Desalojos violentos, corrupción y acoso inmobiliario dejan a familias sin casa en CDMX
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Desalojos violentos, corrupción y acoso inmobiliario dejan a familias sin casa en CDMX

Con acoso inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños han obligado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares.
Cuartoscuro
22 de agosto, 2019
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Supuestos dueños de departamentos que realizan mobbing (acoso) inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños que obligan a salir a inquilinos de la noche a la mañana bajo el argumento de que el edificio será remodelado para convertirse en espacios de oficina o rentarlos en la plataforma turística Airbnb, han orillado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares en la Ciudad de México.

El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos documentados por Animal Político en el presente año, a través de denuncias ciudadanas hechas a la prensa o presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Histórico, y en colonias como Juárez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Santa María la Ribera y en la San Rafael.

El 20 de agosto, Carlos Acuña, un inquilino del edificio Trevi, ubicado en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la CDMX, fue desalojado a pesar de que tenía un contrato vigente, dos amparos en trámite y una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.

De acuerdo con Acuña, el edificio en donde vivió por más de nueve años fue comprado a principios del 2018 por Banca Mifel para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking. Mifel actúa en representación de la empresa inmobiliaria que tiene como nombre comercial Público Trabajo.

El inmueble está en litigio entre los compradores y algunos vecinos que interpusieron un recurso legal porque no se les respetó el derecho de preferencia (conocido como el derecho al tanto), contemplado en la ley, el cual les hubiera dado la prioridad de comprar el espacio que durante años han arrendado.

Los inquilinos tienen hasta ahora nueve juicios abiertos en su contra. Se les acusa principalmente de no pagar el alquiler, aunque todos los pagos han sido realizados. “Quien me desalojó fue Banca Mifel con Público Coworking y empresas que no dan la cara. Rentas pagadas, contrato vigente, amparos para frenar juicios chuecos, este fue un ataque contra mí, por visibilizar el tema”, acusa Acuña. 

Animal Político buscó a Banca Mifel, quien informó sobre este inmueble que la institución funge únicamente como fiduciaria (administra el dinero o los bienes de otras personas) dentro de un fideicomiso, aunque no detalló quién o quiénes forman parte de él.

“Mifel no se hace responsable ni responde por los actos y acciones ejecutados por aquellas personas físicas o morales que realicen diversas acciones bajo el amparo del fideicomiso, de forma directa o indirecta ante cualquier autoridad relacionada con el proyecto inmobiliario precisado, ya que reiteramos son acciones realizadas en los términos del fideicomiso”, declaró a través de un documento enviado a este medio.

También se buscó a la empresa Público Trabajo, dedicada a desarrollar espacios de coworking, para saber si forma parte de este fideicomiso, sin embargo, dijo que no tienen voceros o área para atender la solicitud.

De los inquilinos que habitaban más de 30 departamentos del Edificio Trevi, dos bodegas y cinco locales comerciales, 13 decidieron emprender acciones legales, 11 mediante una denuncia colectiva y dos en procesos individuales contra los dueños anteriores del edificio. 

El inmueble de mediados del siglo pasado se construyó como vivienda social y en la parte baja se ubica el histórico Café Trevi, con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones. Lo que pase con él aún es incierto. 

Detectan irregularidades 

María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, señala que si bien no todos los desalojos son forzados o arbitrarios, en los últimos años se han detectado varias irregularidades en los desalojos en la capital del país, en donde la especulación inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesión jurídica de los inquilinos es aprovechada por terceros.

“Estamos ante juicios simulados y corrupción que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para supuestamente comprobar la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, frente a jueces y actuarios que no notifican, o que incluso pueden ser apócrifos, y funcionarios del Registro Público de la Propiedad coludidos”, dice a Animal Político.

La zona Centro de la ciudad es cada vez más cara e inalcanzable para comprar o rentar debido a la llamada gentrificación, proceso mediante el cual una zona de la ciudad, que tenía cierta población con ciertas características, cambia por una población de mayores ingresos, provocando un aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios, explica Emanuelli.

