Alumnos de Universidades Benito Juárez en el Edomex denuncian malos tratos y desinterés de coordinadora
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Alumnos de Universidades Benito Juárez en el Edomex denuncian malos tratos y desinterés de coordinadora

El plantel de Villa del Carbón enfrenta una crisis de deserciones e inconformidades, pero ni el coordinador regional de programas del Bienestar ni el Crefal, que coordina las universidades, han atendido las quejas.
Cuartoscuro
26 de septiembre, 2019
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La Universidad Benito Juárez de Villa del Carbón, en el Estado de México, una de las 100 creadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una crisis porque sus estudiantes no están conformes con la educación que se les está dando y la manera en que se conduce la coordinadora de su carrera, Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, al grado de que ya hubo deserciones.

Además, no encuentran eco a sus reclamos porque no hay autoridades en la universidad —ellos ni siquiera tienen credencial de estudiante ni les dieron un reglamento que puedan hacer valer— y aunque acudieron hasta las oficinas centrales en Michoacán del organismo que administra las escuelas, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), nadie les ha hecho caso.

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19 de los 25 alumnos que iniciaron hace un mes la carrera decidieron escribir una carta, de la que Animal Político posee copia, para exponer que son víctimas de malos tratos y una actitud despectiva hacia ellos y hacia el propio proyecto universitario por parte de la profesora Ángela Sánchez Martínez.

En la carta y en entrevistas, los estudiantes refieren que desde un principio les dijo que la universidad, que opera en la Casa de Cultura del Municipio, se había organizado de manera muy improvisada y que para ella no cubría con los requisitos para ser una ingeniería, sino más bien una carrera técnica. Además, que hay temas que reconoce no dominar e incluso a un alumno le ha señalado que sabe más que ella.

Cuentan que separó a los que son menores de edad y vienen saliendo de la preparatoria para hablar con los mayores y proponerles interactuar solo entre ellos, ya que no creía que los jóvenes terminaran la carrera, sino que se casarían o embarazarían antes, y que seguramente solo estaban ahí por la beca de 2 mil 400 pesos mensuales que el proyecto ofrece como beca (aunque no se los han pagado). O que ha hecho comentarios despectivos por el origen rural de la mayoría de los muchachos, haciendo distinciones si alguien viene de la ciudad.

También denuncian que les grita, usa groserías, les dice que no saben hacer las cosas, y que no estaba respetando el horario planteado al inicio de que tomaran dos materias por día, para así no tener que presentarse toda la semana con ellos, ya que ella no es de la comunidad, se ha quejado de que no le están pagando, y tiene otro trabajo como profesora en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM.

Otra inconformidad surgió porque casi les cancelan las prácticas que tienen un día a la semana, los viernes. Cuando se creó la escuela, la asociación del Tianguis Orgánico de Villa del Carbón se acercó a ofrecerles un terreno de 150 metros cuadrados para enseñar a los estudiantes a sembrar, cosechar y hasta comercializar sus productos en el mercado local.

Pero este acuerdo se había hecho con otro profesor que estaba coordinando el proyecto en un inicio y que ya no continuó, así que cuando Sánchez asumió la coordinación, les dijo que ya no se harían las prácticas porque no estaban en el plan original del Crefal. Finalmente accedió a mantenerlas y un miembro del tianguis funciona en los hechos como un profesor más, aunque sin retribución alguna, y los alumnos refieren que les enseña con más interés que los dos coordinadores que han tenido.

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Sin reglamento ni documentos oficiales, dieron de baja a dos alumnos

Según los estudiantes consultados, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, cuatro compañeros han abandonado la carrera por esta situación, incluyendo a una que fue entrevistada por Animal Político en su primer día de clases, el 26 de agosto.

El viernes pasado, otros dos alumnos fueron avisados de que estaban dados de baja por faltas, ya no se les permitió entrar al salón, pero tampoco se les dio algún tipo de notificación oficial.

Esto, a pesar de que ellos habían informado a sus profesoras que trabajan y habían solicitado comprensión si tenían que ausentarse por motivos laborales. Aun así, nunca se les dijo cuántas ausencias estaban permitidas, porque ni siquiera se les dio el reglamento de la escuela.

