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Cuartoscuro Archivo

'Estamos luchando y necesitamos protección': reclaman indígenas en foro

Los asistentes al foro del INPI dejaron en claro que quieren elevar a rango constitucional el derecho a decidir sobre sus tierras y recursos.
Cuartoscuro Archivo
8 de agosto, 2019
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Fue difícil quedarse en silencio. Muchos necesitaban hablar, gritar, llorar. Hubo que encontrar la forma, y el dolor y la rabia se transformaron en aplausos, en un minuto de aplausos por los defensores de la tierra y el territorio asesinados.

José Luis Bitimeo Valenzuela, indígena mayo yoreme de Sinaloa, fue quien desató las primeras arengas, al plantear los resolutivos de la mesa sobre tierras, territorios, recursos y biodiversidad, en la que participaron 84 personas como parte de los foros de consulta respecto a las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó estos foros por todo el país, para elaborar una iniciativa de reforma constitucional.

“Para hacer justicia social es necesario reconocer, consagrar y dotar de capacidades a quienes han sido históricamente marginados”, afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la inauguración del foro nacional, donde se recogieron las propuestas de temas para integrar la iniciativa de reforma.

“Tenemos el mandato de generar bienestar para todas y todos; tenemos que empezar por los grupos más vulnerables que han sido agraviados durante siglos”, aseguró.

En el tercer y último día de trabajos del foro nacional, José Luis Bitimeo, el indígena mayo yoreme, pronunció uno a uno los resolutivos de esa mesa de trabajo, la de tierra y territorio, que dijo, fue una de las de mayor interés para quienes participaron en los foros previos, de los que salieron las conclusiones presentadas en el foro nacional, realizado del 6 a este 8 de agosto, en la Ciudad de México.

El indígena mayo yoreme enumeró primero los temas para propuesta de reforma constitucional que resultaron de la mesa de trabajo donde él participó. Habló de las necesarias modificaciones a los artículos 2 y 27 constitucionales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios.

También mencionó la necesidad de elevar a la Constitución la protección especial a los territorios y al patrimonio biocultural indígena y el reconocimiento pleno e integral de las propiedades, tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos y comunidades, incluso los considerados estratégicos para la nación. Esas palabras de Bitimeo arrancaron los primeros aplausos, en un auditorio que había permanecido sin inmutarse.

“Las asambleas comunitarias –siguió– son la máxima autoridad en el dominio pleno, cuidado y administración del territorio indígena”. Enlistó también entre los temas previstos para estar en la Constitución, las medidas compensatorias a comunidades afectadas en sus tierras y territorios o por conflictos de límites.

Para incluir como leyes secundarias, el indígena mayo yoreme mencionó la distribución justa y equitativa de los beneficios a las comunidades cuando sus recursos sean aprovechados por el Estado o por terceros, así como reconocer legalmente las decisiones sobre el territorio emanadas de los sistemas normativos y los estatutos comunales vigentes de los pueblos indígenas.

Los aplausos volvieron cuando mencionó para considerarse entre las leyes secundarias el reformar la ley energética y la ley minera, para quitarles a estas actividades económicas el carácter de preponderantes sobre cualquier otra actividad, al menos en los territorios indígenas.

“Protección y acceso libre de los pueblos a sus lugares sagrados”, enunció, y varios de los asistentes, representantes de todas las etnias del país, se pusieron de pie para aplaudir.

Bitimeo siguió, ahora con los temas para políticas públicas, programas y acciones del gobierno: “que los lineamientos y reglas de operación de los programas públicos sean accesibles al pequeño productor indígena y tengan pertinencia cultural, que los funcionarios que atiendan a un pueblo indígena sean hablantes de su lengua, y establecer atribuciones para que las asambleas comunitarias puedan sancionar a sus autoridades cuando dispongan de sus territorios y recursos naturales de manera indebida”.

Y ahí ya los aplausos, el bullicio y las consignas se habían instalado. Todavía remató Bitimeo con algo que caló más: “la responsabilidad del Estado mexicano para que vigile que las empresas cumplan todas las leyes aplicables y respeten los derechos humanos y el medio ambiente”.

