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Alejandro Ponce

Llegan, arrasan y se van: así viven la impunidad por los talamontes en el Bosque de Agua del Edomex

Cada día se talan ilegalmente 400 árboles en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México. Las autoridades locales piden la intervención del Gobierno pero se sienten ignorados.
Alejandro Ponce
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Huele a serrín entre los pinos. Ese aroma a madera casi recién cortada se esparce por mitad del bosque. Son las 13:00 horas del sábado 20 de julio. Nos encontramos en un paraje con vistas a Shomulco, en el Bosque de Agua, en un punto cercano a San Juan Atzingo, en el Estado de México. Para acceder aquí hay que manejar unos 20 minutos por terracería y caminar otro par de minutos a través de un camino forestal. Dos días atrás, este lugar se convirtió temporalmente en un aserradero. En el suelo hay restos de serrín, todavía brillantes, lo que evidencia que son recientes, y tablas que los talamontes no se llevaron todavía. Hay troncos destrozados y maderas desparramadas. 

Así operan los grupos dedicados a la deforestación ilegal. Llegan, arrasan y se marchan. 

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“Vendrán hoy o mañana a cargar con lo que falta”, dice Misael Zamora, de 28 años, activista por la defensa de los bosques al que ahora acusan de practicar la deforestación ilegal. Quiere mostrar cómo actúan los grupos ilícitos a los que se enfrentado toda la vida. Los mismos que mataron a su hermano en 2007. 

“Mira esos dos árboles”. Señala a un par de pinos que se alzan unos 20 metros pero que no superarán los 25 centímetros de diámetro. “Les quedan dos días”, asegura, pesimista. 

La tala clandestina es evidente. Foto: Alejandro Ponce

La tala ilegal se ha convertido en un grave problema para el Bosque de Agua, que surte de tres cuartas partes de las necesidades acuíferas de la Ciudad de México. En realidad, el problema es de todo el país. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2001 y 2017 se perdieron 3. 2 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 6% del terreno forestal del país.

En esta zona la tala es constante. No hay jornada en la que no opere algún grupo. Según Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan, donde se ubica San Juan Atzingo, en la zona se talan cada día 400 árboles, 12,000 hectáreas en dos décadas y media entre lo que se tala, las plagas y los incendios. 

“Si seguimos así, en tres décadas no habrá bosque”, lamenta. 

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Linares González ha encabezado protestas y sube habitualmente videos en los que muestra los “destrozos” provocados por los “talamontes”. Una de estas incursiones a lomas arrasadas casi le cuesta la vida. Ocurrió el pasado tres de julio. Relata que se paró en un tramo de la carretera entre Santa Mónica-Cuernavaca, a la altura de Lagunas de Zempoala para grabar una zona que había sido recientemente talada. Avanzó un par de kilómetros y recibió varios disparos. Una de las balas impactó en su camioneta, aunque él resultó ileso.

Según explica, el negocio ilícito ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Pasó de ser una tala “clandestina” pero no perseguida a “ilegal”. De ahí fue sofisticándose. De “tala hormiga” a “delincuencia ambiental organizada”. De “delincuencia ambiental organizada” a  “cadena delictiva forestal”. Lo que todos estos nombres indican es que, conforme pasa el tiempo, se involucran más personas y más sectores. De un negocio casi municipal se pasa a una estructura que involucra no solo halcones para vigilar y hombres armados para proteger a los tipos de la motosierra, sino también la participación de grandes empresas madereras. 

Los pobladores denuncian que los camiones cargados salen de la zona día con día. Foto: Alejandro Ponce.

“Se está talando en el medio rural, pero el recurso se queda a los madereros. La gente de las comunidades se queda como obreros de ellos”, dice.

Según Linares González, la explicación de por qué los pobladores se suman a esta práctica ilegal está en los escasos recursos destinados para el campo. “Un talamonte puede ganar 2,500 pesos a la semana. Por eso es atractivo”, afirma.

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En su opinión, el incremento de la sofisticación de estos grupos delictivos implica que se incremente también otros ilícitos. “Tienen armas, vehículos, radios. Así que comienzan a asaltar camiones o practicar secuestros”, dice. Aquí también se añade la corrupción de funcionarios públicos que colaboran con estas redes. 

