Llegan, arrasan y se van: así viven la impunidad por los talamontes en el Bosque de Agua del Edomex
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Alejandro Ponce

Llegan, arrasan y se van: así viven la impunidad por los talamontes en el Bosque de Agua del Edomex

Cada día se talan ilegalmente 400 árboles en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México. Las autoridades locales piden la intervención del Gobierno pero se sienten ignorados.
Alejandro Ponce
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Huele a serrín entre los pinos. Ese aroma a madera casi recién cortada se esparce por mitad del bosque. Son las 13:00 horas del sábado 20 de julio. Nos encontramos en un paraje con vistas a Shomulco, en el Bosque de Agua, en un punto cercano a San Juan Atzingo, en el Estado de México. Para acceder aquí hay que manejar unos 20 minutos por terracería y caminar otro par de minutos a través de un camino forestal. Dos días atrás, este lugar se convirtió temporalmente en un aserradero. En el suelo hay restos de serrín, todavía brillantes, lo que evidencia que son recientes, y tablas que los talamontes no se llevaron todavía. Hay troncos destrozados y maderas desparramadas. 

Así operan los grupos dedicados a la deforestación ilegal. Llegan, arrasan y se marchan. 

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“Vendrán hoy o mañana a cargar con lo que falta”, dice Misael Zamora, de 28 años, activista por la defensa de los bosques al que ahora acusan de practicar la deforestación ilegal. Quiere mostrar cómo actúan los grupos ilícitos a los que se enfrentado toda la vida. Los mismos que mataron a su hermano en 2007. 

“Mira esos dos árboles”. Señala a un par de pinos que se alzan unos 20 metros pero que no superarán los 25 centímetros de diámetro. “Les quedan dos días”, asegura, pesimista. 

La tala clandestina es evidente. Foto: Alejandro Ponce

La tala ilegal se ha convertido en un grave problema para el Bosque de Agua, que surte de tres cuartas partes de las necesidades acuíferas de la Ciudad de México. En realidad, el problema es de todo el país. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2001 y 2017 se perdieron 3. 2 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 6% del terreno forestal del país.

En esta zona la tala es constante. No hay jornada en la que no opere algún grupo. Según Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan, donde se ubica San Juan Atzingo, en la zona se talan cada día 400 árboles, 12,000 hectáreas en dos décadas y media entre lo que se tala, las plagas y los incendios. 

“Si seguimos así, en tres décadas no habrá bosque”, lamenta. 

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Linares González ha encabezado protestas y sube habitualmente videos en los que muestra los “destrozos” provocados por los “talamontes”. Una de estas incursiones a lomas arrasadas casi le cuesta la vida. Ocurrió el pasado tres de julio. Relata que se paró en un tramo de la carretera entre Santa Mónica-Cuernavaca, a la altura de Lagunas de Zempoala para grabar una zona que había sido recientemente talada. Avanzó un par de kilómetros y recibió varios disparos. Una de las balas impactó en su camioneta, aunque él resultó ileso.

Según explica, el negocio ilícito ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Pasó de ser una tala “clandestina” pero no perseguida a “ilegal”. De ahí fue sofisticándose. De “tala hormiga” a “delincuencia ambiental organizada”. De “delincuencia ambiental organizada” a  “cadena delictiva forestal”. Lo que todos estos nombres indican es que, conforme pasa el tiempo, se involucran más personas y más sectores. De un negocio casi municipal se pasa a una estructura que involucra no solo halcones para vigilar y hombres armados para proteger a los tipos de la motosierra, sino también la participación de grandes empresas madereras. 

Los pobladores denuncian que los camiones cargados salen de la zona día con día. Foto: Alejandro Ponce.

“Se está talando en el medio rural, pero el recurso se queda a los madereros. La gente de las comunidades se queda como obreros de ellos”, dice.

Según Linares González, la explicación de por qué los pobladores se suman a esta práctica ilegal está en los escasos recursos destinados para el campo. “Un talamonte puede ganar 2,500 pesos a la semana. Por eso es atractivo”, afirma.

