Desalojos violentos, corrupción y acoso inmobiliario dejan a familias sin casa en CDMX
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Desalojos violentos, corrupción y acoso inmobiliario dejan a familias sin casa en CDMX

Con acoso inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños han obligado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares.
Cuartoscuro
22 de agosto, 2019
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Supuestos dueños de departamentos que realizan mobbing (acoso) inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños que obligan a salir a inquilinos de la noche a la mañana bajo el argumento de que el edificio será remodelado para convertirse en espacios de oficina o rentarlos en la plataforma turística Airbnb, han orillado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares en la Ciudad de México.

El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos documentados por Animal Político en el presente año, a través de denuncias ciudadanas hechas a la prensa o presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Histórico, y en colonias como Juárez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Santa María la Ribera y en la San Rafael.

El 20 de agosto, Carlos Acuña, un inquilino del edificio Trevi, ubicado en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la CDMX, fue desalojado a pesar de que tenía un contrato vigente, dos amparos en trámite y una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.

De acuerdo con Acuña, el edificio en donde vivió por más de nueve años fue comprado a principios del 2018 por Banca Mifel para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking. Mifel actúa en representación de la empresa inmobiliaria que tiene como nombre comercial Público Trabajo.

El inmueble está en litigio entre los compradores y algunos vecinos que interpusieron un recurso legal porque no se les respetó el derecho de preferencia (conocido como el derecho al tanto), contemplado en la ley, el cual les hubiera dado la prioridad de comprar el espacio que durante años han arrendado.

Los inquilinos tienen hasta ahora nueve juicios abiertos en su contra. Se les acusa principalmente de no pagar el alquiler, aunque todos los pagos han sido realizados. “Quien me desalojó fue Banca Mifel con Público Coworking y empresas que no dan la cara. Rentas pagadas, contrato vigente, amparos para frenar juicios chuecos, este fue un ataque contra mí, por visibilizar el tema”, acusa Acuña. 

Animal Político buscó a Banca Mifel, quien informó sobre este inmueble que la institución funge únicamente como fiduciaria (administra el dinero o los bienes de otras personas) dentro de un fideicomiso, aunque no detalló quién o quiénes forman parte de él.

“Mifel no se hace responsable ni responde por los actos y acciones ejecutados por aquellas personas físicas o morales que realicen diversas acciones bajo el amparo del fideicomiso, de forma directa o indirecta ante cualquier autoridad relacionada con el proyecto inmobiliario precisado, ya que reiteramos son acciones realizadas en los términos del fideicomiso”, declaró a través de un documento enviado a este medio.

También se buscó a la empresa Público Trabajo, dedicada a desarrollar espacios de coworking, para saber si forma parte de este fideicomiso, sin embargo, dijo que no tienen voceros o área para atender la solicitud.

De los inquilinos que habitaban más de 30 departamentos del Edificio Trevi, dos bodegas y cinco locales comerciales, 13 decidieron emprender acciones legales, 11 mediante una denuncia colectiva y dos en procesos individuales contra los dueños anteriores del edificio. 

El inmueble de mediados del siglo pasado se construyó como vivienda social y en la parte baja se ubica el histórico Café Trevi, con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones. Lo que pase con él aún es incierto. 

Detectan irregularidades 

María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, señala que si bien no todos los desalojos son forzados o arbitrarios, en los últimos años se han detectado varias irregularidades en los desalojos en la capital del país, en donde la especulación inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesión jurídica de los inquilinos es aprovechada por terceros.

“Estamos ante juicios simulados y corrupción que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para supuestamente comprobar la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, frente a jueces y actuarios que no notifican, o que incluso pueden ser apócrifos, y funcionarios del Registro Público de la Propiedad coludidos”, dice a Animal Político.

La zona Centro de la ciudad es cada vez más cara e inalcanzable para comprar o rentar debido a la llamada gentrificación, proceso mediante el cual una zona de la ciudad, que tenía cierta población con ciertas características, cambia por una población de mayores ingresos, provocando un aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios, explica Emanuelli.

Sin embargo, al dejarse el desarrollo inmobiliario y comercial al libre mercado, sin una regulación, hay una afectación social: genera desplazados.

