Omisiones y falta de registro dejan a huérfanos por feminicidio sin reparación del daño
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Omisiones y falta de registro dejan a huérfanos por feminicidio sin reparación del daño

Niños quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la violencia en el país, pero eso no es suficiente para que el Estado mexicano les dé la atención requerida.
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20 de agosto, 2019
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Campira Camorlinga Alanís fue asesinada el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, por su entonces pareja sentimental, Jorge Humberto “N”, hoy detenido.

Sus hijos, Carlos y Alexa, perdieron a su madre, quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la violencia en el país, pero eso no fue suficiente para que el Estado mexicano les diera reconocimiento como tal.

Durante casi dos años los menores “no existieron” en la investigación. En consecuencia, los hermanos, ambos menores de edad, no han recibido la asistencia que el Estado está obligado a brindarles, como terapia psicológica y apoyo para su educación, derechos que forman parte de la reparación integral del daño establecida en la Ley General de Víctimas.

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Bajo esta situación hay miles de menores de edad, que han quedado huérfanos por feminicidio en los últimos años.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a mayo de 2019 se registraron 3 mil 17 feminicidios, de los cuales alrededor de 2 mil víctimas tenían más de 18 años, lo que significa que pudieron estar en edad reproductiva y haber sido madres de familia.

Además, en el mismo periodo el SESNSP registra 9 mil 892 mujeres víctimas de homicidio doloso, sin especificar cuántos de estos casos pueden ser investigados como feminicidio.

De todas estas mujeres asesinadas, no hay información sobre cuántas eran madres y por tanto se desconoce el número total de menores que quedaron en orfandad.

Animal Político solicitó vía transparencia a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de la Violencia y a cada Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en las 32 entidades los registros de huérfanos víctimas de feminicidio que han recibido atención desde 2012.

De acuerdo a los registros, oficialmente solo están registrados por las autoridades 238 huérfanos que reciben atención del Estado como víctimas de la violencia.

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Menores que no existen para el Estado

Los huérfanos por feminicidio deben estar amparados en la Ley General de Víctimas —creada en 2013 y reformada en 2017— bajo la figura de víctimas indirectas, “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”.

Según esta ley, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, dependencias e instituciones públicas tienen que velar por la protección de las víctimas indirectas y deben brindarles atención inmediata, en especial, en materias de salud, educación y asistencia social, además de garantizar las medidas de reparación integral, la cual incluye las “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”.

Los diferentes niveles de gobierno que no cumplan con estos principios “quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.

Pero en la realidad, sin un registro nacional, se desconoce cuántos menores logran acceder a estos derechos y qué tipo de ayuda reciben.

Según los testimonios de víctimas y especialistas entrevistados por Animal Político, en su mayoría, las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio no logran la reparación integral del daño por: deficiencias en la investigación, omisiones en el proceso judicial, desconocimiento de los funcionarios de los ministerios públicos sobre los derechos de las víctimas indirectas, y que ninguna dependencia federal tiene la facultad u obligación de hacer un registro oficial de estos casos.

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En entrevista, Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica que un registro de huérfanos por feminicidio no existe porque no está estipulado por la Ley. Por tanto, la Comisión solo cuenta con un registro nacional de víctimas directas e indirectas.

Otra de la razones, según Gail, que complican tener una base de datos nacional es que el feminicidio es un delito que se atiende a nivel local, por lo que es más factible que cada estado lleve su registro acorde a sus leyes.

“En la CEAV tenemos la facultad de atraer casos locales a nivel federal, pero solo cuando es solicitado por las víctimas indirectas, siendo así la única manera en la que podríamos contar con un registro más preciso”, refiere.

El hecho de que en varios estados las comisiones locales apenas se están creando también imposibilita contar datos nacionales.

Gail detalla que en los últimos dos años, la Comisión ha impulsado políticas públicas con las que se logren atraer más casos a nivel federal, y así garantizar que los menores logren una reparación integral del daño.

Por el momento la CEAV no puede hacer más que lo que está establecido en la Ley, que es atraer casos —cuando haya elementos de trascendencia nacional—, emitir opiniones técnicas y vigilar que se cumpla con la reparación integral del daño, esto último a solicitud de las víctimas o de una ONG.

Para una opinión técnica, la CEAV elabora un expediente del caso, hace un análisis técnico jurídico y entrega conclusiones que tienen que ser tomadas en cuenta en la investigación.

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En marzo pasado, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció, como parte de la estrategia para combatir la violencia de género, la creación de un registro de víctimas indirectas, particularmente menores de edad, que sean dependientes económicos de mujeres asesinadas, además de un acompañamiento integral.

