Las cinco muertes ligadas al asesinato de la periodista Miroslava Breach
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Colectivo 23 de marzo

Las cinco muertes ligadas al asesinato de la periodista Miroslava Breach

Tras el homicidio de Miroslava Breach, la muerte de otras cinco personas han sido vinculadas al caso, sin embargo, las autoridades de Chihuahua no las investigaron a fondo.
Colectivo 23 de marzo
Por Colectivo 23 de marzo y aliados internacionales
5 de septiembre, 2019
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Dos mujeres que se tomaban una selfie al lado de una pista de aterrizaje serrana, murieron, al parecer, accidentalmente; un piloto aviador que solía viajar a la Sierra Tarahumara y un maestro de artes marciales retirado fueron asesinados en 2017. Antes de que acabara el año, otro hombre murió baleado también en el norte del país. Todas estas muertes resultaron asociadas al homicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017, en Chihuahua, México.  El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), investigaron qué fue cierto y qué no al vincular estas cinco muertes con la de la periodista.  También contamos por qué de haberlas investigado en profundidad, las autoridades hubieran arrojado luz sobre el crimen de la respetada corresponsal de La Jornada. 

Cada marzo, en la pista ilegal de Chínipas, Chihuahua, pueblo serrano de difícil acceso, que colinda con el estado de Sonora, cantantes de música norteña aterrizan para festejarle su cumpleaños a Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco, socio del Cártel de Sinaloa, preso en México y con pedido de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína. 

Alfredo es hijo de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, preso desde 2011, y patriarca de un violento clan llamado Los Salazares que –lo denunció Miroslava Breach en sus notas– se ha infiltrado en la política local y la policía de varios municipios de la Sierra Tarahumara.

Proyecto Miroslava: las pistas del asesinato de la periodista que no fueron investigadas

El sábado 25 de marzo de 2017, dos días después del asesinato de Miroslava en Chihuahua capital, los habitantes de Chínipas eran convidados a una carrera de caballos –en honor a Alfredo– en la pista de aterrizaje del poblado; entre ellos estaba Nitzia Mendoza, de 18 años, y su amiga Yoselín Morquecho, de 17, quienes observaban la carrera, trepadas en la caja de una camioneta pickup estacionada junto a la pista. Pasaban las dos de la tarde, cuando las chicas se tomaron una selfie, y según lo difundió la prensa, en ese instante una avioneta las golpeó en la cabeza y ahí mismo murieron. A pesar de que las autoridades municipales guardaron silencio e intentaron negar los hechos, un accidente tan inaudito se volvió noticia mundial.

   Las jóvenes Nitzia Mendoza y Yoselín Morquecho

Las jóvenes Nitzia Mendoza y Yoselín Morquecho murieron golpeadas por una avioneta que aterrizaba en Chínipas, Chihuahua, durante una carrera de caballos, según medios locales

Un testigo de los hechos, quien pidió el anonimato, relató a este Colectivo que la tragedia ocurrió porque a la misma hora aterrizaron, no una, sino tres o hasta cuatro avionetas. Dijo que un piloto apurado, o imprudente, bajó en el extremo de la pista donde la gente estaba congregada, y por no aterrizar donde debía, Yoselin y Nitzia no vieron llegar su aeronave. “Levantaron a las plebas, las llevaron al centro de salud y el piloto automáticamente, inmediatamente, se fue de vuelta. Así de rápido”, dijo.

Entonces, ocurrió algo que hizo enmudecer a todos los chinipenses: un grupo de personas armadas impidió que la gente saliera del pueblo hasta cerciorarse de que borraran toda foto o video de sus celulares. Esto lo publicó días después El Diario de Chihuahua, y lo confirmó el testigo: “Al salir de la pista había personas ahí y recogían todos los teléfonos (…), ahí mismo borraron todo (…) entonces salió la gente. No salió nadie antes”. 

Cuando los medios locales buscaron a los funcionarios municipales para entrevistarlos sobre la tragedia, ninguno respondió. La dirección de policía de Chínipas negó que ese accidente hubiera ocurrido. Incluso, a diferencia de otras fiestas en honor a Los Salazar publicadas en YouTube donde se ve a cantantes gruperos exaltando en sus corridos las “proezas” de los integrantes de ese grupo criminal (algunos de ellos perseguidos por la DEA), en esta ocasión no hubo rastros en internet. El medio británico Bellingcat, experto en rastreos de fuentes abiertas, confirmó que “existe una ausencia de información de fuente abierta de imágenes y/o videos tomados por participantes del evento ese 25 de marzo”.