Los desalojos en Ciudad de México no solo dejan a personas sin vivienda, también rompen el tejido comunitario, su red de apoyo social y vecinal, los excluye a zonas más alejadas. “Es algo que nadie está mirando, qué pasa con ellos, a dónde se van”, cuestiona la representante de la Coalición Internacional para el Hábitat y quien asesora a varias personas que han intentado desalojar.

Datos obtenidos por la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, a través de una solicitud de acceso a la información, muestran que el número de desalojos se han incrementado.

En 2014, la fuerza pública participó en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de México; durante 2015 fueron 3 mil; en 2016, el número fue de 3 mil 200; mientras que, en 2017, se realizaron 3 mil 141 desalojos.

En 2018 el número creció a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza pública. Hasta febrero de este año, la fuerza policiaca de la ciudad había participado ya en 403 desalojos, según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Estos datos son de desalojos que tuvieron un permiso para hacer uso de la fuerza pública. No hay cifras oficiales de aquellos que se realizaron sin que interviniera una autoridad.

En varios casos, dice Emanuelli, se han detectado faltas al debido proceso y que las personas afectadas no son notificadas del desalojo conforme a la ley.

Te puede interesar: ‘No tenemos dónde ir, dónde quedarnos’, dicen testimonios del desalojo en la colonia Juárez

“Me quieren hacer la vida imposible”

Rufina Galindo sufre mobbing inmobiliario (acoso para obligar a inquilinos a abandonar su hogar mediante agresiones e intimidaciones). Vive en un departamento ubicado en un edificio del Centro Histórico, en la calle Zapata 68. De las 24 familias que vivían ahí, solo queda ella y su hija quien también rentaba, el resto de sus vecinos fueron desalojados, varios con violencia.

En 2004, murió la dueña del inmueble a quien ella pagaba renta, 14 años después apareció un supuesto heredero y propietario del edificio quien no ha podido comprobar legalmente que el edificio es de él, pero desalojó a los inquilinos, uno por uno.

Tras los desalojos, en febrero de este año el supuesto dueño del edificio llevó a más de 20 personas a habitar los departamentos, la mayoría, dice Rufina, jóvenes agresivos que controlan la entrada y salida.

Rufina, de 64 años, padece diabetes, un día se sintió muy mal y le pidió apoyo a una de las vecinas de la cuadra, pero los nuevos habitantes le prohibieron la entrada. Ella es costurera y ha perdido clientes porque tienen miedo de ir al inmueble; le han robado sus tanques de gas y hasta han golpeado a su nieto. La mujer lleva casi medio de año de padecer este acoso. 

El último desalojo ocurrió en noviembre de 2018. El supuesto dueño levantó una demanda por atraso de pago de rentas contra los inquilinos, sin embargo, usó los nombres de personas fallecidas que antes rentaban, que ya ni siquiera viven en el edificio o nombres falsos.

A Rufina intentaron desalojarla bajo el argumento de que no pagaba la renta, pero la demanda no era contra ella, llegó a nombre de Felipe López Fernández, su tío, el antiguo inquilino, pero el segundo apellido estaba mal, lo correcto era Hernández.

Cuando ella argumentó este error la acusaron de invadir el departamento. A seis familias que habitaban en el inmueble los desalojaron igual, a Rufina no la han podido sacar porque está amparada y actualmente en negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) quien también revisa la situación legal de la propiedad.

 “Me quieren hacer la vida imposible para que me salga”, dice. Ella se resiste porque defiende su derecho a la vivienda, pero todo sigue en un limbo legal.

Entérate: Diputados rectifican ley sobre desalojos en CDMX; redacción anterior beneficiaba a invasores, dicen

Así engañan a la gente

De acuerdo con la Procuraduría capitalina, hay cuatro modalidades que han detectado para apoderarse de predios y viviendas: grupos irrumpen de manera violenta con armas al domicilio y amenazan a los propietarios y los obligan a firmar documentos notariales en los que ceden la propiedad.

Personas simulan ser abogados del Instituto de Verificación Administrativa y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y muestran documentos falsos con órdenes de desalojo; prometen la inscripción a los programas de vivienda o reconstrucción del gobierno y se apoderan de casas, departamentos o terrenos

Otro modo es presentarse como nuevos dueños o apoderados legales, aseguran tener permisos para remodelar y rentar los espacios a empresas.

