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Eréndira Aquino

Purgó una condena por quemar un metrobús, ahora Luis Fernando defiende su inocencia y acusa anomalías en su caso

Luis Fernando Sotelo fue detenido y condenado por la quema de un metrobús y la estación Ciudad Universitaria en noviembre de 2014, en el marco de las protestas por la tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa.
Eréndira Aquino
17 de julio, 2019
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Después de pasar 4 años, 8 meses y 7 días en prisión, Luis Fernando Sotelo, joven acusado de incendiar una unidad de metrobús y la estación de Ciudad Universitaria en noviembre de 2014, cumplió su condena y fue liberado.

En conferencia de prensa, Luis Fernando explicó que inicialmente fue condenado a 33 años y cinco meses de prisión y a pagar una reparación del daño por el metrobús y la estación incendiada por 8 millones 713 mil pesos, por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad agravado.

En una segunda instancia, y con el acompañamiento legal de la organización ‘Los Otros Abogadoz’, Sotelo Zambrano logró la reducción de su pena a 13 años con quince días, más la cantidad millonaria solicitada por las empresas propietarias de la unidad de transporte, de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la estación, así como de los torniquetes y las máquinas expendedoras de tarjetas por la reparación del daño.

Lee: “Infiltrados”, los que incendiaron el Metrobús: subsecretario de Gobernación

Finalmente, sus abogados recurrieron ante el Poder Judicial Federal, donde, a través de un juicio de amparo directo, lograron bajar su condena a 4 años, ocho meses y siete días.

Aunque cumplió con la condena- lo que anuló el pago de los más de ocho millones de pesos por la reparación del daño-, Luis Fernando asegura que fue injustamente encarcelado y que es inocente, y señala que existieron irregularidades en el proceso de las que las autoridades de la Ciudad de México se valieron para privarlo de su libertad.

Las irregularidades

La tarde del 5 de noviembre de 2014, en la que se realizaron diversas protestas en la Ciudad de México y otros puntos del país en el marco de la tercera Jornada de Acción Global por los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Luis Fernando participó en una de las manifestaciones y posteriormente permaneció en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con el joven, él se encontraba cerca del ‘Auditorio Che Guevara’, como se conoce al recinto ubicado a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando fue detenido por policías capitalinos. Junto con él fue detenido Sergio Pérez Landeros, un estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, quien también fue acusado de participar en la quema del metrobús.

Metrobús incendiado el 5 de noviembre de 2014 en Ciudad Universitaria.

Metrobús incendiado el 5 de noviembre de 2014 en Ciudad Universitaria.

Ambos fueron informados por las autoridades que el conductor del metrobús incendiado los había reconocido como los causantes del incendio, aunque en una segunda declaración el chofer dijo que no podía asegurar que hubieran sido ellos los responsables del incidente, debido a que quienes quemaron la unidad llevaban el rostro cubierto.

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Dos días después de los hechos, el 7 de noviembre de 2014, Sergio Pérez fue liberado, debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal videos en los que se observaba que el estudiante de doctorado se encontraba en clases a la hora del incendio.

En el caso de Luis Fernando, estudiante “irregular” –por deber materias- de la Preparatoria 6 de dicha universidad, quien se identifica como activista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacaldona, la UNAM dijo a su defensa que no contaba con videos sobre sus movimientos dentro de Ciudad Universitaria, lugar donde fue detenido.

Además de la declaración del conductor del metrobús, la otra prueba utilizada por las autoridades capitalinas para comprobar la culpabilidad de Luis Fernando fue que encontraron un “fierro” en su mochila, mismo que, según el acusado y sus abogados, fue “sembrado” por los policías al momento de la detención.

Estando preso, Luis Fernando denunció que en múltiples ocasiones fue víctima de violencia física y psicológica por parte del personal penitenciario del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, sitio donde estuvo recluido. Aunque, de acuerdo con el joven, las autoridades las agresiones jamás se investigaron.

Se negó amnistía a Luis Fernando

En la búsqueda de la liberación de Sotelo, Los otros Abogadoz recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar la sentencia de los cuatro años y 8 meses. Su defensor ingresó el trámite para que aplicaran la Ley de Amnistía en su caso, pero dicha petición fue negada por un juez.

Más sobre el tema: Liberan a seis indígenas defensores del agua; gobierno revisa 583 expedientes de “presos políticos”

Esto, a pesar de que la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril de 2018, contemplaba la liberación y extinción de las penas de quienes fueron procesados por ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, ataque y sedición en la capital del país.

El motivo por el que le negaron beneficiarse de dicha norma fue porque, tal como establece la misma, no aplica para quienes son acusados por delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes públicos o propiedad privada.

Entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2015 tuvieron lugar en la Ciudad de México 28 manifestaciones, en las que se llevaron a cabo 510 detenciones, las cuales, de acuerdo con la Asamblea Legislativa, “implicaron evidentes violaciones a derechos humanos” como uso indebido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias.

Ahora que está libre, Luis Fernando dijo que no tiene certeza sobre lo que hará. Su único plan, de momento, es realizar los exámenes que necesita aprobar para obtener su certificado de preparatoria y sumarse a las campañas por la liberación de otros “presos políticos”, como él mismo se considera.

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G. D. Olmo

Crisis en Venezuela: Guanta, la ciudad invisible que vive bajo una nube tóxica

Los habitantes de Guanta, junto al Parque Nacional Mochima, una de las maravillas de la costa venezolana, viven expuestos a la contaminación que emite una fábrica de cemento propiedad del Estado situada en las inmediaciones. Las infecciones respiratorias son frecuentes allí.
G. D. Olmo
13 de agosto, 2019
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Guanta está allí. Aunque apenas se la ve.

Desde el mirador de El Morro, situado en el otro frente de la bahía, las luces de sus farolas titilan bajo una nube situada a baja altura.

Es una nube distinta a las demás, más espesa, más pesada.

Si se sigue el rastro con la mirada, la vista intuye la fuente que la emite, la planta cementera de Pertigalete, situada a pocos kilómetros de Guanta y en la zona del Parque Nacional Mochima, uno de los paraísos naturales que abundan en la costa de Venezuela.

Aunque al forastero pueda sorprenderlo, los alrededor de 45.000 habitantes que se estima que tiene Guanta están habituados a vivir en un ambiente saturado de los residuos de caliza y esquisto que la planta, propiedad del Estado, utiliza para producir cemento.

Como la mayoría de sus vecinos, Gerardo Serra, de 77 años, barre a diario su casa, por dentro y por fuera.

“Aquí hay que estar siempre limpiando. Hay días en que el polvo tapa completamente el cerro”, asegura, escoba en mano, mientras señala a la montaña que se yergue frente a su casa en la urbanización Pamatacualito.

“A todos nos preocupa vivir con este problema; es una queja de todo el pueblo, pero…”

Guanta.

G. D. Olmo
Gerardo Serra, como muchos otros vecinos de Guanta, barre a diario el frente de su casa para evitar que se acumule el polvo de la cementera.

En Guanta el polvo lo impregna todo, sobre todo en la época del año en la que llueve menos.

Árboles y plantas, chamizos, cabinas telefónicas, automóviles… Nada se libra de las partículas.

Otra vecina que prefiere no ser identificada muestra los azulejos del patio de su casa, afeados por costras de un material blanquecino. Dice que, cuando llueve, con el agua caen también los materiales que emanan de Pertigalete. Si no alcanza a limpiarlos antes de que se seque el suelo, los restos se solidifican y quedan ahí para siempre.

Mapa

Alamy

Es lo que le ha pasado al auto que descansa en su garaje, cubierto por una suciedad que ya no cede.

Muchos en la zona cubren sus vehículos con fundas de plástico para evitar que les pase lo mismo.

Guanta.

G. D. Olmo
Los vecinos se quejan de que cuando llueve caen residuos del cielo, que, al secarse forman una capa de cemento sobre automóviles, casas y vegetación.

Problemas respiratorios

Pero hay cosas que no se pueden cubrir, como los pulmones de la gente.

En el Centro de Diagnóstico Integral de El Chorrerón, la doctora al frente del servicio de guardia atiende, sobre todo, pacientes afectados por problemas respiratorios.

“Infecciones respiratorias, bronquiolitis y neumonías son lo más frecuente aquí”, me cuenta.

“Esta semana hemos tenido entre 30 y 40 casos. Quienes más sufren son los lactantes y los pacientes asmáticos”.

Este es uno de los centros sanitarios de Venezuela en los que trabajan médicos cubanos y a diario los pacientes aguardan junto a retratos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro a recibir su tratamiento.

Últimamente no resulta fácil.

Guanta.

G. D. Olmo
La planta debería contar con unos filtros que redujeran su efecto contaminante, pero están dañados y no cumplen su función.

“Ahora no tenemos apenas antibióticos”, afirma la doctora, antes de mostrar los nebulizadores a los que necesitan conectarse los enfermos, para los que con frecuencia tampoco hay recargas.

Los problemas respiratorios de los vecinos han sido una constante en los 8 años que lleva trabajando aquí. “Al ser la contaminación el origen del problema nunca pudimos ofrecer una solución definitiva, pero antes, al menos, podíamos tratar a la gente; ahora ya no”, lamenta.

