El maíz indígena: ¿de quién son los derechos sobre la planta “milagrosa” de México?
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El maíz indígena: ¿de quién son los derechos sobre la planta “milagrosa” de México?

El maíz que fija por sí solo el nitrógeno es un descubrimiento que ha fascinado a científicos. Sin embargo, los campesinos de la comunidad que lo cultiva en Oaxaca aún no tienen sus derechos asegurados sobre la planta ni están completamente informados.
Cuartoscuro
Por Martha Pskowski
10 de agosto, 2019
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Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente por Yale E360 y el Food and Environment Reporting Network. La versión original en inglés se puede leer aquí.

Un estudio reciente demuestra que una planta de maíz fijadora de nitrógeno que se cultivó en una región indígena de México tiene la capacidad de fertilizarse a sí misma. Una empresa global y varios científicos estadounidenses ya trabajan para replicar esta cualidad en otras variedades de maíz, pero entonces, ¿las poblaciones de donde provino el maíz tendrán alguna participación en las ganancias? 

En 1979, durante una visita a Totontepec, una pequeña población de Oaxaca, México, el naturalista Thomas Boone Hallberg quedó maravillado ante el maíz local. Las plantas crecían hasta casi 6 metros en una tierra deficiente de nutrientes, aún cuando los agricultores locales no utilizaban ningún fertilizante.

El maíz tenía raíces aéreas que producían un gel de tipo mucoso unos meses después de plantar. Parecía imposible, pero Hallberg se preguntó si el maíz estaría fijando su propio nitrógeno: extrayéndolo del aire y de alguna manera haciéndolo utilizable para la planta. Había visitado un sinnúmero de poblaciones desde que se mudó a Oaxaca en los cincuentas, pero nunca olvidaría lo que vio en Totontepec. 

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En 1992, Hallberg regresó con un grupo de científicos mexicanos. El maíz, conocido como Olotón, estaba casi listo para ser cosechado y sus raíces aéreas relucían de gel. Ronald Ferrera-Cerrato, un microbiólogo, llevó muestras a su laboratorio en las afueras de la Ciudad de México para realizar pruebas a las bacterias en el gel. Sus resultados preliminares, mismos que fueron publicados en un informe de 1996, mostraron que el maíz tenían bacterias fijadores de nitrógeno en las raíces aéreas, pero no comprobó definitivamente si la planta recibía nitrógeno de esta forma.

En ese momento, científicos de todo el mundo se hacían preguntas parecidas. En un artículo de 1996 publicado en Plant and Soil, el microbiólogo Eric Triplett, quien en ese momento trabajaba en la Universidad de Wisconsin, describió la posibilidad de que las plantas de maíz fijaran nitrógeno como el “santo grial”, debido a su potencial de reducir la demanda de fertilizantes. 

Pasaron más de dos décadas antes de que las sospechas sobre el maíz de Totontepec se confirmaran en una revista colaborativa. En agosto pasado, investigadores de la Universidad de California, Davis, la Universidad de Wisconsin y Mars Inc —el conglomerado global de alimentos y golosinas— publicaron los resultados de un estudio de 10 años en PLOS Biology, describiendo cómo las bacterias que se desarrollan en el ambiente bajo en oxígeno de la mucosa del maíz, obtienen nitrógeno del aire y lo suministran a la planta. 

Los medios aplaudieron los hallazgos. “La planta milagrosa”, proclamó The Atlantic. El Smithsonian declaró:“El maíz del futuro.” 

Los científicos proporcionaron escasos detalles acerca de dónde provenía el maíz, o sobre las circunstancias de lo que la UC Davis llamó el “descubrimiento extraordinario” de los investigadores, afirmando únicamente que el maíz provenía de una población remota en Oaxaca. Una compañía subsidiaria de Mars llamada BioN2 había firmado un convenio con una población para participar de las ganancias económicas de la comercialización del maíz. Esa población resultó ser Totontepec, una comunidad indígena Mixe en las montañas del este de Oaxaca. 

