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Solo 40% de las localidades con población indígena tiene cobertura 4G

Hay casos como el del pueblo Cora, donde el 29% de sus localidades se encuentran con un índice de muy alta marginación, en el que solo el 17% de la población cuenta con un teléfono celular.
Cuartoscuro
13 de agosto, 2019
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En la comunidad de San Francisco, municipio de Altamirano, a siete horas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, solo había dos puntos de acceso a internet: la escuela, que sirve para dar clases desde primaria hasta telebachillerato y una casa donde vendían “fichas”, papelitos con la clave de acceso para usarla por 10 pesos la hora, aunque la señal no llegaba más allá de cuatro metros a la redonda.

Pero la antena de la casa se descompuso y dejaron por la paz el negocio de las fichas. Solo quedó como punto de acceso la escuela, que no aguanta muchas personas conectadas antes de colapsar. Así que en la comunidad, la mayoría no tiene acceso a internen ni fijo (porque no poseen computadoras) ni móvil.

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“De mis alumnos –dice Gladys Hernández, profesora del telebachillerato-, 80% tiene celular, pero solo lo usan para llamadas y mensajes. No se usa para nada más, es difícil bajar videos u otras cosas que tardan mucho en descargarse, más cuando tienes acceso a internet solo por ratos”.

Eso limita mucho el acceso a herramientas que para otros son algo cotidiano, y en el caso de los estudios son un factor de desigualdad que incide en la preparación de los niños y jóvenes. “Mis alumnos siguen estudiando como años atrás estudiaban en las ciudades, aquí no se puede buscar en Google o descargar videos educativos de YouTube”, dice Gladys.

Aunque 82% del total de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G; solo 40% tienen acceso a la 4G, de acuerdo al Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018.

Ese 82% es el promedio general, pero hay casos como el del pueblo Cora, donde el 29% de sus localidades se encuentran con un índice de muy alta marginación, en el que solo 17% de su población cuenta con un teléfono celular, de acuerdo a lo registrado en el mismo reporte.

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Además, las redes 3G son buenas solo para voz y datos. En internet esta generación fue pionera en alta velocidad, pero ya no es la red más rápida. 4G LTE ofrece servicios de voz y datos al igual que 3G, sin embargo, la velocidad de descarga puede ser casi dos veces más veloz y llegar más lejos que la red 3G.

Por ejemplo, en el caso de un vídeo en YouTube, en una red 4G la reproducción comenzará en solo un segundo, mientras que en 3G tardará 20 segundos (y posiblemente se interrumpa).

La diferencia entre la red 3G y la 4G o no tener acceso a ellas, para fines prácticos, es la comunicación, y esta es una necesidad vital. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; […] incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”

Tal derecho asegura el intercambio de información y el acceso a espacios y medios tecnológicos y sociales, y promueve la participación democrática de las personas para informar y ser informadas.

Los peores casos  

En el diagnóstico, elaborado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se identificaron que hay pueblos indígenas como el Seri (Sonora) y Pame (Querétaro y San Luis Potosí) en los que menos de 30% de su población cuentan con cobertura móvil en al menos una tecnología (2G, 3G o 4G).

En otros casos como los pueblos indígenas Cora (Nayarit), Chatino (Oaxaca), Chontal de Oaxaca (Oaxaca), Mixe (Oaxaca) y Triqui,(Oaxaca), al menos 50% de la población cuenta con cobertura del servicio móvil en alguna opción (2G, 3G o 4G).

Para este reporte, se tomaron en consideración nuevas variables como el índice de marginación, el porcentaje de población indígena que cuenta con un teléfono móvil de conformidad con el Atlas de los Pueblos Indígenas de México del INPI, y el número de proveedores que brindan el servicio en las localidades.

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Con la inclusión de estas nuevas variables se pueden realizar análisis puntuales sobre la correlación que existe entre éstas y la disponibilidad del servicio móvil. Si bien existen algunos casos en los que se cuenta con un porcentaje alto de cobertura, se advierte que el porcentaje de población con teléfono móvil es bajo al estar relacionado con el índice de marginación.

