A 11 años del ataque con granadas en Morelia, no hay justicia ni reparación del daño
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Cuartoscuro Archivo

A 11 años del ataque con granadas en Morelia, no hay justicia ni reparación del daño

Un tribunal federal absolvió en definitiva a los presuntos responsables, por las fallas de la PGR.
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15 de septiembre, 2019
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El ataque perpetrado con granadas hace 11 años en contra de las personas que festejaban el Grito de Independencia en pleno zócalo de Morelia, Michoacán, hecho inédito en nuestro país y calificado oficialmente como terrorismo con un saldo de 8 muertos y más de 130 lesionados, ha quedado impune hasta ahora. 

Esto luego de la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados resolvieron, en definitiva, la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, y de ser los responsables del ataque, pero que a la postre se descubrió que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.

Como resultado el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman entre los que se encuentran, por ejemplo, una mujer que perdió una de sus piernas, o menores de edad que aun padecen secuelas de la explosión.

La situación para ellos se ha agravado porque si bien la ley de víctimas contempla que tendrían derecho a un apoyo económico subsidiario, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha aceptado hasta ahora inscribirlos en el registro de víctimas hasta que finiquiten un trámite, que incluye que un juez ordene su reconocimiento legal, situación que también se les ha negado en las sentencias.

“Hemos sido olvidado por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables, pero ello también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia” indicaron las victimas en el escrito de queja que ya interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Reyna Velasco, la abogada que representa legalmente a ocho de las víctimas, consideró que este es un caso que ejemplifica tanto la incapacidad de la investigación que se padece en todos los niveles en México, así como la inoperancia de la CEAV para brindar apoyo alguno a víctimas obvias de un hecho de violencia tan paradigmático, como fue este ataque.

Tribunal: el último clavo al ataúd

El 26 de septiembre de 2008, unos 14 días después del ataque con granadas de fragmentación, la PGR detuvo a tres sujetos (cuyos nombres no se publican dado que legalmente son inocentes) a los que acusó ante un juez de ser los autores materiales del ataque. Posteriormente extendería la acusación en contra de otra persona más. Los delitos que les imputó iban desde el homicidio hasta el terrorismo.

Sin embargo el caso comenzó a desmoronarse el 27 de mayo de 2015 cuando el juez a cargo del proceso determinó absolver y ordenar la libertad inmediata de los detenidos, al considerar que el proceso no podía continuar debido a la presunta tortura con la cual se obtuvieron las confesiones de los implicados.

Seis meses más tarde, en noviembre del mismo año, la PGR (hoy Fiscalía General) consiguió revivir temporalmente el caso luego de que un Tribunal unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado “Protocolo de Estambul”, que sirve para confirmar huellas de tortura.

Sin embargo los implicados – ya liberados – promovieron y ganaron un juicio de amparo que nuevamente frenó el caso. La Procuraduría intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado cuyos magistrados resolvieron, en junio pasado, confirmar el amparo y absolución de los implicados.

Aquí puedes consultar la sentencia

En dicha resolución, de la que Animal Político tiene copia, los magistrados advierten las circunstancias irregulares en que fueron detenidos los supuestos implicados, a los que se acusó de pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas.

Por ejemplo, que estos no fueron capturados con flagrancia ni con una orden de aprehensión, sino siguiendo una supuesta llamada anónima en la que se indicaba el sitio en el que se encontraban amarrados los sospechosos.

Posteriormente los detenidos señalaron durante el juicio que fueron obligados a firmar declaraciones prefabricadas en las que aceptaban ser los autores de los ataques. Ello tras ser torturados físicamente y de forma sicológica con la amenaza de hacerle daño a las familias.

“Válidamente puede concluirse que en la especie se está ante una detención ilegal, lo que es violatorio del derecho humano a la libertad que protege la Constitución (…) ello trae consigo, como consecuencia, la ineficacia de las pruebas que se obtengan con motivo de esas irregularidades, y por ende, no puedan ser utilizadas en el proceso penal”, señala la resolución judicial.

En ese contexto el Tribunal concluyó que el amparo concedido previamente a las personas a las que la PGR detuvo fue totalmente legal y, en consecuencia, se mantiene en definitiva la sentencia absolutoria dictada desde 2015 a favor de los cuatro hombres que fueron procesados.

Todo lo anterior, como señalan las victimas  a través de su abogada, sin que se llegara realmente a esclarecer si estas personas u otras eran responsables, pues el proceso penal terminó cayéndose por las fallas y actos de tortura en que incurrió la propia PGR. 