En la zona, todos hablan de la impunidad con la que actúan los “talamontes”. Autoridades locales aseguran haber tocado todas las puertas sin éxito. Y quien debería actuar, que es Profepa, Samarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) o Probosque (agencia del Estado de México), muestran estadísticas de operativos, pero reconocen que ni se acercan a poner fin al problema. Además, las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras como una papa caliente. 

Piden Guardia Nacional, pero les responden que está en la frontera

“Está totalmente destrozado el bosque. Existen taladores, gente que se dedica exclusivamente a la tala clandestina. Se ha denunciado ante Profepa y Probosque pero no han hecho caso las autoridades”. Jacobo Encarnación Zamora tiene 49 años y es delegado de la comunidad de San Juan Atzingo. El sábado participó en un evento de reforestación al que se sumaron vecinos del municipio de Ocuilan y trabajadores de la firma Walmart. 

“Hemos hecho varias protestas, nos dicen que lo resolverán, pero no hacen nada”, afirma. Los vecinos del municipio han marchado en Ciudad de México, han bloqueado las carreteras, incluso cerraron las puertas del congreso del Estado de México. Todo ello, sin resultados. 

La tala ilegal afecta a la biodiversidad del Gran Bosque del Agua, erosionando suelos y afectando manantiales. Foto: Alejandro Ponce.

“Nos recibió una comisión del Congreso y les pedimos el despliegue del Ejército. Nos dijeron que están todos los efectivos en las fronteras sur y norte. Nos prometieron que vendría Policía Federal, pero solo pasa por la carretera”, protesta. 

La misma opinión tiene Margarito Nery Carlos, de 55 años, comisariado del territorio indígena tlahuica. Explica que la zona que a él le corresponde proteger comprende unas 18,000 hectáreas, pero que ya han sido taladas 5,000. 

“He llegado a Profepa, a Semarnat, a Gobernación, con Alfredo del Mazo, a Probosque. Pero el gobierno no nos escucha, no hace caso”, lamenta. 

Lee más: Deforestación y minería amenazan unareserva  de mariposas monarca en México

“No sé si hay falta de voluntad o en el gobierno hay peces gordos que son cómplices o que nadie quiere meter las manos”, se queja. El comisariado es entrevistado mientras participa en la reforestación de El Poleo, una zona cercana a San Juan Atzingo. El problema es que, por mucho que la población vuelva a plantar árboles, pasarán muchos años hasta que el paraje recupere la frondosidad de antaño. Mientras habla, Margarito Nery Carlos señala a su espalda. Tras él, decenas de pinos talados abren un claro en mitad de una pequeña quebrada. Cuentan los pobladores que esto antes tenía una apariencia selvática. Y “antes” es hace tres años. Pero las motosierras funcionan a todo rendimiento. 

“Los gobiernos federal y estatal tienen todas las coordenadas. Pero no hacen nada”, afirma. 

Instituciones que miran a otras instituciones

La otra parte de la historia la ofrece Edgar Consuelo, director de Probosque, agencia del Estado de México. Dice, en entrevista telefónica, que su operatividad depende de los convenios que firma con Profepa. Afirma que hubo tres períodos en los que su institución tuvo atribuciones completas para las inspecciones: entre abril de 2004 y septiembre de 2005; entre junio de 2007 y septiembre de 2011 y entre agosto de 2013 y septiembre de 2017. Dice que, desde entonces, están esperando para firmar un nuevo acuerdo.

Mientras tanto, algunas cifras. 

En 2017 y 2018, 336 operativos cada año. 

En 2017 y 2018, 240 filtros en el transporte para detectar madera ilícita.

En 2017, 137 inspecciones a industrias. Una cifra que, en 2018, desciende a 18.

En 2017, 93 inspecciones a predios. Una cifra que, en 2018, desciende a 16.

“Esto es por la falta de las atribuciones. Cuando Profepa te lo solicita, lo hacemos, cuando no, no se realiza”, argumenta. 

El director de Probosque identifica cinco puntos críticos en el estado: Nevado, el corredor biológico de Chichinautzin, el valle de Bravo y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca.

Micaela Ruperto Raymundo, originaria de San Juan Atzingo, forma parte de los grupos dedicados a la reforestación. Foto: Alejandro Ponce.

