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El maíz indígena: ¿de quién son los derechos sobre la planta “milagrosa” de México?

El maíz que fija por sí solo el nitrógeno es un descubrimiento que ha fascinado a científicos. Sin embargo, los campesinos de la comunidad que lo cultiva en Oaxaca aún no tienen sus derechos asegurados sobre la planta ni están completamente informados.
Cuartoscuro
Por Martha Pskowski
10 de agosto, 2019
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Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente por Yale E360 y el Food and Environment Reporting Network. La versión original en inglés se puede leer aquí.

Un estudio reciente demuestra que una planta de maíz fijadora de nitrógeno que se cultivó en una región indígena de México tiene la capacidad de fertilizarse a sí misma. Una empresa global y varios científicos estadounidenses ya trabajan para replicar esta cualidad en otras variedades de maíz, pero entonces, ¿las poblaciones de donde provino el maíz tendrán alguna participación en las ganancias? 

En 1979, durante una visita a Totontepec, una pequeña población de Oaxaca, México, el naturalista Thomas Boone Hallberg quedó maravillado ante el maíz local. Las plantas crecían hasta casi 6 metros en una tierra deficiente de nutrientes, aún cuando los agricultores locales no utilizaban ningún fertilizante.

El maíz tenía raíces aéreas que producían un gel de tipo mucoso unos meses después de plantar. Parecía imposible, pero Hallberg se preguntó si el maíz estaría fijando su propio nitrógeno: extrayéndolo del aire y de alguna manera haciéndolo utilizable para la planta. Había visitado un sinnúmero de poblaciones desde que se mudó a Oaxaca en los cincuentas, pero nunca olvidaría lo que vio en Totontepec. 

Lee: Dos universidades públicas de EU y una trasnacional piratean maíz oaxaqueño

En 1992, Hallberg regresó con un grupo de científicos mexicanos. El maíz, conocido como Olotón, estaba casi listo para ser cosechado y sus raíces aéreas relucían de gel. Ronald Ferrera-Cerrato, un microbiólogo, llevó muestras a su laboratorio en las afueras de la Ciudad de México para realizar pruebas a las bacterias en el gel. Sus resultados preliminares, mismos que fueron publicados en un informe de 1996, mostraron que el maíz tenían bacterias fijadores de nitrógeno en las raíces aéreas, pero no comprobó definitivamente si la planta recibía nitrógeno de esta forma.

En ese momento, científicos de todo el mundo se hacían preguntas parecidas. En un artículo de 1996 publicado en Plant and Soil, el microbiólogo Eric Triplett, quien en ese momento trabajaba en la Universidad de Wisconsin, describió la posibilidad de que las plantas de maíz fijaran nitrógeno como el “santo grial”, debido a su potencial de reducir la demanda de fertilizantes. 

Pasaron más de dos décadas antes de que las sospechas sobre el maíz de Totontepec se confirmaran en una revista colaborativa. En agosto pasado, investigadores de la Universidad de California, Davis, la Universidad de Wisconsin y Mars Inc —el conglomerado global de alimentos y golosinas— publicaron los resultados de un estudio de 10 años en PLOS Biology, describiendo cómo las bacterias que se desarrollan en el ambiente bajo en oxígeno de la mucosa del maíz, obtienen nitrógeno del aire y lo suministran a la planta. 

Los medios aplaudieron los hallazgos. “La planta milagrosa”, proclamó The Atlantic. El Smithsonian declaró:“El maíz del futuro.” 

Los científicos proporcionaron escasos detalles acerca de dónde provenía el maíz, o sobre las circunstancias de lo que la UC Davis llamó el “descubrimiento extraordinario” de los investigadores, afirmando únicamente que el maíz provenía de una población remota en Oaxaca. Una compañía subsidiaria de Mars llamada BioN2 había firmado un convenio con una población para participar de las ganancias económicas de la comercialización del maíz. Esa población resultó ser Totontepec, una comunidad indígena Mixe en las montañas del este de Oaxaca. 

