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Cuartoscuro Archivo

Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico de Grupo México

En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.
Cuartoscuro Archivo
6 de agosto, 2019
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En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures. 

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Lee más: La Profepa multa con 22 mdp a minera que contaminó con ácido los ríos Sonora y Bacanuchi

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros solución de sulfato de cobre acidulado al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora. 

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora. 

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”. 

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”. 

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”. 

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre. 

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar. 

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región. 

Ya nada es lo mismo 

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa. 

Después del derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos. 

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi. 

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”. 

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”. 

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”. 

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao. 

Nada han remediado 

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación. 

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el  agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures. 

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures. 

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”. 

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto. 

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao. 

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

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Juan Sánchez, el empresario de origen mexicano que ganó millones con la detención de niños migrantes en EU

Juan Sánchez, exdirector ejecutivo de Southwest Key, la mayor red de refugios para niños migrantes en EU, renunció a su cargo tras ser acusado de recibir millonarios pagos. Sánchez dice que ha sido criticado injustamente.
6 de septiembre, 2019
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Juan Sánchez dirigió durante más de 30 años una organización sin fines de lucro que él mismo fundó: Southwest Key, que en la actualidad controla la mayor red de centros para niños migrantes detenidos en Estados Unidos.

Más de 4.500 menores no acompañados permanecen en 26 refugios que tiene la organización en Arizona, California y Texas, incluyendo un supermercado Walmart que fue remodelado para ese fin bajo el nombre de Casa Padre.

Sánchez, un estadounidense de origen mexicano que creció en el seno de una familia pobre en Browsville, Texas, trabajó cuando era niño en el campo durante los veranos y vivió bajo duras condiciones.

En los años 70 se convirtió en un defensor de la justicia social y los derechos de la población latina.

Apodado como “El Presidente”, Sánchez dio un gigantesco salto desde el barrio en el que creció hasta la Universidad de Harvard, en la que se licenció como doctor en Educación.

“Crecí en un pueblo a lo largo de la frontera sur de Texas. Al principio me di cuenta de que los niños de color estaban sobrerepresentados en las cárceles y subrepresentados en colegios y universidades. Entonces supe que la educación era clave para crear un cambio”, escribió Sánchez.

Se hizo conocido como un joven rebelde que abogaba contra la discriminación y a favor de los derechos de la población latina en EE.UU.

Madre con su hijo, reunificados tras su detención.

Getty Images
Southwest Key fue fundada como una organización sin fines de lucro en 1987. Con el tiempo, se dedicó a albergar a niños migrantes detenidos.

Cuando regresó a Brownsville se puso a trabajar en un reformatorio juvenil creado por un sacerdote que funcionaba como una alternativa al encarcelamiento.

A partir de esa experiencia, Sánchez fundó la organización sin fines de lucro Southwest Key en 1987.

En la medida que la organización creció, el enfoque de su trabajo cambió hacia la creación de una red de centros para menores migrantes no acompañados.

En las últimas tres décadas, “hemos ayudado a decenas de miles de niños a permanecer fuera de las cárceles y las instalaciones de detención”, ha dicho Sánchez en actos públicos.

El flujo de niños indocumentados ha crecido tan vertiginosamente en los últimos años que la pequeña organización de beneficencia que fundó Sánchez terminó convirtiéndose en un imperio.

Niños separados de sus familias

Southwest Key se financia con fondos provenientes del gobierno y quedó expuesta al escrutinio público el año pasado cuando el más grande de sus centros, Casa Padre, fue duramente criticado por recibir a niños separados de sus familias en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump.

“Yo duermo tranquilo”, dijo Sánchez en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR. “Si no hubiéramos recibido a esos niños, habríamos tenido que renunciar a esto”.

Casa Padre es uno de los mayores albergues para menores en Estados Unidos.

Getty Images
Casa Padre es el mayor refugio de niños detenidos de Southwest Key. Solía ser un supermercado de Walmart.

Cultivando su imagen de defensor de los derechos humanos, el empresario se sentía muy orgulloso de hablar sobre los principios que inspiraban su misión.

“El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”, le dijo Sánchez a la revista The Atlantic el año pasado, citando una frase del Che Guevara, cuya foto colgaba en la pared de su oficina, junto a la de Martin Luther King.

“Eso es muy significativo en el trabajo que hago”.

Sánchez aún estaba lidiando con las críticas por su rol en la política migratoria de Trump, cuando estalló un inesperado escándalo.

El periódico The New York Times denunció en uno de sus artículos que se había hecho rico gracias a la crisis migratoria de los últimos años y a su participación en presuntas irregularidades financieras.

Ganó millones albergando niños migrantes“, señaló el periódico, agregando que el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación sobre el caso.

Dos meses después de la denuncia, Sánchez renunció sorpresivamente a su cargo, luego de 32 años al mando de la organización.

“La incomprensión generalizada de nuestro negocio y las críticas injustas a nuestra gente se han convertido en una distracción que nuestros empleados no se merecen. Es hora de un nuevo comienzo”, señaló en una declaración pública.