Es más: no cuentan con credencial de estudiante ni documento que pruebe su condición, más que el número de folio que recibieron al inscribirse y los correos electrónicos en los que les avisaron dónde y cuándo presentarse para empezar a estudiar.

Crefal abandona a estudiantes a su suerte

En el plantel de Villa del Carbón solo tienen tres maestras, una de las cuales, Sánchez, es la autoridad superior, ya que no hay directores de universidad u otra figura similar.

El único representante del gobierno federal que se presentó en el plantel fue Oswaldo Hernández Noguez, coordinador regional de programas sociales.

El 9 de septiembre, los estudiantes hablaron con él y les contaron sus inconformidades, que él prometió llevar ante el Crefal, y les escribió de puño y letra su correo electrónico para que le hicieran llegar la carta que redactaron. Se la mandaron con copia al único correo institucional que encontraron en internet del Crefal, ya que no sabían a quién más dirigirse. Sin embargo, Hernández nunca volvió a presentarse y nadie respondió.

Animal Político logró contactar a Hernández, pero negó tener conocimiento de los problemas en la universidad, repitió en varias ocasiones que no está “autorizado” para dar ninguna información, que había que dirigirse directamente al Crefal, y la llamada se cortó porque dijo ir en carretera.

Desesperados, una de las estudiantes fue la semana pasada hasta Pátzcuaro, Michoacán, a llevar personalmente la solicitud de sus compañeros de que la profesora Sánchez sea removida y exigir una respuesta. Pero ni eso bastó.

Según los testimonios, le dijeron que Hernández Noguez no tenía competencia en la universidad, pero que sí se habían enterado de los problemas “de oídas”.

La directora de vinculación, Leticia Vargas Salguero, le dijo a la joven que solo podía recibir su carta, pero no darle respuesta en ese momento. La estudiante logró que la recibiera el coordinador operativo, Leonardo Rodrigo Torres Escobar, quien se excusó con que él solo atendía casos más graves y no del área académica. Y que no podía cambiarse a una profesora porque estaban a medio ciclo.

Así que la estudiante regresó al Estado de México tan solo con un sello de “recibido” a la carta, pero sin ninguna solución.

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Represalias y silencio institucional

Después de esta movilización, el viernes pasado la coordinadora Sánchez citó a todos los alumnos para informarles que habría “cambios”. Testigos aseguran que con un tono intimidante, cuestionó a los alumnos sobre si todos habían firmado la carta, y les anunció que a partir de ahora el horario de clases sería de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

Originalmente, acababan a las 2, pero se les ofrecía una hora de “tutoría” personalizada, para quien quisiera quedarse a aclarar dudas o revisar sus avances de proyecto. Ahora, ya no tendrán esta posibilidad.

Algunos cuestionaron si esto era una especie de castigo, y la profesora contestó que era una “consecuencia”. También le preguntaron las bases pedagógicas de los horarios, sin obtener una justificación.

Los alumnos dados de baja han tratado de atender su caso llamando al Crefal, pero cuentan que solo les piden sus datos de contacto y no los atienden.

Animal Político confirmó que en los teléfonos del organismo, las operadoras piden en cada llamada el nombre, los dos apellidos, estado y municipio de residencia —sin ofrecer ningún aviso de privacidad sobre qué uso dan a esos datos—, después dicen que van a transferir la llamada, pero luego nadie contesta o se corta la línea.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que no atiende lo relacionado con las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, así que proporcionó el teléfono directo de la directora del Crefal, Raquel Sosa. Pero tras varios intentos, respondió un hombre que dijo llamarse Clemente Islas y ser del “área de atención”, que nuevamente solicitó datos de contacto y dijo que ellos se comunicarían.

En las páginas de internet de Crefal y de las Universidades no hay manera de saber siquiera dónde están ubicados los planteles, ya que solo enumera los municipios, pero no las direcciones. Tampoco hay información sobre quiénes son los profesores o coordinadores, o dónde se puede solicitar información; tampoco se especifica quiénes coordinan de manera global las 36 carreras ofertadas, y ni los propios estudiantes lo saben.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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