El ataque perpetrado con granadas hace 11 años en contra de las personas que festejaban el Grito de Independencia en pleno zócalo de Morelia, Michoacán, hecho inédito en nuestro país y calificado oficialmente como terrorismo con un saldo de 8 muertos y más de 130 lesionados, ha quedado impune hasta ahora.
Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.
Como resultado el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman entre los que se encuentran, por ejemplo, una mujer que perdió una de sus piernas, o menores de edad que aun padecen secuelas de la explosión.
La situación para ellos se ha agravado porque si bien la ley de víctimas contempla que tendrían derecho a un apoyo económico subsidiario, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha aceptado hasta ahora inscribirlos en el registro de víctimas hasta que finiquiten un trámite, que incluye que un juez ordene su reconocimiento legal, situación que también se les ha negado en las sentencias.
“Hemos sido olvidado por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables, pero ello también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia” indicaron las victimas en el escrito de queja que ya interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Reyna Velasco, la abogada que representa legalmente a ocho de las víctimas, consideró que este es un caso que ejemplifica tanto la incapacidad de la investigación que se padece en todos los niveles en México, así como la inoperancia de la CEAV para brindar apoyo alguno a víctimas obvias de un hecho de violencia tan paradigmático, como fue este ataque.
Tribunal: el último clavo al ataúd
El 26 de septiembre de 2008, unos 14 días después del ataque con granadas de fragmentación, la PGR detuvo a tres sujetos (cuyos nombres no se publican dado que legalmente son inocentes) a los que acusó ante un juez de ser los autores materiales del ataque. Posteriormente extendería la acusación en contra de otra persona más. Los delitos que les imputó iban desde el homicidio hasta el terrorismo.
Sin embargo el caso comenzó a desmoronarse el 27 de mayo de 2015 cuando el juez a cargo del proceso determinó absolver y ordenar la libertad inmediata de los detenidos, al considerar que el proceso no podía continuar debido a la presunta tortura con la cual se obtuvieron las confesiones de los implicados.
Seis meses más tarde, en noviembre del mismo año, la PGR (hoy Fiscalía General) consiguió revivir temporalmente el caso luego de que un Tribunal unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado “Protocolo de Estambul”, que sirve para confirmar huellas de tortura.
Sin embargo los implicados – ya liberados – promovieron y ganaron un juicio de amparo que nuevamente frenó el caso. La Procuraduría intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado cuyos magistrados resolvieron, en junio pasado, confirmar el amparo y absolución de los implicados.
En dicha resolución, de la que Animal Político tiene copia, los magistrados advierten las circunstancias irregulares en que fueron detenidos los supuestos implicados, a los que se acusó de pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas.
Por ejemplo, que estos no fueron capturados con flagrancia ni con una orden de aprehensión, sino siguiendo una supuesta llamada anónima en la que se indicaba el sitio en el que se encontraban amarrados los sospechosos.
Posteriormente los detenidos señalaron durante el juicio que fueron obligados a firmar declaraciones prefabricadas en las que aceptaban ser los autores de los ataques. Ello tras ser torturados físicamente y de forma sicológica con la amenaza de hacerle daño a las familias.
“Válidamente puede concluirse que en la especie se está ante una detención ilegal, lo que es violatorio del derecho humano a la libertad que protege la Constitución (…) ello trae consigo, como consecuencia, la ineficacia de las pruebas que se obtengan con motivo de esas irregularidades, y por ende, no puedan ser utilizadas en el proceso penal”, señala la resolución judicial.
En ese contexto el Tribunal concluyó que el amparo concedido previamente a las personas a las que la PGR detuvo fue totalmente legal y, en consecuencia, se mantiene en definitiva la sentencia absolutoria dictada desde 2015 a favor de los cuatro hombres que fueron procesados.
Todo lo anterior, como señalan las victimas a través de su abogada, sin que se llegara realmente a esclarecer si estas personas u otras eran responsables, pues el proceso penal terminó cayéndose por las fallas y actos de tortura en que incurrió la propia PGR.
Burocracia y la revictimización
La determinación del Tribunal federal fue un golpe definitivo a la investigación de la PGR pero también un nuevo revés para las víctimas, quienes expresamente habían solicitado que se les reconociera esa calidad para proceder con la reparación del daño correspondiente. Los magistrados rechazaron concederles dicha petición.
“No les asiste la razón jurídica (a las víctimas) porque de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley General de Víctimas, para que proceda el pago de una compensación en forma subsidiaria es necesario que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en la que se haya ordenado el pago de la compensación correspondiente a favor de la víctima del delito”, indica la resolución.
Reyna Velasco, la abogada de las víctimas, dijo que es claro que el mal trabajo de la PGR en la investigación ha significado una revictimización para todas las personas que resultaron afectadas por el ataque de hace 11 años, al punto en que desde un inicio hubo deficiencias del Ministerio Público en el registro completo de víctimas.
Pero también señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) de obstaculizar con trámites burocráticos el otorgamiento de cualquier tipo apoyo, como por ejemplo el acceso a los recursos del Fondo de Víctimas.
