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El maíz indígena: ¿de quién son los derechos sobre la planta “milagrosa” de México?

El maíz que fija por sí solo el nitrógeno es un descubrimiento que ha fascinado a científicos. Sin embargo, los campesinos de la comunidad que lo cultiva en Oaxaca aún no tienen sus derechos asegurados sobre la planta ni están completamente informados.
Cuartoscuro
Por Martha Pskowski
10 de agosto, 2019
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Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente por Yale E360 y el Food and Environment Reporting Network. La versión original en inglés se puede leer aquí.

Un estudio reciente demuestra que una planta de maíz fijadora de nitrógeno que se cultivó en una región indígena de México tiene la capacidad de fertilizarse a sí misma. Una empresa global y varios científicos estadounidenses ya trabajan para replicar esta cualidad en otras variedades de maíz, pero entonces, ¿las poblaciones de donde provino el maíz tendrán alguna participación en las ganancias? 

En 1979, durante una visita a Totontepec, una pequeña población de Oaxaca, México, el naturalista Thomas Boone Hallberg quedó maravillado ante el maíz local. Las plantas crecían hasta casi 6 metros en una tierra deficiente de nutrientes, aún cuando los agricultores locales no utilizaban ningún fertilizante.

El maíz tenía raíces aéreas que producían un gel de tipo mucoso unos meses después de plantar. Parecía imposible, pero Hallberg se preguntó si el maíz estaría fijando su propio nitrógeno: extrayéndolo del aire y de alguna manera haciéndolo utilizable para la planta. Había visitado un sinnúmero de poblaciones desde que se mudó a Oaxaca en los cincuentas, pero nunca olvidaría lo que vio en Totontepec. 

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En 1992, Hallberg regresó con un grupo de científicos mexicanos. El maíz, conocido como Olotón, estaba casi listo para ser cosechado y sus raíces aéreas relucían de gel. Ronald Ferrera-Cerrato, un microbiólogo, llevó muestras a su laboratorio en las afueras de la Ciudad de México para realizar pruebas a las bacterias en el gel. Sus resultados preliminares, mismos que fueron publicados en un informe de 1996, mostraron que el maíz tenían bacterias fijadores de nitrógeno en las raíces aéreas, pero no comprobó definitivamente si la planta recibía nitrógeno de esta forma.

En ese momento, científicos de todo el mundo se hacían preguntas parecidas. En un artículo de 1996 publicado en Plant and Soil, el microbiólogo Eric Triplett, quien en ese momento trabajaba en la Universidad de Wisconsin, describió la posibilidad de que las plantas de maíz fijaran nitrógeno como el “santo grial”, debido a su potencial de reducir la demanda de fertilizantes. 

Pasaron más de dos décadas antes de que las sospechas sobre el maíz de Totontepec se confirmaran en una revista colaborativa. En agosto pasado, investigadores de la Universidad de California, Davis, la Universidad de Wisconsin y Mars Inc —el conglomerado global de alimentos y golosinas— publicaron los resultados de un estudio de 10 años en PLOS Biology, describiendo cómo las bacterias que se desarrollan en el ambiente bajo en oxígeno de la mucosa del maíz, obtienen nitrógeno del aire y lo suministran a la planta. 

Los medios aplaudieron los hallazgos. “La planta milagrosa”, proclamó The Atlantic. El Smithsonian declaró:“El maíz del futuro.” 

Los científicos proporcionaron escasos detalles acerca de dónde provenía el maíz, o sobre las circunstancias de lo que la UC Davis llamó el “descubrimiento extraordinario” de los investigadores, afirmando únicamente que el maíz provenía de una población remota en Oaxaca. Una compañía subsidiaria de Mars llamada BioN2 había firmado un convenio con una población para participar de las ganancias económicas de la comercialización del maíz. Esa población resultó ser Totontepec, una comunidad indígena Mixe en las montañas del este de Oaxaca. 

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Probablemente los científicos tardarían años determinando si es posible una aplicación comercial del maíz. Pero si logran reproducir exitosamente dicha característica en el maíz comercial, los agricultores podrían reducir sustancialmente su uso de fertilizante sintético. Sólo en los Estados Unidos, los agricultores gastan más de $3 mil millones al año en fertilizante para maíz. El fertilizante de nitrógeno es también una de las principales causas de contaminación del agua, zonas muertas en ríos y lagos, así como una fuente importante de gases de efecto invernadero. 