El Inmujeres dijo a Animal Político que revisarán los expedientes de muertes violentas de mujeres en el periodo mencionado para generar un registro de huérfanos con los datos que proporcionen las 32 fiscalías y procuradurías del país, aunque ese registro será solo una muestra.

Se espera que para mayo de 2020 se tengan los resultados.

Víctimas deben pelear por sus derechos

Al no existir para el Estado, las víctimas acuden a otras dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para exigir los derechos que les corresponden.

En marzo de 2018 ocho familias del estado de Coahuila denunciaron ante la CNDH el abandono del Estado para el mismo número de menores de edad, que quedaron huérfanos por feminicidio.

Las denuncias derivaron en las correspondientes recomendaciones de la Comisión a instancias estatales, para que las víctimas tuvieran acceso a una reparación integral del daño.

La CNDH informó a Animal Político que de marzo de 2018 a la fecha no tuvieron más denuncias como estas.

María Eréndira Cruzvillegas, encargada de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, órgano vigilante de que las autoridades garanticen los derechos de las víctimas indirectas de feminicidios, explica que el papel de la Comisión no puede ir más allá de la recomendación y vigilar que esta se cumpla.

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Cruzvillegas refiere que en 2018, la CNDH realizó un diagnóstico nacional sobre las víctimas indirectas y plantearon la necesidad de crear un sistema de protección para éstas y en particular para niños y niñas que pierden a sus madres.

La Cuarta Visitadora destaca el trabajo que se ha hecho en estados como Chihuahua, Colima, Hidalgo, Nuevo León y Coahuila para aplicar mecanismos de protección y garantizar la reparación integral, aunque desconoce si en estas entidades existe un registro del número de casos.

Para Cruzvillegas la figura de víctimas indirectas es insuficiente ya que los menores de edad suelen no tener voz y voto en este tipo de investigaciones.

En su opinión hace falta una homologación de mecanismos para que todos los estados actúen igual y se tenga la información que permita la creación de una base de datos nacional.

“No hay cifra oficial, en algún momento nosotros solicitamos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tuviera ese procedimiento pues nosotros no contamos con datos duros (…) también hace falta una política pública integral que priorice a la infancia en todos los estados ya que las niñas y los niños, en particular los que quedan solos por feminicidios o desaparición de sus madres”, finaliza.

Sin apoyo del Estado quedan en manos de familiares

Sin un registro nacional ni dependencias que velen por ellos, la mayoría de los hijos de mujeres víctimas de feminicidio quedan en manos de sus familiares más cercanos, que regularmente son los abuelos, tíos y, en algunos casos, los padres.

Desde el 31 de diciembre de 2016 cuando Campira fue asesinada, Carlos y Alexa quedaron bajo el cuidado de su abuela, Margarita Alanis.

En aquel momento Carlos y Alexa tenían 12 y 2 años, respectivamente. Margarita decidió asumir la responsabilidad de sus nietos pues el padre de Carlos había muerto de cáncer y el papá de Alexa se había separado hace tiempo de su hija.

En entrevista para Animal Político, Margarita relató que sus abogados se percataron de que la investigación no contemplaba a los menores como víctimas indirectas, por lo que se reinició la indagatoria y casi dos años después, el Estado ofreció ayuda, pero insuficiente, según la abuela de los menores.

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“Las autoridades me ofrecían un número de terapias limitadas o con psicólogos que no estaban especializados en la edad de mis nietos, por eso mejor lo rechacé”, comentó.

Durante el periodo en que los hermanos no existieron para el Estado, Margarita se llevó a Carlos a Acapulco —donde vive su abuelo— para que cursara la secundaria en una escuela privada y Alexa permaneció en la CDMX donde fue inscrita en un kínder. Al mismo tiempo asistía a las audiencias en contra de Jorge Humberto “N” quien ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Otra de las razones por las que Margarita rechazó la ayuda del gobierno es que le pedían que Carlos regresara a la capital para poder acceder a las terapias, ya que estando en Acapulco no podrían brindarle la ayuda.

La madre de Campira prefirió pagar con sus propios ingresos, que son de 9 mil pesos mensuales, la educación y terapias de sus nietos a pesar de ser un derecho que el Estado por obligación debería brindarles.

Desconocimiento total de datos y leyes

Margarita cuenta que aquel 1 de enero de 2017, cuando fue informada del asesinato de Campira y acudió al Ministerio Público para reconocer el cuerpo y levantar la denuncia correspondiente, los funcionarios no le informaron sobre sus derechos ni le explicaron que era una víctima indirecta.