La mayoría de los afectados son adultos mayores sin familia y personas de escasos recursos con poca posibilidad de enfrentar un juicio legal.

En mayo, la Procuraduría capitalina informó que, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se investigan a notarias, abogados, líderes e inmobiliarias involucradas en estos delitos.

El derecho a la vivienda, amenazado

Para Carlos Escoffié, abogado que colabora con distintas organizaciones de derechos humanos, la gentrificación, la corrupción y las mafias inmobiliarias están amenazando el derecho a la vivienda de los habitantes de la capital.

El derecho a la vivienda, explica Escoffié, no se limita al derecho a poder aplicar a créditos del Infonavit, Fovissste o bancario y tener una vivienda propia. “Más que un asunto inmobiliario es un asunto de derechos humanos”.

El derecho a la vivienda también tiene que ver con las garantías que deben tener las personas que viven en casas o departamentos que no son de su propiedad, que rentan o son prestadas. Es tener garantías de permanencia, sin ser arbitrariamente expulsado. Tiene que ver con la tranquilidad de que se pueda llevar un proyecto de vida en el lugar en el que te estás instalando. Es el derecho a garantías jurídicas de políticas públicas y juicios que eviten la situación de calle, detalla el litigante.

De acuerdo con Escoffié, la especulación inmobiliaria está tomando el papel del Estado en la planeación urbana. Son ellos quienes deciden dónde, cómo y para quién construir o alquilar. Dictan las reglas del desarrollo de la ciudad.

En España, por ejemplo se han tomado medidas a favor del derecho a la vivienda como limitar la cantidad de departamentos de un edificio que puede ser utilizado por plataformas de alquiler para el turismo, fijaron topes en los precios de las rentas y los planes de desarrollo urbano determinan áreas mixtas, en donde se incluyan zonas residenciales, comerciales y de interés social.

Juicios de amparo contra cambios a artículo sobre desalojos

Apenas en junio, el Poder Judicial de la Federación admitió cinco amparos por los cambios realizados al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos que trata sobre los desalojos en la Ciudad de México.

En mayo surgió la polémica por el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, que señalaba que los desalojos forzosos o lanzamientos podrían llevarse a cabo solo en casos excepcionales; además ordenaba garantizar un adecuado realojamiento de las personas desalojadas.

La antigua redacción del artículo establecía que las autoridades tenían que garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Sin embargo, los diputados del Congreso de la Ciudad de México reformaron la legislación para que los desalojos se realicen con base en mandamientos judiciales, e incluyeron que las personas podrán solicitar su incorporación a programas de vivienda.

Para los colectivos vecinales, estas modificaciones realizadas por el Congreso capitalino constituyen una medida regresiva a la Constitución y a diversos tratados internacionales sobre el derecho humano a la vivienda.

Las demandas de amparo fueron interpuestas por mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores que fueron víctimas de desalojo.

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Cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID

Ricos y pobres, países vacunados y no vacunados. Esa podría ser la realidad global en unos meses. Pero varios expertos advierten que un virus del covid-19 incontrolado en un país supone un riesgo para los demás.
27 de marzo, 2021
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A medida que avanzan los programas de vacunación contra la covid-19 en distintos países, especialmente en los más ricos, el mundo podría quedar dividido a final de año por zonas de riesgo.

Según el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, se espera que las naciones europeas, las de Oceanía, Israel y partes de Asia como Singapur y Corea del Sur, restablezcan el comercio, el turismo y los viajes entre estos territorios desde mediados de año, posibilitando que sus economías vuelvan a funcionar.

Los países que no completen la vacunación de la población y no controlen la aparición de nuevas variantes pueden terminar aislados del resto del mundo y clasificados de manera oficial o informal como zonas de riesgo “amarillas” o “rojas”.

Mapa

BBC
¿Acabará el mundo dividido en dos?

“Podríamos ver una división por zonas de riesgo. Por ejemplo, el sudeste asiático y Europa serán verdes. El naranja es para la India y parte de África. Y el rojo puede ser Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos, donde vemos altas tasas de transmisión y vacunación insuficiente”, ejemplifica Tang.

“ pueden existir oficialmente, para viajar, o incluso solo en la mente de las personas”.

