'Mi hija fue violada por su padre, y aún no hay justicia': reclama madre de víctima a 4 años del crimen
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Cuartoscuro Archivo

'Mi hija fue violada por su padre, y aún no hay justicia': reclama madre de víctima a 4 años del crimen

Madres de víctimas de violencia sexual piden mejorar las leyes y la aplicación de justicia, para que se dé validez a su testimonio y haya castigo a los agresores.
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16 de agosto, 2019
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“Mi hija fue violada por su padre biológico a la edad de dos años cuatro meses. Mi niña, durante seis días, vivió un infierno a manos de quien se supone debía protegerla y cuidarla. Sangre de su sangre. Y hoy, después de casi cuatro años de luchas interminables en varios tribunales, mi niña aún no encuentra justicia. Su caso sigue impune”.

Mónica Rodríguez se presenta con estas palabras, dichas con la voz entrecortada y un rostro que, además de dolor, refleja rabia.

Supo que algo estaba mal desde la primera vez que la niña convivió con ese hombre, que la engendró, pero que se olvidó de ella a los tres meses de nacida. Hasta que un día reapareció peleando legalmente convivir con ella en las vacaciones de navidad. Logró llevársela una semana, en la que no contestó llamadas ni mensajes, y cuando regresó, nada volvería a ser igual.

“Llegó con rasguños en el cuellito, llegó súper rozada, con miedo, no quería que nadie la tocara, ya había dejado el pañal y de pronto llega con pañal… tuvo un retroceso. Un amigo mío que es psicólogo me dijo: ‘por todo lo que me cuentas, tu hija fue abusada’. La peor noticia que le pueden dar a una madre”, cuenta en entrevista con Animal Político.

Lee más: Uno de cada 10 mexicanos conoce al menos un caso de abuso sexual infantil en su familia

Pero en ese momento era difícil saber exactamente qué había pasado. La pequeña tardó casi un año, yendo a terapia con especialistas en violencia sexual en la infancia, hasta que pudo expresar con sus palabras lo que le habían hecho y quién había sido.

Pasaron otros dos años de esporádicas apariciones del hombre peleando nuevamente en un juzgado civil de Tlalnepantla el derecho a convivir con la niña, sobre todo en diciembre. Mónica interpuso un juicio en Cuautitlán para quitarle la patria potestad por el antecedente de agresión sexual y logró una reserva para evitar los encuentros.

Hasta que la propia niña decidió, en una audiencia, decirle al juez lo que ella sentía.

“No quiero volver a ver a mi papá Erik porque él me toca mi colita con una pelota, y me lastima, y no me gusta, y no lo quiero volver a ver”, recuerda su madre que dijo, refiriéndose como una “pelota” a lo que no eran sino los genitales de su progenitor.

De acuerdo con especialistas como la psicóloga infantil María Cecilia López, es fundamental entender que un niño no expresa la violencia que sufre con las palabras que lo haría un adulto, sino con referencias, dibujos o juguetes, y los responsables de la justicia deben tener esto en cuenta. Sin embargo, según Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), estos casos siempre se caen porque la voz de un niño no tiene validez legal y porque se exige que digan claramente lo que en lenguaje jurídico se llama circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Pero la declaración de su hija motivó a Mónica a, ahora sí, interponer una demanda legal por abuso sexual, y no solo por la custodia. Apenas estuvo en tiempo, porque en el Estado de México, según le han explicado, el delito prescribe a los cinco años. Es decir, que una niña violentada a los dos años, a los siete pierde el derecho de buscar justicia.

Uno de los puntos más mencionados en un foro abierto realizado el miércoles en el Senado, sobre violencia sexual infantil, fue la exigencia de que se legisle para que estas agresiones nunca prescriban.

Pese a su denuncia, Mónica y su hija se han topado con pared. Primero descalificaron el informe psicológico que ya tenían por ser de una asociación privada. “Qué tal que usted pagó por él”, le dijeron. La niña fue a una nueva valoración, sin su madre presente, donde una psicóloga confirmó que había sido violentada. Pero al día siguiente, cuando le pidieron volver a terminar el trámite, resulta que no servía la computadora para ver el video de la entrevista y transcribir la declaración, y que se perdió el nombre de la psicóloga que hizo el examen… Así lleva cinco meses, yendo cada semana y esperando a que por fin inicie la investigación.

Mientras tanto, ya le ha tocado escuchar de todo: que debería dejar el asunto porque a la niña se le va a olvidar y ella es la culpable de estárselo recordando; que ya le agarró amor al papá y no debería quitarle el derecho a verlo; y hasta que a lo mejor tenían que investigarla a ella por “alienación”, porque por la forma tan madura de hablar de la pequeña —que pasó tres años en terapia—, suena a que le metió en la cabeza ideas de cosas que no pasaron.