Sin embargo, al dejarse el desarrollo inmobiliario y comercial al libre mercado, sin una regulación, hay una afectación social: genera desplazados.

Los desalojos en Ciudad de México no solo dejan a personas sin vivienda, también rompen el tejido comunitario, su red de apoyo social y vecinal, los excluye a zonas más alejadas. “Es algo que nadie está mirando, qué pasa con ellos, a dónde se van”, cuestiona la representante de la Coalición Internacional para el Hábitat y quien asesora a varias personas que han intentado desalojar.

Datos obtenidos por la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, a través de una solicitud de acceso a la información, muestran que el número de desalojos se han incrementado.

En 2014, la fuerza pública participó en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de México; durante 2015 fueron 3 mil; en 2016, el número fue de 3 mil 200; mientras que, en 2017, se realizaron 3 mil 141 desalojos.

En 2018 el número creció a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza pública. Hasta febrero de este año, la fuerza policiaca de la ciudad había participado ya en 403 desalojos, según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Estos datos son de desalojos que tuvieron un permiso para hacer uso de la fuerza pública. No hay cifras oficiales de aquellos que se realizaron sin que interviniera una autoridad.

En varios casos, dice Emanuelli, se han detectado faltas al debido proceso y que las personas afectadas no son notificadas del desalojo conforme a la ley.

Te puede interesar: ‘No tenemos dónde ir, dónde quedarnos’, dicen testimonios del desalojo en la colonia Juárez

“Me quieren hacer la vida imposible”

Rufina Galindo sufre mobbing inmobiliario (acoso para obligar a inquilinos a abandonar su hogar mediante agresiones e intimidaciones). Vive en un departamento ubicado en un edificio del Centro Histórico, en la calle Zapata 68. De las 24 familias que vivían ahí, solo queda ella y su hija quien también rentaba, el resto de sus vecinos fueron desalojados, varios con violencia.

En 2004, murió la dueña del inmueble a quien ella pagaba renta, 14 años después apareció un supuesto heredero y propietario del edificio quien no ha podido comprobar legalmente que el edificio es de él, pero desalojó a los inquilinos, uno por uno.

Tras los desalojos, en febrero de este año el supuesto dueño del edificio llevó a más de 20 personas a habitar los departamentos, la mayoría, dice Rufina, jóvenes agresivos que controlan la entrada y salida.

Rufina, de 64 años, padece diabetes, un día se sintió muy mal y le pidió apoyo a una de las vecinas de la cuadra, pero los nuevos habitantes le prohibieron la entrada. Ella es costurera y ha perdido clientes porque tienen miedo de ir al inmueble; le han robado sus tanques de gas y hasta han golpeado a su nieto. La mujer lleva casi medio de año de padecer este acoso. 

El último desalojo ocurrió en noviembre de 2018. El supuesto dueño levantó una demanda por atraso de pago de rentas contra los inquilinos, sin embargo, usó los nombres de personas fallecidas que antes rentaban, que ya ni siquiera viven en el edificio o nombres falsos.

A Rufina intentaron desalojarla bajo el argumento de que no pagaba la renta, pero la demanda no era contra ella, llegó a nombre de Felipe López Fernández, su tío, el antiguo inquilino, pero el segundo apellido estaba mal, lo correcto era Hernández.

Cuando ella argumentó este error la acusaron de invadir el departamento. A seis familias que habitaban en el inmueble los desalojaron igual, a Rufina no la han podido sacar porque está amparada y actualmente en negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) quien también revisa la situación legal de la propiedad.

 “Me quieren hacer la vida imposible para que me salga”, dice. Ella se resiste porque defiende su derecho a la vivienda, pero todo sigue en un limbo legal.

Entérate: Diputados rectifican ley sobre desalojos en CDMX; redacción anterior beneficiaba a invasores, dicen

Así engañan a la gente

De acuerdo con la Procuraduría capitalina, hay cuatro modalidades que han detectado para apoderarse de predios y viviendas: grupos irrumpen de manera violenta con armas al domicilio y amenazan a los propietarios y los obligan a firmar documentos notariales en los que ceden la propiedad.