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Probablemente los científicos tardarían años determinando si es posible una aplicación comercial del maíz. Pero si logran reproducir exitosamente dicha característica en el maíz comercial, los agricultores podrían reducir sustancialmente su uso de fertilizante sintético. Sólo en los Estados Unidos, los agricultores gastan más de $3 mil millones al año en fertilizante para maíz. El fertilizante de nitrógeno es también una de las principales causas de contaminación del agua, zonas muertas en ríos y lagos, así como una fuente importante de gases de efecto invernadero. 

Los investigadores de la UC Davis/Mars recibieron un certificado de cumplimiento con el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional cuyo objetivo consiste en compensar a las comunidades indígenas por sus recursos biológicos y conocimiento tradicional. Aún así, la situación en torno al maíz de Totontepec posa preguntas complejas acerca de cómo las comunidades indígenas se benefician de manera justa cuando los científicos investigadores y las empresas multinacionales comercializan los cultivos y las plantas locales. Si el maíz de Totontepec resulta ser un milagro, un cultivo que se fertiliza a sí mismo, cuyas características genéticas pueden replicarse en todo el mundo, ¿la gente de la comunidad Mixe tendrá una participación importante a largo plazo en las ganancias, que potencialmente ascendería a millones de dólares? ¿Cómo asegura Nagoya que los derechos e intereses de las pequeñas comunidades indígenas están salvaguardados cuando sus líderes negocian tratos complejos con abogados y ejecutivos internacionales? Y no menos importante: cuando una planta valiosa es hallada a lo largo de una región, ¿es justo que una sola población, tal como Totontepec obtenga beneficios económicos de su maíz, mientras las comunidades vecinas con maíz idéntico o similar no reciben nada?

Alejandro Ruiz García, un agrónomo de Guelatao, Oaxaca que acompañó a Hallberg a Totontepec en 1992, piensa que otras comunidades que cultivan Olotón también deberían tener voz en la comercialización futura del maíz y recibir beneficios económicos. “Esto es parte de nuestra herencia cultural y agrícola”, afirmó. “El debate apenas comienza”.

Cultivo de maíz

Foto: Cuartoscuro

Efectivamente, el maíz de Totontepec es un recordatorio de que las políticas que pretenden salvaguardar los recursos genéticos de las comunidades indígenas, en México y en todo el mundo, se encuentran aún en progreso. Algunos aspectos positivos han surgido, pero los acuerdos justos a largo plazo son raros. 

La biopiratería se define como la explotación de conocimiento indígena y recursos biológicos sin permiso. La práctica se remota a varios siglos. Las empresas internacionales han explotado la riqueza botánica del Amazonas, por ejemplo, durante más de un siglo, desde la expropiación de las semillas de las plantas brasileñas de caucho en la década de 1870, hasta la controversia actual sobre la patente internacional de la fruta Copoazú de la Amazonia. Aún antes del Protocolo de Nagoya, países como Costa Rica tomaron medidas para regular la bioprospección. Algunas comunidades indígenas han adoptado un enfoque proactivo en la negociación de acuerdos, en lugar de confiar en los gobiernos nacionales. En Panamá, el pueblo guna decidió que su Congreso General, que representa a docenas de comunidades, debería aprobar cualquier proyecto de investigación, comercial o de otra índole. 

Desde que Nagoya entró en vigor, algunos científicos han planteado su preocupación acerca de que los países han impuesto requisitos onerosos a los investigadores, desalentando la investigación científica. Pero a las comunidades indígenas y a sus defensores les preocupa que la explotación continúe. Debido a que los detalles del acuerdo negociado entre la comunidad de Totontopec y la UC Davis/Mars siguen siendo confidenciales en su mayoría, varios periodistas, científicos y defensores de los agricultores en México se han pronunciado en contra del trato, e incluso algunos de ellos han acusado a la parte estadounidenses de biopiratería. 

Pero Alan Bennett, un profesor de ciencias de las plantas en la UC Davis y líder del proyecto de investigación del maíz, desestima esa opinión, afirmando que su equipo trabajó de buena fe, solicitó la participación de la comunidad de Totontopec y siguió los lineamientos del Protocolo de Nagoya. “Realmente creamos algo de lo que estaría orgulloso”, dijo Bennett en una entrevista, en tanto que reconocía que no había visto la versión final del acuerdo. 