Burocracia y la revictimización

La determinación del Tribunal federal fue un golpe definitivo a la investigación de la PGR pero también un nuevo revés para las víctimas, quienes expresamente habían solicitado que se les reconociera esa calidad para proceder con la reparación del daño correspondiente. Los magistrados rechazaron concederles dicha petición.

“No les asiste la razón jurídica (a las víctimas) porque de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley General de Víctimas, para que proceda el pago de una compensación en forma subsidiaria es necesario que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en la que se haya ordenado el pago de la compensación correspondiente a favor de la víctima del delito”, indica la resolución.

Reyna Velasco, la abogada de las víctimas, dijo que es claro que el mal trabajo de la PGR en la investigación ha significado una revictimización para todas las personas que resultaron afectadas por el ataque de hace 11 años, al punto en que desde un inicio hubo deficiencias del Ministerio Público en el registro completo de víctimas.

Pero también señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) de obstaculizar con trámites burocráticos el otorgamiento de cualquier tipo apoyo, como por ejemplo el acceso a los recursos del Fondo de Víctimas.

Ello con el argumento de que tienen que inscribirse primero en el Registro Nacional de Víctimas, pero para ello necesitan presentar una orden judicial que así lo indique.

“Nosotros ya le entregamos todo el expediente a al CEAV en donde queda claro como las víctimas han sido afectadas por la mala investigación de la PGR, pero no porque no sean víctimas y le pedimos que haga un análisis de la sentencia y de otros documento para que determine que efectivamente son víctimas porque ellos sí pueden hacerlo. De eso ya pasaron 4 meses y no tenemos respuesta”, dice Velasco.

La abogada señalo que dada la urgencia y necesidad en que se encuentran las víctimas se solicitó a la CEAV autorizar mientras tanto el acceso a un fondo de emergencia. Pero en su oficio de respuesta, del que Animal Político tiene copia, la Comisión niega darles acceso a un fondo bajo el argumento de que tienen que seguir esperando a que se determine su inscripción en el Registro Nacional.

Aquí puedes consultar el documento de la Comisión

Fue en ese contexto en el cual las víctimas decidieron promover una queja ante la CNDH, en contra de diversas autoridades, entre ellas la PGR (hoy Fiscalía General) y la CEAV, bajo el argumento de que una mala investigación y atención los ha puesto en una situación clara de violación a sus derechos fundamentales.

“Las víctimas están en el total abandono. Ellas solo han recibido un apoyo de gobierno estatal que es insuficiente y tal pareciera que lo ocurrido hace 11 años en Morelia es un capítulo de nuestra realidad que todos quieren olvidar. A eso están destinando a estas víctimas, al olvido. Es indignante saber que a 11 años no tienen ningún apoyo formal y mucho menos hay justicia porque ya los procesados están absueltos. ¿Quién responde por las víctimas?”, dijo en entrevista su representante legal.

La situación de las víctimas

A continuación se detallan los nombres y situación actual de las víctimas directas e indirectas representadas por la abogada Reyna Velasco, y que han promovido la queja ante la CNDH.

María de Jesús Vázquez Silva:

La explosión le provocó quemaduras severas y la posterior amputación de la pierna izquierda. Actualmente se desplaza en silla de ruedas pues el gobierno estatal le dio una prótesis que no es la adecuada, siendo el único apoyo recibido. Sumado a ello no fue registrada en la investigación inicial como víctima de los hechos, debido al mal trabajo del Ministerio Público.

Omar Bernardo Navarrete Vázquez:

Hijo de María de Jesús. Sufrió múltiples fracturas como consecuencia de la estampida que generó la explosión. Requirió cirugía de reconstrucción de los dedos de una mano y al día de hoy necesita de terapia constante. Además requiere una cirugía de cadera, y no se le ha podido practicar porque el gobierno estatal no tiene el equipo necesario. Tuvo que interrumpir sus estudios.

Rocío García Guerrero:

Sufrió múltiples hemorragias internas provocadas por las esquirlas de una de las granadas. El tratamiento le permitió reponerse físicamente y al día de hoy padece secuelas físicas menores. Sin embargo como resultado de la explosión falleció su hijo de nombre Ángel Uriel (menor de edad), así como su madre Elisa Guerrero García. Y su hermano José García presentó herida de gravedad.

Margarita Castillo:

Ella resultó ilesa pero su esposo Alfredo Sánchez falleció en el lugar del ataque a causa de una de las explosiones. Quedó en estado de indefensión económica a cargo de sus hijos, que en el día de los hechos aun dependían del padre.