BBC Mundo solicitó una entrevista con Juan Sánchez a través de su abogada, Jennifer S. Freel, quien informó que su cliente “declina hacer comentarios”.

Presunta especulación comercial

Juan Sánchez

Facebook/Southwest Key
Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017.

Como director ejecutivo de Southwest Key, Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017, según la última declaración de impuestos hecha por una empresa subsidiaria de la organización.

Supuso un gigantesco aumento, considerando que en 2015 ganó US$786.222 y un año después, US$1,48 millones.

Entrevistado por BBC Mundo, el abogado Marcus Owens, exfuncionario del Servicio Interno de Impuestos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), dice que la información operacional y financiera de Southwest Key contenida en la declaración impositiva refleja “el pago de altas compensaciones a personal clave de la organización, incluyendo a Sánchez y su esposa“.

Pero si se sumaran los beneficios recibidos en años anteriores, es probable que la suma alcance una gran magnitud.

Es difícil calcular el monto total recibido por Sánchez basándose en el Formulario 990″, (que es el método de rendición de cuentas utilizado por las organizaciones benéficas o sin fines de lucro), explica Owens.

“Sin embargo, es probable que esté en un rango de múltiples millones de dólares“, agrega.

Especulación parece ser una apropiada descripción del flujo de fondos hacia Sánchez y otros directivos”.

Fueron seis los líderes de la organización que ganaron más de US$1 millón en 2017, incluida la esposa del empresario, Jennifer Nelson, y la jefa de finanzas, Melody Chung.

¿Qué dice Southwest Key?

Al conocerse públicamente la información, representantes de Southwest Key argumentaron que ese dinero fue parte de un programa para financiar seguros de vida y fondos de jubilación, afirmando que no tiene relación con un aumento salarial.

Joella Brooks, ex jefa de operaciones de la organización y actual directora ejecutiva interina de la organización -que también registró ingresos superiores al millón de dólares en el último año fiscal- hizo una declaración en julio en la que anunció que Southwest Key estaba poniendo fin a ese programa, y que ella y otros líderes “acordaron devolver una parte considerable de los beneficios del seguro de vida”.

Southwest Key envió una declaración a BBC Mundo en la que se refiere a los cambios implementados por la organización tras la salida de Sánchez.

Padre con su hijo

Getty Images
El negocio de Southwest Key creció en la medida que aumentó el flujo de niños indocumentados en EE. UU.

Hemos recuperado cientos de miles de dólares de exejecutivos que nos han dejado y estamos haciendo todo lo posible para rectificar las preocupaciones sobre las compensaciones pasadas y avanzar con más transparencia”, señala la organización a través de un correo electrónico.

“Tenemos un nuevo equipo ejecutivo”, agrega la declaración, “para garantizar que nuestros modelos de compensación sean razonables y competitivos”.

En el mismo email la organización señala que está haciendo “todo lo posible para abordar los problemas relacionados con decisiones anteriores” y apunta que la nueva directiva resolvió “mejorar la supervisión y gestión”.

“Funcionaba como un banco”

Según la investigación del The New York Times, la organización “les prestó millones de dólares a empresas inmobiliarias, actuando más como un banco que como una organización benéfica tradicional”.

Consultada por BBC Mundo, la organización estadounidense CharityWatch cuestionó las presuntas prácticas de la organización.

“No creemos que las organizaciones benéficas como Southwest Key Programs deban otorgar préstamos a empresas con fines de lucro“, dice Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch.

“Las organizaciones de beneficencia, a diferencia de los bancos, no están en una posición de tener una cartera de préstamos grande y diversificada que pueda servir como protección contra préstamos incobrables o una recesión económica”.

Familia de migrantes detenida.

Getty Images
Southwest Key fue denunciada por presuntas irregularidades financieras cuando Sánchez era el director ejecutivo.

Otra de las denuncias hechas por el periódico, es que Southwest Key ha alquilado varios edificios donde funcionan los refugios en lugar de comprarlos, lo que sería una práctica inusual “que ha demostrado ser lucrativa para los dueños de los refugios, incluyendo a Sánchez”.

Es lo que se conoce como self-dealing o autocontratos, un esquema bajo el cual los ejecutivos de la organización habrían cobrado un alquiler pagado con fondos públicos, utilizando complejas fórmulas contractuales.

El periódico concluye que la organización “ha acumulado decenas de millones de dólares de los contribuyentes con poca supervisión del gobierno y posiblemente ha incurrido en auto-ontratos con sus máximos directivos”.

Consultado por BBC Mundo, el Departamento de Justicia de EE.UU. no se refirió al caso.

Hasta ahora se desconoce a qué se dedica Juan Sánchez. Tras su renuncia, el joven revolucionario convertido en uno de los mayores empresarios de refugios infantiles para migrantes ha desaparecido de la vida pública.

Su última declaración fue hecha el día en que abandonó el cargo, cuando dijo que su negocio era objeto de críticas injustas.

Habrá que ver si la justicia investiga las denuncias hechas contra Sánchez y si “El Presidente” ha conducido sus negocios con el mismo espíritu que lo llevó a crear la organización de beneficencia hace más de tres décadas.

Por lo pronto, el final de la historia aún no se ha escrito.


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