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A 4 años del Caso Narvarte, Procuraduría capitalina promete iniciar de cero la investigación

Uno de los puntos de partida de la nueva etapa de la investigación es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de 2017 tras identificar graves fallas y omisiones en las indagatorias.
Por Rodrigo Soberanes
1 de agosto, 2019
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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) le prometió a las familias de las cinco víctimas del Caso Narvarte comenzar la investigación desde cero ahora que se cumplen cuatro años de ocurrido el multihomicidio en la capital del país.

Las autoridades le dijeron a la familia más cercana de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz que retomarán las líneas de investigación que no se habían tomado en cuenta para esclarecer el crimen ocurrido el 31 de julio de 2015.

Lee: Procuraduría quiso pedir perdón por Caso Narvarte con funcionario menor y sin reconocer culpa: CDHDF

Lo anterior consta en documentos que este jueves da a conocer la organización Artículo 19 con la presentación de la Plataforma de memoria del caso Narvarte, que incluye la investigación periodística El caso Narvarte, la verdad como “exquisitez” y un estudio que analiza el discurso de las coberturas de algunos medios de comunicación sobre estos hechos.

Ese 31 de julio, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín, la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

En la investigación periodística se revela que las autoridades reconocieron ante las familias las fallas cometidas en la investigación desde los primeros instantes en que acudieron a la casa donde fueron encontrados los cinco cuerpos con señales de haber sido sometidos a actos de extrema violencia.

De acuerdo con la autora de la investigación, Sara Pantoja, las pesquisas estarán orientadas, entre otros aspectos, a investigar los hechos suscitados en Veracruz, donde vivían Rubén Espinoza, fotoperiodista, y la defensora de derechos humanos, Nadia Vera, quienes habían salido de ese estado bajo amenazas.

“La PGJ no ha agotado las principales líneas de investigación del móvil: libertad de expresión y derecho a la información, y narcotráfico y trata de personas. Tampoco ha ido más allá para dar con él o los autores intelectuales, por que eso es una exquisitez, como les dijo Marco Reyes, entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, a la defensa de los familiares de las víctimas y a ellos mismos durante sus reuniones en la Procuraduría”, cuenta Pantoja en su investigación.

Lee: Caso Narvarte: tres años después, no se sabe por qué los mataron; estos son los cabos sueltos del multihomicidio

Rubén era un férreo defensor de la libertad de expresión en Veracruz cuando ese estado ya era conocido a nivel mundial como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo por los múltiples asesinatos de reporteros, entre ellos el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, semanario donde Figueroa también era colaborador.

Uno de los puntos de partida de la nueva etapa de la investigación que estaría comenzando es la recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la PGJ y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2017 tras identificar graves fallas y omisiones en la investigación.

El texto de la recomendación describe momentos tortuosos para las familias que, para comenzar, nunca fueron notificadas por la PGJ y se enteraron del suceso por llamadas de personas conocidas e incluso por los medios de comunicación.

También narra fallas procesales cometidas por los agentes investigadores que se presentaron a la escena del crimen y una serie de irregularidades como la filtración a medios de comunicación de imágenes de la escena del crimen y datos que daban pie a la criminalización de las víctimas.

De ahí que la plataforma que presenta este jueves Artículo 19 también se centrará el la narrativa generalizada sobre el caso, en especial por la figura de Mile Virginia Martín, una modelo de origen colombiano sobre quien pesan señalamientos que la sitúan en contextos de drogas y delincuencia organizada de una manera incriminatoria.

Ese documento postula que la cobertura periodística atentó contra la dignidad de las víctimas y señala que las cuatro mujeres “víctimas de feminicidio” fueron estigmatizadas, en especial Mile Virginia Martín.

Si bien hay tres personas detenidas, las familias y Artículo 19 creen que el multihomicidio no está esclarecido. “No sé sabe qué pasó exactamente ni quiénes son los autores intelectuales”, según una fuente de Artículo 19 consultada por Animal Político.

Con el lanzamiento de la plataforma, la organización pretende crear un “espacio de memoria” que además exige a las autoridades dirigir la investigación hacia el contexto de Veracruz de Rubén Espinosa y Nadia Vera, e insiste en que la PGJ ofrezca una disculpa pública a las familias de las cinco víctimas.

Mientras tanto, amigos y compañeros de trabajo de Rubén Espinosa y Nadia Vera realizaron este miércoles una protesta en la Plaza Regina de Xalapa (llamada oficialmente Plaza Lerdo y rebautizada por el gremio periodístico en honor a Regina Martínez) y también familiares y allegados realizan actividades conmemorativas desde este jueves hasta el próximo sábado en las inmediaciones de la casa de la colonia Narvarte donde ocurrió el asesinato.

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Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?