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Probablemente los científicos tardarían años determinando si es posible una aplicación comercial del maíz. Pero si logran reproducir exitosamente dicha característica en el maíz comercial, los agricultores podrían reducir sustancialmente su uso de fertilizante sintético. Sólo en los Estados Unidos, los agricultores gastan más de $3 mil millones al año en fertilizante para maíz. El fertilizante de nitrógeno es también una de las principales causas de contaminación del agua, zonas muertas en ríos y lagos, así como una fuente importante de gases de efecto invernadero. 

Los investigadores de la UC Davis/Mars recibieron un certificado de cumplimiento con el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional cuyo objetivo consiste en compensar a las comunidades indígenas por sus recursos biológicos y conocimiento tradicional. Aún así, la situación en torno al maíz de Totontepec posa preguntas complejas acerca de cómo las comunidades indígenas se benefician de manera justa cuando los científicos investigadores y las empresas multinacionales comercializan los cultivos y las plantas locales. Si el maíz de Totontepec resulta ser un milagro, un cultivo que se fertiliza a sí mismo, cuyas características genéticas pueden replicarse en todo el mundo, ¿la gente de la comunidad Mixe tendrá una participación importante a largo plazo en las ganancias, que potencialmente ascendería a millones de dólares? ¿Cómo asegura Nagoya que los derechos e intereses de las pequeñas comunidades indígenas están salvaguardados cuando sus líderes negocian tratos complejos con abogados y ejecutivos internacionales? Y no menos importante: cuando una planta valiosa es hallada a lo largo de una región, ¿es justo que una sola población, tal como Totontepec obtenga beneficios económicos de su maíz, mientras las comunidades vecinas con maíz idéntico o similar no reciben nada?

Alejandro Ruiz García, un agrónomo de Guelatao, Oaxaca que acompañó a Hallberg a Totontepec en 1992, piensa que otras comunidades que cultivan Olotón también deberían tener voz en la comercialización futura del maíz y recibir beneficios económicos. “Esto es parte de nuestra herencia cultural y agrícola”, afirmó. “El debate apenas comienza”.

Cultivo de maíz

Foto: Cuartoscuro

Efectivamente, el maíz de Totontepec es un recordatorio de que las políticas que pretenden salvaguardar los recursos genéticos de las comunidades indígenas, en México y en todo el mundo, se encuentran aún en progreso. Algunos aspectos positivos han surgido, pero los acuerdos justos a largo plazo son raros. 

La biopiratería se define como la explotación de conocimiento indígena y recursos biológicos sin permiso. La práctica se remota a varios siglos. Las empresas internacionales han explotado la riqueza botánica del Amazonas, por ejemplo, durante más de un siglo, desde la expropiación de las semillas de las plantas brasileñas de caucho en la década de 1870, hasta la controversia actual sobre la patente internacional de la fruta Copoazú de la Amazonia. Aún antes del Protocolo de Nagoya, países como Costa Rica tomaron medidas para regular la bioprospección. Algunas comunidades indígenas han adoptado un enfoque proactivo en la negociación de acuerdos, en lugar de confiar en los gobiernos nacionales. En Panamá, el pueblo guna decidió que su Congreso General, que representa a docenas de comunidades, debería aprobar cualquier proyecto de investigación, comercial o de otra índole. 

Desde que Nagoya entró en vigor, algunos científicos han planteado su preocupación acerca de que los países han impuesto requisitos onerosos a los investigadores, desalentando la investigación científica. Pero a las comunidades indígenas y a sus defensores les preocupa que la explotación continúe. Debido a que los detalles del acuerdo negociado entre la comunidad de Totontopec y la UC Davis/Mars siguen siendo confidenciales en su mayoría, varios periodistas, científicos y defensores de los agricultores en México se han pronunciado en contra del trato, e incluso algunos de ellos han acusado a la parte estadounidenses de biopiratería. 

Pero Alan Bennett, un profesor de ciencias de las plantas en la UC Davis y líder del proyecto de investigación del maíz, desestima esa opinión, afirmando que su equipo trabajó de buena fe, solicitó la participación de la comunidad de Totontopec y siguió los lineamientos del Protocolo de Nagoya. “Realmente creamos algo de lo que estaría orgulloso”, dijo Bennett en una entrevista, en tanto que reconocía que no había visto la versión final del acuerdo. 