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En su opinión, el incremento de la sofisticación de estos grupos delictivos implica que se incremente también otros ilícitos. “Tienen armas, vehículos, radios. Así que comienzan a asaltar camiones o practicar secuestros”, dice. Aquí también se añade la corrupción de funcionarios públicos que colaboran con estas redes. 

En la zona, todos hablan de la impunidad con la que actúan los “talamontes”. Autoridades locales aseguran haber tocado todas las puertas sin éxito. Y quien debería actuar, que es Profepa, Samarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) o Probosque (agencia del Estado de México), muestran estadísticas de operativos, pero reconocen que ni se acercan a poner fin al problema. Además, las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras como una papa caliente. 

Piden Guardia Nacional, pero les responden que está en la frontera

“Está totalmente destrozado el bosque. Existen taladores, gente que se dedica exclusivamente a la tala clandestina. Se ha denunciado ante Profepa y Probosque pero no han hecho caso las autoridades”. Jacobo Encarnación Zamora tiene 49 años y es delegado de la comunidad de San Juan Atzingo. El sábado participó en un evento de reforestación al que se sumaron vecinos del municipio de Ocuilan y trabajadores de la firma Walmart. 

“Hemos hecho varias protestas, nos dicen que lo resolverán, pero no hacen nada”, afirma. Los vecinos del municipio han marchado en Ciudad de México, han bloqueado las carreteras, incluso cerraron las puertas del congreso del Estado de México. Todo ello, sin resultados. 

La tala ilegal afecta a la biodiversidad del Gran Bosque del Agua, erosionando suelos y afectando manantiales. Foto: Alejandro Ponce.

“Nos recibió una comisión del Congreso y les pedimos el despliegue del Ejército. Nos dijeron que están todos los efectivos en las fronteras sur y norte. Nos prometieron que vendría Policía Federal, pero solo pasa por la carretera”, protesta. 

La misma opinión tiene Margarito Nery Carlos, de 55 años, comisariado del territorio indígena tlahuica. Explica que la zona que a él le corresponde proteger comprende unas 18,000 hectáreas, pero que ya han sido taladas 5,000. 

“He llegado a Profepa, a Semarnat, a Gobernación, con Alfredo del Mazo, a Probosque. Pero el gobierno no nos escucha, no hace caso”, lamenta. 

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“No sé si hay falta de voluntad o en el gobierno hay peces gordos que son cómplices o que nadie quiere meter las manos”, se queja. El comisariado es entrevistado mientras participa en la reforestación de El Poleo, una zona cercana a San Juan Atzingo. El problema es que, por mucho que la población vuelva a plantar árboles, pasarán muchos años hasta que el paraje recupere la frondosidad de antaño. Mientras habla, Margarito Nery Carlos señala a su espalda. Tras él, decenas de pinos talados abren un claro en mitad de una pequeña quebrada. Cuentan los pobladores que esto antes tenía una apariencia selvática. Y “antes” es hace tres años. Pero las motosierras funcionan a todo rendimiento. 

“Los gobiernos federal y estatal tienen todas las coordenadas. Pero no hacen nada”, afirma. 

Instituciones que miran a otras instituciones

La otra parte de la historia la ofrece Edgar Consuelo, director de Probosque, agencia del Estado de México. Dice, en entrevista telefónica, que su operatividad depende de los convenios que firma con Profepa. Afirma que hubo tres períodos en los que su institución tuvo atribuciones completas para las inspecciones: entre abril de 2004 y septiembre de 2005; entre junio de 2007 y septiembre de 2011 y entre agosto de 2013 y septiembre de 2017. Dice que, desde entonces, están esperando para firmar un nuevo acuerdo.

Mientras tanto, algunas cifras. 

En 2017 y 2018, 336 operativos cada año. 

En 2017 y 2018, 240 filtros en el transporte para detectar madera ilícita.

En 2017, 137 inspecciones a industrias. Una cifra que, en 2018, desciende a 18.

En 2017, 93 inspecciones a predios. Una cifra que, en 2018, desciende a 16.

“Esto es por la falta de las atribuciones. Cuando Profepa te lo solicita, lo hacemos, cuando no, no se realiza”, argumenta. 

El director de Probosque identifica cinco puntos críticos en el estado: Nevado, el corredor biológico de Chichinautzin, el valle de Bravo y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca.

