Ecatepec: En 4 años han asesinado a 1,258 mujeres, pero solo 53 son considerados como feminicidio
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Ecatepec: En 4 años han asesinado a 1,258 mujeres, pero solo 53 son considerados como feminicidio

Karen fue asesinada por su primo de 17 de años. El caso fue investigado y juzgado como homicidio doloso, pese a tener características de ser un feminicidio.
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Por Sergio Castro Bibriesca
15 de septiembre, 2019
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Siempre estarían juntos, era una promesa compartida. Sacrisanta, la madre; Karen, la hija mayor, y Erik, el pequeño, eran muy unidos y les gustaba pensar en proyectos comunes a futuro, pero hace más de tres años, el 4 de agosto de 2016, los planes cambiaron. El asesinato de Karen, en Ecatepec, Estado de México, es uno de los casos que se investigaron y juzgaron como homicidio doloso, pese a las evidencias que indicaban que fue un feminicidio.

La necesidad de dinero hacía que Sacrisanta Mosso Rendón dejara a sus hijos en casa para ir a trabajar en una cocina económica en Ecatepec. Un día regresó de las labores. La puerta de entrada de la casa estaba cerrada con candado, ella no llevaba llaves. Esperó más de dos horas sentada en la banqueta, asumió que sus hijos estarían en la Feria Patronal de San Cristóbal, que se realiza en el centro del municipio cada año. Les habló por teléfono, les mandó mensajes y, al no tener respuesta, salió en búsqueda de Karen y Erik. A la medianoche regresó a casa y entró por una ventana. En el baño encontró sin vida a su hija. En una de las recámaras, al niño.

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Karen Alvarado Mosso, quien tenía 17 años, estaba tirada boca abajo, con sus manos amarradas hacia atrás y tenía un cinturón enrollado en el cuello. La asfixiaron en un bote con agua, la golpearon y la violaron. A Erik, de 12 años, lo asfixiaron con una almohada.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2019 en Ecatepec se han contabilizado mil 258 carpetas de investigación por homicidio doloso contra mujeres, es decir, más de uno al día. De ellos, mil 256 fueron con arma de fuego, arma blanca u “otro elemento”.

Lo que la Fiscalía local toma en cuenta para investigar los casos como feminicidios es que, por ejemplo, “a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”, o asfixia. Además, que “haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza”, y que “la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo”.

Sin embargo, el Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo, solo reconoce 299 feminicidios de 2015 a 2018, que lo ubica en el primer lugar nacional. De ese total, en Ecatepec, en el mismo periodo -según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pedidas a través de transparencia- se iniciaron 53 carpetas de investigación por feminicidios. De esos casos, solo en 10 hay una sentencia condenatoria. La última se emitió en enero de este año.

En el caso de Karen Alvarado, quien antes de su asesinato estaba a unos días de entrar a quinto semestre en el CCH Vallejo, la persona que fue imputada y juzgada por su homicidio doloso, fue su primo. El joven, que tenía en ese momento 17 años, fue detenido en marzo de 2017 y en agosto se le declaró culpable de dos homicidios dolosos, con una condena de cinco años de privación de la libertad, la pena máxima que puede alcanzar un menor de 18 años, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“No es justo, cometió actos muy graves, un feminicidio”, dice Mosso Rendón.

“Se le debería haber juzgado como adulto, porque los actos que cometió son de adulto, remarca. El sistema de justicia, acusa, es una gran ventaja para quien cometió un delito”.

Previo a la sentencia que dieron al primo de Karen, colectivos y la señora Sacrisanta buscaron que la muerte de su hija se investigara como feminicidio y que a él se le juzgara como adulto. Para la madre, una sentencia mayor sería más justa, pero, sostiene, “lo justo sería que me devolviera a mis hijos”.

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En el Estado de México se castiga con 70 años de cárcel o prisión vitalicia, según sea el caso, a la persona que haya cometido un feminicidio, de acuerdo con el Código Penal de la entidad.

En la entidad, una de las diferencias entre investigar una muerte como homicidio doloso o feminicidio, es, entre otras, que hay un grupo conformado por una persona especializada en trabajo social, una en psicología y una en derecho (asesor o asesora jurídica). Todas ellas deben tener un alto nivel de empatía y sensibilidad hacia las víctimas.

Mosso Rendón sabe que para las autoridades el tema ya se concluyó. No se le puede volver a sentenciar por los mismos hechos a la misma persona.

“Que no se le dé oportunidad, lo están preparando para que rehaga su vida y se me hace injusto”, señala la madre de Karen.