En algunos pueblos indígenas con una población de entre 20 mil a 50 mil personas, como el caso del pueblo Yaqui, en el que 4% de sus localidades se encuentran en muy alta marginación, la población con un teléfono celular es de 57%. En el caso del pueblo Cora, donde 29% de sus localidades se encuentran con un índice de muy alta marginación, tan solo el 17% tiene teléfono celular.

Los purépechas, con un rango de población indígena asociada de entre 150 mil a 200 mil , entre quienes el 2% de sus localidades se encuentran en muy alta marginación, solo  34% cuenta con un terminal móvil. En el caso del pueblo Tlapaneco, 25% de las localidades tiene una marginación muy alta, y solo el 15% de su población tiene acceso a un teléfono móvil.

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Universidad de Farmington, la falsa escuela que crearon en EU para atraer migrantes y luego deportarlos

Según ICE, la academia era "utilizada por ciudadanos extranjeros" como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.
30 de noviembre, 2019
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La Universidad de Farmington se presentaba como una nueva y rigurosa, selecta pero global.

Tenía presencia activa en redes sociales y, según afirmaba en su página web, su objetivo era “proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única”.

Contaba con un escudo y hasta lema “Scientia et Labor” (ciencia y trabajo). También ofrecía programas académicos actualizados con todas las certificaciones legales pertinentes.

El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Míchigan y la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales le habían dado sus autorizaciones. Y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio la había avalado para admitir estudiantes extranjeros.

La tarifa anual rondaba los US$12.000, significativamente menor que muchas otras instituciones académicas de Estados Unidos, pero nada que hiciera levantar muchas sospechas.

Bueno, aparte de que no tenía aulas, nunca contrató a un profesor y jamás se impartió una clase en ella.

En realidad, estaba a cargo de agentes encubiertos del gobierno en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para atrapar y deportar a extranjeros que ya habían entrado al país con visas de estudiante.

En enero pasado, cuando se descubrió el esquema, ocho personas que presuntamente trabajaron como “reclutadores” para la escuela y ayudaron a al menos 600 estudiantes fueron acusados de conspiración para delinquir.

En los últimos meses, según confirmó el ICE al Detroit Free Press (DFP), primer medio en reportar sobre el caso, más de 250 estudiantes de la universidad, en su mayoría indios, fueron regresados a sus países de origen y otros enfrentan órdenes de deportación o procesos antes jueces de inmigración.

¿Cómo funcionó la operación?

Según ICE, la academia era “utilizada por ciudadanos extranjeros” como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.

Los documentos presentados ante la corte indican que muchos de los estudiantes se habían inscrito a través de un programa conocido como Capacitación Práctica Curricular (CPT), que les permitía trabajar en Estados Unidos.

Potenciales estudiantes hacen una gira de la Universidad de Georgetown, en Washington DC

EPA
Miles de estudiantes extranjeros llegan cada año a las universidades de Estados Unidos.

Al contar con todas las licitaciones requeridas por la ley, los estudiantes que matriculaban en ella podían seguir viviendo legalmente en Estados Unidos.

“Todos somos conscientes de que los estudiantes internacionales pueden ser un activo valioso para nuestro país, pero como lo demuestra este caso, el bien intencionado programa de visa de estudiante internacional también puede ser explotado y abusado”, señaló en un comunicado de prensa Matthew Schneider, fiscal federal para el Distrito Este de Michigan.

De acuerdo con el DPF, algunos llegaron allí de otras escuelas que habían perdido la acreditación, por lo que habían perdido el estatus que les permitiría permanecer en el país.

Sin embargo, de acuerdo con el medio digital Vox, algunos estudiantes aseguran que no sabían que estaban violando los términos de sus visas y afirman que intentaron confirmar que la universidad era legítima y encontraron que tenía todas las acreditaciones oficiales pertinentes.

universidad

Getty Images
Los acusados entraron a EE.UU. con visa de estudiantes y apoyo de universidades acreditadas ante el gobierno.