Micaela Ruperto Raymundo, originaria de San Juan Atzingo, forma parte de los grupos dedicados a la reforestación. Foto: Alejandro Ponce.

Señala que no tiene datos sobre cuántas hectáreas desaparecieron en el Estado de México en los últimos años. Sí que conoce las incautaciones: 880 metros cúbicos en 2017 y 656 en 2018. Es decir, que ciertos operativos y confiscaciones van a la baja a pesar de que todo el mundo concuerda en que la tala ilegal se ha incrementado. 

Lo que sí aumentó entre 2017 y 2018 es el número de detenciones por presuntos delitos ambientales vinculados a la tala ilegal: de 107 se pasaron a 165. 

La procuraduría presenta sus propias cifras. Fuentes de la institución señalan que entre 2017 y este año “se realizaron 7,003 inspecciones a predios y aserraderos, 2,248 recorridos de vigilancia y 448 operativos en materia forestal, obtenido el aseguramiento de 30,662 metros cúbicos de madera, 586 vehículos, 658.6 toneladas de carbón vegetal y 1,099 herramientas y equipos, así como la clausura de 149 aserraderos y la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal de 74 personas”. 

“En 2019 se han desarrollado 14 operativos especiales, 53 recorridos de vigilancia, 5 inspecciones a centros de almacenamiento o transformación, 6 inspecciones a predios, 28 filtros de revisión al transporte, con 5 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal, el aseguramiento de 8 herramientas o equipos, 4 motosierras, 12 vehículos, 261.6 metros cúbicos de madera, 902 kilso carbón, 2 centros clausurados o desmantelados y 3 predios clausurados”, añaden estas fuentes. 

Desde la procuraduría advierten que las labores contra la tala ilegal no se limitan a su trabajo y defienden la colaboración ciudadana.

Se trata, precisamente, de la misma receta que proponen las autoridades locales de San Juan Atzingo. Los mismos que llevan años quejándose de que nadie hace caso a su petición de ayuda para frenar la deforestación. 

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Uber: el informe que saca a la luz miles de agresiones sexuales en Estados Unidos

Uber presentó su primer informe sobre casos de violencia sexual en su servicio en Estados Unidos. El documento revela que hubo un promedio de 8 casos por día registrados entre 2017 y 2018.
7 de diciembre, 2019
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El primer informe de Uber sobre reportes de agresión sexual en su servicio sacó a la luz que unas 6.000 personas denunciaron ser víctimas de agresiones sexuales en sus viajes durante 2017 y 2018 en Estados Unidos.

Los miles de casos -un promedio de 8 por día- se dieron en 2.300 millones de servicios que contabilizó la compañía en ese periodo, lo cual significa que 99,9% de los viajes no tuvieron ese problema.

Sin embargo, la cifra se da a conocer en momentos en que Uber está bajo un creciente escrutinio por problemas de seguridad, incluidos otros sucedidos en alguno de los 70 países en los que opera.

El número de casos en EE.UU. aumentó en 2018, con 3.045 reportes ante 2.936 del año previo, pero la tasa de incidentes disminuyó en un 16%, ya que el número de viajes fue mayor, indicó la compañía.

El año pasado se completaron unos 1.300 millones de viajes en EE.UU., frente a los cerca de 1.000 millones en 2017.

Contrario a la presunción general, los pasajeros fueron señalados como los agresores de carácter sexual en casi la mitad de los reportes.

Una mujer aborda un auto del servicio Uber

Reuters
Uber dice que genera 45 viajes por segundo en Estados Unidos.

Uber dijo que el informe fue la primera revisión integral de seguridad de su negocio de transporte.

“Publicar voluntariamente un informe que discute estos difíciles problemas de seguridad no es fácil”, señaló Tony West, director legal de Uber en un comunicado.

“La mayoría de las compañías no hablan sobre temas como la violencia sexual porque hacerlo conlleva el riesgo de atraer titulares negativos y críticas públicas. Pero creemos que es hora de un nuevo enfoque”, añadió.

Con 45 viajes por segundo en EE.UU., West considera que Uber no es “inmune a los desafíos de seguridad más graves de la sociedad, incluida la agresión sexual”.