Las naciones que sufrirán mayor aislamiento son aquellas que no han adoptado sistemáticamente medidas de control del covid-19 ni negociado con anticipación la compra de vacunas, como es el caso de Brasil, que ya superó los 300.000 muertos por coronavirus y es visto por los científicos como una potencial fuente de variantes.

Hasta la fecha, alrededor de 9 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna en el país. El número puede parecer alto, pero representa solo el 4,26% de la población brasileña.

Hoy, Brasil solo tiene dosis de las vacunas Oxford-AstraZeneca, que serían insuficientes para inmunizar a toda la población mayor de 18 años en 2021.

El 15 de marzo, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, prometió comprar más de 100 millones de dosis de vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson.

Vacunación en Brasil

REUTERS/Ricardo Moraes
Brasil vacunó a 9 millones de personas, lo que es impresionante en números absolutos. Pero eso representa poco más del 4% de la población y faltan dosis para el resto.

Los países pobres, que carecen de recursos para adquirir vacunas, también sufrirán el aislamiento, lo que aumentará la desigualdad social entre los hemisferios norte y sur, dice el profesor Peter Baker, subdirector del departamento de Salud Global y Desarrollo del Imperial University College de Londres.

“Podríamos terminar el año con un sistema de zonificación, con partes del mundo vacunadas y partes no”, dijo a BBC News Brasil.

“Y si decidimos adoptar políticas basadas en la inmunidad adquirida por los países a través de la vacunación, veremos limitaciones en los derechos, los viajes y la economía de los países pobres que ya están teniendo dificultades para acceder a las vacunas”.

Turismo en zonas verdes

Actualmente, los países de los que han surgido variantes preocupantes del coronavirus -Brasil, Sudáfrica y Reino Unido- son los que acumulan más restricciones de entrada a otras naciones, según una encuesta del diario Folha de S.Paulo.

Pero Reino Unido puede salir de esta “zona roja”, ya que después del actual confinamiento, impuesto a principios de enero, la tasa de infección se ha reducido en dos tercios.

La previsión es que toda la población mayor de 18 años reciba al menos una dosis de vacuna antes del 31 de julio.

Durante este período, otras naciones europeas y asiáticas también deberían haber alcanzado el nivel del 60% al 70% de la población vacunada, porcentaje necesario para que la circulación del virus comience a ralentizarse incluso en ausencia de medidas de contención.

Para el profesor Julian Tang, es probable que estas naciones en la “zona verde” mantengan durante todo el año y parte de 2022 restricciones de vuelo a regiones del mundo que no han logrado vacunar a sus poblaciones.

Pero incluso si eso no sucede, dice, la demanda de viajes a países en la zona roja se reducirá de forma natural debido a los riesgos.

Es decir, los países no vacunados con tasas de contagio aún elevadas pueden acabar aislados por el resto del mundo, principalmente para contener el riesgo de que nuevas variantes del coronavirus salgan de estos territorios y se propaguen en grandes cantidades.

La Abadía de Westminster se ha convertido en un centro de vacunación

REUTERS/John Sibley
El confinamiento en vigor desde enero en Reino Unido ha reducido las infecciones por coronavirus en dos tercios. El pronóstico del gobierno es vacunar a todos los mayores de 18 años para fines de julio.

“Lo que creo que sucederá es que la gente se sentirá cómoda viajando entre países que han vacunado a sus poblaciones, como entre Reino Unido y Europa, o Reino Unido y el sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda”, dice el profesor de la Universidad. de Leicester.

“Pero es posible que estas personas no estén dispuestas a viajar a regiones como Brasil, por ejemplo, porque el virus no está controlado mediante vacunación y, por eso, puede surgir una variante resistente a la vacuna”.

Pasaporte verde

La realidad de Israel, el país con la mayor tasa de vacunación hasta la fecha, da pistas sobre cómo se producirá esa división a nivel mundial.

Según datos de la plataforma Our World in Data, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), el país tiene hoy la tasa de vacunación más alta del mundo, con 98,85 dosis administradas por cada 100 habitantes.

A modo de comparación, la tasa brasileña es de 4,58 dosis administradas por cada 100 habitantes.

En Israel no es obligatorio vacunarse, pero en la práctica, las personas que no se vacunen terminarán aisladas del resto de la población, sin poder frecuentar la mayoría de los espacios públicos.