Ravi Mannam, un abogado de inmigración, le aseguró al diario The New York Times que si bien algunos estudiantes sabían que la universidad solo servía para mantener el estatus migratorio, otros creían que se estaban inscribiendo en un programa académico legítimo al que podrían acceder a un precio más asequible.

“El gobierno utilizó métodos muy cuestionables y problemáticos para lograr que estos estudiantes extranjeros se unieran a la institución”, comentó.

Las autoridades, por su parte, aseguran que los estudiantes sabían que la escuela era un fraude y que optaron por inscribirse de todos modos para permanecer legalmente en el país.

¿Qué pasó con el dinero que pagaban los estudiantes?

Uno de los temas que más controversia ha generado -además del hecho de que los acusados o deportados llegaron con visas de estudiantes legítimas a EE.UU.- es qué pasó con los cientos de miles de dólares que recaudó cada año la universidad regentada por el ICE.

Y es que el esquema, según los medios estadounidenses, hizo que el gobierno se hiciera con miles de dólares que debían pagar los estudiantes en concepto de matrículas y aranceles para mantener su estatus.

Algunas versiones indican que los costos por un programa de posgrado ascendían a US$2.500 por trimestre y las tasas promedio en pregrado era de US$1.000 por mes.

universidad

Getty Images
El precio para matricular en universidades de EE.UU. suele ser muy alto.

Los abogados defensores de algunos de los acusados aseguran que el ICE se aprovechó de “personas vulnerables que solo querían mantener el estatus” en EE.UU., además que tomó miles de dólares que se desconoce para qué fueron empleados.

Según el DFP, ninguno de los acusados u organización civil ha presentado un reclamo o demanda contra el gobierno de EE.UU. por cobrar a los estudiantes bajo engaño o por crear una “trampa” de este tipo.

¿Cuáles han sido las reacciones?

La controvertida estrategia de ICE ha generado rechazo en algunos sectores de Estados Unidos y conllevó incluso a que una de las candidata demócrata a las primarias para las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren, condenara lo sucedido.

“Esto es cruel y atroz. Estos estudiantes simplemente soñaron con obtener la educación superior de alta calidad que Estados Unidos puede ofrecer. ICE los engañó y los atrapó, solo para deportarlos”, escribió en Twitter.

https://twitter.com/ewarren/status/1199770479189319681

La también congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por su parte, cuestionó que los fondos federales se utilicen para encarcelar y deportar estudiantes en lugar de que se creen mecanismos para investigar “contratos corruptos o encarcelamiento masivos”.

El gobierno de India, cuya nacionalidad tienen gran número de los apresados según los reportes, emitió un comunicado en el que solicita la liberación inmediata de los estudiantes y rechazó cualquier deportación no voluntaria.

Su embajada en Estados Unidos abrió incluso un número teléfono para que los estudiantes implicados puedan solicitar asistencia consular.

El ICE, por su parte, justificó su accionar al considerar que la Universidad de Farmington sirvió a los agentes como una “evidencia de fraude de primera mano”.

“Las escuelas encubiertas proporcionan una perspectiva única para comprender las formas en que los estudiantes y reclutadores intentan explotar el sistema de visas de estudiantes”, indicó la agencia federal.

¿Es primera vez que esto ocurre?

Hace unos años, las autoridades migratorias de Estados Unidos practicaron otra operación similar en la también falsa Universidad del Norte de Nueva Jersey.

Cuando decidieron acabar con el programa en 2016, más de 1.000 estudiantes de la escuela recibieron la orden de comparecer ante los tribunales de inmigración, con penas que iban desde una posible deportación hasta la prohibición de entrada de por vida a Estados Unidos.

Al igual que ahora, las autoridades afirmaron que los estudiantes eran “plenamente conscientes” de que se estaban inscribiendo en una escuela falsa, pero algunos alegaron que habían sido engañados por falsos reclutadores y el gobierno.

Algunos estudiantes entonces fueron arrestados incluso después de que se cambiaron de escuela tras darse cuenta de que Universidad del Norte de Nueva Jersey era falsa.


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