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¿Cómo se resuelven las órdenes que da AMLO a sus secretarios en la conferencia mañanera?

Cuando el presidente compromete a alguno de sus secretarios a “dar un informe” inicia un intercambio de mensajes, correos y reuniones entre los funcionarios de alto nivel.
Cuartoscuro
2 de agosto, 2019
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“La próxima semana la secretaria Irma Eréndira Sandoval dará un informe”, respondió a botepronto el presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle en una conferencia de prensa en enero pasado sobre los funcionarios de Pemex que fueron ascendidos en su gobierno, pese a que en la administración anterior habían firmado convenios del esquema de desvío conocido como La Estafa Maestra.

Aunque en privado, Sandoval, titular de la Función Pública, explicó al presidente que la dependencia no emitía informes sino que hacía investigaciones que podían durar meses para determinar la responsabilidad administrativa o inocencia de algún funcionario, el mandatario no dio tregua a su orden.

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Se debía cumplir el compromiso en el plazo prometido por él ante los medios de comunicación y los miles de seguidores de la transmisión en vivo. Los funcionarios de la dependencia dejaron de lado los temas en los que trabajaban para dedicarse a resolver la instrucción presidencial a marchas forzadas.

Esta situación se ha repetido cada vez que el presidente compromete a alguno de sus secretarios a cumplir con alguna instrucción, aún cuando no forme parte de acuerdos previos.

Pasó, por ejemplo, cuando el presidente anunció que la Secretaría de Gobernación se haría cargo de los refugios para mujeres, cuando organizaciones sociales denunciaron que el gobierno no había abierto la convocatoria para recibir los apoyos anuales. O la supuesta creación de un órgano desconcentrado para hacerse cargo de las Universidades Benito Juárez, aunque la SEP no lo tiene previsto en su reglamento interno.

Por eso, desde el 3 de diciembre pasado, cuando el presidente arrancó la primera conferencia de prensa, este ejercicio se convirtió en la palestra no sólo para anunciar acciones de gobierno, sino también para asignar tareas a su gabinete, que en algunos casos no están previstos en los planes de gobierno.

Bajo esta premisa es que muchos funcionarios públicos saben que deben seguir las transmisiones en vivo para enterarse si alguna instrucción corresponde a su área.

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Pero, ¿qué pasa en las dependencias después de las órdenes presidenciales mañaneras?

Animal Político consultó a funcionarios públicos de alto nivel para conocer cómo funciona la administración pública luego de recibir una instrucción a través de la conferencia de prensa. Aquí explicamos el proceso.

La reunión de Acuerdos

Desde el inicio de su administración, López Obrador tiene una reunión todos los días con el gabinete de Seguridad a las seis de la mañana. Éstas son encabezadas por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación y su subsecretario Alejandro Encinas; el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Marina y Defensa Nacional, Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente.

Los secretarios de Estado informan la incidencia delictiva diaria, sobre todo homicidios, y el reporte de alguna acción en específica como el robo a combustible o un tema de coyuntura en materia de seguridad; y en los últimos meses también se sumó a la dinámica que otros secretarios se sumen para informar sobre alguna coyuntura.

Pero dos meses después de iniciar las conferencias mañaneras, donde el presidente establecía compromisos correspondientes a diferentes Secretarías, se agregó una reunión semanal como una extensión a la de Seguridad, pero con la participación de funcionarios de todas las dependencias.

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Se llama “reunión de acuerdos” y se realiza todos los viernes a las 11 de la mañana en Palacio Nacional. Aunque se tratan todos los temas de la administración pública, el encuentro es encabezado por Jaime del Río Salcedo, director general adjunto de Vinculación y Difusión en Seguridad Pública, y quien tiene como actividades principales, la “gestión permanente para el cumplimiento de los acuerdos del gabinete de seguridad”, según su declaración patrimonial. Antes de este puesto fue presidente del Tribunal Electoral de Michoacán y Consejero del Poder Judicial en ese estado hasta 2018.

Pese a que el objetivo del encuentro es dar seguimiento a las instrucciones del presidente, nunca ha asistido el jefe de la Oficina presidencial, Alfonso Romo. En cambio, quien siempre está presente es Leticia Ramírez Ayala, directora general de Atención Ciudadana, y los representantes de cada dependencia, nombrados por los secretarios de Estado.