Con menos de dos semanas de diferencia, ecuatorianos y chilenos salieron a las calles para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué tan distintas son estas protestas?
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22 de octubre, 2019
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Con menos de dos semanas de diferencia, América Latina ha sido escenario de importantes protestas en dos países separados por unos 3,000 km de distancia: Ecuador y Chile.

Ambos estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno —liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile— que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil.

Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes.

Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis?

La génesis de todo: el transporte público

La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4,200 millones.

A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un “plan de austeridad” que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1.85 a US$2.30, lo que significó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina y, a su vez, un alza en la tarifa del transporte público.

La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y, en solo un par de horas, las manifestaciones se apoderaron de las calles de varias ciudades del país.

Solo dos semanas después, algo similar sucedería en Chile: luego de que el presidente Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, centenares de chilenos iniciaron las famosas “evasiones masivas”.

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Diversas estaciones del metro en Chile fueron destrozadas tras las protestas que partieron con “evasiones masivas”.

Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques incendiarios a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno.

Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar (transporte público), para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante.

“En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neo liberación del país. En el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal”, le dice a BBC Mundo.

“Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tal imposibilidad de vivir que se produce una adhesión masiva en todo Chile”, agrega.

Gobiernos ceden a la presión, pero las reacciones son distintas

Esa es la razón, quizás, de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas.

Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país.

Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Piñera anunció el sábado la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes.

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Manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades de Chile.

En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

“Las diversas causas que hay detrás del caso chileno van mucho más allá de los 30 pesos de aumento”, le dice a BBC Mundo Nicolás Somma, profesor de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales, participación política y protesta.

“Hay un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana, que se siente discriminada y abusada”, agrega.

Una opinión parecida tiene Jorge Saavedra. “En el caso ecuatoriano, al echar pie atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando”.

“Pero en Chile es distinto: el listado de cosas donde hay abuso de la gente es enorme, entonces que se elimine el alza no cambia nada”, opina.

Los líderes detrás de las protestas masivas

Luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador.

Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país.

Esto no es nuevo: en las últimas décadas, estos grupos han sido actores políticos clave en la historia ecuatoriana gracias a su capacidad de movilización y de resistencia.

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Las protestas en Ecuador fueron lideradas por movimientos indígenas.

El caso de Chile es completamente distinto.

Las protestas chilenas no tienen un líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes pero luego, con el pasar de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales.

Y así, hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos, y gente de estratos altos y bajos.

“El mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile”, explica el académico Jorge Carrasco.

“Eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto, no se sabe cómo se puede organizar la gente o generar petitorios. Y eso es un problema”, añade.

En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, subraya Nicolás Somma.

“En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento”, dice.

“Lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran. Pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta”, añade.

Esto, dice el académico, es un gran problema para el gobierno de Piñera.

“En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente para negociar”.

La “mano dura” de los gobiernos

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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el jueves 3 de octubre.

Si hay una similitud entre los casos de Ecuador y Chile es la “mano dura” impuesta por los respectivos gobiernos frente a las movilizaciones.

Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Lo mismo sucedió en Chile: a las pocas horas de recrudecerse el conflicto el pasado viernes, Piñera decretó estado de emergencia, lo que también significó el despliegue de los militares en diferentes zonas del país.

En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones, generándose un duro enfrentamiento con los protestantes.

Esta situación, explica Jorge Saavedra, suele ser una tónica habitual en varios lugares de América Latina.

protestas chile

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En Chile, el Ejército tomó el control de la seguridad del país.

“Si uno ve el caso de Perú, por ejemplo, en las protestas por venta y uso de empresas americanas del suelo amazónico, la movilización fue reprimida terriblemente y terminó con la masacre de Tagua en 2009. Y esto se replica en todo el continente”, afirma.

“La práctica de los gobiernos ha sido dialogar con las comunidades a través de policías y represión. Y eso no ha cambiado porque no se ha avanzado en procesos de confianza y democratización ciudadanas”, agrega.

Nicolás Somma, en tanto, asegura que “está súper estudiado que la relación entre protestas y represión no es lineal. Es decir, para que la represión pueda disminuir la protesta, es necesario llevarla a un grado extremo que es simplemente inaceptable en democracia”.

Territorio: del centro a regiones y de regiones al centro

El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es distinto.

En el caso del primero, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.

Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil.

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Las protestas en Ecuador comenzaron en las comunidades indígenas y luego marcharon hacia la capital, Quito.

En cuanto a Chile, las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago. Específicamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad.

Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro (y, por lo tanto, era una problemática que solo le afectaba a los santiaguinos), con el pasar de las horas la rebelión se extendió a otras regiones.

Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones.

“Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno casi todo sucede en Santiago, es muy preponderante el rol de la capital”, explica Jorge Saavedra.

En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto.

Pero lo que sí está claro es que, con solo dos semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Moreno en jaque y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.


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