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Una vocera de Mars agregó: “Hemos trabajado mano a mano con la comunidad mexicana en esta investigación”. Mars afirmó que compartió información en asambleas comunitarias y realizó consultas con el gobierno federal mexicano. Y Howard-Yana Shapiro, el director agrícola en jefe de Mars, afirmó en una entrevista que la decisión de trabajar únicamente con una comunidad fue tomada “a instancia del gobierno ”, pues se consideró la forma más eficaz de cumplir con Nagoya. 

Una versión preliminar del acuerdo de acceso y participación de ganancias, que fue visto por Yale Environment 360 y Food & Environment Reporting Network, afirma que la UC Davis posee los derechos de las patentes y los ingresos netos recibidos por regalías de las patentes se repartiríanpor partes iguales con la comunidad de Totontepec. Bennett afirmó que los líderes en la comunidad solicitaron que el acuerdo permaneciera confidencial, pero confirmó que Mars ya ha pagado $100,000 (2 millones de pesos) a Totontepec como parte del acuerdo. 

El gobierno mexicano no ha tenido un rol activo para asegurar que los derechos de la comunidad de Totontepec sean salvaguardados. En 2015, cuando México emitió un Certificado de Cumplimiento en favor de BioN2, el gobierno federal no tenía un proceso estandarizado para manejar solicitudes de empresas y universidades para tener acceso a los recursos biológicos de las comunidades indígenas. Bennett dijo que tanto los investigadores como el gobierno federal estaban aprendiendo sobre la marcha. El gobierno mexicano adoptó un “proceso transicional” en 2017. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, a cargo de la implementación de Nagoya, y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) rechazaron diversas solicitudes de entrevistas. 

El presidente municipal actual de Totontepec, Luis Adolfo Alcántara Nuñez, afirma que no conoce los detalles del acuerdo final y que los cuatro comisarios agrícolas de la comunidad son las únicas personas autorizadas para comentar al respecto. Yale e360 no pudo entrevistar a los comisarios, pues no se encontraban en sesión durante una visita a la comunidad y desde entonces, no han estado disponibles vía telefónica.

Venta de maíz

Venta de maíz. Foto: Cuartoscuro

Totontepec es un pequeño poblado en las montañas neblinosas de Oaxaca, en el sur de México. Es un viaje de 4 horas en coche, lleno de curvas pronunciadas y vistas panorámicas, desde la ciudad capital de Oaxaca. Totontepec mira desde arriba la montaña Zempoaltepetl, uno de los puntos más altos en el estado y un sitio sagrado para el pueblo Mixe, conformados por 119,000 personas, aproximadamente. 

Es una comunidad agrícola indígena, y su tierra es de propiedad comunal. Muchos residentes son agricultores de subsistencia que dependen de las tres cosechas de la milpa, los cimientos de la agricultura indígena en Mesoamérica: maíz, calabaza y frijoles. El Olotón es una de las 59 razas de maíz en México. Los agricultores indígenas domesticaron cultivos autóctonos durante milenios, seleccionando y guardando semillas cuidadosamente durante generaciones para satisfacer sus necesidades climáticas y culinarias específicas.

Juan Arelí Bernal Alcántara creció en una familia de agricultores en Totontepec. Recuerda que los niños del pueblo seguían a sus padres a los sembradíos y que jugaban con el extraño moco que se forma en las raíces aéreas del maíz, e incluso se lo comían. Luego de estudiar agronomía en Chapingo, Bernal se convirtió en el agrónomo no oficial de Totontepec. Bernal fue el anfitrión de Thomas Boone Hallberg y un grupo de científicos cuando fueron a la población en 1992. “La idea fue que más científicos vieran nuestro maíz e incentivar la investigación”, detalla Bernal. 