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Una vocera de Mars agregó: “Hemos trabajado mano a mano con la comunidad mexicana en esta investigación”. Mars afirmó que compartió información en asambleas comunitarias y realizó consultas con el gobierno federal mexicano. Y Howard-Yana Shapiro, el director agrícola en jefe de Mars, afirmó en una entrevista que la decisión de trabajar únicamente con una comunidad fue tomada “a instancia del gobierno ”, pues se consideró la forma más eficaz de cumplir con Nagoya. 

Una versión preliminar del acuerdo de acceso y participación de ganancias, que fue visto por Yale Environment 360 y Food & Environment Reporting Network, afirma que la UC Davis posee los derechos de las patentes y los ingresos netos recibidos por regalías de las patentes se repartiríanpor partes iguales con la comunidad de Totontepec. Bennett afirmó que los líderes en la comunidad solicitaron que el acuerdo permaneciera confidencial, pero confirmó que Mars ya ha pagado $100,000 (2 millones de pesos) a Totontepec como parte del acuerdo. 

El gobierno mexicano no ha tenido un rol activo para asegurar que los derechos de la comunidad de Totontepec sean salvaguardados. En 2015, cuando México emitió un Certificado de Cumplimiento en favor de BioN2, el gobierno federal no tenía un proceso estandarizado para manejar solicitudes de empresas y universidades para tener acceso a los recursos biológicos de las comunidades indígenas. Bennett dijo que tanto los investigadores como el gobierno federal estaban aprendiendo sobre la marcha. El gobierno mexicano adoptó un “proceso transicional” en 2017. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, a cargo de la implementación de Nagoya, y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) rechazaron diversas solicitudes de entrevistas. 

El presidente municipal actual de Totontepec, Luis Adolfo Alcántara Nuñez, afirma que no conoce los detalles del acuerdo final y que los cuatro comisarios agrícolas de la comunidad son las únicas personas autorizadas para comentar al respecto. Yale e360 no pudo entrevistar a los comisarios, pues no se encontraban en sesión durante una visita a la comunidad y desde entonces, no han estado disponibles vía telefónica.

Venta de maíz

Venta de maíz. Foto: Cuartoscuro

Totontepec es un pequeño poblado en las montañas neblinosas de Oaxaca, en el sur de México. Es un viaje de 4 horas en coche, lleno de curvas pronunciadas y vistas panorámicas, desde la ciudad capital de Oaxaca. Totontepec mira desde arriba la montaña Zempoaltepetl, uno de los puntos más altos en el estado y un sitio sagrado para el pueblo Mixe, conformados por 119,000 personas, aproximadamente. 

Es una comunidad agrícola indígena, y su tierra es de propiedad comunal. Muchos residentes son agricultores de subsistencia que dependen de las tres cosechas de la milpa, los cimientos de la agricultura indígena en Mesoamérica: maíz, calabaza y frijoles. El Olotón es una de las 59 razas de maíz en México. Los agricultores indígenas domesticaron cultivos autóctonos durante milenios, seleccionando y guardando semillas cuidadosamente durante generaciones para satisfacer sus necesidades climáticas y culinarias específicas.

Juan Arelí Bernal Alcántara creció en una familia de agricultores en Totontepec. Recuerda que los niños del pueblo seguían a sus padres a los sembradíos y que jugaban con el extraño moco que se forma en las raíces aéreas del maíz, e incluso se lo comían. Luego de estudiar agronomía en Chapingo, Bernal se convirtió en el agrónomo no oficial de Totontepec. Bernal fue el anfitrión de Thomas Boone Hallberg y un grupo de científicos cuando fueron a la población en 1992. “La idea fue que más científicos vieran nuestro maíz e incentivar la investigación”, detalla Bernal. 

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Ronald Ferrera-Cerrato, uno de los científicos que realizó el viaje en 1992, es un microbiólogo en el Colegio de Postgraduados de Montecillo, cuyo campus se localiza en Texcoco. Realizó pruebas al gel que llevó consigo, hallando evidencia de bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero luego de una publicación de 1995, no siguió con la investigación debido a la falta de fondos para los complejos análisis que probarían la fijación de nitrógeno. 