“Me trataron de una forma cortante, sin sensibilidad, solo recuerdo que me dieron una hoja con 50 puntos que tenía que firmar, yo solo quería que me entregaran el cuerpo de mi hija así que firmé sin leer pero ellos nunca me informaron sobre mis derechos”, relata.

La hoja que Margarita firmó era la carta de sus derechos que incluye una leyenda en la que dice que los funcionarios en turno le informaron debidamente sobre los mismos, aunque esto no sucedió.

El asesino de su hija quiso aparentar un suicidio dejando las llaves del gas abiertas, pero lo que comprobó el feminicidio fueron las huellas de tortura y estrangulación que Campira tenía en su cuerpo, así como un par de videos que revelan que Jorge Humberto “N” fue el último en salir del departamento donde ella fue asesinada.

“Yo no sabía que tenía derechos, pensé que la única víctima había sido mi hija, no sabía que mis nietos y yo éramos víctimas indirectas y que teníamos que reclamar nuestros derechos”.

“Padres e hijos reciben un trato nefasto”

Ana Yeli Pérez, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y representante legal de huérfanos por feminicidio, considera que la falta de un registro federal de menores en esta situación tiene que ver con un problema de fondo.

En entrevista, Ana Yeli explica que en la mayoría de los casos las víctimas indirectas, ya sean menores o adultos, no quedan registrados como tal por el desconocimiento mismo de las autoridades sobre la Ley General de Víctimas, así como su mal desempeño durante la investigación del caso.

Por ello es que los huérfanos por feminicidio, así como sus familiares más cercanos, no alcanzan nunca una reparación integral del daño.

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De acuerdo con Ana Yeli, desde el primer contacto, los familiares de la víctima directa reciben un trato “nefasto y poco comprensivo” por parte del personal del Ministerio Público, además de que casi nunca son informados sobre sus derechos, como en el caso de Margarita.

La abogada del OCNF considera que la Ley General de Víctimas “es buena pero es muy reciente” y a esto se suman otros inconvenientes como el hecho de que en muchos estados aún no hay una Comisión de Atención a Víctimas, instancia encargada de garantizar sus derechos.

“Creo que los problemas para la aplicación de la ley siguen siendo estructurales y de deficiencias de los servidores públicos porque no la conocen, y peor aún, ignoran los estándares internacionales a los que México está comprometido para la garantía de los derechos humanos de las víctimas”, explica.

Ana Yeli también hace hincapié en el deficiente sistema de procuración y administración de justicia que desde hace años impera en México y que propicia la permanencia de la impunidad así como la falta de sanciones a los funcionarios que no hacen bien su trabajo.

Esto provoca que, en la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas sean los responsables de buscar asesoría legal, pagarla y luchar, a veces por años, por una reparación integral del daño.

Los más afectados de que no exista un registro nacional de víctimas indirectas y en específico de huérfanos por feminicidio, son los menores de edad quienes tienen que depender de alguien más para defenderse legalmente.

Para que esta situación cambie a favor de las víctimas, opina Ana Yeli, se necesita una reestructuración de fondo en el sistema judicial por parte del actual gobierno federal, con personal debidamente preparado y que tenga conocimiento de las leyes, derechos de las víctimas y derechos humanos.

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Coronavirus: qué dice el modelo matemático del Imperial College que cambió la estrategia de Reino Unido

Una medición hecha por el Imperial College de Londres muestra un panorama muy desolador si Reino Unido y Estados Unidos no toman medidas más drásticas frente a la pandemia que ataca el planeta.
Getty Images
18 de marzo, 2020
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La estrategia del gobierno británico contra el coronavirus se basaba en la “mitigación” y la “inmunización del rebaño”…

Pero de repente todo cambió: un modelo matemático presentado por el Imperial College de Londres daba un panorama extremadamente sombrío de cómo la enfermedad se iba a propagar por el país, cómo iba a impactar el sistema público de salud (NHS, por sus siglas en inglés) y cuántas personas iban a morir.

Y el mensaje no podía ser más claro: o se cambia de estrategia o más de un cuarto de millón de personas van a morir a causa del coronavirus. Incluso si el sistema puede atender a todos los pacientes contagiados.

En EE.UU., ese modelo determina que pueden fallecer entre un millón y 1,2 millones de personas por el coronavirus si no se toman medidas inmediatas.

“Podríamos estar viviendo en un mundo muy diferente del que conocemos durante un año o más”, le dijo al diario Financial Times Neil Ferguson, jefe del programa de modelos matemáticos del Imperial College de Londres.

Por eso, el primer ministro, Boris Johnson, comenzó a hablar de “supresión”, que es la estrategia que se utilizó en China y se traduce en romper la cadena de contagio con la distancia social de toda la población, en vez de “mitigación”.