Ello con el argumento de que tienen que inscribirse primero en el Registro Nacional de Víctimas, pero para ello necesitan presentar una orden judicial que así lo indique.
“Nosotros ya le entregamos todo el expediente a al CEAV en donde queda claro como las víctimas han sido afectadas por la mala investigación de la PGR, pero no porque no sean víctimas y le pedimos que haga un análisis de la sentencia y de otros documento para que determine que efectivamente son víctimas porque ellos sí pueden hacerlo. De eso ya pasaron 4 meses y no tenemos respuesta”, dice Velasco.
La abogada señalo que dada la urgencia y necesidad en que se encuentran las víctimas se solicitó a la CEAV autorizar mientras tanto el acceso a un fondo de emergencia. Pero en su oficio de respuesta, del que Animal Político tiene copia, la Comisión niega darles acceso a un fondo bajo el argumento de que tienen que seguir esperando a que se determine su inscripción en el Registro Nacional.
Fue en ese contexto en el cual las víctimas decidieron promover una queja ante la CNDH, en contra de diversas autoridades, entre ellas la PGR (hoy Fiscalía General) y la CEAV, bajo el argumento de que una mala investigación y atención los ha puesto en una situación clara de violación a sus derechos fundamentales.
“Las víctimas están en el total abandono. Ellas solo han recibido un apoyo de gobierno estatal que es insuficiente y tal pareciera que lo ocurrido hace 11 años en Morelia es un capítulo de nuestra realidad que todos quieren olvidar. A eso están destinando a estas víctimas, al olvido. Es indignante saber que a 11 años no tienen ningún apoyo formal y mucho menos hay justicia porque ya los procesados están absueltos. ¿Quién responde por las víctimas?”, dijo en entrevista su representante legal.
La situación de las víctimas
A continuación se detallan los nombres y situación actual de las víctimas directas e indirectas representadas por la abogada Reyna Velasco, y que han promovido la queja ante la CNDH.
María de Jesús Vázquez Silva:
La explosión le provocó quemaduras severas y la posterior amputación de la pierna izquierda. Actualmente se desplaza en silla de ruedas pues el gobierno estatal le dio una prótesis que no es la adecuada, siendo el único apoyo recibido. Sumado a ello no fue registrada en la investigación inicial como víctima de los hechos, debido al mal trabajo del Ministerio Público.
Omar Bernardo Navarrete Vázquez:
Hijo de María de Jesús. Sufrió múltiples fracturas como consecuencia de la estampida que generó la explosión. Requirió cirugía de reconstrucción de los dedos de una mano y al día de hoy necesita de terapia constante. Además requiere una cirugía de cadera, y no se le ha podido practicar porque el gobierno estatal no tiene el equipo necesario. Tuvo que interrumpir sus estudios.
Rocío García Guerrero:
Sufrió múltiples hemorragias internas provocadas por las esquirlas de una de las granadas. El tratamiento le permitió reponerse físicamente y al día de hoy padece secuelas físicas menores. Sin embargo como resultado de la explosión falleció su hijo de nombre Ángel Uriel (menor de edad), así como su madre Elisa Guerrero García. Y su hermano José García presentó herida de gravedad.
Margarita Castillo:
Ella resultó ilesa pero su esposo Alfredo Sánchez falleció en el lugar del ataque a causa de una de las explosiones. Quedó en estado de indefensión económica a cargo de sus hijos, que en el día de los hechos aun dependían del padre.
José García Guerrero:
Padeció fractura expuesta de tibia y peroné así como la muerte de su madre Elia Guerrero y su sobrino Angel Uriel, y lesiones graves de su esposa Aurora Bravo y su hermana Rocío García. A la fecha continua con esquirlas incrustadas en ambas piernas, que le generan molestia y requieren una cirugía.
Aurora Bravo Lucas:
Esposa de José García. También padeció múltiples heridas en las piernas y a la fecha continua con esquirlas que le generan dolores. Ello además de afectaciones emocionales por el ataque y por la revictimización de los últimos años.
Ariana Cuevas Bravo:
Menor de edad. Sufrió fractura de fémur derecho y quemaduras en el torso. Se le prometió una beca escolar que hasta el momento no ha recibido. En general su familia resultó con importante afectaciones emocionales y psicológicas tras los hechos.
Familia Díaz Tapia:
Salvador Díaz Fernández sufrió la muerte de su esposa en el ataque de nombre Leticia Tapia Guerrero, mientras que sus tres hijos Salvador, Luis y Víctor resultaron lesionados por las esquirlas. Han enfrentado diversas cirugías y aun se les tiene que realizar al menos una más para sacar fragmentos profundos que aún les generan dolor, pero se ha pospuesto por falta de los insumos necesarios.
La hermana de Salvador, Liliana Díaz, tuvo que dejar su empleo para hacerse cargo del cuidado de los tres menores. Toda la familia enfrenta afectaciones psicológicas hasta la fecha.