Más de 20 años después, Jean-Michel Ané, un microbiólogo de la Universidad de Wisconsin retomó donde Ferrera-Cerrato había dejado, a pesar de que ambos hombres nunca habían escuchado hablar el uno del otro. Ané dice que conoció a Shapiro y a Alan Bennett en 2009. La metagenómica, el estudio del material genético recuperado de muestras ambientales, ofreció nuevas posibilidades para comprender la fijación de nitrógeno. Shapiro y Bennett invitaron a Ané a estudiar la variedad de maíz de Oaxaca que sospechaban fijaba nitrógeno. Intrigado, Ané accedió. 

Bennett ya había comenzado a recolectar muestras de maíz en 2006 en Totontepec conforme a un simple acuerdo de transferencia de material con la comunidad. Afirma que él y Mars fueron siempre transparentes, presentando actualizaciones en las asambleas agrícolas de la comunidad y tomando en cuenta los votos. Los residentes de Totontepec confirmaron que los investigadores asistían a asambleas con asiduidad.

Azarel Rivera Bernal creció en Totontepec y actualmente reside en la Ciudad de Oaxaca. Pero participa en el gobierno local y asistió a asambleas donde los científicos hablaron. Aún así, le sorprendió ver el certificado de cumplimiento del Protocolo de Nagoya por primera vez y se preguntó lo que significaría realmente para su comunidad. “Mi miedo es que privaticen nuestras semillas y que ya no podamos plantarlas”, afirmó. 

Los investigadores de la UC Davis/Mars exportaron muestras de maíz de México durante al menos nueve años antes de recibir un permiso por parte del gobierno mexicano en 2015. Bennett dijo que la parte estadounidense no creía que fuera necesario consultarlo con el gobierno federal, ya que las comunidades indígenas son autónomas conforme a la Constitución mexicana. 

Shapiro afirma que podría tomar más de una década para que Mars u otra empresa reproduzcan la característica de fijación del nitrógeno en una variedad comercial de maíz, si esto es acaso posible. Bennett señala que la investigación continúa en la UC Davis con objeto de entender aún mejor la bacteria que fija el nitrógeno en el gel del maíz y aislarla.

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Foto: Cuartoscuro

Personas familiarizadas con el caso Totontepec afirman que resalta algunas limitaciones importantes del Protocolo de Nagoya, que entró en vigor en 2014. (Aunque Estados Unidos no es signatario, las empresas estadounidenses deben apegarse a sus principios si operan de forma global.) Una de ellas es que Nagoya permite acuerdos confidenciales, a pesar de que la transparencia es uno de los objetivos principales del protocolo. Para las empresas y universidades, la confidencialidad es fundamental para evitar que sus investigaciones sean copiadas.

Pero para las comunidades y sus defensores, puede evitar que observadores externos evalúen lo justo de los acuerdos entre las comunidades y los conglomerados multinacionales. Las noticias acerca del acuerdo respecto del maíz apenas comenzaron a difundirse en Oaxaca cuando Animal Político publicó una historia en noviembre, años después de que el acuerdo hubiera sido suscrito. Algunos países, como Perú y Sudáfrica, han tomado acciones hacia una mayor transparencia, afirmando que cuando una empresa solicita un permiso, el nombre de las especies a que se tiene acceso, así como el solicitante, deben hacerse públicos.

Los investigadores han documentado que el maíz fijador de nitrógeno se cultiva en otras partes de Oaxaca e incluso en Guatemala.

Defensores de las comunidades indígenas afirman que es importante que tengan acceso a terceros mediadores para asegurar que están completamente informados y que sus derechos son salvaguardados. “En cualquier negociación en la que hay partes que poseen recursos muy distintos y un acceso desigual a la información, es útil contar con partes independientes que puedan ofrecer apoyo o mediación”, afirma Maria Julia Oliva, de la organización sin fines de lucro, Unión para el BioComercio Ético.

