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Eréndira Aquino

Purgó una condena por quemar un metrobús, ahora Luis Fernando defiende su inocencia y acusa anomalías en su caso

Luis Fernando Sotelo fue detenido y condenado por la quema de un metrobús y la estación Ciudad Universitaria en noviembre de 2014, en el marco de las protestas por la tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa.
Eréndira Aquino
17 de julio, 2019
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Después de pasar 4 años, 8 meses y 7 días en prisión, Luis Fernando Sotelo, joven acusado de incendiar una unidad de metrobús y la estación de Ciudad Universitaria en noviembre de 2014, cumplió su condena y fue liberado.

En conferencia de prensa, Luis Fernando explicó que inicialmente fue condenado a 33 años y cinco meses de prisión y a pagar una reparación del daño por el metrobús y la estación incendiada por 8 millones 713 mil pesos, por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad agravado.

En una segunda instancia, y con el acompañamiento legal de la organización ‘Los Otros Abogadoz’, Sotelo Zambrano logró la reducción de su pena a 13 años con quince días, más la cantidad millonaria solicitada por las empresas propietarias de la unidad de transporte, de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la estación, así como de los torniquetes y las máquinas expendedoras de tarjetas por la reparación del daño.

Lee: “Infiltrados”, los que incendiaron el Metrobús: subsecretario de Gobernación

Finalmente, sus abogados recurrieron ante el Poder Judicial Federal, donde, a través de un juicio de amparo directo, lograron bajar su condena a 4 años, ocho meses y siete días.

Aunque cumplió con la condena- lo que anuló el pago de los más de ocho millones de pesos por la reparación del daño-, Luis Fernando asegura que fue injustamente encarcelado y que es inocente, y señala que existieron irregularidades en el proceso de las que las autoridades de la Ciudad de México se valieron para privarlo de su libertad.

Las irregularidades

La tarde del 5 de noviembre de 2014, en la que se realizaron diversas protestas en la Ciudad de México y otros puntos del país en el marco de la tercera Jornada de Acción Global por los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Luis Fernando participó en una de las manifestaciones y posteriormente permaneció en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con el joven, él se encontraba cerca del ‘Auditorio Che Guevara’, como se conoce al recinto ubicado a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando fue detenido por policías capitalinos. Junto con él fue detenido Sergio Pérez Landeros, un estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, quien también fue acusado de participar en la quema del metrobús.

Metrobús incendiado el 5 de noviembre de 2014 en Ciudad Universitaria.

Metrobús incendiado el 5 de noviembre de 2014 en Ciudad Universitaria.

Ambos fueron informados por las autoridades que el conductor del metrobús incendiado los había reconocido como los causantes del incendio, aunque en una segunda declaración el chofer dijo que no podía asegurar que hubieran sido ellos los responsables del incidente, debido a que quienes quemaron la unidad llevaban el rostro cubierto.

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Dos días después de los hechos, el 7 de noviembre de 2014, Sergio Pérez fue liberado, debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal videos en los que se observaba que el estudiante de doctorado se encontraba en clases a la hora del incendio.

En el caso de Luis Fernando, estudiante “irregular” –por deber materias- de la Preparatoria 6 de dicha universidad, quien se identifica como activista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacaldona, la UNAM dijo a su defensa que no contaba con videos sobre sus movimientos dentro de Ciudad Universitaria, lugar donde fue detenido.

Además de la declaración del conductor del metrobús, la otra prueba utilizada por las autoridades capitalinas para comprobar la culpabilidad de Luis Fernando fue que encontraron un “fierro” en su mochila, mismo que, según el acusado y sus abogados, fue “sembrado” por los policías al momento de la detención.

Estando preso, Luis Fernando denunció que en múltiples ocasiones fue víctima de violencia física y psicológica por parte del personal penitenciario del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, sitio donde estuvo recluido. Aunque, de acuerdo con el joven, las autoridades las agresiones jamás se investigaron.

Se negó amnistía a Luis Fernando

En la búsqueda de la liberación de Sotelo, Los otros Abogadoz recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar la sentencia de los cuatro años y 8 meses. Su defensor ingresó el trámite para que aplicaran la Ley de Amnistía en su caso, pero dicha petición fue negada por un juez.

Más sobre el tema: Liberan a seis indígenas defensores del agua; gobierno revisa 583 expedientes de “presos políticos”

Esto, a pesar de que la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril de 2018, contemplaba la liberación y extinción de las penas de quienes fueron procesados por ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, ataque y sedición en la capital del país.

El motivo por el que le negaron beneficiarse de dicha norma fue porque, tal como establece la misma, no aplica para quienes son acusados por delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes públicos o propiedad privada.

Entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2015 tuvieron lugar en la Ciudad de México 28 manifestaciones, en las que se llevaron a cabo 510 detenciones, las cuales, de acuerdo con la Asamblea Legislativa, “implicaron evidentes violaciones a derechos humanos” como uso indebido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias.

Ahora que está libre, Luis Fernando dijo que no tiene certeza sobre lo que hará. Su único plan, de momento, es realizar los exámenes que necesita aprobar para obtener su certificado de preparatoria y sumarse a las campañas por la liberación de otros “presos políticos”, como él mismo se considera.

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos

A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Una muñeca con un cartel que dice "Justicia ABC"

Getty Images
Los padres exigen que se castigue a los responsables y que haya aplicación de la ley “5 de junio”.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Ministros de la Suprema Corte

Getty Images
El ministro Jorge Pardo (derecha) tiene a su cargo el dictamen que habrá de considerar la Suprema Corte sobre el caso “ABC”.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

Una protesta por el caso de la guardería ABC

Getty Images
En total 25 niñas y 24 niños murieron, pero 104 más tuvieron algún tipo de herida, incluidas quemaduras.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Getty Images
Una de las copropietarias de la guardería “ABC” era pariente de Margarita Zavala, la entonces esposa del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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