Señala que no tiene datos sobre cuántas hectáreas desaparecieron en el Estado de México en los últimos años. Sí que conoce las incautaciones: 880 metros cúbicos en 2017 y 656 en 2018. Es decir, que ciertos operativos y confiscaciones van a la baja a pesar de que todo el mundo concuerda en que la tala ilegal se ha incrementado. 

Lo que sí aumentó entre 2017 y 2018 es el número de detenciones por presuntos delitos ambientales vinculados a la tala ilegal: de 107 se pasaron a 165. 

La procuraduría presenta sus propias cifras. Fuentes de la institución señalan que entre 2017 y este año “se realizaron 7,003 inspecciones a predios y aserraderos, 2,248 recorridos de vigilancia y 448 operativos en materia forestal, obtenido el aseguramiento de 30,662 metros cúbicos de madera, 586 vehículos, 658.6 toneladas de carbón vegetal y 1,099 herramientas y equipos, así como la clausura de 149 aserraderos y la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal de 74 personas”. 

“En 2019 se han desarrollado 14 operativos especiales, 53 recorridos de vigilancia, 5 inspecciones a centros de almacenamiento o transformación, 6 inspecciones a predios, 28 filtros de revisión al transporte, con 5 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal, el aseguramiento de 8 herramientas o equipos, 4 motosierras, 12 vehículos, 261.6 metros cúbicos de madera, 902 kilso carbón, 2 centros clausurados o desmantelados y 3 predios clausurados”, añaden estas fuentes. 

Desde la procuraduría advierten que las labores contra la tala ilegal no se limitan a su trabajo y defienden la colaboración ciudadana.

Se trata, precisamente, de la misma receta que proponen las autoridades locales de San Juan Atzingo. Los mismos que llevan años quejándose de que nadie hace caso a su petición de ayuda para frenar la deforestación. 

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Crisis migratoria, el fenómeno que despierta al Trump que muchos mexicanos llevan dentro

México vive una inusual ola de rechazo a la migración por la llegada, en los últimos meses, de más de 500.000 personas la mayoría de Centroamérica. Muchas de las críticas son parecidas a las de Donald Trump hacia los mexicanos.
2 de julio, 2019
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La llegada de más de 500,000 personas en los últimos meses, la mayoría de Centroamérica, desata una inusual ola de rechazo a los migrantes en México.

Fue algo que pocas veces se había visto en México. En varias ciudades cientos de personas protestaron contra lo que llaman “invasión migrante” al país.

Las manifestaciones de este 30 de junio fueron parte de una jornada para criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero una de las banderas principales fue rechazar a miles de migrantes, sobre todo de Centroamérica, que han entrado al país en los últimos meses.

La inconformidad en las calles mexicanas es parte de una creciente ola de discriminación a las personas sin documentos migratorios, coinciden especialistas.

Un proceso que empezó con el arribo de caravanas con miles de centroamericanos en octubre pasado.

Pero se agudizó con la reciente estrategia del gobierno mexicano para controlar el ingreso de personas en la frontera sur.

Caravana migrante
AFP

Más de 500,000 migrantes han entrado a México este año.

Es un plan que contempla emplear a los migrantes, así como ayuda económica a los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El programa incomodó a muchos, según encuestas de empresas de opinión pública como Consulta Mitofsky o el diario El Financiero.

Los sondeos dicen que el 70% de los encuestados están en favor de cerrar las fronteras a la migración.

Y otro 53% rechaza emplear a los centroamericanos y por el contrario, quieren que sean devueltos a sus países.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va de este año han entrado a México de forma irregular unas 500.000 personas, la mayoría de Centroamérica.

“Bad hombres”

Muchas de las críticas a los migrantes se parecen a la forma como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele hablar de los mexicanos coinciden especialistas.

En redes sociales de internet, en comentarios de medios tradicionales y en las protestas callejeras algunos acusan a los centroamericanos de ser delincuentes.

Otros reclaman que se les ofrezca empleo en un país donde la mitad de los trabajadores tienen bajos ingresos, y con una tasa de desocupación laboral de 4%.

Y hay quienes aseguran que los migrantes pueden ser un riesgo sanitario para México.