Un punto importante en el caso Totontepec es la decisión de los investigadores de Mars Inc. y UC Davis de no consultar o compensar a otras comunidades que cultivan Olotón. Ané y otros investigadores han documentado que el maíz fijador de nitrógeno es cultivado en otras partes de Oaxaca e incluso en Guatemala. Shapiro se refirió a Totontepec como el “protagonista” de la región y afirmó que la comunidad ha “compartido su material con otras comunidades” desde hace mucho, a pesar de no haber investigación alguna que indique que el Olotón que produce raíces aéreas sea originario de Totontepec. 

El que únicamente Totontepec reciba una compensación por la comercialización de un cultivo que es un recurso natural regional, afecta a otras comunidades y algunos observadores externos lo considerarían injusto. Una vez que Ané se dio cuenta de que el maíz fijador de nitrógeno no era exclusivo de Totontepec, dice haber tenido sentimientos encontrados acerca de la investigación. Cuando su contrato con Mars se dio por terminado a finales de 2017, no lo renovó. Cree que el maíz debería continuar siendo de dominio público y ponerse a disposición de agricultores a pequeña escala de todo el mundo. 

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Otros países han hallado maneras de compensar a múltiples comunidades por un recurso geográficamente disperso. La planta Hoodia, utilizada en supresores del apetito, crece en el Desierto Kalahari y ha sido utilizada tradicionalmente por los bosquimanos de Sudáfrica, Botswana y Namibia. Luego de haber sido excluidos en un inicio de los beneficios derivados de las medicinas bosquimanas patentadas, los bosquimanos y aliados en las comunidades sin fines de lucro negociaron un acuerdo en los años 2000, para crear el Fondo Fiduciario de Participación en los Beneficios San Hoodia, el cual podría finalmente significar beneficios económicos para el pueblo San. Los San también decidieron que los beneficios debían ser colectivos, en lugar de exclusivos de comunidades individuales, puesto que Hoodia no es “propiedad” de una sola comunidad. 

Laurent Gaberell de la organización suiza sin fines de lucro Public Eye afirma que el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, un acuerdo simultáneo a Nagoya, pretende regular el acceso a los cultivos básicos que se difunde entre diversas comunidades. El tratado reconoce que estos recursos no son propiedad de una sola comunidad y que los beneficios deben ser compartidos. El maíz es uno de los cultivos cubiertos por el tratado FAO, pero México no lo ha ratificado. México no tiene un procedimiento legal que regule cómo consultar y compensar a las comunidades, y a falta de legislación nacional, las empresas tienen una libertad significativa.

“Es un fracaso por parte de Nagoya y es un fracaso por parte del gobierno mexicano”, afirma Jack Kloppenburg, un experto en semillas de la Universidad de Wisconsin. “Si a ambas partes se les permite operar de esta manera, todo el ejercicio carece de sentido… Nagoya está legitimando la biopiratería”.

La administración del nuevo presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado en favor de los derechos de los agricultores a pequeña escala y de los indígenas. Víctor Suárez, líder desde hace años de diversas organizaciones de agricultores en México, es ahora subsecretario de la recién inaugurada oficina para la Autosuficiencia Alimentaria. “En este nuevo gobierno, no permitiremos que continúen políticas que privatizan los recursos genéticos de nuestra población, especialmente los recursos colectivos de las comunidades indígenas”, señaló en una entrevista. 

Mientras tanto, conforme los investigadores estadounidenses continúan con la ardua tarea de intentar transferir las características genéticas de fijación de nitrógeno a las variedades comerciales de maíz, los agricultores de Oaxaca continuarán plantando su maíz milagroso como lo han hecho durante miles de años.

Este artículo fue elaborado en colaboración con la Food & Environment Reporting Network, una organización de periodismo de investigación sin fines de lucro.

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Los niños que olvidaron leer y escribir durante la pandemia de COVID-19

Unicef reclama que solo en América Latina 86 millones de menores no han vuelto a clases. Se les ha comenzado a llamar "la generación perdida".
28 de septiembre, 2021
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Ya los llaman “la generación perdida”: Naciones Unidas señaló en un informe reciente que cerca de mil millones de menores alrededor del mundo están en riesgo de tener una “pérdida de aprendizaje” significativa a causa de las interrupciones en la asistencia a la escuela durante la pandemia del covid-19.

