Difamación, acoso y agresiones: aumentan amenazas contra defensores de migrantes tras acuerdo con EU
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Albergue La Sagrada Familia

Difamación, acoso y agresiones: aumentan amenazas contra defensores de migrantes tras acuerdo con EU

Mientras Donald Trump ataca a los activistas y aplaude a Andrés Manuel López Obrador desde la asamblea general de la ONU, un informe de ONG dice que se multiplican los ataques y la retórica xenófoba tras las caravanas.
Albergue La Sagrada Familia
25 de septiembre, 2019
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Un incendio destruyó las oficinas del albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala. Según explicó el padre Elías Dávila, responsable del refugio; desconocidos irrumpieron en el local y rociaron todo con 20 litros de gasolina, para luego prenderle fuego. 

Se trata de un local dedicado a cuestiones administrativas, ubicado en un lugar diferente del refugio, que no resultó dañado.

En opinión del sacerdote, la situación degeneró desde el pasado mes de abril, cuando la comunidad comenzó a sospechar de los extranjeros. En julio, el Ayuntamiento instaló una malla en el acceso del albergue ante las denuncias de los vecinos. 

Dávila y su equipo pidieron datos de extranjeros detenidos. Nadie había sido arrestado. 

No fue argumento suficiente para quienes, el pasado 11 de septiembre, destruyeron sus oficinas. Desde entonces, el albergue está incluido en el mecanismo de protección de defensores y periodistas. Estiman que los daños pueden alcanzar los 100 mil pesos

El caso del albergue La Sagrada Familia simboliza cómo se incrementaron los riesgos y amenazas que sufren los activistas que defienden a migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos desde principios de 2018. Así lo recoge el informe titulado “Defensores sin muros: personas defensoras de Derechos Humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos”, elaborado por la ONG Frontline Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. 

El documento identifica 69 eventos de detención, amenazas, acoso, difamación, agresión, deportación, vigilancia o negación de entrada a un país. La mayoría de ellos, 41, tuvieron lugar durante 2019, según un listado que acompaña al informe. 

El documento está basado en una veintena de entrevistas y la visita a tres estados de Estados Unidos y otros dos de México. Pero no incluyen actos como la quema de las oficinas en Apizaco, que tuvo lugar después de que se cerrase el texto. 

Algunos de los afectados que aparecen en el informe denunciaron haber sido hostigados en diversas ocasiones. Como el activista hondureño Bartolo Fuentes, acusado de organizar la caravana de octubre de 2018. Desde entonces dijo haber sufrido amenazas e interrogatorios en Honduras, El Salvador y México, así como un arresto y deportación en Guatemala, ocurrida cuando la marcha apenas había puesto un pie en aquel territorio. También la organización Pueblo Sin Fronteras, que denunció que sus integrantes han sido interrogados y perseguidos tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó a sugerir que sus integrantes eran “reclutadores” para las caravanas. 

Un caso paradigmático es el de su presidente, Irineo Mujica. En junio fue detenido y acusado de tráfico de personas junto al también activista Cristóbal Sánchez. Ambos fueron encarcelados durante una semana hasta que un juez de Tapachula no encontró pruebas para procesarles. La fiscalía recurrió contra Mujica, que volvió a ser exonerado por otro tribunal. 

Scott Warren, detenido en enero de 2018 en Arizona por dejar agua en el desierto para los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos; Cristóbal Sánchez y Margarita Núñez, golpeados y el primero de ellos arrestado en Ciudad de México en febrero de 2019; o Sor Bertha López, hostigada por agentes gubernativos en marzo de 2019, son algunas de las personas que aparecen en el informe. 

Uno de los grandes hallazgos: la existencia de colaboración entre México y Estados Unidos para cerrar el paso a los migrantes y perseguir a los activistas. 

“Los gobiernos tienen relaciones tensas, difíciles, complicadas. México y Estados Unidos están  pasando por uno de sus peores momentos en bilaterales, pero cuando se trata de cooperar para restringir Derechos Humanos hay colaboración absoluta”, dijo Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional.

Entre estas colaboraciones aparece el informe revelado en marzo por la cadena estadounidense NBC en el que se evidenció un trabajo conjunto de ambos países para identificar a activistas y periodistas que quedaron fichados en un registro secreto. 