Para el seguimiento existen “enlaces” de la Secretaría de Seguridad Pública quienes se encargan de estar en contacto con los representantes de las dependencias para verificar los cumplimientos del gabinete por área.

En tanto, los encargos presidenciales se dividen en “acuerdos”, que son los proyectos prioritarios de López Obrador como la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, o los principales programas sociales. Y las “instrucciones”, que son las órdenes o compromisos del mandatario establecido en las mañaneras, como el informe solicitado a Irma Eréndira Sandoval por la Estafa Maestra o el presunto conflicto del delegado en Jalisco, Carlos Lomelí.

Cada enlace envía un correo electrónico a los representantes de la dependencia a la que corresponda la “instrucción” presidencial, con el resumen del compromiso hecho López Obrador durante la conferencia de prensa y el plazo en que deben cumplirlo.

Plataforma interna de seguimiento

A partir de ese correo electrónico, la dependencia comienza a trabajar en la instrucción. Debido a que las instrucciones son de cumplimiento de corto plazo, los enlaces sólo se dan seguimiento con los representantes de las dependencias a través de correo electrónico o whatsapp.

En cambio, los “acuerdos” se deben registrar en el Sistema de Seguimiento de Acuerdos, una plataforma interna alojada en el servidor de la Secretaría de Gobernación y creada específicamente para esta tarea, y a la cual cada representante de las Secretarías tiene acceso sólo con su usuario y contraseña.

En dicho sistema, se registra el “acuerdo” o programa prioritario, la institución responsable, las gestiones realizadas y la síntesis de cumplimiento. Esto es revisado por cada enlace, y por Jaime del Río Salcedo, director de Vinculación y Difusión en Seguridad Pública, quien a su vez realiza un informe quincenal para entregarle al presidente.

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Este registro, se convierte en una especie de “semáforo” de cumplimiento y de evaluación para las dependencias. En la reunión de acuerdos de los viernes se revisa cada acuerdo y, con base en el grado de avance de las dependencias, éste puede estar en verde o en rojo.

Los funcionarios consultados aseguran que aún con esta plataforma no existe una coordinación real porque los avances de los acuerdos o programas prioritarios son reportados por los propios secretarios al Presidente de manera directa, y en algunos casos se trata de información delicada que no se puede publicar en el sistema.

En este caso están los proyectos relacionados con las Fuerzas Armadas. Las órdenes y avances sobre algún tema relacionado con seguridad, e incluso con proyectos como el aeropuerto se tratan con sigilo y al no publicarse en la plataforma parecería que el acuerdo no se está cumpliendo.

Por eso es que los proyectos más importantes de cada una de las dependencias conlleva diversas labores, desde diligencias hasta estudios de viabilidad o financieros que no son subidos en la plataforma, sino que se entregan en mano del presidente. Pero esto implica que algunos programas y los funcionarios encargados estén “en rojo”.

Esto demuestra que no hay una comunicación real entre el coordinador de la reunión de acuerdos y el presidente, dicen los funcionarios consultados. En cambio, tanto los enlaces como los representantes de las dependencias deben dedicarle tiempo al registro en la plataforma y a la reunión semanal.

La efectividad de este mecanismo aún no está probado, dicen las fuentes consultadas. Pareciera una buena idea, pero no se ha visto que esto sea mejor que sólo trabajar como se acostumbraba, con reuniones entre las dependencias, la Oficina de Presidencia y el mismo Ejecutivo durante otras administraciones.

Un elemento que no ayuda es que ni siquiera los mismos participantes saben por qué quienes encabezan estas reuniones sean funcionarios responsables de Seguridad Pública, cuando los temas a tratar son lo mismo de desarrollo social, economía, educación o cultura que tienen su propias complejidades y que no necesariamente entiende quienes se encargan de las estrategias de seguridad. Por ello, a veces la comunicación es, por decirlo menos, tropezada.

Pero por lo pronto, no se avizoran cambios en esta dinámica, pues a siete meses de gobierno, sólo un día se suspendió la conferencia de prensa, el pasado lunes 1 de julio, cuando el presidente presentó un informe de gobierno en el Zócalo a un año del triunfo electoral, porque dijo, los medios de comunicación tendrían mucha información ese día.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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