José García Guerrero:

Padeció fractura expuesta de tibia y peroné así como la muerte de su madre Elia Guerrero y su sobrino Angel Uriel, y lesiones graves de su esposa Aurora Bravo y su hermana Rocío García. A la fecha continua con esquirlas incrustadas en ambas piernas, que le generan molestia y requieren una cirugía.

Aurora Bravo Lucas:

Esposa de José García. También padeció múltiples heridas en las piernas y a la fecha continua con esquirlas que le generan dolores. Ello además de afectaciones emocionales por el ataque y por la revictimización de los últimos años.

Ariana Cuevas Bravo:

Menor de edad. Sufrió fractura de fémur derecho y quemaduras en el torso. Se le prometió una beca escolar que hasta el momento no ha recibido. En general su familia resultó con importante afectaciones emocionales y psicológicas tras los hechos.

Familia Díaz Tapia:

Salvador Díaz Fernández sufrió la muerte de su esposa en el ataque de nombre Leticia Tapia Guerrero, mientras que sus tres hijos Salvador, Luis y Víctor resultaron lesionados por las esquirlas. Han enfrentado diversas cirugías y aun se les tiene que realizar al menos una más para sacar fragmentos profundos que aún les generan dolor, pero se ha pospuesto por falta de los insumos necesarios. 

La hermana de Salvador, Liliana Díaz, tuvo que dejar su empleo para hacerse cargo del cuidado de los tres menores. Toda la familia enfrenta afectaciones psicológicas hasta la fecha.

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¿Puede Japón evitar que Juegos Olímpicos se conviertan en un evento de supercontagio?

Una medallista olímpica y experta en salud pública explica cómo es competir en los Juegos y cómo Tokio será diferente para combatir la propagación de covid-19.
23 de julio, 2021
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La covid-19, pese a las muchas precauciones tomadas, es el gran temor de estos Juegos Olímpicos.

En los últimos días, las noticias del número de contagios de covid-19 entre atletas y personas que hacen parte de la organización van en aumento.

Y las estadísticas acrecientan los temores de que las justas terminen siendo afectadas de manera definitiva con una alta concentración de infecciones en un grupo o, lo que es peor, que los Juegos terminen siendo un evento “supercontagiador”.

Si hay alguien que entiende el riesgo de recibir los Juegos Olímpicos durante una pandemia es la doctora Tara Kirk Sell.

Su carrera como nadadora de elite llegó a su cúspide cuando ganó la medalla de plata para EE.UU. en Atenas 2004. Después se dedicó a la investigación médica.

Ahora hace parte del equipo de seguridad en salud pública del Instituto Johns Hopkins.

Y le cuenta a la BBC, desde su experiencia como atleta y como experta en salud, lo que las autoridades de Japón están planeando para mantener seguros a los atletas.

Tara Kirk Sell saludando en un extremo de una piscina

Getty Images
Tara Kirk Sell ganó una medalla de plata como parte del equipo de relevos combinados de 4×100 metros femenino del equipo de EE.UU. en Atenas 2004.

Potencial de contagio

A los Juegos viajan más de 11.000 deportistas de 205 países, de todos los rincones del planeta. Eso lleva a los científicos a pensar que Tokyo 2020 podría permitir el contagio de las distintas variantes de covid-19 de manera muy efectiva.

“Cuando los atletas llegan al país, están siendo examinados”, anota la científica.

Este examen se suma al que tienen que hacerse todos los participantes por obligación antes incluso de subirse al avión que los lleva a Japón.

La mala noticia es que varios de los atletas que llegaron a la Japón ya han dado positivo en los exámenes de control del virus.

Creo que los procedimientos de testeo prácticamente garantizan que continuaremos viendo casos positivos a medida que lleguen más atletas”, anticipa Sell.

Una vez alojados en la villa olímpica, los aspirantes a medallas necesitan transportarse hacia sus lugares de entrenamiento y competencia, una labor logística que ha sido ambiciosa y caótica en el pasado.

Sell recuerda que una vez le tocó ir sentada en un bus repleto de atletas cuando estaba compitiendo en Atenas para poder llegar a tiempo a una de sus competencias.

Ahora, los desplazamientos por Tokio serán muy distintos a los de otras justas, como parte de las medidas de protección.

El transporte tendrá “más camionetas privadas pequeñas que grandes buses donde la gente vaya mezclada”, explica la académica.

Vida en la Villa Olímpica

Cercas y cola de gente fuera de la Villa Olímpica

Reuters
Hay estrictas medidas de seguridad en la Villa Olímpica.

