A 4 años de su feminicidio, la familia de Fátima busca justicia pese a amenazas de muerte
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A 4 años de su feminicidio, la familia de Fátima busca justicia pese a amenazas de muerte

A cuatro años de la violación y asesinato de Fátima Quintana, solo dos de sus agresores han sido sentenciados; su familia espera que condenen al tercer implicado, pese a que han sido amenazados por buscar justicia.
Cuartoscuro
11 de julio, 2019
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En febrero de 2015, Fátima Quintana, una adolescente de 12 años, fue torturada, violada y asesinada por tres hombres en Santa María Zolotepec, Estado de México.

Desde entonces su familia busca justicia, aunque han sido amenazados de muerte por familiares de sus agresores, motivo por el que fueron desplazados hasta el estado de Nuevo León, donde hoy viven de manera “precaria”, porque “deben ser discretos”.

Lorena Gutiérrez, madre de la víctima de feminicidio, cuenta que fue interceptada por tres hombres cuando volvía a su casa de la secundaria.

Tras abusar sexualmente de ella y asesinarla, la aventaron en una zanja y cubrieron su cuerpo con tierra y una llanta. Fue en ese sitio donde su familia, quien comenzó a buscarla tras no saber de su paradero, la encontró.

Fátima tenía 12 años cuando fue torturada, violada y asesinada por tres hombres en el Edomex.

Fátima tenía 12 años cuando fue torturada, violada y asesinada por tres hombres en el Edomex.

Dos de los responsables, los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, fueron sentenciados: uno de ellos a cinco años de prisión, por ser menor de edad al momento de los hechos, y el segundo a 73 años y cuatro meses. 

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Sin embargo, el tercero, José Juan “N”, fue absuelto en un primer momento por la jueza Janet Patiño García, y aunque gracias a un amparo lograron su reaprehensión y la reposición del proceso en su contra, a cuatro años del feminicidio continúa sin ser sentenciado.

Justicia a medias

La tarde del 5 de febrero de 2015, Lorena se encontraba en su casa preparando la comida, a la espera de que su hija llegara de la secundaria.

Generalmente Fátima estaba en casa antes de las 3:30 de la tarde, pero ese día dieron casi las 4:00 y ella no llegó, por lo que su madre salió de su casa acompañada de su esposo y su hijo menor a buscarla, pero no la encontraron.

Fue hasta que una compañera de la secundaria de Fátima les dijo que la había visto llegar a la parada del camión y que en el camino se encontraron con tres de los vecinos de la colonia que la familia de la adolescente buscó en el domicilio de los sospechosos, donde encontraron la sudadera y la mochila de la joven manchadas de sangre, así como charcos rojos en el suelo.

Con la ayuda de vecinos y familiares, Lorena buscó en la parte trasera de la casa, que daba hacia terreno boscoso y sin construcción, hasta que, después de unos minutos, encontraron el cuerpo semienterrado de la joven.

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“No sé cuánto tiempo transcurrió, yo perdí la noción del tiempo. Después llegaron policías judiciales, quienes nos pidieron ayuda porque había gente a punto de linchar a los acusados, que por favor se los entregáramos vivos, que iba a haber justicia”, detalla la madre.

La autopsia practicada a Fátima reveló que, estando viva, le sacaron un ojo, le tumbaron los dientes y la violaron. Sus agresores mutilaron su entrepierna y finalmente la apuñalaron en más de 70 ocasiones.

A pesar de la crueldad con la que fue asesinada, la madre de Fátima lamenta que uno de los agresores vaya a salir libre en 2020 por haber sido menor de edad al momento de cometer los delitos, y que otro de ellos, José Juan, ya haya quedado una vez en libertad.

En 2015, en México fueron abiertas 411 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De estas, 59 fueron por feminicidios en el Estado de México.

Entre 2015 y 2018, los feminicidios en México aumentaron 117.7 %, al pasar de 411 a 895 carpetas de investigación.

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Durante los cinco primeros meses del 2019, en el país fueron abiertas 369 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 38 fueron registradas en el Estado de México.

Desplazados por amenazas

El día que José Juan fue dejado en libertad, la familia del acusado amenazó a Lorena. “Maldita perra, ya firmaste tu sentencia de muerte”, le dijeron. Por el riesgo que representaba para ella y sus familiares continuar viviendo en el mismo domicilio tuvieron que abandonarlo y fueron llevados por la Comisión de Víctimas del Estado de México a otro municipio.

En este municipio, el padre de Fátima continuó con su trabajo como chofer de transporte público y la familia intentó retomar su vida, hasta que una tarde la unidad que conducía fue interceptada por personas que se identificaron como familiares de José Juan y lo amenazaron de que iban a asesinarlo.

Tras esta nueva amenaza, la familia de Fátima fue desplazada por segunda ocasión, esta vez hasta Nuevo León, lugar en el que la Comisión de Víctimas les consiguió una casa y los “abandonó”. 

Lorena, su madre, asegura que desde entonces no tuvieron apoyo para encontrar trabajo, ni escuela para su hijo y nietos, por lo que sus dos hijas mayores, con sus esposos e hijos, aún sabiendo el riesgo que representa, volvieron al Estado de México.

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Para ella, revivir los hechos y declarar una y otra vez lo sucedido es lastimoso. 

“Solo quiero justicia para mi niña, solo tenía 12 años”, comenta; sin embargo, sabe que este proceso continuará hasta conseguir que se condene a José Juan “N”, contra quien se reanudó la investigación, gracias a la asesoría legal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

En una audiencia celebrada este 10 de julio, el juez de Control de Distrito Judicial de Lerma, en el Estado de México, resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a José Juan.

El juez determinó que hay elementos suficientes para suponer que no hay otra medida que asegure la presencia del acusado en el juicio, y que resulta necesario que continúe detenido, “en un contexto generalizado de violencia feminicida en la entidad”, informó el OCNF.

Sueños truncados

Entre lágrimas, a más de cuatro años de su muerte, Lorena recuerda a su hija, su gusto por la poesía y la promesa de que quería ser doctora para que, cuando ella y su marido fueran mayores, ella pudiera curarlos de todo.

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“No le gustaba mucho salir, era una niña. Ella prefería estar con su hermano menor, le llevaba un año y meses. Fátima era tímida y no le gustaba estar sola”, cuenta su madre.

En la escuela Fátima siempre estuvo en el cuadro de honor, era una “niña de 10”, atendía la biblioteca de la escuela y por su buen desempeño era la consentida de sus profesoras de química y biología.

“Era una niña muy tranquila y muy humana, era dedicada a sus trabajos. Incluso en la Fiscalía, donde tienen su mochila, pueden darse cuenta del tipo de persona que era Fátima porque estaba llena de libretas y libros”, detalla.

También recuerda que la joven gustaba mucho de leer y recitar poesía.

Para Lorena es difícil recordar a Fátima y saber que el último poema que recitó en público, de Amado Nervo, termina con la frase “vida, nada te debo; vida, estamos en paz”.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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