Alumnos de Universidades Benito Juárez en el Edomex denuncian malos tratos y desinterés de coordinadora
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Alumnos de Universidades Benito Juárez en el Edomex denuncian malos tratos y desinterés de coordinadora

El plantel de Villa del Carbón enfrenta una crisis de deserciones e inconformidades, pero ni el coordinador regional de programas del Bienestar ni el Crefal, que coordina las universidades, han atendido las quejas.
Cuartoscuro
26 de septiembre, 2019
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La Universidad Benito Juárez de Villa del Carbón, en el Estado de México, una de las 100 creadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una crisis porque sus estudiantes no están conformes con la educación que se les está dando y la manera en que se conduce la coordinadora de su carrera, Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, al grado de que ya hubo deserciones.

Además, no encuentran eco a sus reclamos porque no hay autoridades en la universidad —ellos ni siquiera tienen credencial de estudiante ni les dieron un reglamento que puedan hacer valer— y aunque acudieron hasta las oficinas centrales en Michoacán del organismo que administra las escuelas, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), nadie les ha hecho caso.

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19 de los 25 alumnos que iniciaron hace un mes la carrera decidieron escribir una carta, de la que Animal Político posee copia, para exponer que son víctimas de malos tratos y una actitud despectiva hacia ellos y hacia el propio proyecto universitario por parte de la profesora Ángela Sánchez Martínez.

En la carta y en entrevistas, los estudiantes refieren que desde un principio les dijo que la universidad, que opera en la Casa de Cultura del Municipio, se había organizado de manera muy improvisada y que para ella no cubría con los requisitos para ser una ingeniería, sino más bien una carrera técnica. Además, que hay temas que reconoce no dominar e incluso a un alumno le ha señalado que sabe más que ella.

Cuentan que separó a los que son menores de edad y vienen saliendo de la preparatoria para hablar con los mayores y proponerles interactuar solo entre ellos, ya que no creía que los jóvenes terminaran la carrera, sino que se casarían o embarazarían antes, y que seguramente solo estaban ahí por la beca de 2 mil 400 pesos mensuales que el proyecto ofrece como beca (aunque no se los han pagado). O que ha hecho comentarios despectivos por el origen rural de la mayoría de los muchachos, haciendo distinciones si alguien viene de la ciudad.

También denuncian que les grita, usa groserías, les dice que no saben hacer las cosas, y que no estaba respetando el horario planteado al inicio de que tomaran dos materias por día, para así no tener que presentarse toda la semana con ellos, ya que ella no es de la comunidad, se ha quejado de que no le están pagando, y tiene otro trabajo como profesora en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM.

Otra inconformidad surgió porque casi les cancelan las prácticas que tienen un día a la semana, los viernes. Cuando se creó la escuela, la asociación del Tianguis Orgánico de Villa del Carbón se acercó a ofrecerles un terreno de 150 metros cuadrados para enseñar a los estudiantes a sembrar, cosechar y hasta comercializar sus productos en el mercado local.

Pero este acuerdo se había hecho con otro profesor que estaba coordinando el proyecto en un inicio y que ya no continuó, así que cuando Sánchez asumió la coordinación, les dijo que ya no se harían las prácticas porque no estaban en el plan original del Crefal. Finalmente accedió a mantenerlas y un miembro del tianguis funciona en los hechos como un profesor más, aunque sin retribución alguna, y los alumnos refieren que les enseña con más interés que los dos coordinadores que han tenido.

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Sin reglamento ni documentos oficiales, dieron de baja a dos alumnos

Según los estudiantes consultados, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, cuatro compañeros han abandonado la carrera por esta situación, incluyendo a una que fue entrevistada por Animal Político en su primer día de clases, el 26 de agosto.

El viernes pasado, otros dos alumnos fueron avisados de que estaban dados de baja por faltas, ya no se les permitió entrar al salón, pero tampoco se les dio algún tipo de notificación oficial.

Esto, a pesar de que ellos habían informado a sus profesoras que trabajan y habían solicitado comprensión si tenían que ausentarse por motivos laborales. Aun así, nunca se les dijo cuántas ausencias estaban permitidas, porque ni siquiera se les dio el reglamento de la escuela.