Penas a menores de 18 años 

Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, una organización de la sociedad civil experta en derechos humanos del proceso penal y que trabaja con personas menores de 18 años, explica que el proceso de justicia para adolescentes tiene fines distintos al de adultos. “Tiene un fin socioeducativo para reintegrar a los y las adolescentes a su familia y comunidades”.

Organizaciones y la propia Sacrisanta exigen una pena más elevada por el tipo de delito cometido.

Aguilar García detalla que, si el fin socioeducativo del sistema de justicia para adolescentes se transmite desde los actores del sistema judicial, durante todo el proceso, es posible que los familiares de la víctima entiendan por qué es importante que las personas menores de 18 años reciban una segunda oportunidad.

“También es importante hacerle saber a esos familiares que ellos (las personas imputadas) tienen derechos y que el proceso también se encarga de velar por sus intereses, más allá de la pena.  Si, en cambio, las autoridades siguen utilizando discursos punitivos, lo único que van a seguir promoviendo es la utilización del sistema penal para fines de venganza”, explica.

Para García, nos hemos acostumbrado a un discurso que confunde justicia con cárcel sin que haya mucha voluntad para hacernos entender como sociedad cuál es el proceso para llegar a prisión como condena. “Como no lo entendemos, entonces asumimos que las opciones inmediatas, como la prisión preventiva, ya son justicia”, subraya. Agrega que la inmediatez con la que se prive de libertad a una persona genera en la sociedad un mayor sentido de justicia.

La Fiscalía para la Atención a la Violencia de Género del Estado de México fue contactada en repetidas ocasiones para conocer qué criterios utiliza para investigar casos que presentan características de un feminicidio, como el de Karen, pero no hubo respuesta.

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“Se siguen maquillando cifras”

Para Karla Micheel Salas, abogada defensora especializada en violencia de género en el país, “respecto a los feminicidios y la violencia en general contra mujeres, se siguen maquillando las cifras…la voluntad de las autoridades es simplemente no investigar”.

Asegura que la autoridad no tiene una explicación de por qué, pese a haber crímenes que “son claramente feminicidios” y que tendrían que haberse investigado como tal, se indagan como homicidios dolosos.

Para Sacrisanta Mosso, la experiencia que tuvo con las autoridades al inicio del proceso fue de prepotencia, “no veían culpable más que a mí”. Aunque después hace una pausa y dice entender que así actúan las autoridades. Sin embargo, cuenta que no quitó “el dedo del renglón, siempre iba y preguntaba, presionaba. A lo mejor los fastidié”. A ella no le importaba ir lejos o sola, “es importante gritar y exigir, llorar… aprender a llorar, tener paciencia”.

En Ecatepec, −municipio que tiene una extensión territorial de 186.9 kilómetros cuadrados− del 4 de agosto de 2017 al 31 de marzo de 2019 han desaparecido 219 mujeres (193 tenían entre cero y 29 años). De ellas, 61 tenían entre 15 y 17 años cuando se les vio por última vez.

Micheel Salas acusa que vivimos en un caso de simulación, vemos la desaparición de mujeres de forma violenta, pero no hay respuesta inmediata.

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“Se comprometieron a mejorar, a profesionalizarse, pero las autoridades son incapaces de activar la Alerta de Género. El Estado de México es el mejor ejemplo de la política de simulación”, subraya.

De hecho, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres cumplió ya cuatro años en 11 municipios de la entidad. Fue emitida el 28 de julio de 2015 y recibe en promedio 30 millones de pesos al año, pero las cifras muestran que los casos en el Estado de México han subido, pues en 2015 se registraron 59 feminicidios; en 2016, 66, y en 2017, 64.

Pero ya en 2018, el Estado de México contabilizó 110, según el SESNSP. Además, Ecatepec, con una población de 932 mil 727 mujeres, fue el municipio mexiquense que más casos registró en la entidad, con 14, y fue quinto a nivel nacional en ese delito por cada 100 mil habitantes, con 1.50 sucesos, más alto que la media nacional, con 1.30.

En el ayuntamiento, la violencia también pega a toda la población. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante la primera quincena de septiembre de 2018, la ubicó como la ciudad más peligrosa en el país, pues 96.3% de los habitantes mayores de 18 años se siente inseguro.

El municipio que colinda con la capital mexicana es el más poblado del país, con un millón 677 mil 678 habitantes, según cifras del Inegi, aunque autoridades locales señalan que podrían ser más de 3 millones de residentes. 786 mil 843 de sus habitantes viven en situación de pobreza, sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ahí Karen y Erik crecieron y tenían una vida feliz, asegura su madre. Siempre había una sonrisa en sus rostros. La joven quería estudiar Derecho porque quería ayudar a las mujeres. “Sufrimos mucho, nuestros papás no nos entienden, nos gritan y nos maltratan cuando somos niñas. Cuando nos casamos, los esposos nos limitan y maltratan”, le repetía constantemente a su madre.