Leer más: A dos años del asesinato de Miroslava Breach, no hay sentenciados ni justicia

La ley del silencio

No hubo indagación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ni siquiera incluyó el accidente entre los ocurridos en 2017, a pesar de que tiene el mandato de investigarlo. La Fiscalía dijo que no tenía el número de matrícula de la aeronave. No hubo más investigación. 

Cuando este colectivo preguntó sobre la muerte de Nitzia y Yoselín, no solo en Chínipas sino en otros sitios de Chihuahua o en Sonora, algunas personas colgaron el teléfono cuando se les explicó la razón de la llamada, o gritaron con pánico que si hablaban las matarían. Cinco personas aseguraron que Los Salazar tienen interceptados los celulares y hasta las redes sociales. 

Meses después se supo la posible razón del hermetismo. Fue a partir del 25 de diciembre de 2017, cuando el gobernador Javier Corral publicó en Twitter que había sido capturado Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry, a quien identificó como el “autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea”. Al Larry se le acusa de ser el jefe de sicarios en Chínipas.

La valiente periodista, quien, al igual que Los Salazares, era originaria de Chínipas, había denunciado que era un pueblo sin ley. Ella misma había cubierto los desplazamientos y asesinatos causados por las disputas territoriales del grupo y su intento por controlar el municipio, ya no solo con las armas. Habían logrado que el PRI postulara a uno de sus miembros (Juan Salazar Gaxiola) como candidato a presidente municipal para las elecciones de junio de 2016. Luego de que tumbara esa candidatura, y a pesar de que recibió amenazas, Miroslava siguió publicando en La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez sus investigaciones. Ella acusó al presidente municipal de ser protector de los narcos y al jefe de su policía (la misma que negó el accidente) de estar comandada por un sobrino de Los Salazares con antecedentes criminales. El municipio, en sí, escribió, estaba infiltrado por grupos del narcotráfico, como otros del estado. 

En la audiencia para abrir el proceso judicial contra Moreno Ochoa, el Larry, el agente acusador reveló que testigos indican que el 25 de marzo, este hombre tomó una avioneta desde el aeropuerto internacional de Chihuahua hacia la sierra. Iba con él su hermano de crianza, el universitario Wilberth Jaciel Vega Villa, quien, según estableció la Fiscalía, había trasladado en su auto al pistolero a casa de Miroslava Breach para que la matara.   

En una nota de diciembre de 2017, El Heraldo de Chihuahua informó que la “avioneta que mató a jovencitas en Chínipas era de el Larry” y que “regresaba a ese pueblo después de supervisar el asesinato de la periodista”.  De hecho, dos testigos coinciden que esa tarde Vega Villa llegó al pueblo y dejó constancia en una selfie que se tomó y mandó a un grupo de WhatsApp. Ese joven, ahijado de Alfredo Salazar, sigue prófugo.

Las circunstancias que rodean el accidente siguen siendo especialmente confusas. Las versiones se superponen, a veces se contradicen, y la identidad de los pasajeros es distinta según cada fuente consultada: que la avioneta recogió a un enfermo grave; que trasladaba a un cantante; que bajó a un hombre armado bajo o que, no eran unas, sino varias avionetas las que llegaron al mismo tiempo.

Las fotografías de los cuerpos sin vida de las jóvenes, que obtuvo el Colectivo, dejan ver que las heridas mortales son pequeñas y precisas: de escasos dos a cinco centímetros de extensión. No parece el tipo de contusiones que una avioneta en movimiento provocaría. La investigación, aparentemente, catalogó el incidente como un homicidio imprudencial y cerró el caso.

El piloto

No está claro quién piloteaba la aeronave que aterrizó en Chínipas aquella tarde del 25 de marzo de 2017, pero 16 días después, fue asesinado a tiros cuando salía de un restaurante en la ciudad de Chihuahua Jorge David Coughanour Buckenhofer, un piloto aviador dueño de la compañía de aerotaxis AeroCoconor, conocido por su destreza para volar la serranía, por usar sus vehículos como ambulancias para trasladar enfermos del aislamiento geográfico, y por transportar a personalidades políticas (César Duarte y Javier Corral eran de sus clientes) y a fotógrafos de National Geographic, empresarios mineros o empleados federales. 

