Julio César Silva Gómez, el “juez de barandilla” del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, vinculado a un proceso penal por su presunta responsabilidad en dar información indebidamente a personas que cometieron el asesinato de cinco personas (crimen ocurrido el pasado 2 de agosto en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública local), cuenta con dos reconocimientos por su labor en la administración pública, y tenía poco menos de una semana de haber asumido el cargo.
El juez fue señalado por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato de colaborar con los asesinos dándoles información que utilizaron para cometer el multihomicidio, por lo que fue acusado por el delito de uso indebido de la información, conocido como “halconeo”, creado el pasado 31 de julio, cuando el Congreso local aprobó un dictamen elaborado por el grupo legislativo del PAN con el objetivo combatir “conductas que trastocan y vulneran la tranquilidad de la sociedad”.
Se convirtió en la primera persona en dicho estado en enfrentar una acusación de ese tipo.
Por el delito de Uso Indebido de la Información “Halconeo”, Julio César Santiago “N”, que fungía como juez calificador, fue detenido por @AIC_Guanajuato y hoy vinculado a proceso con prisión preventiva por los hechos ocurridos el viernes pasado en Barandilla de #ValledeSantiago pic.twitter.com/FqsYZOXzRg
— Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 6, 2019
El delito que se castiga con hasta 7 años de cárcel, y que entró en vigor el pasado 3 de agosto, ha levantado controversia entre periodistas y defensores de los derechos humanos, como la organización Artículo 19, quien considera que con ese nuevo ilícito puede vulnerarse el trabajo periodístico y la libertad de expresión en la entidad.
Con buenas referencias
De acuerdo con tres funcionarios del ayuntamiento de Valle de Santiago, entrevistados por Animal Político, bajo condición de anonimato debido al clima generalizado de violencia que se vive en el lugar, el juez Silva cuenta con un perfil calificado para ejercer su labor, motivo por el cual fue contratado como oficial calificador -un cargo que comúnmente se conoce como “juez de barandilla”- el pasado 27 de julio.
Los funcionarios entrevistados informaron que al presentar su postulación al cargo, el juez Silva entregó una serie de documentos que se piden por normativa, entre los cuales están una carta de no antecedentes penales y una carta expedida por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato en la cual se manifestó “que no contaba con antecedentes negativos como servidor público, ni temas pendientes de rendición de cuentas”.
Además, presentó su cédula profesional y una copia de su título de licenciado en derecho expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
No solo eso. El juez Silva presentó un reconocimiento por su participación en una feria estatal de oficiales calificadores, en 2007, por el municipio de Irapuato, Guanajuato. También presentó un reconocimiento de Valle de Santiago como oficial calificador, expedido por la administración municipal del periodo 2006-2009.
“La sugerencia de darle el puesto llegó de manera directa desde la Secretaría de Ayuntamiento y tenía las cualidades generales requeridas para el puesto”, dijo uno de los entrevistados.
“Lo que se sabía del juez Silva es que había llegado con buenas referencias, después de que el ocupante anterior del cargo había renunciado por sus propios intereses”.
Los hechos
De acuerdo con el reporte del Ayuntamiento de Valle de Santiago, las cinco víctimas del multihomicidio habían sido detenidas por separado y no había indicios de que tuvieran alguna relación entre ellos.
Al ser llevadas a barandilla todas las víctimas del ataque habían pasado frente al juez Silva, cuyo trabajo consistía en decidir la situación legal de estas personas.
“Tenía que revisar el estado de salud y la situación legal de la gente que llegaba a barandilla y registrar su ingreso y dictaminar si se quedaban o los dejaba salir, es decir si los dejaba en barandilla o podían retirarse”.
Sin embargo, alrededor de las 15:45 horas, personas armadas que se encontraban a bordo de dos camionetas, en las inmediaciones del lugar, irrumpieron las instalaciones municipales para asesinar a los 5 detenidos.
Tras los hechos ocurridos en Valle de Santiago, hemos acordado con el Alcalde Alejandro Alanís Chávez reforzar el apoyo en seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como respaldar la solicitud de más presencia de autoridades federales en la zona.
— LuisErnestoAyalaTorres (@LuisEAyalaT) August 3, 2019
“Enseguida, elementos policiacos acudieron a la Dirección de Seguridad Pública (conocida como Barandilla), donde se percataron de los cuerpos con impactos de arma de fuego, y procedieron a pedir auxilio de los servicios médicos”.
Tres días después de los hechos, el 5 de agosto, el juez Silva fue relacionado con el crimen tras una serie de investigaciones realizadas por la Fiscalía de Guanajuato, instancia que lo acusó por la presunta comisión de “delitos de uso indebido de la información”, por lo que el funcionario se convirtió en el primer imputado vinculado por este delito, conocido como “halconeo”, que apenas
que apenas dos días antes, el 3 de agosto, había entrado en vigor.
La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato confirmaron a Animal Político que, por lo pronto, ese es el único delito que enfrenta el detenido, quien es defendido por un abogado privado.
Fiscalía del Estado investiga multi-homicidio ocurrido en Barandilla de #ValledeSantiago y los daños a la Agencia del Ministerio Público, del que hay un detenido. pic.twitter.com/WrAzHOOS7J
— Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 3, 2019
Más preguntas que respuestas
Por estos hechos, suscitados en medio del conflicto armado entre dos organizaciones criminales antagónicas que operan en la zona y que ha dejado más de 35 personas muertas en esa región, hay más preguntas que respuestas en el Ayuntamiento de Valle de Santiago por la corta estancia del juez en su cargo y porque hasta el momento no hay ninguna relación entre las cinco víctimas.
Entre los funcionarios locales, sin embargo, hay una sensación de miedo por lo que han adoptado algunas medidas de precaución, como irse más temprano de lo común a sus casas. Creen que “venir a trabajar ya implica un riesgo de trabajo”.
Además, hay comercios que ante la escalada de violencia han optado por cerrar sus negocios.
Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró sobre estos hechos el pasado martes 6 de agosto y exigió a todos los municipios que “pongan orden” para evitar infiltraciones del crimen organizado, sin ofrecer mayores pruebas.
“Muchos personajes que se encuentran en diversas corporaciones, ya sean estatales, municipales o federales que estén pasándole información a la delincuencia organizada van a ser vinculados por halconeo”, afirmó.
Incluso, le pidió a los alcaldes que los ayuden “a poner orden en sus corporaciones, no pueden estar al servicio del crimen organizado, tienen que estar a favor y al servicio de la ciudadanía, no es una petición, es una exigencia”, dijo el mandatario en un acto público.
Por su parte, la organización Articulo 19, defensora de la libertad de expresión, aseguró que aunque en el documento donde se aprobó el delito se aclaró que “no es objeto de la presente iniciativa castigar, por ejemplo la labor de investigación periodística, no obstante, con su sola existencia y tal como se encuentra redactado, sí genera una afectación a dicha labor”.
Por lo pronto, las autoridades de Guanajuato tendrán que demostrar que el juez Silva, con apenas seis días de haber ingresado en el cargo, participó con los responsables del multihomicidio al proporcionar información que ocasionó el asesinato de cinco personas.