Los investigadores de la UC Davis/Mars recibieron un certificado de cumplimiento con el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional cuyo objetivo consiste en compensar a las comunidades indígenas por sus recursos biológicos y conocimiento tradicional. Aún así, la situación en torno al maíz de Totontepec posa preguntas complejas acerca de cómo las comunidades indígenas se benefician de manera justa cuando los científicos investigadores y las empresas multinacionales comercializan los cultivos y las plantas locales. Si el maíz de Totontepec resulta ser un milagro, un cultivo que se fertiliza a sí mismo, cuyas características genéticas pueden replicarse en todo el mundo, ¿la gente de la comunidad Mixe tendrá una participación importante a largo plazo en las ganancias, que potencialmente ascendería a millones de dólares? ¿Cómo asegura Nagoya que los derechos e intereses de las pequeñas comunidades indígenas están salvaguardados cuando sus líderes negocian tratos complejos con abogados y ejecutivos internacionales? Y no menos importante: cuando una planta valiosa es hallada a lo largo de una región, ¿es justo que una sola población, tal como Totontepec obtenga beneficios económicos de su maíz, mientras las comunidades vecinas con maíz idéntico o similar no reciben nada?

Alejandro Ruiz García, un agrónomo de Guelatao, Oaxaca que acompañó a Hallberg a Totontepec en 1992, piensa que otras comunidades que cultivan Olotón también deberían tener voz en la comercialización futura del maíz y recibir beneficios económicos. “Esto es parte de nuestra herencia cultural y agrícola”, afirmó. “El debate apenas comienza”.

Cultivo de maíz

Foto: Cuartoscuro

Efectivamente, el maíz de Totontepec es un recordatorio de que las políticas que pretenden salvaguardar los recursos genéticos de las comunidades indígenas, en México y en todo el mundo, se encuentran aún en progreso. Algunos aspectos positivos han surgido, pero los acuerdos justos a largo plazo son raros. 

La biopiratería se define como la explotación de conocimiento indígena y recursos biológicos sin permiso. La práctica se remota a varios siglos. Las empresas internacionales han explotado la riqueza botánica del Amazonas, por ejemplo, durante más de un siglo, desde la expropiación de las semillas de las plantas brasileñas de caucho en la década de 1870, hasta la controversia actual sobre la patente internacional de la fruta Copoazú de la Amazonia. Aún antes del Protocolo de Nagoya, países como Costa Rica tomaron medidas para regular la bioprospección. Algunas comunidades indígenas han adoptado un enfoque proactivo en la negociación de acuerdos, en lugar de confiar en los gobiernos nacionales. En Panamá, el pueblo guna decidió que su Congreso General, que representa a docenas de comunidades, debería aprobar cualquier proyecto de investigación, comercial o de otra índole. 

Desde que Nagoya entró en vigor, algunos científicos han planteado su preocupación acerca de que los países han impuesto requisitos onerosos a los investigadores, desalentando la investigación científica. Pero a las comunidades indígenas y a sus defensores les preocupa que la explotación continúe. Debido a que los detalles del acuerdo negociado entre la comunidad de Totontopec y la UC Davis/Mars siguen siendo confidenciales en su mayoría, varios periodistas, científicos y defensores de los agricultores en México se han pronunciado en contra del trato, e incluso algunos de ellos han acusado a la parte estadounidenses de biopiratería. 

Pero Alan Bennett, un profesor de ciencias de las plantas en la UC Davis y líder del proyecto de investigación del maíz, desestima esa opinión, afirmando que su equipo trabajó de buena fe, solicitó la participación de la comunidad de Totontopec y siguió los lineamientos del Protocolo de Nagoya. “Realmente creamos algo de lo que estaría orgulloso”, dijo Bennett en una entrevista, en tanto que reconocía que no había visto la versión final del acuerdo. 