Lee: México resguarda la colección más importante de maíz y trigo de todo el mundo

Ronald Ferrera-Cerrato, uno de los científicos que realizó el viaje en 1992, es un microbiólogo en el Colegio de Postgraduados de Montecillo, cuyo campus se localiza en Texcoco. Realizó pruebas al gel que llevó consigo, hallando evidencia de bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero luego de una publicación de 1995, no siguió con la investigación debido a la falta de fondos para los complejos análisis que probarían la fijación de nitrógeno. 

Más de 20 años después, Jean-Michel Ané, un microbiólogo de la Universidad de Wisconsin retomó donde Ferrera-Cerrato había dejado, a pesar de que ambos hombres nunca habían escuchado hablar el uno del otro. Ané dice que conoció a Shapiro y a Alan Bennett en 2009. La metagenómica, el estudio del material genético recuperado de muestras ambientales, ofreció nuevas posibilidades para comprender la fijación de nitrógeno. Shapiro y Bennett invitaron a Ané a estudiar la variedad de maíz de Oaxaca que sospechaban fijaba nitrógeno. Intrigado, Ané accedió. 

Bennett ya había comenzado a recolectar muestras de maíz en 2006 en Totontepec conforme a un simple acuerdo de transferencia de material con la comunidad. Afirma que él y Mars fueron siempre transparentes, presentando actualizaciones en las asambleas agrícolas de la comunidad y tomando en cuenta los votos. Los residentes de Totontepec confirmaron que los investigadores asistían a asambleas con asiduidad.

Azarel Rivera Bernal creció en Totontepec y actualmente reside en la Ciudad de Oaxaca. Pero participa en el gobierno local y asistió a asambleas donde los científicos hablaron. Aún así, le sorprendió ver el certificado de cumplimiento del Protocolo de Nagoya por primera vez y se preguntó lo que significaría realmente para su comunidad. “Mi miedo es que privaticen nuestras semillas y que ya no podamos plantarlas”, afirmó. 

Los investigadores de la UC Davis/Mars exportaron muestras de maíz de México durante al menos nueve años antes de recibir un permiso por parte del gobierno mexicano en 2015. Bennett dijo que la parte estadounidense no creía que fuera necesario consultarlo con el gobierno federal, ya que las comunidades indígenas son autónomas conforme a la Constitución mexicana. 

Shapiro afirma que podría tomar más de una década para que Mars u otra empresa reproduzcan la característica de fijación del nitrógeno en una variedad comercial de maíz, si esto es acaso posible. Bennett señala que la investigación continúa en la UC Davis con objeto de entender aún mejor la bacteria que fija el nitrógeno en el gel del maíz y aislarla.

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Foto: Cuartoscuro

Personas familiarizadas con el caso Totontepec afirman que resalta algunas limitaciones importantes del Protocolo de Nagoya, que entró en vigor en 2014. (Aunque Estados Unidos no es signatario, las empresas estadounidenses deben apegarse a sus principios si operan de forma global.) Una de ellas es que Nagoya permite acuerdos confidenciales, a pesar de que la transparencia es uno de los objetivos principales del protocolo. Para las empresas y universidades, la confidencialidad es fundamental para evitar que sus investigaciones sean copiadas.

Pero para las comunidades y sus defensores, puede evitar que observadores externos evalúen lo justo de los acuerdos entre las comunidades y los conglomerados multinacionales. Las noticias acerca del acuerdo respecto del maíz apenas comenzaron a difundirse en Oaxaca cuando Animal Político publicó una historia en noviembre, años después de que el acuerdo hubiera sido suscrito. Algunos países, como Perú y Sudáfrica, han tomado acciones hacia una mayor transparencia, afirmando que cuando una empresa solicita un permiso, el nombre de las especies a que se tiene acceso, así como el solicitante, deben hacerse públicos.

Los investigadores han documentado que el maíz fijador de nitrógeno se cultiva en otras partes de Oaxaca e incluso en Guatemala.

