Fiscalía de Coahuila cambia versión sobre asesinato de migrante, y dice que murió en medio de enfrentamiento
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Fiscalía de Coahuila cambia versión sobre asesinato de migrante, y dice que murió en medio de enfrentamiento

Las autoridades sostuvieron que el migrante murió por estar a mitad de un operativo contra el narcomenudeo que derivó en una persecución a balazos, pero que investigan a los seis elementos implicados
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El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, modificó la versión del Ministerio Público sobre la muerte a tiros de un migrante de origen hondureño en Saltillo, Coahuila, ocurrida este miércoles 31 de julio, pasadas las ocho de la noche. Según este nuevo relato, la víctima, que cayó frente a su hija de ocho años, perdió la vida por encontrarse a mitad de un operativo contra el narcomenudeo que derivó en una persecución a balazos. 

Lee: Policías locales asesinan a migrante en Saltillo; Fiscalía dice que oficiales repelieron agresión

En una conferencia celebrada en Saltillo, Márquez Guevara aseguró que seis agentes de investigación criminal adscritas a la Fiscalía General del Estado (FGE) perseguían a cuatro presuntos narcomenudistas que tenían identificados. “Al llegar dos unidades, identifican a las personas y tienen una confrontación, huyen del lugar y según el informe escuchan dos detonaciones de armas de fuego”, dijo Márquez Guevara.

Según este relato, el grupo se divide y dos se dirigen hacia la zona cercana al ferrocarril, donde hay un arroyo, lugar en el que se encontraba el grupo de migrantes. Estos también se dispersan corriendo. Cuando los policías llegan al lugar encuentran al hombre malherido en el suelo. Según el fiscal, llamaron a la Cruz Roja, pero nada se pudo hacer por salvar su vida. 

En una tarjeta informativa difundida en la madrugada de este 1 de agosto, horas después de los hechos, la Fiscalía aseguraba que “la noche del 31 de julio, a la altura de las vías del ferrocarril, cuatro personas de sexo masculino agreden verbalmente a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas un arma de fuego y realiza disparos, mientras que las otras personas huyeron en forma pedestre, los oficiales repelen la agresión con sus armas de cargo por lo que el agresor cae abatido”.

Entérate: El INM lleva un mes incumpliendo resolución que le obliga a no encerrar a migrantes menores de edad en CDMX

Nuevo relato, con importantes modificaciones.

Por un lado, la supuesta confrontación no tiene lugar junto al ferrocarril, sino a una distancia de casi 500 metros, que es donde, según Márquez Guevara, inició el operativo para arrestar a los presuntos vendedores de droga.

Por otro, quien hizo los disparos contra los policías ya no es la víctima, el migrante, sino una tercera persona que no fue detenida. 

El fiscal no detalló si eran o no policías los que acabaron con la vida del migrante, pues según su versión, hubo más disparos. Vecinos citados por medios de comunicación locales aseguran haber escuchado únicamente tres detonaciones. 

El grupo de migrantes que en ese momento aguardaba la llegada del ferrocarril, y al que pertenecía la víctima, ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía estatal. 

El fiscal excusó las primeras versiones difundidas asegurando que eran “las primeras noticias que tenían”. En ese informe, la dependencia dijo que se había asegurado en el lugar un arma de tipo escuadra, pero Márquez Guevara no quiso dar más detalles para no entorpecer la investigación. 

En un comunicado, la Fiscalía de Coahuila anunció el inicio de una investigación a los seis elementos de la Agencia de Investigación Criminal para determinar su responsabilidad en la muerte del migrante.

Gerardo Márquez Guevara aclaró que los seis elementos que presuntamente participaron en los hechos están a disposición de la corporación a la que pertenecen.

“En la Fiscalía estamos obligados a esclarecer los hechos con total transparencia”, dijo el titular, quien agregó que personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), de organismos no gubernamentales, así como de la Casa del Migrante participan en las diligencias.

La dependencia también informó que ya hay contacto con el Consulado de Honduras para los trámites necesarios.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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