Sonó hasta el caracol, y el indígena agregó: “queremos políticas públicas eficientes para la protección de personas defensoras del territorio. Hablando de empresas y mega proyectos, en Sinaloa estamos luchando y necesitamos protección. Ojalá que al volver allá no se cumplan las amenazas de muerte que pesan sobre nosotros. No queremos un Samir más”.

El nombre del defensor asesinado en febrero surtió su efecto. Las voces se levantaron de todas las partes del auditorio: “no más criminalización a los defensores de tierra y territorio”, se oyó en un lado. “Justicia para Samir y para todos”, gritaron en otro extremo. “No a la presa en Itzamatitlán”, “ni a la de Temacapulín”, “ni a ninguna otra”, “vamos compañeros”.

“Aquí no”, gritó Bitimeo, para explicar que era el nombre del colectivo que lucha en Sinaloa por el no a una presa, y aunque agradeció el espacio y trató de cerrar la intervención para seguir con el foro nacional, los asistentes tenían mucho que gritar, varios por su cuenta siguieron reclamando el no a los mega proyectos en sus territorios, adornadas las consignas por el sonido del caracol.

El moderador, un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), trató de seguir el programa, pero los gritos de reclamo, que evidenciaban todos los problemas en los territorios, no cesaban. “Sé que hay mucho dolor, compañeros, pero hay que seguir”, dijo. “Justicia para Samir”, le respondió un grito, y a ese nombre se sucedieron otros, junto a la misma exigencia de justicia.

No sirvieron las peticiones de silencio del moderador y entonces pidió un minuto de aplausos por todos los defensores asesinados. Los alrededor de 900 asistentes se pusieron de pie y cambiaron los gritos por el homenaje en palmas a sus compañeros caídos. Solo después de eso volvió un poco la calma y el foro pudo seguir.

Otros temas para elevar a rango constitucional fueron, respecto a justicia: que se reconozcan los sistemas normativos indígenas para que se respeten y se tomen en cuenta en la solución de conflictos; que se reconozca a las autoridades comunitarias como órganos juridiccionales, en los mismos términos que jueces y tribunales; y que se les reconozcan sus sistemas de seguridad comunitaria.

Una exigencia más en el ámbito de justicia es que haya tribunales especializados, con juzgadores bilingües, en las lenguas maternas y sus variantes, así como defensores públicos y peritos.

En cuanto a instancias de decisión, las propuestas para llevar a reformas constitucionales son: establecer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la representación y participación en la vida económica, social y política, en todos los ámbitos y niveles. La presentación política será a través de autoridades elegidas bajo los propios sistemas normativos.

Respecto a la cuestión del desarrollo, las propuestas giraron en torno a elaborar modelos de desarrollo con pertinencia cultural, que respeten el patrimonio biocultural, los recursos fitoalimentarios, las semillas nativas y los conocimientos tradicionales, en especial el sistema milpa. Los representantes de las comunidades se pronunciaron por el no a los transgénicos y por el derecho a un medio ambiente sano.

Después de la realización de 55 foros regionales y el nacional, se habrán de construir acuerdos y consensos globales y conformar una comisión que tendrá la encomienda de entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador el documento de conclusiones para solicitar el inicio del proceso correspondiente ante el poder Legislativo.

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Getty Images

Los brutales asesinatos ocurridos en Los Ángeles de los que acusan a la Mara Salvatrucha

Un grupo de personas señaladas como miembros de la pandilla MS-13 en EU es acusado de haber participado en una serie de crímenes de sangre, incluidos varios en los que las víctimas fueron masacradas con machetes en el Bosque Nacional de Los Ángeles.
Getty Images
22 de julio, 2019
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Asesinatos así de atroces no se veían en Los Ángeles desde “hacía más de 20 años”.

Eso aseguró Nick Hanna, el fiscal general de Estados Unidos para el distrito centro de California, cuando el pasado martes acusó a la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, de perpetrarlos.

Una acusación dada a conocer el 16 de julio por las autoridades federales del país señala que un grupo de pandilleros participó en una serie de asesinatos, incluidos varios en los que las víctimas fueron masacradas con machetes en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

En una ocasión, indica el documento judicial, una víctima de una pandilla enemiga fue secuestrada, ahogada y trasladada al bosque, donde la descuartizaron con un machete y arrojaron sus restos en un despeñadero, tras extraerle el corazón.

