Solo 40% de las localidades con población indígena tiene cobertura 4G
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Solo 40% de las localidades con población indígena tiene cobertura 4G

Hay casos como el del pueblo Cora, donde el 29% de sus localidades se encuentran con un índice de muy alta marginación, en el que solo el 17% de la población cuenta con un teléfono celular.
Cuartoscuro
13 de agosto, 2019
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En la comunidad de San Francisco, municipio de Altamirano, a siete horas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, solo había dos puntos de acceso a internet: la escuela, que sirve para dar clases desde primaria hasta telebachillerato y una casa donde vendían “fichas”, papelitos con la clave de acceso para usarla por 10 pesos la hora, aunque la señal no llegaba más allá de cuatro metros a la redonda.

Pero la antena de la casa se descompuso y dejaron por la paz el negocio de las fichas. Solo quedó como punto de acceso la escuela, que no aguanta muchas personas conectadas antes de colapsar. Así que en la comunidad, la mayoría no tiene acceso a internen ni fijo (porque no poseen computadoras) ni móvil.

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“De mis alumnos –dice Gladys Hernández, profesora del telebachillerato-, 80% tiene celular, pero solo lo usan para llamadas y mensajes. No se usa para nada más, es difícil bajar videos u otras cosas que tardan mucho en descargarse, más cuando tienes acceso a internet solo por ratos”.

Eso limita mucho el acceso a herramientas que para otros son algo cotidiano, y en el caso de los estudios son un factor de desigualdad que incide en la preparación de los niños y jóvenes. “Mis alumnos siguen estudiando como años atrás estudiaban en las ciudades, aquí no se puede buscar en Google o descargar videos educativos de YouTube”, dice Gladys.

Aunque 82% del total de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G; solo 40% tienen acceso a la 4G, de acuerdo al Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018.

Ese 82% es el promedio general, pero hay casos como el del pueblo Cora, donde el 29% de sus localidades se encuentran con un índice de muy alta marginación, en el que solo 17% de su población cuenta con un teléfono celular, de acuerdo a lo registrado en el mismo reporte.

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Además, las redes 3G son buenas solo para voz y datos. En internet esta generación fue pionera en alta velocidad, pero ya no es la red más rápida. 4G LTE ofrece servicios de voz y datos al igual que 3G, sin embargo, la velocidad de descarga puede ser casi dos veces más veloz y llegar más lejos que la red 3G.

Por ejemplo, en el caso de un vídeo en YouTube, en una red 4G la reproducción comenzará en solo un segundo, mientras que en 3G tardará 20 segundos (y posiblemente se interrumpa).

La diferencia entre la red 3G y la 4G o no tener acceso a ellas, para fines prácticos, es la comunicación, y esta es una necesidad vital. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; […] incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”

Tal derecho asegura el intercambio de información y el acceso a espacios y medios tecnológicos y sociales, y promueve la participación democrática de las personas para informar y ser informadas.

Los peores casos  

En el diagnóstico, elaborado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se identificaron que hay pueblos indígenas como el Seri (Sonora) y Pame (Querétaro y San Luis Potosí) en los que menos de 30% de su población cuentan con cobertura móvil en al menos una tecnología (2G, 3G o 4G).

En otros casos como los pueblos indígenas Cora (Nayarit), Chatino (Oaxaca), Chontal de Oaxaca (Oaxaca), Mixe (Oaxaca) y Triqui,(Oaxaca), al menos 50% de la población cuenta con cobertura del servicio móvil en alguna opción (2G, 3G o 4G).

Para este reporte, se tomaron en consideración nuevas variables como el índice de marginación, el porcentaje de población indígena que cuenta con un teléfono móvil de conformidad con el Atlas de los Pueblos Indígenas de México del INPI, y el número de proveedores que brindan el servicio en las localidades.

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Con la inclusión de estas nuevas variables se pueden realizar análisis puntuales sobre la correlación que existe entre éstas y la disponibilidad del servicio móvil. Si bien existen algunos casos en los que se cuenta con un porcentaje alto de cobertura, se advierte que el porcentaje de población con teléfono móvil es bajo al estar relacionado con el índice de marginación.

En algunos pueblos indígenas con una población de entre 20 mil a 50 mil personas, como el caso del pueblo Yaqui, en el que 4% de sus localidades se encuentran en muy alta marginación, la población con un teléfono celular es de 57%. En el caso del pueblo Cora, donde 29% de sus localidades se encuentran con un índice de muy alta marginación, tan solo el 17% tiene teléfono celular.

Los purépechas, con un rango de población indígena asociada de entre 150 mil a 200 mil , entre quienes el 2% de sus localidades se encuentran en muy alta marginación, solo  34% cuenta con un terminal móvil. En el caso del pueblo Tlapaneco, 25% de las localidades tiene una marginación muy alta, y solo el 15% de su población tiene acceso a un teléfono móvil.

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

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AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

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AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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