Otra gran diferencia será la experiencia dentro de la villa olímpica.

“Estar en la villa olímpica es bastante impresionante. Tienes la oportunidad de ver a personas de todo el mundo y conocer a personas que no son como tú”, señala la nadadora.

“Estar cerca de otros atletas que viven en el mismo lugar, comer juntos, es una experiencia en la que aprendes sobre otras personas”.

Esto es totalmente lo opuesto de lo que las autoridades quieren que pase durante una pandemia.

“La mayoría de esas oportunidades para conocer a otros, para aprender de las culturas de los demás, se reducirá. Se supone que la mayoría de los atletas debe comer en sus dormitorios”, anota.

Aquellos que se aventuren al comedor encontrarán pantallas de plástico entre los asientos y toallitas con alcohol para limpiar la mesa después de que hayan terminado de comer.

Las restricciones de Covid son estrictas en todos los sitios olímpicos

BBC
Covid restrictions are tight across all the Olympic sites

Tampoco se venderá alcohol y las medidas de distanciamiento social afectarán sin duda cualquier posible romance entre los atletas.

Estarán allí para competir y representar a su país, eso es algo que no debemos olvidar”, señala la investigadora.

“Porque para mí, como atleta, esa fue sin duda la principal razón por la que estaba en los Juegos Olímpicos: no era para festejar, era para competir y hacer que el entrenamiento de los últimos cuatro años valiera la pena”, añade.

Y una vez que los atletas ingresen a la villa olímpica, competir será la única razón por la que se les permitirá salir hasta que vuelvan a casa.

“Los lugares de interés son parte del atractivo de los Juegos Olímpicos para la ciudad anfitriona: que la gente venga y puedas demostrar lo gran anfitrión que eres”, concluye Sell.

“Así que es una pena que Tokio no pueda hacer eso este año”.

Competencias

Tara Kirk Sell nadando haciendo braza

Getty Images
Además de ser medallista de los Juegos Olímpicos, Sell también rompió el récord mundial de carrera corta de 100 metros en 2004.

“Otro gran momento es cuando llegas al estadio y te reciben decenas de hinchas gritando tu nombre o el de tu país”, recuerda Sell.

Ese es tal vez el gran momento para cada deportista. Poder competir por tu país en unas olimpiadas es un gran honor y creo que nunca lo voy a olvidar”, anota.

Y una ciudad que aloja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos normalmente recibe miles de turistas durante las competencias.

Estos Juegos serán diferentes porque no se permiten fanáticos. Los atletas estarán allí, el personal estará allí, habrá algo de prensa”, señala la médica. Pero no habrá aficionados.

Las autoridades organizadoras primero prohibieron la llegada de espectadores del extranjero y después la asistencia del público local a los escenarios, en un intento por evitar la propagación del virus.

Y la ciudad además fue declarada en estado de emergencia debido a que las tasas de infección habían aumentado.

El único apoyo va a venir de tus compañeros de equipo. Se va a sentir la ausencia de público”, señala Sell.

“Creo que podría estar bien para algunos atletas que ya están acostumbrados a lidiar con eso, pero otros que generalmente se alimentan de la multitud pueden no ser capaces de lograr los mismos resultados”, señaló.

¿Un evento supercontagiador?

Conos dispuestos para las líneas de prueba en un sitio olímpico

EPA
Habrá una gran cantidad de pruebas de Covid en los Juegos.

A pesar de todos los riesgos que traerá a Japón la celebración de un evento masivo como los Juegos Olímpicos, la doctora Sell sigue siendo optimista de que puede evitarse un escenario de supercontagio.

Tenemos que ver qué tan bien se implementa sobre el terreno, para ver qué tan exitoso es“, alerta.

“Ciertamente, si están examinando a todos, todos los días, hay una alta población de atletas vacunados y están poniendo a las personas en cuarentena rápidamente si presentan un caso positivo, creo que las recetas están allí para que sean capaces de controlar los casos cuando se los identifica”, agrega.

Aunque varios atletas hayan dado positivo, señala la analista, esto no significa que el sistema no esté funcionando.

“Es una buena cosa, el sistema está diseñado para detectar casos y eso es lo que está haciendo. Pero por otro lado, cada caso es una oportunidad para que las cosas salgan mal y se genere una transmisión adicional”, dice.

“La clave es: ¿se van a controlar estos casos? Yo creo que los japoneses tienen un buen plan para eso y tenemos que ver ahora si la implementación de sus medidas va a funcionar”.


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