La noche del 10 de abril de 2017 , cuando salía de un restaurante, un coche se emparejó a su Mercedes Benz, una persona bajó y le disparó al menos seis veces. Aunque tenían consigo sus credenciales –como consta en el expediente 19-2017-0009981- los agentes investigadores no contactaron a la familia de Coughanour, tampoco respondieron a las insistentes llamadas que recibía de familiares preocupados por su ausencia. Su cadáver pasó toda la noche en la morgue, en calidad de desconocido. La Fiscalía indagó sobre la vida personal del piloto, sus clientes serranos, sus cuentas bancarias o si era presionado para transportar droga, más que sobre el crimen en sí.

El 12 de abril, se publicó en la prensa que la Fiscalía estatal había descubierto que la pistola utilizada para matar a Miroslava Breach era la misma con la que se había cometido este otro asesinato. Cinco días después, el director de la Policía Estatal, Óscar Aparicio, confirmó el dato. Sin embargo, en un documento fechado el 11 de abril, un perito en balística forense del gobierno del estado negaba coincidencias. 

Hasta finales de año, cuando el gobernador anunció la captura del Larry, se volvió a vincular al piloto con Miroslava. Fue El Heraldo de Chihuahua el que publicó, sin citar fuentes, que  Jorge David era “el piloto de Los Salazar”, y quien ayudó a escapar a los asesinos de Miroslava, y, por ende, quien mató a las jóvenes de la selfie.

El 5 de enero de 2018, el padre del piloto publicó un desmentido en el que señalaba: “Ningún avión de la empresa (AeroCoconor) se encontraba volando por esa zona a la hora que se registra el fatal accidente, tanto mi hijo como sus pilotos estaban en Cd. De Chihuahua, esto quedó comprobado ante Fiscalía en su momento”. En efecto, el expediente de la Fiscalía estatal cuenta con una fotocopia de la bitácora de vuelos de AeroCoconor, que abarca del 18 al 27 de marzo de 2017 y no registra vuelos a Chínipas. Los registros del celular de Jorge David, que la familia llevó a la Fiscalía, mostraban que esos días estuvo en Chihuahua.

El Heraldo sostuvo que la fuente de información sobre el supuesto piloto del Larry había sido la Fiscalía. El periodista que escribió la nota, un año después, se hizo policía.

El profe de karate

Una semana después, exactamente el día 18, en otro punto de la ciudad de Chihuahua, el retirado profesor de artes marciales y psicólogo Gabriel Ochoa Cárdenas fue asesinado a balazos frente a unos gallineros que cuidaba en el patio de una casa vecina. Sobre la mano del hombre la policía encontró una pistola Colt de colección, calibre .38 súper, con unos grabados: un retrato de Zapata, una serpiente azteca y una frase del revolucionario, de la que la armería solo fabricó 200 piezas. Junto al cadáver, una cartulina advertía: “Este es el marrano que asesino (sic) a la periodista Miroslava por orden del 80”. 

El 80 es Arturo Quintana y, en marzo de 2017 era jefe en la zona noroeste del estado del grupo contrario a Los Salazar: La Línea, que trabaja para el Cártel de Juárez. El 80 supuestamente también había dejado una nota a unos metros del cuerpo de Miroslava, adjudicándose ese crimen.

El asesinato ocurrió un día después que Corral anunció que se tenían ubicados a los asesinos de Miroslava. Los medios difundieron que Gabriel Ochoa tenía parecido con el retrato hablado del gatillero que mató a Miroslava, aunque en unos detalles no coincidían, entre ellas que el asesino captado por las cámaras el 23 de marzo era un hombre de unos 25 años, el exprofesor tenía 56. La Fiscalía, de hecho, mostró varias veces el video al hermano mayor de Ochoa Cárdenas, quien aclaró también varias veces que su hermano no era ese sicario.

De la vida del profesor Ochoa se sabe poco: era un hombre huraño, tenía dificultades para caminar, había dado clases de karate y entre sus clientes hubo policías. 

Un exalumno de karate, quien fue de los primeros en ingresar al terreno tras escuchar los balazos, insinuó al ser entrevistado por este colectivo que la pistola que vio era distinta a la llamativa pistola que publicaron los medios: “Oí que (los policías) decían que la pistola era de un color y cuando salieron las fotos en el periódico era una pistola de otro color. No supe cuándo le cambiaron la pistola”. En la bitácora policial y un testimonio contenido en el expediente también describen un arma común y corriente, no una fina y vistosa pistola.