Personas simulan ser abogados del Instituto de Verificación Administrativa y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y muestran documentos falsos con órdenes de desalojo; prometen la inscripción a los programas de vivienda o reconstrucción del gobierno y se apoderan de casas, departamentos o terrenos

Otro modo es presentarse como nuevos dueños o apoderados legales, aseguran tener permisos para remodelar y rentar los espacios a empresas.

La mayoría de los afectados son adultos mayores sin familia y personas de escasos recursos con poca posibilidad de enfrentar un juicio legal.

En mayo, la Procuraduría capitalina informó que, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se investigan a notarias, abogados, líderes e inmobiliarias involucradas en estos delitos.

El derecho a la vivienda, amenazado

Para Carlos Escoffié, abogado que colabora con distintas organizaciones de derechos humanos, la gentrificación, la corrupción y las mafias inmobiliarias están amenazando el derecho a la vivienda de los habitantes de la capital.

El derecho a la vivienda, explica Escoffié, no se limita al derecho a poder aplicar a créditos del Infonavit, Fovissste o bancario y tener una vivienda propia. “Más que un asunto inmobiliario es un asunto de derechos humanos”.

El derecho a la vivienda también tiene que ver con las garantías que deben tener las personas que viven en casas o departamentos que no son de su propiedad, que rentan o son prestadas. Es tener garantías de permanencia, sin ser arbitrariamente expulsado. Tiene que ver con la tranquilidad de que se pueda llevar un proyecto de vida en el lugar en el que te estás instalando. Es el derecho a garantías jurídicas de políticas públicas y juicios que eviten la situación de calle, detalla el litigante.

De acuerdo con Escoffié, la especulación inmobiliaria está tomando el papel del Estado en la planeación urbana. Son ellos quienes deciden dónde, cómo y para quién construir o alquilar. Dictan las reglas del desarrollo de la ciudad.

En España, por ejemplo se han tomado medidas a favor del derecho a la vivienda como limitar la cantidad de departamentos de un edificio que puede ser utilizado por plataformas de alquiler para el turismo, fijaron topes en los precios de las rentas y los planes de desarrollo urbano determinan áreas mixtas, en donde se incluyan zonas residenciales, comerciales y de interés social.

Juicios de amparo contra cambios a artículo sobre desalojos

Apenas en junio, el Poder Judicial de la Federación admitió cinco amparos por los cambios realizados al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos que trata sobre los desalojos en la Ciudad de México.

En mayo surgió la polémica por el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, que señalaba que los desalojos forzosos o lanzamientos podrían llevarse a cabo solo en casos excepcionales; además ordenaba garantizar un adecuado realojamiento de las personas desalojadas.

La antigua redacción del artículo establecía que las autoridades tenían que garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Sin embargo, los diputados del Congreso de la Ciudad de México reformaron la legislación para que los desalojos se realicen con base en mandamientos judiciales, e incluyeron que las personas podrán solicitar su incorporación a programas de vivienda.

Para los colectivos vecinales, estas modificaciones realizadas por el Congreso capitalino constituyen una medida regresiva a la Constitución y a diversos tratados internacionales sobre el derecho humano a la vivienda.

Las demandas de amparo fueron interpuestas por mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores que fueron víctimas de desalojo.

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COVID: algunos habitantes de Shanghái están 'quedándose sin comida' en medio del estricto confinamiento

Residentes de la ciudad más grande de China dicen que están luchando para obtener suministros semanas después del inicio de la cuarentena.
8 de abril, 2022
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Residentes de Shanghái afirman que se están quedando sin alimentos en medio del mayor brote de COVID registrado hasta ahora en la ciudad china.

Los habitantes están confinados en sus hogares y se les prohíbe salir incluso por razones esenciales, como comprar comestibles.

Casi 20.000 casos nuevos se registraron este jueves en la ciudad más grande de China, casi un nuevo récord.

Las autoridades admiten que la ciudad enfrenta “dificultades”, pero dicen que están tratando de solucionarlo.

Pero el enojo público también está siendo azuzado por otras medidas drásticas, como separar a los niños de sus padres si dan positivo.

