Después de pasar 4 años, 8 meses y 7 días en prisión, Luis Fernando Sotelo, joven acusado de incendiar una unidad de metrobús y la estación de Ciudad Universitaria en noviembre de 2014, cumplió su condena y fue liberado.
En conferencia de prensa, Luis Fernando explicó que inicialmente fue condenado a 33 años y cinco meses de prisión y a pagar una reparación del daño por el metrobús y la estación incendiada por 8 millones 713 mil pesos, por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad agravado.
En una segunda instancia, y con el acompañamiento legal de la organización ‘Los Otros Abogadoz’, Sotelo Zambrano logró la reducción de su pena a 13 años con quince días, más la cantidad millonaria solicitada por las empresas propietarias de la unidad de transporte, de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la estación, así como de los torniquetes y las máquinas expendedoras de tarjetas por la reparación del daño.
Finalmente, sus abogados recurrieron ante el Poder Judicial Federal, donde, a través de un juicio de amparo directo, lograron bajar su condena a 4 años, ocho meses y siete días.
Aunque cumplió con la condena- lo que anuló el pago de los más de ocho millones de pesos por la reparación del daño-, Luis Fernando asegura que fue injustamente encarcelado y que es inocente, y señala que existieron irregularidades en el proceso de las que las autoridades de la Ciudad de México se valieron para privarlo de su libertad.
Las irregularidades
La tarde del 5 de noviembre de 2014, en la que se realizaron diversas protestas en la Ciudad de México y otros puntos del país en el marco de la tercera Jornada de Acción Global por los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Luis Fernando participó en una de las manifestaciones y posteriormente permaneció en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.
De acuerdo con el joven, él se encontraba cerca del ‘Auditorio Che Guevara’, como se conoce al recinto ubicado a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando fue detenido por policías capitalinos. Junto con él fue detenido Sergio Pérez Landeros, un estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, quien también fue acusado de participar en la quema del metrobús.
Ambos fueron informados por las autoridades que el conductor del metrobús incendiado los había reconocido como los causantes del incendio, aunque en una segunda declaración el chofer dijo que no podía asegurar que hubieran sido ellos los responsables del incidente, debido a que quienes quemaron la unidad llevaban el rostro cubierto.
Dos días después de los hechos, el 7 de noviembre de 2014, Sergio Pérez fue liberado, debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal videos en los que se observaba que el estudiante de doctorado se encontraba en clases a la hora del incendio.
En el caso de Luis Fernando, estudiante “irregular” –por deber materias- de la Preparatoria 6 de dicha universidad, quien se identifica como activista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacaldona, la UNAM dijo a su defensa que no contaba con videos sobre sus movimientos dentro de Ciudad Universitaria, lugar donde fue detenido.
Además de la declaración del conductor del metrobús, la otra prueba utilizada por las autoridades capitalinas para comprobar la culpabilidad de Luis Fernando fue que encontraron un “fierro” en su mochila, mismo que, según el acusado y sus abogados, fue “sembrado” por los policías al momento de la detención.
Estando preso, Luis Fernando denunció que en múltiples ocasiones fue víctima de violencia física y psicológica por parte del personal penitenciario del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, sitio donde estuvo recluido. Aunque, de acuerdo con el joven, las autoridades las agresiones jamás se investigaron.
Se negó amnistía a Luis Fernando
En la búsqueda de la liberación de Sotelo, Los otros Abogadoz recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar la sentencia de los cuatro años y 8 meses. Su defensor ingresó el trámite para que aplicaran la Ley de Amnistía en su caso, pero dicha petición fue negada por un juez.
Esto, a pesar de que la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril de 2018, contemplaba la liberación y extinción de las penas de quienes fueron procesados por ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, ataque y sedición en la capital del país.
El motivo por el que le negaron beneficiarse de dicha norma fue porque, tal como establece la misma, no aplica para quienes son acusados por delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes públicos o propiedad privada.
Entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2015 tuvieron lugar en la Ciudad de México 28 manifestaciones, en las que se llevaron a cabo 510 detenciones, las cuales, de acuerdo con la Asamblea Legislativa, “implicaron evidentes violaciones a derechos humanos” como uso indebido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias.
Ahora que está libre, Luis Fernando dijo que no tiene certeza sobre lo que hará. Su único plan, de momento, es realizar los exámenes que necesita aprobar para obtener su certificado de preparatoria y sumarse a las campañas por la liberación de otros “presos políticos”, como él mismo se considera.