La teoría que compartió un fiscal a este colectivo era que los asesinos, al saberse ubicados, mataron al profesor para despistar. Sostuvo que al profesor lo asesinaron con un arma de calibre distinto a la que le “sembraron” junto al cuerpo. Y que esta arma de colección con grabado de Zapata sí fue la que asesinó a Miroslava. Quién sembró esa arma, está aún por verse. Aunque las autoridades tienen imágenes de los automóviles en los que huyeron los asesinos del profesor de karate, nadie ha sido detenido. 

El hombre señalado como responsable

Un reporte policíaco escrito a mano, fechado el 20 de diciembre de 2017, indica que el cuerpo de un varón de entre 25 y 30 años de edad fue encontrado con un balazo en un camino de terracería en Álamos, Sonora. Fue identificado como Ramón Andrés Zabala Corral, quien, según la Fiscalía de Chihuahua, disparó contra Miroslava. 

Zabala nació, vivió y murió en Álamos, al sur de Sonora, en una franja del territorio controlada por Los Salazares para tráfico de drogas y de migrantes.

Nunca hubo imágenes en la escena del crimen de Miroslava que captara los rasgos de su asesino. El testigo, que la Fiscalía aseguró que vio al sicario en plena huida, testificó después ante la Fiscalía General de la República y dijo que nunca había visto su rostro. A Zabala lo vinculan también porque –según el expediente– su teléfono aparece en el registro de llamadas que hizo Vega Villa desde la escena del crimen. El colectivo ubicó tres cuentas de Facebook a su nombre. Sus familiares declararon en Sonora que era un hombre callado, que se iba por tiempos largos, que cambiaba de celular y que se molestaba si la familia escuchaba lo que se decía de él en la calle.

A ciencia cierta no se sabe cómo ni cuándo huyó a la sierra ni qué tanto hizo durante los nueve meses que estuvo prófugo. Un columnista de El Universal publicó que un informe de la Policía Federal indicaba que Zabala estuvo esos meses en Álamos, y que el Larry, tras bajarse de la avioneta se había escondido en la mina Palmarejo, del complejo Coeur Mining, y que ambos contaron con protección de las autoridades. El representante de la minera no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.

El 9 de febrero de 2018, casi mes y medio después del asesinato de Zabala, integrantes de este colectivo preguntaron al fiscal de la zona centro, Carlos Mario Jiménez, por qué no habían capturado a Zabala si –como dijo Corral– tenían a los asesinos ubicados desde mediados de abril; este respondió: “Nosotros decidimos no pedir (ayuda) a Sonora. No, porque esas personas (Los Salazar) tienen muchos años allá y todo y no sería más seguro (…). Fue una decisión estratégica”.

Hasta el momento, solo Moreno Ochoa, el Larryha sido detenido y presentado como el responsable del asesinato de Miroslava. 

En los expedientes estatal y federal consultados no hay señales de que hubieran sido investigados empleados de la compañía minera que presuntamente escondieron al prófugo, aunque lo publicó ya un medio; de que se hubiera analizado las bitácoras de los vuelos que despegaron del aeropuerto de Chihuahua o que algún piloto o personal del aeropuerto o servidor público de Chínipas fuera llamado a declarar con relación a las avionetas. Tampoco hay reportes realizados  en alguna incursión al territorio serrano controlado por esa familia. 

El fiscal estatal César Augusto Peniche nunca respondió a la solicitud de entrevistas. Quedó constancia en el proceso judicial que se sigue que la fiscalía federal especializada (FEADLE) que tomó el relevo, no ha aportado nuevas pruebas que resuelvan los interrogantes aquí planteados. 

Descubre los detalles de esta segunda investigación en el sitio web: www.proyectomiroslava.org y www.elclip.org

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Los exclusivos barrios en EU con clínicas privadas de test de covid-19 y médicos a domicilio

La pandemia ha evidenciado la extrema desigualdad en la atención sanitaria en la primera potencia mundial: mientras unos tienen acceso a tests rápidos y a domicilio, otros esperan largas colas para acercarse a uno de ellos... y a veces ni eso.
20 de abril, 2020
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Fisher Island.

Getty Images
La exclusiva isla de Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos.

Una imagen en muchas ocasiones vale más que mil palabras y en Miami ahora mismo hay dos que reflejan cuasi a la perfección el sistema sanitario de Estados Unidos.

Por un lado, colas de vehículos en el aparcamiento de un estadio para hacerse una prueba de coronavirus; por otra, una exclusiva isla y hogar de las élites con una clínica privada abierta solamente para hacer pruebas rápidas de covid-19 a todos sus residentes y empleados, más de 1,000.