Defensores de las comunidades indígenas afirman que es importante que tengan acceso a terceros mediadores para asegurar que están completamente informados y que sus derechos son salvaguardados. “En cualquier negociación en la que hay partes que poseen recursos muy distintos y un acceso desigual a la información, es útil contar con partes independientes que puedan ofrecer apoyo o mediación”, afirma Maria Julia Oliva, de la organización sin fines de lucro, Unión para el BioComercio Ético.

Un punto importante en el caso Totontepec es la decisión de los investigadores de Mars Inc. y UC Davis de no consultar o compensar a otras comunidades que cultivan Olotón. Ané y otros investigadores han documentado que el maíz fijador de nitrógeno es cultivado en otras partes de Oaxaca e incluso en Guatemala. Shapiro se refirió a Totontepec como el “protagonista” de la región y afirmó que la comunidad ha “compartido su material con otras comunidades” desde hace mucho, a pesar de no haber investigación alguna que indique que el Olotón que produce raíces aéreas sea originario de Totontepec. 

El que únicamente Totontepec reciba una compensación por la comercialización de un cultivo que es un recurso natural regional, afecta a otras comunidades y algunos observadores externos lo considerarían injusto. Una vez que Ané se dio cuenta de que el maíz fijador de nitrógeno no era exclusivo de Totontepec, dice haber tenido sentimientos encontrados acerca de la investigación. Cuando su contrato con Mars se dio por terminado a finales de 2017, no lo renovó. Cree que el maíz debería continuar siendo de dominio público y ponerse a disposición de agricultores a pequeña escala de todo el mundo. 

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Otros países han hallado maneras de compensar a múltiples comunidades por un recurso geográficamente disperso. La planta Hoodia, utilizada en supresores del apetito, crece en el Desierto Kalahari y ha sido utilizada tradicionalmente por los bosquimanos de Sudáfrica, Botswana y Namibia. Luego de haber sido excluidos en un inicio de los beneficios derivados de las medicinas bosquimanas patentadas, los bosquimanos y aliados en las comunidades sin fines de lucro negociaron un acuerdo en los años 2000, para crear el Fondo Fiduciario de Participación en los Beneficios San Hoodia, el cual podría finalmente significar beneficios económicos para el pueblo San. Los San también decidieron que los beneficios debían ser colectivos, en lugar de exclusivos de comunidades individuales, puesto que Hoodia no es “propiedad” de una sola comunidad. 

Laurent Gaberell de la organización suiza sin fines de lucro Public Eye afirma que el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, un acuerdo simultáneo a Nagoya, pretende regular el acceso a los cultivos básicos que se difunde entre diversas comunidades. El tratado reconoce que estos recursos no son propiedad de una sola comunidad y que los beneficios deben ser compartidos. El maíz es uno de los cultivos cubiertos por el tratado FAO, pero México no lo ha ratificado. México no tiene un procedimiento legal que regule cómo consultar y compensar a las comunidades, y a falta de legislación nacional, las empresas tienen una libertad significativa.

“Es un fracaso por parte de Nagoya y es un fracaso por parte del gobierno mexicano”, afirma Jack Kloppenburg, un experto en semillas de la Universidad de Wisconsin. “Si a ambas partes se les permite operar de esta manera, todo el ejercicio carece de sentido… Nagoya está legitimando la biopiratería”.

La administración del nuevo presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado en favor de los derechos de los agricultores a pequeña escala y de los indígenas. Víctor Suárez, líder desde hace años de diversas organizaciones de agricultores en México, es ahora subsecretario de la recién inaugurada oficina para la Autosuficiencia Alimentaria. “En este nuevo gobierno, no permitiremos que continúen políticas que privatizan los recursos genéticos de nuestra población, especialmente los recursos colectivos de las comunidades indígenas”, señaló en una entrevista. 

Mientras tanto, conforme los investigadores estadounidenses continúan con la ardua tarea de intentar transferir las características genéticas de fijación de nitrógeno a las variedades comerciales de maíz, los agricultores de Oaxaca continuarán plantando su maíz milagroso como lo han hecho durante miles de años.

Este artículo fue elaborado en colaboración con la Food & Environment Reporting Network, una organización de periodismo de investigación sin fines de lucro.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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