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Una vocera de Mars agregó: “Hemos trabajado mano a mano con la comunidad mexicana en esta investigación”. Mars afirmó que compartió información en asambleas comunitarias y realizó consultas con el gobierno federal mexicano. Y Howard-Yana Shapiro, el director agrícola en jefe de Mars, afirmó en una entrevista que la decisión de trabajar únicamente con una comunidad fue tomada “a instancia del gobierno ”, pues se consideró la forma más eficaz de cumplir con Nagoya. 

Una versión preliminar del acuerdo de acceso y participación de ganancias, que fue visto por Yale Environment 360 y Food & Environment Reporting Network, afirma que la UC Davis posee los derechos de las patentes y los ingresos netos recibidos por regalías de las patentes se repartiríanpor partes iguales con la comunidad de Totontepec. Bennett afirmó que los líderes en la comunidad solicitaron que el acuerdo permaneciera confidencial, pero confirmó que Mars ya ha pagado $100,000 (2 millones de pesos) a Totontepec como parte del acuerdo. 

El gobierno mexicano no ha tenido un rol activo para asegurar que los derechos de la comunidad de Totontepec sean salvaguardados. En 2015, cuando México emitió un Certificado de Cumplimiento en favor de BioN2, el gobierno federal no tenía un proceso estandarizado para manejar solicitudes de empresas y universidades para tener acceso a los recursos biológicos de las comunidades indígenas. Bennett dijo que tanto los investigadores como el gobierno federal estaban aprendiendo sobre la marcha. El gobierno mexicano adoptó un “proceso transicional” en 2017. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, a cargo de la implementación de Nagoya, y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) rechazaron diversas solicitudes de entrevistas. 

El presidente municipal actual de Totontepec, Luis Adolfo Alcántara Nuñez, afirma que no conoce los detalles del acuerdo final y que los cuatro comisarios agrícolas de la comunidad son las únicas personas autorizadas para comentar al respecto. Yale e360 no pudo entrevistar a los comisarios, pues no se encontraban en sesión durante una visita a la comunidad y desde entonces, no han estado disponibles vía telefónica.

Venta de maíz

Venta de maíz. Foto: Cuartoscuro

Totontepec es un pequeño poblado en las montañas neblinosas de Oaxaca, en el sur de México. Es un viaje de 4 horas en coche, lleno de curvas pronunciadas y vistas panorámicas, desde la ciudad capital de Oaxaca. Totontepec mira desde arriba la montaña Zempoaltepetl, uno de los puntos más altos en el estado y un sitio sagrado para el pueblo Mixe, conformados por 119,000 personas, aproximadamente. 

Es una comunidad agrícola indígena, y su tierra es de propiedad comunal. Muchos residentes son agricultores de subsistencia que dependen de las tres cosechas de la milpa, los cimientos de la agricultura indígena en Mesoamérica: maíz, calabaza y frijoles. El Olotón es una de las 59 razas de maíz en México. Los agricultores indígenas domesticaron cultivos autóctonos durante milenios, seleccionando y guardando semillas cuidadosamente durante generaciones para satisfacer sus necesidades climáticas y culinarias específicas.

Juan Arelí Bernal Alcántara creció en una familia de agricultores en Totontepec. Recuerda que los niños del pueblo seguían a sus padres a los sembradíos y que jugaban con el extraño moco que se forma en las raíces aéreas del maíz, e incluso se lo comían. Luego de estudiar agronomía en Chapingo, Bernal se convirtió en el agrónomo no oficial de Totontepec. Bernal fue el anfitrión de Thomas Boone Hallberg y un grupo de científicos cuando fueron a la población en 1992. “La idea fue que más científicos vieran nuestro maíz e incentivar la investigación”, detalla Bernal. 

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Ronald Ferrera-Cerrato, uno de los científicos que realizó el viaje en 1992, es un microbiólogo en el Colegio de Postgraduados de Montecillo, cuyo campus se localiza en Texcoco. Realizó pruebas al gel que llevó consigo, hallando evidencia de bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero luego de una publicación de 1995, no siguió con la investigación debido a la falta de fondos para los complejos análisis que probarían la fijación de nitrógeno. 