Ella, desde que estaba en la secundaria, fue muy estudiosa. Siempre fue de diplomas. Karen tenía sus metas muy fijas. “Lo iba a lograr, era madura, consciente. Soñaba con viajar a París. Tenía muchos sueños muy grandes”, asegura Sacrisanta, quien quiebra su voz al rememorar.

Karen siempre fue muy unida con su hermano Erik. Se molestaban y llegaban a pelear como cualquier par de hermanos: “Era un gran apoyo para mí, para su hermano, nos repartíamos las obligaciones”.

Erik tenía 12 años, le gustaba jugar, bromear, era muy platicador, muy amiguero. Por todos lados tenía amistades. Siempre regalaban una sonrisa, “así los recuerdo, sonrientes, amables”. Estaba feliz porque iba a entrar a la secundaria.

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La necesidad de llevar el pan a la mesa hacía que los hermanos convivieran y se cuidaran mientras su madre iba a trabajar. “No tenía la necesidad de andar atrás de ellos, sólo llegaba a revisar”. Karen era el ejemplo de Erik: Él veía a su hermana y quería hacer lo que la hermana iba hacer.

A más de tres años de ese suceso, a Sacrisanta Mosso le da lo mismo comer o no. Confiesa que hoy encuentra poca motivación, “mi motor eran mis hijos, pero ya todo cambió. A esta altura de mi vida ya no están, me da igual comer, la vida…”.

Para Valeria Moscoso, coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a diferencia de delitos como desaparición, ejecución extrajudicial o tortura, cuando hay un feminicidio sí hay diferencias importantes en cuanto a reacciones e impactos en las personas más allegadas a la víctima. “Tiene que ver con elementos centrales. En el feminicidio, los perpetradores son ‘íntimos’, de un círculo cercano, no como en otros casos, donde quien comete un delito son agentes del Estado”, explica.

Moscoso Urzúa señala que tiende a haber una respuesta diferente de las víctimas sobre a quién se responsabiliza y a quién se culpa, e incluso a quién se solicita ayuda y el grado de vulnerabilidad que experimentan los familiares. “Cuando es un feminicidio, primero hay una confianza en que pueden acudir al Estado por ayuda. Quedan fuera análisis de contexto político para entender el hecho”.

La motivación ahora se asoma a cuentagotas para la madre de Karen. Ésta llega al replicar el apoyo y la empatía que recibió de mucha gente, hacia familias que sufren hoy la misma violencia que ella pasó. Ahí, Mosso Rendón se “siente necesaria” cuando alguien le pide ayuda: “Hay momentos donde me siento insignificante, pero cuando me hablan, regreso. En el momento también me hizo falta quién me acompañara, quién me dijera qué decir, qué hacer”.

Y sostiene que “nadie entiende el dolor de una madre más que otra madre que ha pasado por el mismo dolor”.

A más de tres años de que “le arrebataran a sus hijos”, recuerda la promesa de Erik y Karen, aquella que decía que “nosotros nunca te vamos a dejar solita, siempre vamos a estar contigo, te vamos a ayudar, no te va a faltar nada”, y asegura que sí, que siguen y seguirán juntos.

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Reuters

5 claves para entender la confusión sobre la cifra de muertos por COVID en México

Es una de las preguntas más repetidas en México desde la llegada del COVID-19: ¿son realmente las muertes por coronavirus muchas más de las que reporta y a qué se debe esa discrepancia de datos?
Reuters
6 de julio, 2020
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Es una de las preguntas más repetidas en México desde la llegada del coronavirus: ¿son realmente las muertes por COVID-19 muchas más de las reportadas oficialmente?

El gobierno ha recibido duras y repetidas acusaciones de querer ocultar la magnitud real de la pandemia.

Las autoridades lo niegan e insisten en que sus cifras oficiales solo reflejan las víctimas diagnosticadas con un test de la enfermedad. Por lo tanto, reconocen que por fuera se quedan todas las que fallecieron sin habérseles hecho la prueba.

Estas discrepancias entre el número total de muertes registradas en pandemia y las atribuidas oficialmente al coronavirus no son un fenómeno exclusivo de México.