Es más: no cuentan con credencial de estudiante ni documento que pruebe su condición, más que el número de folio que recibieron al inscribirse y los correos electrónicos en los que les avisaron dónde y cuándo presentarse para empezar a estudiar.

Crefal abandona a estudiantes a su suerte

En el plantel de Villa del Carbón solo tienen tres maestras, una de las cuales, Sánchez, es la autoridad superior, ya que no hay directores de universidad u otra figura similar.

El único representante del gobierno federal que se presentó en el plantel fue Oswaldo Hernández Noguez, coordinador regional de programas sociales.

El 9 de septiembre, los estudiantes hablaron con él y les contaron sus inconformidades, que él prometió llevar ante el Crefal, y les escribió de puño y letra su correo electrónico para que le hicieran llegar la carta que redactaron. Se la mandaron con copia al único correo institucional que encontraron en internet del Crefal, ya que no sabían a quién más dirigirse. Sin embargo, Hernández nunca volvió a presentarse y nadie respondió.

Animal Político logró contactar a Hernández, pero negó tener conocimiento de los problemas en la universidad, repitió en varias ocasiones que no está “autorizado” para dar ninguna información, que había que dirigirse directamente al Crefal, y la llamada se cortó porque dijo ir en carretera.

Desesperados, una de las estudiantes fue la semana pasada hasta Pátzcuaro, Michoacán, a llevar personalmente la solicitud de sus compañeros de que la profesora Sánchez sea removida y exigir una respuesta. Pero ni eso bastó.

Según los testimonios, le dijeron que Hernández Noguez no tenía competencia en la universidad, pero que sí se habían enterado de los problemas “de oídas”.

La directora de vinculación, Leticia Vargas Salguero, le dijo a la joven que solo podía recibir su carta, pero no darle respuesta en ese momento. La estudiante logró que la recibiera el coordinador operativo, Leonardo Rodrigo Torres Escobar, quien se excusó con que él solo atendía casos más graves y no del área académica. Y que no podía cambiarse a una profesora porque estaban a medio ciclo.

Así que la estudiante regresó al Estado de México tan solo con un sello de “recibido” a la carta, pero sin ninguna solución.

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Represalias y silencio institucional

Después de esta movilización, el viernes pasado la coordinadora Sánchez citó a todos los alumnos para informarles que habría “cambios”. Testigos aseguran que con un tono intimidante, cuestionó a los alumnos sobre si todos habían firmado la carta, y les anunció que a partir de ahora el horario de clases sería de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

Originalmente, acababan a las 2, pero se les ofrecía una hora de “tutoría” personalizada, para quien quisiera quedarse a aclarar dudas o revisar sus avances de proyecto. Ahora, ya no tendrán esta posibilidad.

Algunos cuestionaron si esto era una especie de castigo, y la profesora contestó que era una “consecuencia”. También le preguntaron las bases pedagógicas de los horarios, sin obtener una justificación.

Los alumnos dados de baja han tratado de atender su caso llamando al Crefal, pero cuentan que solo les piden sus datos de contacto y no los atienden.

Animal Político confirmó que en los teléfonos del organismo, las operadoras piden en cada llamada el nombre, los dos apellidos, estado y municipio de residencia —sin ofrecer ningún aviso de privacidad sobre qué uso dan a esos datos—, después dicen que van a transferir la llamada, pero luego nadie contesta o se corta la línea.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que no atiende lo relacionado con las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, así que proporcionó el teléfono directo de la directora del Crefal, Raquel Sosa. Pero tras varios intentos, respondió un hombre que dijo llamarse Clemente Islas y ser del “área de atención”, que nuevamente solicitó datos de contacto y dijo que ellos se comunicarían.

En las páginas de internet de Crefal y de las Universidades no hay manera de saber siquiera dónde están ubicados los planteles, ya que solo enumera los municipios, pero no las direcciones. Tampoco hay información sobre quiénes son los profesores o coordinadores, o dónde se puede solicitar información; tampoco se especifica quiénes coordinan de manera global las 36 carreras ofertadas, y ni los propios estudiantes lo saben.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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