La norma se había propuesto por primera vez en 1991, pero no se sometió a votación hasta unos meses después de la muerte de Yoshi.

El verano siguiente, en septiembre de 1994, el Congreso aprobó una moratoria de 10 años sobre la fabricación de ciertas armas semiautomáticas para uso civil.

Dick Haymaker dijo que era un momento en que el control de armas parecía posible.

“Las cosas podían cambiar, y sí cambiaron. La Ley Brady fue un primer paso importante en la verificación de antecedentes”, señaló.

James Brady (izquierda) observa a Bill Clinton firmando la Ley Brady.

AFP/Getty
Bill Clinton firmando la Ley Brady en noviembre de 1993, al lado de James Brady, que recibió un disparo en 1981 durante el intento de asesinato de Ronald Reagan.

Pero la lucha de los Hattori no acabó con esa ley. Iniciaron una demanda civil contra Rodney Peairs, su esposa Bonnie y su compañía de seguro de vivienda.

Se pusieron en contacto con Charles Moore, un abogado con experiencia en estos casos y que había renunciado a sus honorarios.

“Pensé que el seguro se negaría a pagar porque había sido un acto intencional y no hay cobertura para los actos intencionales”, dijo Moore en una entrevista telefónica.

Para su sorpresa, la aseguradora pagó US$100.000. El juez William Brown le dijo al tribunal que la autodefensa “no era aceptable”.

“No había justificación para que un asesinato fuera necesario para que Rodney Peairs se salvara”, dijo el juez Brown.

Los Hattori donaron el dinero para financiar medidas de control de armas en EE.UU.

Mieko y Masa siguen siendo activistas. Recientemente, hablaron con estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland en febrero de 2018 y participaron en la “Marcha por nuestras vidas” en marzo de 2018.

Masa y Mieko (centro) en la "Marcha por nuestras vidas" en Nagoya, en marzo de 2018.

The Hattori family
Masa y Mieko (centro) en la “Marcha por nuestras vidas” en Nagoya, en marzo de 2018.

Los Haymaker donaron cientos de miles de dólares a grupos de control de armas y crearon el Fondo Conmemorativo Yoshihiro Hattori, que busca ayudar a cubrir los costos de los jóvenes japoneses que estudian en la universidad de Dick, Carleton College, en Minnesota.


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