Doctoires en Italia.

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En Italia los contagios han alcanzado los 12.000 casos y más de 1.800 contagiados.

La OMS ya había señalado que si la opción fuera no hacer nada, las muertes en Reino Unido podrían llegar a las 510.000. Teniendo en cuenta esto se optó por la estrategia de la mitigación, con el fin de no cerrar el país.

Pero el gobierno, como lo señala el corresponsal para temas de salud de la BBC, James Gallagher, “confía en la ciencia para tomar decisiones y la ciencia cambia todo el tiempo”.

Y la ciencia le dijo al gobierno ahora que, si continuaba con el modelo de mitigación, no sólo habría esa cantidad de muertos, sino que el sistema de salud colapsaría.

La estrategia de supresión es la única viable“, advierte el informe del Imperial College.

Hasta este martes, en Reino Unido

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BBC

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El modelo

Para crear este modelo, los científicos, tomando en cuenta la experiencia de países como China y Corea del Sur, midieron las tres estrategias posibles para afrontar la pandemia:

  1. Supresión: romper las cadenas de transmisión, tratando efectivamente de detener la epidemia, y reducir los casos a lo más bajo posible, como lo ha hecho China.
  2. Mitigación: aceptar que no se puede detener el coronavirus, por lo tanto, disminuir su propagación y tratar de evitar el punto máximo en casos de contagio que harían colapsar al sistema público de salud. Esa era la estrategia del gobierno británico hasta este lunes.
  3. No hacer nada y que el coronavirus ataque a toda la población.

Lo que nos dice este modelo es que debemos reducir la curva de casos, con la certeza de que no la vamos a llevar a cero“, le dijo a la BBC Patrick Vallance, el asesor en temas científicos del gobierno británico.

El informe del centro de investigación parte del escenario más similar al que se ha enfrentado la humanidad con un virus sin una vacuna disponible: la pandemia de la gripe H1N1 de 1918, cuando al menos 18 millones de personas murieron alrededor del mundo.

Peronas en EE.UU.

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De continuar con la estrategia de mitigación, en EE.UU., podrían morir 1,2 millones de personas debido al coronavirus.

Con eso en mente, el modelo implementado por el Imperial College para realizar su medición toma algunas variables como los días de incubación del virus (5,1 días), el promedio de personas que se contagiaron por día, las circunstancias de control que existían cuando se contagiaron y las tasas de mortalidad y recuperación.

También se tuvieron en cuenta, de acuerdo a los datos entregados por cada país, las políticas que se implementaron, como por ejemplo: personas que se les puso en cuarentena por mostrar síntomas, a las personas que se pusieron en cuarentena porque tuvieron contacto con otra persona infectada, distancia social de las personas mayores de 70 años, distancia social de toda la población y el cierre de colegios y universidades.

A cada uno de estos aspectos, los especialistas aplicaron variables de tiempo y cantidad de personas infectadas, y sobre todo, como podrían impactar esto en el sistema de salud de ambos países contando las camas disponibles en cada cada país.

Resultados

Los resultados dejaron desconcertados a los expertos: si no se toma ninguna medida en ambos países, el modelo señala que el pico de contagios se alcanzará en tres meses, infectará a cerca del 80% de la población y dejará 510.000 personas muertas en Reino Unido y cerca de 2,2 millones en EE.UU.

Además de un sistema de salud colapsado.

Con la estrategia de mitigación del contagio, además de las 255.000 muertes en Reino Unido y 1,2 millones en EE.UU., el problema sería mantener el sistema de salud por los casos que se darían en el largo plazo.

King cross

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Después del cambio de estrategia del gobierno británico, lugares como las estaciones de trenes comenzaron a verse vacíos.

“Nuestra mayor conclusión de este modelo es que la estrategia de mitigación -la que el gobierno británico llevaba adelante- no es factible porque supone respaldarse en un sistema de salud que se vería sobrepasado en varios números en su capacidad de reacción”, se lee en el informe.

Los datos señalan que la estrategia de la supresión, que es la mezcla de todas estas políticas, reduciría en “dos tercios” la demanda de atención médica por parte de los servicios de salud en el punto más alto de la crisis y es “la política correcta para atender la pandemia”.

Y se añade: “Los efectos sociales y económicos para poder adoptar estas medidas serán profundos porque deberán ser financiadas durante un tiempo”.

Finalmente indica que muchos países ya han adoptado esta estrategia para mitigar el impacto en la sociedad y que incluso países como Reino Unido donde el coronavirus está en una etapa incipiente -en comparación con Italia y España- debe tomarla de forma inminente.


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