En otros actos violentos, detallaron las autoridades, utilizaron cuchillos y bates de béisbol.

Los fiscales federales señalan a 22 supuestos pandilleros, la mayoría por haber asesinado a siete personas en los últimos dos años. Todos permanecen bajo custodia.

La extensa acusación, producto de una investigación de un año por parte de agencias estatales y federales, enumera otros delitos como vandalismo, tráfico de drogas y crimen organizado.

Algunos de los sospechosos aparecen en el documento con apodos como “Desquiciado”, “Desastre” o “Bala”.

grafiti

Dpto de Justicia distrito centro California
Los acusados son señalados por las autoridades como miembros de la clica Fulton, la unidad “más grande y violenta” de la MS-13 en Los Ángeles.

La acusación señala que “pandilleros jóvenes” exigieron a quienes quisieran entrar en la pandilla, “matar a un rival de MS-13 o a alguien percibido como un adversario”.

Además de resaltar la brutalidad de los actos, los funcionarios señalaron a los acusados como miembros de la “clica” Fulton, la unidad “más grande y violenta” de la MS-13 que opera en la ciudad, y que ha visto recientemente “un aumento de miembros y de víctimas “con el flujo de jóvenes inmigrantes provenientes de Centroamérica“.

¿Por qué ahora?

Entre los 22 acusados, 19 son inmigrantes indocumentados de entre 19 y 24 años de edad que llegaron a Estados Unidos en los últimos 3 o 4 años, le dijo a BBC Mundo Thom Mrozek, portavoz del Fiscal General del Departamento de Justicia para el distrito centro de California.

La mayoría de las víctimas, seis de ellas, eran también inmigrantes jóvenes que vivían en el país hacía pocos años.

Una de ellas, la que fue asesinada en marzo del año pasado en el Bosque Nacional de Los Ángeles, era un supuesto rival perseguido por haber tachado un grafiti de la MS-13.

Otra de las víctimas fue un hombre en situación de calle que vivía en un parque “controlado por la pandilla”, señala la acusación.

Grafiti de M-13

Getty Images
La pandilla Mara Salvatrucha se originó en Los Ángeles en la década de 1980.

“Estos jóvenes quieren restablecer los niveles extremos de violencia de la Mara Salvatrucha que vimos en Los Ángeles a principios de 1990″, señaló Mrozek.

La MS-13 fue integrada en EE.UU. en la década de 1980 mayoritariamente por salvadoreños, descendientes de estos y otros inmigrantes fundamentalmente de Guatemala y Honduras.

De acuerdo con el funcionario, los asesinatos con machetes “empezaron apenas hace dos años” en Los Ángeles, algo que no documentaban desde hace más de dos décadas.

Que en el pasado hubiera menos delitos tan brutales como los de ahora se debe, indicó Mrozek, a que la Mafia Mexicana ejercía control durante décadas sobre las pandillas de origen latino en la mitad del sur de California, entre ellas la MS-13.

El antecedente

La investigación indica que los acusados están asociados no solo con la clica Fulton, sino con un subgrupo de la pandilla llamado “503”, conocido por “adherirse a las raíces violentas de la MS-13 y al nacionalismo salvadoreño”.

La subdivisión “503” —se llama así por el código telefónico de El Salvador, explica la acusación— fue conformada en 2015 tras el fin de una tregua firmada en El Salvador tres años antes entre las principales pandillas, Mara Salvatrucha y Barrio 18, y el gobierno.

Se le considera una rama disidente de la Mara Salvatrucha que en 2017 negoció con el gobierno salvadoreño fracturar la pandilla a cambio de que sus líderes fuesen trasladados de penales de máxima seguridad a cárceles comunes, según reportó entonces el medio especializado en el tema El Faro, de El Salvador.

“La MS-503 es una facción mínima y artificial, que nunca tuvo poder en las calles, que es donde las pandillas se miden”, le dijo a BBC Mundo Roberto Valencia, periodista de El Faro.

Según la acusación de las autoridades estadounidenses, los miembros salvadoreños de la MS-13 que han llegado en años recientes a Los Ángeles se identifican a menudo con el grupo “503”.

