Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico de Grupo México
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Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico de Grupo México

En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.
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6 de agosto, 2019
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En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures. 

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Lee más: La Profepa multa con 22 mdp a minera que contaminó con ácido los ríos Sonora y Bacanuchi

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros solución de sulfato de cobre acidulado al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora. 

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora. 

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”. 

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”. 

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”. 

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre. 

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar. 

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región. 

Ya nada es lo mismo 

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa. 

Después del derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos. 

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi. 

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”. 

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”. 

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”. 

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao. 

Nada han remediado 

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación. 

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el  agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures. 

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures. 

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”. 

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto. 

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao. 

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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