El informe se presentó en Ciudad de México al mismo tiempo en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomaba la palabra ante la asamblea general de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York.

“Hoy tengo un mensaje para los activistas migratorios, que se cubren con un mensaje de justicia social: sus políticas no son justas, sus políticas son crueles y malvadas”, dijo, sobre los defensores. 

“Me gustaría agradecer al presidente (Andrés Manuel) López Obrador en México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner a 27 mil soldados en nuestra frontera sur”, dijo, sobre el actual presidente mexicano.

Estas dos frases sirven para resumir el contenido del informe: desde la caravana de abril de 2018, que partió desde Tapachula, se incrementó el discurso xenófobo procedente de Estados Unidos; la caravana de octubre de 2018 multiplicó esta tendencia y se centró en objetivos a quienes identificó con la marcha; mientras que los acuerdos entre Washington y México han disparado los ataques tanto a migrantes como a defensores y albergues.

“Se trata de una investigación que busca visibilizar la situación actual de las personas, albergues y organizaciones que defienden los Derechos Humanos y ofrecen asistencia humanitaria en un contexto de creciente crisis para la población migrante”, dijo Quetzalcoatl Fontanot, de la Red TDT.

Además de lo Estados, el informe señala a la delincuencia organizada y a grupos nacionalistas como actores clave para el hostigamiento de los activistas. Por ejemplo, refleja el caso de Aarón Méndez, pastor del albergue AMAR de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desaparecido desde agosto. 

Mariana Zaragoza, coordinadora del Prami, ubicó dos puntos clave en la criminalización de migrantes y defensores. Por un lado, las caravanas de octubre, donde los gobiernos persiguieron especialmente a quienes consideraron como líderes u organizadores. Por otro, el pacto firmado entre Estados Unidos y México que ha multiplicado las detenciones y las deportaciones, así como la militarización de las fronteras mediante la Guardia Nacional. 

Es tras este acuerdo cuando se ha multiplicado el discurso xenófobo, según Zaragoza. 

La consecuencia fue la persecución de los albergues. Así lo denunció Alberto Xicoténcatl, director del refugio en Saltillo, Coahuila, quien alertó de que el gobierno de López Obrador retiró las ayudas a estas instituciones y les acusó de “corruptos” cuando no tiene un plan para proteger a los migrantes. 

“El gobierno no apoya a las personas migrantes. Lo hace la sociedad. Pero estamos ante una sociedad empobrecida que ha colapsado. Hasta una semana la gente es solidaria. Cuando el flujo es abandonado la gente se ve rebasada y empieza a rechazar esta población”, dijo.

En opinión de Xicoténcatl, los ataques sufridos por casas de migrante son consecuencia directa de esta estrategia. El albergue que él dirige ha sufrido el hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional, que trataron de entrar en su interior y realizar controles migratorios a pesar de que la ley lo impide. 

El defensor señaló que la presión no llegó solo tras el acuerdo entre Trump y el canciller Marcelo Ebrard. Recordó que ya el equipo de transición de Enrique Peña Nieto negoció sobre una reducción del flujo de migrantes. 

“El migrante es el nuevo enemigo. Somos visitados por la policía, criminalizan el trabajo que hacemos. Y cuando nos defendemos, el gobierno arrasa y terminamos siendo señalados, porque parece que para la sociedad los que estamos mal somos los que defendemos la vida”, dijo. 

Xicoténcatl denunció que el hostigamiento puede hacer que albergues cierren. 

Leer más | El asesinato de Marcos: versiones sobre la muerte del migrante hondureño en Saltillo

“Trump eclipsa lo que ocurre en México. Pero no solo es Donald Trump. Es una tendencia en la región”, dijo Sandra Patargo, de Frontline Defenders. 

El informe también incluye unas recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como al Congreso y Ejecutivo de Estados Unidos. 

En relación al Gobierno de México, las ONG instan a cesar la “criminalización de personas migrantes que se organizan en sus trayectorias para defender sus derechos humanos”, “supervisar y limitar las acciones de la Guardia Nacional con respecto a los albergues y la detención de migrantes”, y “brindar medidas cautelares para migrantes y defensores”. 

Puede consultarse el informe completo aquí.

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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