El informe puso en perspectiva los reportes de la policía de Nueva York, la cual recibió 1.125 quejas de delitos sexuales en el sistema de transporte durante 2017 y 2018.

Uber bajo la lupa

La firma nacida en California le dijo a la BBC que actualmente no hay planes concretos para publicar informes de seguridad de otros países.

Pero fuera de Estados Unidos, la seguridad de pasajeros y conductores también ha estado en la agenda pública.

Un celular con la app de Uber en Londres

Getty Images
Las autoridades en Londres cancelaron la licencia de Uber por sus problemas de inseguridad, pero continúa operando mientras se apela la decisión.

Incidentes de discriminación e inseguridad han llevado a la compañía a perder su licencia para operar en Londres, una decisión que está siendo apelada en tribunales.

En México, la semana pasada el caso de una joven que se vio obligada a bajar de un Uber por temor a una posible agresión de un conductor atrajo la atención nacional sobre este servicio.

Además, en octubre, Uber y su competidor Lyft se negaron a comparecer ante un comité del Congreso de EE.UU. en una audiencia relacionada con la industria de transporte.

Peter DeFazio, el presidente del Comité de Infraestructura y Transporte, dijo entonces que era “una señal reveladora de que preferirían sufrir un ataque público antes que responder preguntas en el registro sobre sus operaciones”.

Lyft dijo el jueves que está comprometido a publicar su propio informe de seguridad y a compartir información sobre conductores con denuncias, pero no indicó una fecha de publicación estimada.

Un auto con logos de Uber y Lyft

Reuters
Muchos conductores en EE.UU. ofrecen el servicio en Uber y Lyft por igual.

Por su parte, la directora del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual de EE.UU., Karen Baker, acogió con beneplácito el informe de Uber.

Dijo que “brinda la oportunidad de arrojar luz sobre cómo este intercambio de información anima nuestro trabajo para un futuro más seguro”.


Un gesto significativo

Análisis de Dave Lee, corresponsal de Tecnología de la BBC, Estados Unidos

Este es un documento enormemente significativo que por primera vez detalla en qué medida la economía colaborativa (llamada economía gig) pone a las personas en peligro.

Uber lo describió como un proyecto complejo que tardó dos años en realizarse, con gran parte de ese tiempo dedicado a auditar los datos para garantizar la precisión.

Cabe señalar que, sabiendo que desencadenaría titulares sombríos, la empresa optó por divulgar estos datos voluntariamente.

La firma se ha comprometido a publicar el informe cada dos años.

Ahora que Uber ha demostrado que puede producir estos datos en una forma digerible, debe seguir haciéndolo a intervalos regulares y, gradualmente, para todos sus mercados en todo el mundo.

Esa no es una tarea fácil, pero la empresa puede lograrlo.

La publicación periódica del informe traería atención y urgencia: ¿está mejorando o empeorando el historial de seguridad de Uber? ¿Por qué podría ser así? ¿Son ciertas regiones más seguras que otras? ¿Qué podemos aprender de eso?

La atención también debe dirigirse a las otras empresas de economía gig que existen.

Lyft, que enfrenta una demanda por agresión sexual presentada esta semana, no tiene excusas ahora que su mayor rival ha actuado.


Una protesta contra Uber en Buenos Aires

EPA
En América Latina, Uber también enfrenta la oposición de taxistas tradicionales.

¿Qué herramientas hay y cuáles habrá?

Tras la publicación del informe, Uber prometió trabajar en “nuevos enfoques que elevarán el listón de la seguridad”, por lo que dice que ha implementado algunas medidas:

  • Triplicado el equipo de seguridad desde 2017, con 300 empleados dedicados a esto en EE.UU.
  • Un botón de emergencia para reportar incidentes directamente a las autoridades.
  • Verificaciones de antecedentes de conductores.
  • Seguimiento de movimientos inusuales para detectar paradas prolongadas o posibles choques.

Y también dijo que trabaja en:

  • Una función (en algunos países) para que pasajeros o conductores puedan grabar audio durante su viaje como medida de seguridad.
  • Compartir con sus competidores los nombres de los conductores expulsados por incidentes graves.

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https://www.youtube.com/watch?v=bDSBMWM16Ss

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