Más de 20 años después, Jean-Michel Ané, un microbiólogo de la Universidad de Wisconsin retomó donde Ferrera-Cerrato había dejado, a pesar de que ambos hombres nunca habían escuchado hablar el uno del otro. Ané dice que conoció a Shapiro y a Alan Bennett en 2009. La metagenómica, el estudio del material genético recuperado de muestras ambientales, ofreció nuevas posibilidades para comprender la fijación de nitrógeno. Shapiro y Bennett invitaron a Ané a estudiar la variedad de maíz de Oaxaca que sospechaban fijaba nitrógeno. Intrigado, Ané accedió. 

Bennett ya había comenzado a recolectar muestras de maíz en 2006 en Totontepec conforme a un simple acuerdo de transferencia de material con la comunidad. Afirma que él y Mars fueron siempre transparentes, presentando actualizaciones en las asambleas agrícolas de la comunidad y tomando en cuenta los votos. Los residentes de Totontepec confirmaron que los investigadores asistían a asambleas con asiduidad.

Azarel Rivera Bernal creció en Totontepec y actualmente reside en la Ciudad de Oaxaca. Pero participa en el gobierno local y asistió a asambleas donde los científicos hablaron. Aún así, le sorprendió ver el certificado de cumplimiento del Protocolo de Nagoya por primera vez y se preguntó lo que significaría realmente para su comunidad. “Mi miedo es que privaticen nuestras semillas y que ya no podamos plantarlas”, afirmó. 

Los investigadores de la UC Davis/Mars exportaron muestras de maíz de México durante al menos nueve años antes de recibir un permiso por parte del gobierno mexicano en 2015. Bennett dijo que la parte estadounidense no creía que fuera necesario consultarlo con el gobierno federal, ya que las comunidades indígenas son autónomas conforme a la Constitución mexicana. 

Shapiro afirma que podría tomar más de una década para que Mars u otra empresa reproduzcan la característica de fijación del nitrógeno en una variedad comercial de maíz, si esto es acaso posible. Bennett señala que la investigación continúa en la UC Davis con objeto de entender aún mejor la bacteria que fija el nitrógeno en el gel del maíz y aislarla.

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Foto: Cuartoscuro

Personas familiarizadas con el caso Totontepec afirman que resalta algunas limitaciones importantes del Protocolo de Nagoya, que entró en vigor en 2014. (Aunque Estados Unidos no es signatario, las empresas estadounidenses deben apegarse a sus principios si operan de forma global.) Una de ellas es que Nagoya permite acuerdos confidenciales, a pesar de que la transparencia es uno de los objetivos principales del protocolo. Para las empresas y universidades, la confidencialidad es fundamental para evitar que sus investigaciones sean copiadas.

Pero para las comunidades y sus defensores, puede evitar que observadores externos evalúen lo justo de los acuerdos entre las comunidades y los conglomerados multinacionales. Las noticias acerca del acuerdo respecto del maíz apenas comenzaron a difundirse en Oaxaca cuando Animal Político publicó una historia en noviembre, años después de que el acuerdo hubiera sido suscrito. Algunos países, como Perú y Sudáfrica, han tomado acciones hacia una mayor transparencia, afirmando que cuando una empresa solicita un permiso, el nombre de las especies a que se tiene acceso, así como el solicitante, deben hacerse públicos.

Los investigadores han documentado que el maíz fijador de nitrógeno se cultiva en otras partes de Oaxaca e incluso en Guatemala.

Defensores de las comunidades indígenas afirman que es importante que tengan acceso a terceros mediadores para asegurar que están completamente informados y que sus derechos son salvaguardados. “En cualquier negociación en la que hay partes que poseen recursos muy distintos y un acceso desigual a la información, es útil contar con partes independientes que puedan ofrecer apoyo o mediación”, afirma Maria Julia Oliva, de la organización sin fines de lucro, Unión para el BioComercio Ético.

Un punto importante en el caso Totontepec es la decisión de los investigadores de Mars Inc. y UC Davis de no consultar o compensar a otras comunidades que cultivan Olotón. Ané y otros investigadores han documentado que el maíz fijador de nitrógeno es cultivado en otras partes de Oaxaca e incluso en Guatemala. Shapiro se refirió a Totontepec como el “protagonista” de la región y afirmó que la comunidad ha “compartido su material con otras comunidades” desde hace mucho, a pesar de no haber investigación alguna que indique que el Olotón que produce raíces aéreas sea originario de Totontepec. 