Esto se debe a que las personas vacunadas reciben el llamado “pasaporte verde”, un documento electrónico que permite el acceso a restaurantes, gimnasios, teatros, cines y otros establecimientos.

El país inició la apertura gradual de la economía después de tres confinamientos con duras medidas de contención.

En cierto modo, esta división entre vacunados y no vacunados, con el segundo grupo aislado, es lo que podría replicarse a escala global.

“Se espera que la mayoría de los países ricos vacunen a sus poblaciones este año. Pero la mayor parte del mundo no podrá hacerlo. Y estas dos cosas, desafortunadamente, están ligadas entre sí”, dice el profesor Peter Baker.

“Los países ricos están comprando dosis de vacunas por encima de lo que necesitan y esto está limitando el acceso a otros países. Y, en naciones como Tanzania y Brasil, el mensaje político está afectando la demanda de vacunas, lo cual es un problema”, agrega el profesor británico.

Según los investigadores entrevistados por BBC News Brasil, el mayor problema de tener partes del mundo sin inmunización masiva contra la covid-19 es la aparición de variantes que resisten el efecto de las vacunas.

El virus incontrolado en un país es una amenaza global

El investigador Charlie Whittaker, del Imperial College, advierte que, aunque se imponen restricciones de viaje entre países, el mundo solo estará completamente protegido de la covid-19 si todas las naciones inmunizan a sus poblaciones.

Personas comparten un coche abarrotado en Sudáfrica, uno de los países más afectados por el covid-19

REUTERS/Siphiwe Sibeko
Los países ricos compraron gran parte de las dosis de vacunas disponibles en 2020, dejando a las naciones pobres sin acceso, advierten los investigadores entrevistados por BBC News Brasil.

Whittaker dirigió una investigación sobre la variante de Manaos, en Brasil, que reveló que esa cepa es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que el virus original.

El estudio también demostró que esta variante, apodada P.1, es capaz de evadir al sistema inmunológico de infecciones previas en un 25% a un 61% de los casos.

Esto significa que puede reinfectar fácilmente a cualquiera que haya tenido covid-19.

Aunque muchos países han impedido vuelos desde Brasil e impuesto cuarentenas y pruebas de covid-19 a quienes desembarcan desde allí, ya se ha detectado P.1 en 25 países.

También la variante del Reino Unido se ha extendido a EE.UU., y la de Sudáfrica llegó a Europa.

“Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Y asegurarnos de que estamos a salvo significa limitar la posibilidad de que surjan variantes. Las medidas de control son útiles para lograr esto, pero quizás aún más importante es garantizar una estrategia de vacunación global justa. Ningún país debería quedar atrás”, le dijo a Whittaker a BBC News Brasil.

Y para que el hemisferio sur no se quede atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado abogando por que los países ricos donen sus vacunas excedentes a los países pobres y contribuyan económicamente a la compra de vacunas para las regiones más afectadas por el covid-19.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a declarar que “el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico” al criticar el hecho de que los jóvenes ya están recibiendo la vacuna contra la covid-19 en los países ricos, mientras que los ancianos en países pobres podrían tener que esperar hasta 2021 y 2022 sin acceso a la primera dosis siquiera.

Dejar países tendrá un coste para todos

El profesor de Salud Global Peter Baker, del Imperial College, advierte que dejar descontrolado el virus en países emergentes y pobres puede generar costos humanos y económicos para todas las naciones, ya que pueden surgir nuevas variantes, totalmente resistentes a las vacunas.

Si esto ocurre, será necesario desarrollar y administrar a todas las poblaciones la tercera y cuarta dosis de las vacunas existentes en la actualidad.

“En lugares de infección descontrolada y bajas tasas de vacunación, probablemente aparecerá una variante que sea fuertemente resistente a las vacunas. Entonces tendremos que reajustar nuestras vacunas, rehacer la investigación y rehacer los procesos regulatorios”, dice.

“Es preocupante ver que varios países del hemisferio sur se han quedado atrás porque los países desarrollados han comprado la gran mayoría de las vacunas. La experiencia con las variantes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica muestran que el virus no respeta las barreras internacionales. Para solucionar este problema, necesitamos una iniciativa global “, concluye el investigador Charlie Whittaker.


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