Donald Trump

Getty Images
Muchos mexicanos usan el lenguaje de Donald Trump para hablar de los migrantes.

“Ya sólo falta que les digamos ‘Bad hombres”, dice Roy Campos, director de Consulta Mitofsky.

Trump dijo esta frase cuando era candidato presidencial en un debate realizado en octubre de 2016.

“Bad hombres”: la primera expresión en español de Donald Trump en la campaña

La mencionó mientras hablaba sobre la migración irregular a su país, y la estrategia que adoptaría si era elegido presidente.

El magnate acusó a los mexicanos de ser “delincuentes y violadores”, así como de fomentar el tráfico de drogas.

También decía que los inmigrantes de este país quitaban empleos a los estadounidenses.

Raciclasismo histórico

Según especialistas, detrás del creciente rechazo a los migrantes existe un histórico cariz de discriminación en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), uno de cada cinco mexicanos ha sido discriminada de alguna forma.

Niña migrante

AFP
Entre los migrantes que llegan a México abundan los niños.

Los más afectados son grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y trabajadoras domésticas.

También los migrantes forman parte de ese grupo y según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Copred), el problema se agudizó desde octubre pasado.

“La xenofobia y el raciclasismo contra personas de Centroamérica se ha manifestado en la sociedad mexicana durante décadas, pero ahora más abiertamente”, señala el Consejo en el informe Mitos y realidades sobre la caravana migrante y las personas refugiadas.

Es preocupante que en México reproduzcamos un discurso racista y xenofóbico, como el de algunos medios e instituciones de Estados Unidos en contra de mexicanos”.

El raciclacismo es una discriminación por la condición económica de las personas, según el Copred.

Protesta Ciudad de México

AFP
Cientos protestaron contra los migrantes en México.

El informe también destaca que la percepción negativa a los centroamericanos no representa a la mayoría de los mexicanos.

Cuando se elaboró la ENADIS, el 53% de los encuestados estaba de acuerdo en refugiar a los migrantes mientras podían regresar a su país.

Y en ese 2017 sólo 2% de los mexicanos aprobaban un eventual cierre de fronteras a la migración.

Los datos contrastan con las recientes encuestas de consultoras y medios, realizadas en mayo y junio.

Paranoia

¿Por qué cambió la opinión de algunos mexicanos hacia la migración sin documentos?

Una respuesta son las condiciones del país explica Tanius Karam Cárdenas, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“Éste es un país muy desigual y entonces es muy fácil que se den este tipo de comentarios” dice a BBC Mundo.

“Whitexicans”: ¿una nueva forma de racismo en México contra la gente blanca y adinerada?

“México se percibe como un país muy necesitado y en ese sentido se transfieren los miedos, inseguridades al migrante como si fuera causante de algún tipo de problema”.

A esto contribuye la forma como en algunos medios y redes de internet se ha informado del fenómeno añade Evelyn Castro, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a la Guardia Nacional para vigilar sus fronteras.

Desde la llegada de la primera caravana, a finales de octubre pasado, parte de la cobertura se concentró en las imágenes de algunos enfrentamientos entre migrantes y la Policía Federal.

En los siguientes meses el enfoque de los medios fue similar: las operaciones para contener a los grupos de centroamericanos, o las fugas ocurridas en estaciones migratorias, por ejemplo.

“Como se le está dando más relevancia a ese tipo de situaciones coadyuva a generar paranoia”, dice Castro a BBC Mundo.

“No se difunde tanta información de por qué huyen de sus países. No se explican las causas que genera el movimiento migratorio“.

Otro elemento adicional es que las autoridades no han logrado explicar de manera suficiente el impacto de su estrategia hacia Centroamérica, añade Roy Campos, director de Consulta Mifotsky.

Un ejemplo son los US$30 millones que México entregó a El Salvador para financiar un programa de reforestación en ese país centroamericano.

Es una parte del plan para fomentar empleos en la región para evitar que las personas se vean obligadas a emigrar.

Muchos en México no entienden la razón de entregar ese dinero, y de hecho es uno de los reclamos más frecuentes en internet y las protestas callejeras.

“Falta mucho por explicar, como qué se gana al entregar 30 millones de dólares, cuántos migrantes dejarían de venir y cuánto costaría que vinieran”.

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