Aunque los asesinatos con machetes son señalados como una novedad en Los Ángeles, homicidios de esta crudeza han sido atribuidos a la MS-13 en años recientes en la costa este de EE.UU., en estados como Nueva York y Massachusetts.

Jóvenes y pandilleros

Algunos de los sospechosos nombrados en la acusación de California eran menores de edad cuando cometieron varios de los delitos, le confirmó Mrozek a BBC Mundo.

Los jóvenes inmigrantes, advierten expertos, especialmente los que han arribado recientemente a EU, son una población especialmente vulnerable.

“La clica de Fulton es muy activa en el reclutamiento de jóvenes y eso es una fuente de seria preocupación”, le dijo a BBC Mundo la antropóloga de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Jorja Leap, quien ha investigado extensivamente el fenómeno de las pandillas en Los Ángeles.

La MS-13 tiene alrededor de 20 clicas activas en la ciudad californiana, aunque la policía informó en 2018 que el número de miembros activos había descendido de 1.000 en 2011 a entre 700 y 800 el año pasado, según reportó Los Angeles Times.

Leap compartió que en las zonas donde hay presencia de pandillas que suele visitar en la ciudad hay comentarios de que los pandilleros jóvenes “son más impulsivos y actúan de manera más impredecible”.

Para poner en perspectiva el panorama, la profesora recordó que las cifras de homicidios en Los Ángeles decrecieron el año pasado y que, en general, la ciudad es menos violenta que en las décadas de 1980 y 1990.

“Durante el auge de la MS-13 se registraban 1.200 homicidios por año. El año pasado hubo unos 300” , dijo.

“¿Respuesta a Trump?”

La académica advierte que, por lo general, las pandillas no quieren llamar la atención de las autoridades y suelen involucrarse en actos violentos para enviar un mensaje.

“No quisiera especular sobre por qué de repente están usando este tipo de brutalidad. ¿Tratan de hacer una declaración sobre lo atroces que son? ¿Están advirtiendo a la gente sobre lo que puede pasar al desobedecer? ¿Están respondiéndole a Trump y demostrando que son una banda brutal?”, pregunta Leap.

Una foto de archivo muestra el arresto de tres sospechosos de ser pandilleros de la MS-13 en Los Ángeles.

Getty Images
Las “clicas” son unidades de la pandilla que ejercen control sobre territorio, como vecindarios y parques. (Foto de archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado con frecuencia lo peligrosos de la MS-13 y ha afirmado que los inmigrantes han traído consigo la violencia que este y otros grupos delictivos cometen en sus países de origen.

Sin embargo, los miembros de la MS-13 deportados de EU, en particular de El Salvador, fueron quienes inicialmente extendieron la violencia por todo Centroamérica.

Hoy en día, la pandilla es calificada como una organización criminal transnacional con más de 10.000 miembros activos en Estados Unidos y decenas de miles más en Latinoamérica, según estimaciones del FBI de 2009.

Un exmiembro de la Mara Salvatrucha desde una prisión de San Salvador

Getty Images
Algunos líderes de la Mara Salvatrucha en EE.UU. fueron deportados a El Salvador y como consecuencia se expandió la organización criminal.

Tanto Leap como otros conocedores del problema de las pandillas consideran que el discurso agresivo de Trump, como llamarles “animales” a los delincuentes, podría paradójicamente contribuir a atraer más miembros a las filas de las organizaciones delictivas.

“Esta es la opción más sencilla”, apuntó Leap. “A menudo no tomamos en cuenta factores como trauma y enfermedades mentales. Eso unido a la pobreza y una educación deficiente hace que los jóvenes sean más fácilmente absorbidos por las pandillas”.

Sobre la violencia “que no se ha visto en 20 años” por parte de la MS-13 que mencionan las autoridades, cabe preguntarse sobre cómo es definida, cuestionó la antropóloga.

“Aunque no había oído de personas utilizando machetes para agredir y matar en Los Ángeles, apuñalar a alguien muchas veces también es atroz, y ha pasado antes. La MS-13 se caracteriza por sus actos de brutalidad y es lo que la diferencia como pandilla”, sentenció.


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