Hospital del Edomex se niega a examinar a menor para saber si fue víctima de violación
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Hospital del Edomex se niega a examinar a menor para saber si fue víctima de violación

ONG pide investigar a doctora del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango que negó que se practicaran pruebas a una niña que denunció haber sido drogada por desconocidos.
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28 de agosto, 2019
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La negativa de realizar exámenes a una niña de 13 años que fue drogada por desconocidos e ingresada inconsciente al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, impidió saber si la menor fue víctima de violencia sexual y cuál fue la sustancia con la que se intoxicó.

El caso de Karla X, quien ingresó a terapia intensiva del hospital el pasado miércoles 21 de agosto, fue documentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que acusa a la doctora Yaneli Vilchis, trabajadora del nosocomio, de impedir que se realizaran exámenes de sangre y ginecológicos a la menor.

En un comunicado, el OCNF explicó que la familia de Karla pidió al personal del hospital que se le realizaran los estudios necesarios para saber cuál era la sustancia que le fue suministrada a la niña, y para descartar o no una probable violación sexual, pero el personal médico no actuó como indican los manuales de procedimiento.

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De acuerdo con el Observatorio, en el hospital tampoco informaron al Ministerio Público sobre lo ocurrido con la adolescente, por lo que consideró que “su actuar fue dilatorio y omiso”.

“Fue el propio padre de Karla quien acudió al Ministerio Público la misma noche del 21 de agosto, pese a ello, el formato llenado por funcionarios del hospital no llevaba ni siquiera la edad de la niña. Durante toda esa noche, ningún médico acudió a certificar el estado de salud de la joven, mucho menos a realizar el estudio ginecológico y proctológico”, denunció la organización.

Cuando recuperó la memoria, la menor mostró a sus padres los golpes que tenía, sin embargo, en el hospital solo le practicaron pruebas ginecológicas superficiales, “no los estudios necesarios y a profundidad que pudieran descartar con certeza una violación sexual”, acusó el OCNF.

El 24 de agosto, la doctora Yaneli Vilchis dio el “alta” de manera verbal a Karla, aunque no le entregó a su familia el resultado del antidoping. Además, aunque el hospital descartó la existencia de violación, y sin previa autorización de sus padres, le suministraron a la menor una pastilla “del día siguiente y otra contra el VIH, lo que no concuerda con el dicho del nosocomio al descartar violencia sexual”, señaló el Observatorio.

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La organización señaló que los padres de Karla solicitaron que se le tomara una muestra de sangre para que le realizaran un antidoping, y como respuesta la doctora “inició una serie de reclamos que derivaron en la revictimización de la joven y su familia, asimismo, de manera déspota, informó que no realizara el estudio sino hasta que le fuera presentado un oficio por parte de la Fiscalía”.

El Observatorio explicó que el retraso en la práctica del estudio provocó que disminuyeran las posibilidades de conocer cuál fue la droga suministrada a la niña, pues al practicarle el antidoping este no identificó la sustancia.

“Esto es grave, porque no es el primer caso relacionado con el suministro de drogas y/o sustancias que impactan en la salud de jóvenes y niñas, por lo que la obstaculización de la doctora frenó una investigación que pudiera derivar no solo en la identificación de la droga, sino en la del modus operandi que está violentando la integridad física de las mujeres y que pudiera estar relacionado con delitos de violencia sexual, desaparición, trata o incluso feminicidios”, expresó.

Además de las omisiones detalladas por el OCNF, la organización acusó a la doctora de hacer firmar al padre de Karla un pagaré por 10 mil pesos para la atención de la adolescente, “sin que necesariamente la niña fuera atendida conforme a la Ley”.

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Por ello, las 43 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Observatorio exigieron a las autoridades del Estado de México investigar y sancionar el proceder de la doctora Yareli Vilchis Venegas y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango por las violaciones al derecho a la salud de Karla.

También pidió que se realice una investigación que contemple el contexto criminal que se vive en el Estado de México que vulnera la vida e integridad de las mujeres y que realice acciones de prevención para evitar la continuidad del modus operandi que forma parte de la violencia feminicida en la entidad.

Otra exigencia fue la capacitación de funcionarios públicos de los hospitales en el estado.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2019 se abrieron 53 carpetas de investigación por casos de feminicidio en el Estado de México.

En el mismo estado, se registraron mil 512 denuncias por abuso sexual, 832 por violación simple y 518 por violación equiparada.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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