Y la advertencia va mucho más allá: en muchos países el sistema de educación está a punto de colapsar, si además de la pandemia se suman otros factores como el cambio climático y los conflictos internos.

Un ejemplo de esta crisis que reporta la ONU es lo que ocurre en India.

La periodista de la BBC Divya Arya pudo comprobar que niños en varias regiones de este país asiático “se han olvidado de leer y escribir” debido a que se han visto impedidos de asistir a la escuela en el último año.

Arya expone el caso de Radhika Kumari, de 10 años, a quien básicamente se le olvidó escribir debido a que “estuvo 17 meses” fuera de las aulas.

Radhika vive en el estado de Jharkhand, donde la brecha digital es enorme. Y cuando la pandemia del covid-19 obligó al cierre de las escuelas, muchos niños de las escuelas públicas no tuvieron acceso a dispositivos que les permitieran continuar con su educación de manera remota.

“Fue realmente impactante descubrir que, de 36 niños matriculados en un solo curso de nivel primario, 30 no podían leer una sola palabra“, le explicó a la BBC el economista Jean Dreze, quien analiza la situación en esta región de India desde que los estudiantes pudieron regresar a clases.

Vishnu reads aloud to Radhika.

BBC
En algunos sectores de India hay niños que estàn olvidando leer y escribir debido al cierre de escuelas.

“Si no te olvidas de leer y escribir, que te atrases un poco puede remediarse. Pero si te olvidas de los conceptos básicos, ahora que regresas a clases y te hacen avanzar al siguiente curso la brecha va a ser peor“, agrega.

Alumnos latinoamericanos

En Latinoamérica el panorama es similar: de acuerdo con un informe presentado por Unicef hace una semana, cerca de 86 millones de niños aún no han retomado las clases, lo que pone en riesgo el progreso de su aprendizaje y los niveles de conocimientos previamente adquiridos.

Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen Internet, directamente no los han visto”, explicó Jean Gough, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

Y añade que no solo existe el riesgo de que los niños dejen de aprender las competencias básicas para su vida, sino de que incluso no regresen nunca a la educación formal.

La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje”, añade la especialista.

La realidad es aún más acuciante entre los grupos más vulnerables, donde la deserción escolar era una problemática previa a la pandemia.

“Cada día fuera de las aulas acerca a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la deserción escolar, la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas”, añade.

“Fracasó mi colegio”

Para muchos de los alumnos y alumnas, durante estos últimos 18 meses “no se ha aprendido nada”.

En BBC Mundo hablamos con algunos escolares en partes de América Latina que se han visto afectados por la falta de conectividad y la baja asistencia escolar durante la pandemia.

Uno de ellos es Richard Guimaraes. Él tiene 15 años y vive en San Rafael, una comunidad indígena ubicada a dos horas y media de la ciudad Pucallpa, en el Amazonas peruano.

Richard quiere ser diseñador gráfico.

“Mis papás hacen artesanías y yo he aprendido a tejer y a hacer varias cosas que vendemos en el mercado”, le cuenta BBC Mundo.

Richard en su casa.

UNICEF
Richard Guimaraes vive en la regiòn amazónica de Perú.

“Y quiero aprender a hacerlas mejor”, confiesa.

Hace un año, Richard estaba cursando cuarto grado de bachillerato cuando la pandemia del covid-19 irrumpió con fuerza inusitada en el Perú y obligó a poner la vida en pausa.

En este último año y medio no aprendí nada. La pandemia hizo que fracasara el colegio“, se queja.

Antes de la pandemia, iba a clases desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía.

“En ese horario, durante la semana veíamos 12 materias”, recuerda.

Pero una vez comenzó la pandemia y las clases se suspendieron, las cosas se volvieron más difíciles.

“Pasamos de 12 materias a solo seis”, relata. El sistema establecido para remediar la crisis funcionaba así: cada mes los maestros venían a su localidad, les dejaban una especie de cartillas y ellos las tenían que resolver y enviar las respuestas a través de WhatsApp.

Arte, que es su clase favorita, se redujo a dibujos que hacía en casa y que le enviaba a su profesor por el móvil.