“Quienes más sufren son los lactantes y pacientes asmáticos”.

BBC Mundo intentó sin éxito obtener la versión de las autoridades y los responsables de la planta sobre el problema de la contaminación.

Ni su propietaria, la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos), ni el alcalde de Guanta, ni el Ministerio de Comunicación, responsable de dar información en nombre del gobierno, respondieron a la solicitud de comentarios.

No es la doctora la única que ha notado los efectos que aparentemente tiene sobre la salud de la gente la contaminación de la fábrica de Pertigalete.

“Cuando vivía en Guanta me levantaba todas las mañanas con una reacción alérgica”, recuerda Manuel Fernández, uno de los asesores que colaboró en la elaboración de un informe con el que el diputado opositor Armando Armas, elegido en el Estado Anzoátegui, denunció la acción contaminante de la cementera.

El informe encontró que, debido al polvillo, de cada 10 niños atendidos en el ambulatorio David Zambrano, el principal centro sanitario de la localidad, 6 lo eran por problemas respiratorios o cutáneos.

Los problemas respiratorios eran también una de las causas más frecuentes por las que los adultos acudían al médico.

Guanta.

G. D. Olmo
En este centro médico de Guanta, en el que trabajan médicos cubanos, no hay antibióticos para responder a las infecciones respiratorias.

La planta perteneció a la compañía mexicana Cemex hasta que en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la empresa, con el argumento, entre otros, de que no cumplía sus obligaciones sobre protección medioambiental.

Quienes mejor la conocen son sus trabajadores, algunos de los cuales conversaron con BBC Mundo bajo condición de anonimato. Aseguran que varios de sus representantes sindicales han sido “secuestrados” e intimidados por parte de los servicios de seguridad.

“El problema de la contaminación siempre existió, pero se ha agravado desde la expropiación por la falta de mantenimiento”.

Sin filtros

Según el relato de los empleados, los filtros que deben succionar los residuos que genera el proceso de producción del cemento están dañados y ya no cumplen su función, por lo que ahora salen al aire sin control.

Paradójicamente, aunque seis de sus siete hornos están parados y la producción ha caído a mínimos históricos, ahora contamina más que nunca.

“La tecnología está obsoleta y eso está provocando un daño ambiental incalculable”, denuncian los empleados, que reclaman al gobierno que invierta en el mantenimiento de la planta para hacerla sostenible, en lo económico y en lo ambiental.

Guanta.

G. D. Olmo
En las mismas aguas a las que vierte la planta se bañan los turistas que llegan al paradisíaco Parque Nacional Mochima.

La zona en la que se ubica la planta tiene un alto valor ecológico. Se trata del Parque Nacional Mochima, casi cien mil hectáreas de “bahías, playas, islas, golfos y ensenadas de grandes maravillas naturales”, privilegiada por una “exuberante diversidad biológica”, de acuerdo con la descripción del Instituto Nacional de Parques.

Se trata de un paraíso al que tradicionalmente acudían turistas de todo el país para disfrutar sus vacaciones, aunque la crisis actual de Venezuela haya hecho caer drásticamente el flujo de visitantes.

“Nunca lo arreglarán”

Manuel Fernández asegura que “la empresa no solo contamina el aire, sino también los acuíferos”, una denuncia secundada por Antonio Oteiza, presidente de la asociación Movimiento Ecológico, que afirma: “Hace tiempo comprobamos que el polvo está cubriendo los corales”.

El problema, dice Fernández, ha alcanzado ya a otras poblaciones de la cercana Gran Barcelona, una de las mayores concentraciones urbanas de Venezuela, en la que muchas comunidades viven de la pesca.

Barcelona

G. D. Olmo
Según sus críticos, la planta está contaminando todo el norte del Estado Anzoátegui. También cercana Barcelona donde algunas de las comunidades más desfavorecidas se buscan la vida pescando en el río Neverí.

Según la oficina del diputado Armas, que ahora vive fuera del país a causa de lo que sus colaboradores describen como “persecución gubernamental”, ya en 2011 se elevó una queja a la Asamblea Nacional, que ordenó realizar un estudio sobre el impacto medioambiental de la cementera.

Nunca llegó a realizarse.

Tampoco se cumplieron las directrices que en 2014 dio el Ministerio de Medio Ambiente para reducir los daños provocados por la planta, ni las reiteradas promesas de las autoridades locales de destinar a tal fin fondos de la petrolera estatal PDVSA.

A estas alturas, muchos en Guanta creen más probable que la planta acabe cerrando por su inoperatividad antes de que se subsanen los problemas que la han vuelto tan nociva.

La mujer que no quiso identificarse resume ese sentir: “Eso no lo van a arreglar. Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho”.


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