Los funcionarios de Shanghái respondieron permitiendo que los padres que también estaban infectados acompañaran a sus hijos a los centros de aislamiento.

Sin embargo, según un informe de la agencia Reuters, todavía hay quejas sobre niños separados de padres que no dieron positivo de covid.

Los lugareños hacen cola para hacerse la prueba de covid en una clínica en Shanghai.

Getty Images
Todos los locales deben hacerse la prueba de covid de forma regular, según dispuso la ciudad.

La ciudad comenzó el miércoles otra ronda de pruebas masivas obligatorias para identificar y aislar cada caso.

Los residentes de Shanghái que dan positivo no pueden aislarse en sus hogares, incluso si sus condiciones son leves o asintomáticas.

Tienen que ir a las instalaciones de cuarentena obligatoria que, según los críticos, están repletas y tienen condiciones deficientes.

¿Por qué hay escasez de alimentos?

Cuando ómicron apareció por primera vez en Shanghái hace un mes, la ciudad puso en cuarentena solo a determinados edificios o grupos de viviendas.

Ante la propagación del virus, las autoridades implementaron la semana pasada un cierre escalonado en el que la ciudad se dividió en dos y cada mitad tenía medidas separadas.

El cierre se extendió indefinidamente el lunes y ahora abarca toda la ciudad de 25 millones de habitantes.

Las reglas estrictas significan que la mayoría de la gente tiene que pedir comida y agua y esperar a que el gobierno entregue verduras, carne y huevos.

Pero la extensión del cierre abrumó los servicios de entrega, los sitios web de tiendas de comestibles e incluso la distribución estatal de suministros.

Un residente se sienta cerca del borde de la azotea de un edificio durante el cierre en Shanghái.

Getty Images
Los 25 millones de residentes de Shanghái están confinados en sus casas en una cuarentena prolongada.

Gran parte del personal de distribución y reparto también se encuentra en áreas cerradas, lo que lleva a una disminución general en la capacidad de entrega.

Los lugareños en algunas áreas de la ciudad dicen que están completamente aislados.

“Resuelvan el problema de la capacidad de entrega insuficiente lo antes posible”, escribió un usuario en la red social Weibo en respuesta al mensaje en video de las autoridades de la ciudad.

Otra persona escribió que era la “primera vez” en su vida que “pasaba hambre”.

Un trabajador con equipo de protección (izquierda) recibe un artículo de un repartidor en la entrada de un complejo de viviendas durante la segunda etapa del confinamiento pandémico en el distrito de Jing'an en Shanghái.

Getty Images
Trabajadores de los edificios tienen que recibir pedidos de entrega para los residentes.

Los residentes también expresaron otras preocupaciones sobre el aumento de precios y sobre cómo sobreviven los residentes mayores o menos expertos en tecnología.

Los funcionarios de la ciudad reconocieron las dificultades alimentarias el miércoles y dijeron que Shanghái tenía suficientes suministros de arroz, fideos, granos, aceite y carne, pero hubo retrasos en su distribución.

“Es cierto que existen algunas dificultades para garantizar el suministro de las necesidades diarias”, dijo Liu Min, subdirector de la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái.

El vicealcalde de Shanghái, Chen Tong, agregó este jueves que la ciudad intentaría reabrir algunos mercados mayoristas y tiendas de alimentos, y permitiría que más personal de entrega saliera de las áreas cerradas.

“Hemos estado celebrando reuniones durante la noche para tratar de encontrar soluciones”, dijo Chen.

Trabajadores transportan suministros a un almacén temporal en un campo de fútbol en Shanghái el 5 de abril de 2022.

Getty Images

China es una de las últimas naciones que quedan comprometidas con la erradicación de covid, en contraste con la mayor parte del mundo que está tratando de convivir con el virus.

El país desplegó con éxito cierres completos anteriormente, soportados por millones de personas en ciudades como Xi’an y Wuhan, pero Shanghái es su ciudad más grande y la propagación de casos esta vez es mucho mayor que en brotes anteriores.

Como una de las potencias económicas de China, el cierre de Shanghái también está alimentando las preocupaciones sobre el impacto en el país y en la economía mundial.


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