El que únicamente Totontepec reciba una compensación por la comercialización de un cultivo que es un recurso natural regional, afecta a otras comunidades y algunos observadores externos lo considerarían injusto. Una vez que Ané se dio cuenta de que el maíz fijador de nitrógeno no era exclusivo de Totontepec, dice haber tenido sentimientos encontrados acerca de la investigación. Cuando su contrato con Mars se dio por terminado a finales de 2017, no lo renovó. Cree que el maíz debería continuar siendo de dominio público y ponerse a disposición de agricultores a pequeña escala de todo el mundo. 

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Otros países han hallado maneras de compensar a múltiples comunidades por un recurso geográficamente disperso. La planta Hoodia, utilizada en supresores del apetito, crece en el Desierto Kalahari y ha sido utilizada tradicionalmente por los bosquimanos de Sudáfrica, Botswana y Namibia. Luego de haber sido excluidos en un inicio de los beneficios derivados de las medicinas bosquimanas patentadas, los bosquimanos y aliados en las comunidades sin fines de lucro negociaron un acuerdo en los años 2000, para crear el Fondo Fiduciario de Participación en los Beneficios San Hoodia, el cual podría finalmente significar beneficios económicos para el pueblo San. Los San también decidieron que los beneficios debían ser colectivos, en lugar de exclusivos de comunidades individuales, puesto que Hoodia no es “propiedad” de una sola comunidad. 

Laurent Gaberell de la organización suiza sin fines de lucro Public Eye afirma que el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, un acuerdo simultáneo a Nagoya, pretende regular el acceso a los cultivos básicos que se difunde entre diversas comunidades. El tratado reconoce que estos recursos no son propiedad de una sola comunidad y que los beneficios deben ser compartidos. El maíz es uno de los cultivos cubiertos por el tratado FAO, pero México no lo ha ratificado. México no tiene un procedimiento legal que regule cómo consultar y compensar a las comunidades, y a falta de legislación nacional, las empresas tienen una libertad significativa.

“Es un fracaso por parte de Nagoya y es un fracaso por parte del gobierno mexicano”, afirma Jack Kloppenburg, un experto en semillas de la Universidad de Wisconsin. “Si a ambas partes se les permite operar de esta manera, todo el ejercicio carece de sentido… Nagoya está legitimando la biopiratería”.

La administración del nuevo presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado en favor de los derechos de los agricultores a pequeña escala y de los indígenas. Víctor Suárez, líder desde hace años de diversas organizaciones de agricultores en México, es ahora subsecretario de la recién inaugurada oficina para la Autosuficiencia Alimentaria. “En este nuevo gobierno, no permitiremos que continúen políticas que privatizan los recursos genéticos de nuestra población, especialmente los recursos colectivos de las comunidades indígenas”, señaló en una entrevista. 

Mientras tanto, conforme los investigadores estadounidenses continúan con la ardua tarea de intentar transferir las características genéticas de fijación de nitrógeno a las variedades comerciales de maíz, los agricultores de Oaxaca continuarán plantando su maíz milagroso como lo han hecho durante miles de años.

Este artículo fue elaborado en colaboración con la Food & Environment Reporting Network, una organización de periodismo de investigación sin fines de lucro.

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El conmovedor reencuentro entre un niño robado y la familia que llevaba buscándolo casi 40 años

Javier Matías Darroux Mijalchuk se convirtió en el "nieto 130", el más reciente caso de un argentino al que las Abuelas de Plaza de Mayo ayudaron a descubrir su identidad.
14 de junio, 2019
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Durante casi 40 años, Roberto Mijalchuk dejó activa una línea de teléfono, con la esperanza de que algún día sonara el aparato y pudiera reencontrarse con su hermana desaparecida.

Pero cuando sonó, no fue su hermana la que apareció, sino su sobrino, que en el momento de la desaparición estaba con su madre y entonces tan solo tenía pocos meses de vida.

“Gracias, tío, por no dejar de buscarnos”, manifestó Javier Matías Darroux Mijalchuk esta semana ante la prensa, tras descubrir que es hijo de desaparecidos durante el último régimen militar en Argentina, entre 1976 y 1983.