Mi papá vive de las artesanías y de vender plátanos, vivimos en una zona muy alejada, por lo que es difícil poder acceder a internet”, relata.

Como muchos de sus maestros no vivían cerca de su comunidad, solo los podía contactar por teléfono cuando se conectaba a internet. Además, algunas de las cartillas le parecían confusas y a veces hasta inentendibles.

Clases cerradas

Getty Images
Unicef señala que en América Latina y el Caribe 86 millones de niños aún no han regresado a las aulas.

El aumento de la desigualdad

Para muchos expertos en psicopedagogía y procesos educativos, es claro que los niños necesitan volver a las aulas lo más pronto posible.

La desaparición de este espacio de aprendizaje y socialización ha sido para muchos niños y niñas – especialmente entre familias de menor nivel sociocultural- “una catástrofe”.

“La verdad es que, en materia de conocimientos, un año y medio, casi dos de pérdida de clase porque la realidad es que los niños están volviendo a una escolarización muy precaria, es una catástrofe, que además va a costar mucho tiempo superar”, le dice a BBC Mundo Guillermina Tiramonti, especialista en educación e investigadora de Flacso Argentina.

Hay muchos niveles en este tema, pero pongo un ejemplo: un chico que estaba en primer año de primaria antes de la pandemia, y aún no había logrado aprender a leer, ahora que regresó al colegio debe finalizar el segundo grado sin haber aprendido a leer o escribir”, señala.

Para la académica, no solo se trata de los contenidos que no han sido aprendidos o incorporados sino de algo más importante: recuperar el hábito de aprender.

“La pérdida del conocimiento no es solamente no haber aprendido determinados contenidos, sino el hecho de perder el ritmo, el hábito, la rutina escolar”, apunta.

Lo explico en relación con un elemento muy simple como los códigos lingüísticos. Los niños de los sectores más bajos socio culturalmente no están acostumbrados a estos códigos complejos y solo tienen acceso a ellos en la escuela, donde son fundamentales para luego poder avanzar en el conocimiento. En la casa no tienen acceso a ellos”.

Para los niños que no están expuestos a ese tipo de códigos durante dos años, el retroceso cognitivo es muy grande, concluye Tiramonti.

salones cerrados en una escuela

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Para varios analistas se deben crear proyectos especiales para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia.

Revisar los objetivos

A medida que se van levantando las restricciones de la pandemia en distintas regiones, la reapertura de las escuelas se ha vuelto una prioridad de muchos gobiernos. A la fecha, el informe de la ONU señala que 47 millones de niños han regresado paulitinamente a las aulas.

Y la siguiente etapa también se pone en evidencia el gran desafío de poner al día a los niños con los objetivos que se debieron aprender durante este año y medio.

La educación de los niños y las niñas se perdió en un esfuerzo por proteger las vidas de toda la población ante el coronavirus“, explica Irma Martínez, experta en temas de educación de Human Rights Watch.

Pero si de toda crisis surge una oportunidad, este es el momento de replantear algunas de las premisas de la escolarización y el sistema educativo como un todo, señalan los expertos.

“El objetivo no debería ser simplemente volver a como eran las cosas antes de la pandemia, sino arreglar los defectos de los sistemas que durante mucho tiempo han impedido que las escuelas sean abiertas y acogedoras para todos los niños y niñas”, agrega Martínez.

En este tema, Tiramonti es categórica: “No podemos volver a la escuela y hacer como si nada hubiera pasado”, le dice a BBC Mundo.

“Es necesario hacer evaluación, ver qué pasó con los niños, cuáles son las pérdidas, cuáles son las problemáticas de aprendizaje que tienen y armar un programa para que recuperen aquellos conocimientos que son básicos para poder seguir una trayectoria escolar”.

Se necesita trabajo muy profesional para elaborar un proyecto de recuperación“, anota.

Hace menos de un mes, Richard Guimaraes es uno de decenas de miles de alumnos que volvieron a a las aulas después de casi un año y medio.

Y aunque está contento, siente en carne propia los desafíos: “Ahora estamos viendo las materias que dejamos de ver en la pandemia y es difícil seguir el ritmo. Es como empezar de nuevo”.


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