Hay muchos detalles que no se ven en esas imágenes, como que las pruebas en uno y otro lugar son distintas y, por ende, cumplen diferentes funciones, pero ambas evidencian la profunda desigualdad en el acceso a la sanidad en la autodenominada tierra de la libertad.

En medio de una pandemia como la del coronavirus, esa diferencia puede llegar a determinar si vives o mueres, por lo que no es de extrañar que ante la situación tan dramática que vivimos esas dos fotografías generen polémica.

Fisher Island

La controversia creció después de que el diario The Miami Herald publicara que Fisher Island, uno de los barrios más ricos de Estados Unidos, había decidido comprar miles de tests rápidos de covid-19 al Sistema de Sanitario de la Universidad de Miami (UHealth), una entidad privada.

“Para minimizar aún más la propagación en la isla densamente poblada, en la que la mitad de los residentes tienen más de 60 años y están en alto riesgo, Fisher Island pidió a UHealth que les proveyera tests de anticuerpos de covid-19 para todos sus empleados y residentes“, explica a BBC Mundo la portavoz de la isla, Sissy DeMaria.

Fisher Island, pegada a la icónica Miami Beach, abrió un centro para la ocasión y las pruebas se están llevando a cabo, junto a otras medidas de prevención.

Fisher Island, edificios.

Getty Images
Hasta la isla solo es posible ir en barco.

Desde UHealth reconocen que su servicio “puede haber dado la impresión de que algunas comunidades recibirían un trato preferencial”, pero aseguran que no fue su “intención”.

“Uno de los primeros casos confirmados de coronavirus en el condado de Miami-Dade fue en Fisher Island, más de la mitad de la población es mayor de 60 años y muchos residentes estaban volviendo del noreste”, la zona más golpeada por la covid-19, destaca la portavoz Lisa Worley en un escueto comunicado.

El centro universitario ha estado colaborando con las agencias gubernamentales y de salud pública y llevó a cabo una iniciativa para hacer pruebas de anticuerpos de covid-19 a 3.500 personas al azar en Florida, recogen medios locales.

Pese a ello, la noticia sobre Fisher Island generó rápidamente una oleada de frustración y enfado, ante la escasez de equipos y el acceso limitado a tests.

“Los estadounidenses y, a veces, el resto del mundo, están escandalizados de descubrir que gente muy adinerada puede usar sus recursos para conseguir ventajas cuando tienen una necesidad médica, incluido en una plaga, pero eso siempre ha sido así. Es algo que los estadounidenses parecen tolerar”, apunta Arthur Caplan, director de Ética Médica de la Universidad de Nueva York.

“Estados Unidos nunca ha reconocido el derecho a la sanidad. Muchos estadounidenses obtienen su cobertura sanitaria a través del trabajo, lo que significa que éticamente tienen que ganársela. Y si dejan de trabajar, la pierden”.

El sistema sanitario estadounidense funciona mayoritariamente a base de seguros privados, pero millones de personas no disponen de uno o tienen coberturas insuficientes.

“Cuando no tienes un sistema del que todo el mundo forma parte, entonces existe un menor sentido ético de responsabilidad comunitaria”, reflexiona el experto.

"Éticamente es bastante despreciable usar dinero en el libre mercado para desviar recursos para quien puede pagar y no para quien más lo necesita"", Source: Arthur Caplan, Source description: Director del Área de Ética Médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York., Image: Professor Caplan

En esta crisis, el gobierno está adquiriendo un mayor papel del habitual a nivel federal, pero en muchos aspectos, son los estados los que tienen el control. También en cuestiones sanitarias.

En Florida, las autoridades han instalado ocho clínicas móviles en las comunidades más afectadas, según explican desde el Departamento de Salud a BBC Mundo.

Uno de los servicios con mayor demanda se ubica en uno de los aparcamientos del estadio Hard Rock en Miami, donde se celebró este año la final de la Super Bowl.

Médicos en Hard Rock.

Getty Images
El del aparcamiento del estadio Hard Rock es uno de los sitios de pruebas que instaló Florida en el estado.

Allí, los equipos médicos realizan diariamente los llamados test PCR, que constata si una persona tiene covid-19, a través de una muestra recogida de la nariz o la garganta y un análisis de laboratorio.

Esa consulta es diferente a la de Fisher Island, una prueba rápida de sangre que solo puede determinar si una persona ha pasado ya la enfermedad, pero no si está infectada.