Darroux Mijalchuk, de 41 años, fue presentado esta semana como “el nieto 130”, el más reciente argentino al que las Abuelas de Plaza de Mayo ayudaron a descubrir su identidad.

El joven protagonizó un emotivo reencuentro público con su tío en una multitudinaria presentación, con el objetivo de llegar a conocer más detalles de su pasado y animar a otros a dar un paso al frente, “juntar coraje” y descubrir la verdad.

“Muchos en situación similar”

Javier Matías Darroux Mijalchuk siempre supo que los padres que le criaron no eran su familia biológica, pero no se interesó por su pasado hasta hace unos años.

“Para mí, desde un convencimiento muy interno, tenía la certeza de que mis padres podrían haber sido desaparecidos por la dictadura militar, pero yo estaba bien con quien era y no me interesaba en una búsqueda con resultado incierto que desgastaría mis energías vanamente”, recordó en la comparecencia pública celebrada en la sede de Abuelas en Buenos Aires.

Pero algo cambió en 2006. Fue entonces “cuando entendí el egoísmo de mi postura”, dijo.

“Si no era importante para mí —o eso creía—, tenía que ser consciente de que en el otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela”.

Javier Darroux Mijalchuk da un beso a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Getty Images
El argentino de 41 años agradeció a Abuelas de Plaza de Mayo su ayuda. En esta fotografía, Javier Matías Darroux Mijalchuk besa en la frente a la presidenta de la organización, Estela De Carlotto.

Animado por su pareja y dos amigos, Javier se acercó a la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, que lleva más de cuatro décadas buscando a desaparecidos y sus hijos.

Ello activó el proceso para poder encontrar sus raíces y descubrir que era hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, desaparecidos en diciembre de 1977.

“Creo que hay muchos a quienes les pasa una sensación similar, así que los invito a juntar coraje y a acercarse” a Abuelas, instó.

La organización, presidida por Estela De Carlotto, estima que cerca de 500 bebés fueron robados por el gobierno militar, y calcula que el régimen hizo desaparecer a cerca de 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales.

La búsqueda y las dudas

Según explica Abuelas en su página web, los “secuestros” de la familia del “nieto 130” empezaron con su padre, Juan Manuel Mijalchuk, quien trabajaba en tareas administrativas en la Universidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, y desapareció a principios de diciembre de 1977.

La última vez que un familiar lo vio fue discutiendo “acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada”.

Tras ello, su mujer, Elena, quien por entonces estaba embarazada por segunda vez, recibió una carta firmada por su marido en la que le indicó un lugar y una fecha para encontrarse. Sus padres le llevaron a ese enclave, junto a su bebé de pocos meses, y esa fue la última vez que los vieron.

Javier Matías fue encontrado abandonado en una calle que se encontraba a tres calles de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionaba el mayor centro clandestino de detención del régimen militar, que apresó allí a cerca de 5.000 personas secuestradas, recoge la Agencia Efe.

Lo dieron en adopción legal a una familia que lo crió bien, que nunca le ocultó que era adoptado pero que no sabía su procedencia real, según esa misma fuente.

Javier Matías, su tío Roberto y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, exponen fotografías de los progenitores del "nieto 130".

Reuters
Javier Matías, su tío Roberto y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, exponen fotografías de los progenitores del “nieto 130”.

Desde entonces, el hermano de su madre, su tío Roberto, “nunca bajó los brazos ni perdió la esperanza”, destacó Javier Matías ante los medios.

El joven agradeció en numerosas ocasiones la persistencia de su tío, quien denunció a finales de los 90 la desaparición de su hermana, su cuñado y su sobrino, y acabó recibiendo la famosa llamada de Javier Matías hace unos años.

No obstante, el “nieto 130” matizó que la “alegría siempre es parcial”. El hecho de encontrarme implica que él nunca va a volver a ver a su hermana”, explicó.

Y es que las dudas persisten sobre el paradero de sus progenitores y qué ocurrió con el embarazo de su madre, una de las razones por las que Javier decidió contar su historia ahora e intentar conseguir así mayor información, según recogen los medios argentinos.

“La convicción de lucha y búsqueda no termina”, señaló.

“Yo necesito saber la verdad de qué sucedió con ellos. Y necesito saber si tengo un hermano o una hermana”.


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