El Senado de la República espera recibir este domingo 1 de septiembre la iniciativa preferente de la Ley de Amnistía, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El senador y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, refirió que la iniciativa tendría que ser enviada este 1 de septiembre, pues es cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.
Dicha iniciativa serviría para liberar a toda las personas que se encuentren injustamente encarceladas.
A finales de julio, el presidente anunció que agilizaría su presentación para permitir la liberación de “miles de personas” en todo el país.
En aquel momento el mandatario dijo haber recibido un expediente “de más de tres mil mujeres que no tienen por qué estar en la cárcel” asegurado que el procedimiento, de desistimiento penal, para liberarlas es muy complicado”.
Por esta razón, agregó, analizaba con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el consejero jurídico, Julio Scherer, los términos en que sería presentada una propuesta de Ley de Amnistía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que la aprobación de esta iniciativa sería un acto de justicia “para las personas que han sido víctimas de las deficiencias del sistema penal del país, quienes después de muchos años permanecen en la cárcel porque no han podido cerrar sus procesos”.
El beneficio de esta ley solo se otorgaría a quienes sean auténticos merecedores, “para aquellos a quienes la amnistía sea un auténtico acto de justicia frente a las injusticias que han padecido, producto de las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia”, dijo en entrevista para medios al término de su participación en la reunión plenaria de los senadores de Morena.
Durazo agregó que la medida no está dirigida a grupos de población específicos, sino que se analizará cada caso, por ejemplo a personas que bajo presión o extorsión de grupos criminales han transportado pequeñas dosis de droga.
Resaltó que las medidas de la iniciativa también servirán a las personas que no tienen recursos para pagar un proceso jurídico como las personas indígenas; de las cuales hay un número muy importante que están recluidas por acusaciones menores.
Indicó que hay casi siete mil personas indígenas que están presas, sin embargo sólo hay 25 intérpretes, lo que “da idea de la deficiencia o desventaja en la que cubren estas personas indígenas sus procesos judiciales”, razón por la cual la aprobación de la ley sería un acto de justicia.
Señaló que aunque la iniciativa fue una decisión del Ejecutivo federal, tendría una legitimidad si es espaldada por un órgano representativo como es el Congreso de la Unión, y confió en que senadores de oposición la respaldarán.
Una vez recibida, el Congreso está obligado a dictaminar y presentar al Pleno en un periodo de 31 días naturales, y de aprobarse en la cámara de origen se remite a la revisora que tiene un plazo igual para legislar.