Dada la cantidad de personas que acudieron al aparcamiento de Hard Rock, el personal sanitario tuvo que colgar el cartel de cerrado poco tiempo después de abrir las puertas en varios días de la pasada semana.

Ello llevó a que aumentaran la capacidad, de 400 test diarios a 750, y se rebajaran los requisitos.

Médicos “concierge”

No obstante, el de Fisher Island no es el único caso que evidencia las desigualdades en esta crisis sanitaria, de la que Estados Unidos ya es la nación más afectada en número de muertos y contagiados, según los recuentos oficiales.

La prensa local recoge, por ejemplo, el caso de una multinacional biomédica en Colorado que decidió comprar pruebas rápidas de anticuerpos de covid-19 para todo un condado, en el que habitan unas 8.000 personas, entre ellas, dos de sus ejecutivos durante una parte del año.

Se trata de una iniciativa inédita en el país, que enfrentó dificultades pero que parecía estar de nuevo en marcha, según un comunicado del gobierno del condado.

BBC Mundo contactó con la firma para recabar más información, pero no recibió respuesta.

Una joven mira a una mujer a través de una ventana

Getty Images
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

El experto en Ética Médica menciona por su parte el caso de una comunidad adinerada en Westport, Connecticut, que también trató de acceder a tests privados, y cita los servicios de los llamados médicos “concierge“, que están ofreciendo pruebas a domicilio.

David Nazarian es uno de estos profesionales. Con clínica en el lujoso barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, el médico ha registrado un persistente aumento de consultas desde el principio de la epidemia y montó un centro de pruebas con atención a personas desde sus vehículos.

“He trabajado muy duro desde el principio porque considero que es muy importante (…) Esta es una crisis que todos estamos enfrentando. Pobres y ricos. No se trata de eso. Se trata de lo que todos podemos hacer para controlar este virus. Si no lo hacemos, no pararemos los contagios y no podremos hacer que la gente retome sus vidas. Esa es la cuestión más importante, porque si no, todo el mundo va a sufrir”, considera.

Su clientela se compone de familias o individuos del mundo del entretenimiento o altos ejecutivos, pero asegura que sus servicios están disponibles para todos a un precio que prefiere no revelar.

No obstante, Nazarian lleva 10 años atendiendo a un porcentaje de sus pacientes gratis, una tarea que sigue llevando a cabo en este crucial momento, asegura en conversación con BBC Mundo.

Beverly Hills Hotel en época de coronavirus.

Getty Images
California es uno de los estados que mejor respondió a la covid-19 en Estados Unidos, según los expertos.

El equipo del médico ha realizado pruebas de PCR o de anticuerpos a domicilio o en su clínica móvil, además de para empresas, con los materiales que pudo comprar y un poco de innovación ante la falta de recursos, creando ellos mismos algunos materiales.

“No hay ninguna duda de las desigualdades y desafortunadamente siempre ha sido así. Ojalá no lo fuera. Todo el mundo debería tener acceso a una buena sanidad. Todo el mundo debería poder hacerse la prueba”, afirma.

En su opinión, el gobierno debería estar haciendo más: “Es lamentable que vivamos en Estados Unidos y nos estemos quedando atrás en capacidad de tests comparado con otros países”.

Tras los problemas con los tests al principio de la pandemia, EE.UU. ahora está haciendo unas 150.000 pruebas por día. Pero los mayores expertos en el campo consideran que el número debería ser muy superior: entre los 5 y los 22 millones diarios.

Este país es un estado fallido“, lamentaba un enfermero anestesista de un hospital de Nueva York a principios de mes, revelando uno de los momentos más trágicos de su carrera.

El profesional, Derrick Smith, compartió en Facebook las últimas palabras de un paciente de covid-19 en estado crítico antes de intubarle y conectarle a un respirador.

“Who’s going to pay for it?”Last words I’ll never forget // the response my patient gasped out (between labored…

Posted by Derrick Smit on Friday, April 3, 2020

“¿Quién va a pagar por esto?”, le espetó el enfermo con visibles problemas para respirar y hablar, y antes de que le dejaran llamar a su mujer, pues muchos enfermos “nunca se recuperan tras ser intubados”, relató.

La dramática escena lleva inevitablemente a la reflexión: ¿provocará esta brutal pandemia un cambio en EE.UU.?

“No apostaría por ello”, zanja Caplan.

En Estados Unidos, remarca el experto, las viejas ideas conservadoras pesan: la salud es un privilegio, no un derecho.


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BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk

https://www.youtube.com/watch?v=QBv7nudMSpc

https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE

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