Mónica repite que ella solo quiere justicia, quiere proteger a su hija de que no vuelva a ver nunca al padre biológico que la atacó sexualmente.

Dio su testimonio en el foro del Senado, organizado por Josefina Vázquez Mota, que anunció la presentación de reformas como que se homologuen los códigos de todo el país, se tipifique correctamente —porque si se considera “abuso”, sin penetración, no amerita cárcel— y que no prescriba.

Pero Mónica también quiere que lo que se legisle, no se quede en papel, sino que en los Ministerios Públicos y juzgados haya personal capacitado, que sepa tomar en cuenta la declaración de un menor de edad y no revictimizar a los pequeños.

Sueños truncados desde la infancia

El caso de Mónica y su hija no es una excepción. Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son violentados sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad.

Ana Lucía todavía siente a veces que se quedó atrapada en la capilla de su escuela, casi 30 años después de haber sido violada por un sacerdote cuando ella tenía apenas ocho.

“Hasta hoy no sé cómo no me morí. Pero me fui aniquilando de muchas formas, porque una víctima de abuso sexual, una víctima de violación en la infancia aprende a repetir los patrones autodestructivos; si no te destruye alguien, tú buscas cómo, ya sea por medio de la comida, no quieras comer, con brotes de bulimia, brotes de anorexia, ya sea por la drogadicción, ya sea por medio del alcoholismo… ese no fue mi caso, de suerte. Pero también hay otros patrones, cómo las conductas en donde tú vas y buscas que otra persona te maltrate y te vuelva a poner en ese lugar una y otra y otra vez”, contó.

Ella fue violentada cuando estudiaba en el colegio Cumbres de Cancún, Quintana Roo, por el padre Fernando “N”, que había sido enviado ahí después de acusaciones de abuso de menores en otro colegio en la Ciudad de México.

Le contó a sus padres lo que pasaba después de sus confesiones en la capilla, estando a solas con el padre, y ellos fueron a denunciar a la escuela. Pero en lugar de atender su reclamo, se encontraron con encubrimiento y una estigmatización por la que maestros y niños rechazaron e hicieron sentir a Ana Lucía como si ella diera asco y fuera la culpable.

Años después, ella misma se ha enfrentado a la iglesia, exigiendo un castigo a su agresor. Pero la respuesta fue que ya es un viejo de 80 años y que vive en el retiro en Roma.

Ahora que es cantante y conductora de radio y televisión, se atrevió a contar lo que le había sucedido y se convirtió en la primera mujer en acusar públicamente a un miembro de la Legión de Cristo, ya que sólo habían denunciado hombres, y se presentó en el Senado para exigir especial atención a los casos de pederastia en la Iglesia, y a que también se castigue a los encubridores, que nunca han pagado por permitir que se cometieran violaciones.

“Lo más cercano que voy a conocer a la justicia es que yo me atreví a pararme y a hablar delante de los medios de comunicación”, consideró.

Ella ha logrado hacer una carrera artística, pero para otras víctimas, sus sueños quedaron cortados en el momento en que un agresor se cruzó en su camino.

El hijo de Alejandra vio frustrada su aspiración de ser futbolista después de caer en las manos de un supuesto representante de talentos, llamado Ángel “N”.

El joven de Pachuca, Hidalgo, se fue Veracruz a probar suerte con los Tiburones Rojos. Pero Ángel “N” empezó a chantajearlo con que tenía que hacer todo lo que él le pidiera, a cambio de la ayuda que le estaba dando para conseguirle jugar en el equipo, y lo obligó a tener sexo.

El joven le contó a sus papás la situación, y que él no era el único. Ellos pusieron una denuncia legal y acudieron a la Federación Mexicana de Futbol, pero en lugar de obtener apoyo y justicia, se filtró su nombre, así que cada nuevo equipo al que ha ido a tocar la puerta le ha negado siquiera la oportunidad de probarse.

Alejandra, su madre, no puede creer la frustración de su hijo y que además, por la vía legal, le han dicho que no es delito grave, así que lo más a lo que puede aspirar es a pedir un pago de daño moral, pero no ver al agresor de su hijo en la cárcel.

“Llevamos nueve meses… ¡nueve meses y no hemos visto absolutamente nada, nada de justicia! La verdad es que Veracruz es una impunidad y una corrupción espantosa, que lo único que vemos es que ayudan más al agresor que a la propia víctima”, lamentó.

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Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
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Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


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