Pero las críticas de quienes no creían en el balance oficial —30.639 muertos hasta la madrugada de este lunes— en un país de más de 125 millones habitantes llevaron al gobierno a encargar la revisión de miles de defunciones sospechosas en los últimos meses para tratar de arrojar algo de claridad.

Los resultados de estas análisis aún no se conocen, pero se da por hecho que el aumento en los números puede ser considerable.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, reconoció la semana pasada que las muertes totales durante el brote podrían haber sido hasta el triple del balance habitual en años anteriores.

Hugo López-Gatell

Gobierno de México
Hugo López-Gatell es la cara visible del gobierno de México frente a la pandemia.

Estas son 5 claves para entender qué hace tan difícil conocer el balance real de víctimas por COVID-19 en México y si sus discordancias en los datos son mayores a las de otros países azotados por la pandemia

1. Las muertes sin diagnóstico de COVID-19

Al igual que muchos países, México solo contabiliza oficialmente las muertes por coronavirus que fueron confirmadas con pruebas de laboratorio.

Ello deja fuera del balance a miles que fallecieron antes de que se les tomara la muestra, ya sea porque llegaron muy graves al hospital o porque su empeoramiento fue muy rápido. Algo que también se ha visto en otros países como Ecuador o Brasil.

Esto fue más frecuente al inicio de la pandemia. “Al principio no se les practicaba la prueba porque, una vez ya fallecidos, no se creía importante para el reporte”, reconoce Gabriel O’Shea, secretario de Salud del Estado de México, el más poblado del país.

Eso, más las carencias y el desconocimiento general sobre cómo gestionar el nuevo coronavirus en sus inicios se tradujeron en miles de certificados de defunción con diagnósticos incorrectos.

“Muchas unidades médicas ni siquiera tenían acceso a las pruebas porque aún no se había establecido una red de laboratorios o porque no se contaban con insumos para la toma de muestras”, asegura el doctor Malaquías López, vocero de la Comisión COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Muestras de covid

Reuters
A muchos de los fallecidos por coronavirus en México al inicio de la epidemia no se les practicaba la prueba, lo que impidió confirmar su diagnóstico.

“Al principio no sabíamos ni cómo llenar ese certificado de defunción. El doctor decía: ‘Mi paciente se murió con estos síntomas, ¿qué pondré si no tengo el examen de laboratorio? Pues le pondré neumonía atípica'”, dice Gabriel O’Shea en entrevista con BBC Mundo.

Esto cambió, dice, con el lineamiento técnico sobre cómo certificar las muertes que el gobierno publicó con base en las recomendaciones de la OMS a mediados de abril, un mes y medio después de detectarse el primer contagio en el país.

También ayudó el cambio de estrategia y la decisión de realizar pruebas PCR a todos los pacientes de COVID-19, incluso después de fallecer, siempre que resulte posible.

Pero, para entonces, los registros ya se habían llenado con actas de defunción que mostraban diagnósticos confusos como “probable COVID, “sospechoso de COVID”, las citadas “neumonías atípicas” o conceptos similares, a falta de poder confirmarse sin la prueba de laboratorio.

Mujer a la que le toman una muestra

AFP
En la actualidad, la prueba de COVID-19 se realiza a pacientes tanto vivos como muertos, cuando las circunstancias permiten aún recoger la muestra.

Investigaciones periodísticas han resaltado el alto número de estos diagnósticos poco claros y muchos acusaron a las autoridades de querer maquillar la realidad, algo que el gobierno niega.

Las acusaciones de falta de transparencia sí llevaron al Ejecutivo a anunciar, a inicios de junio, la creación de una comisión técnica para analizar esas actas de defunción para determinar “la mortalidad no observable” y sumar sus datos al balance de muertes reportadas.

Sus conclusiones, al igual que las de un grupo de expertos similar creado específicamente para Ciudad de México, se darán a conocer próximamente y alterarán sin duda la huella oficial conocida hasta ahora de lo que el coronavirus ha supuesto en el país.

2. Las muertes en casa

Otro de los desafíos para tener diagnósticos de COVID-19 confirmados oficialmente se da en el caso de las personas que mueren mientras son llevadas al hospital o en su propia casa.

Pese a que no suponen un porcentaje muy elevado del total de afectados, tomar una muestra útil en estas personas para enviar al laboratorio puede seguir resultando difícil.

“Cuando el médico acude a la casa y sospecha de una posible muerte por COVID, debe pedir a la jurisdicción que vaya a recoger la muestra. Pero esta se debe tomar poco después del fallecimiento y no horas después para que sirva para llevar control”, subraya O’Shea, quien también resultó contagiado con el virus hace unas semanas.

Laboratorio de covid/19 en Mexico

AFP
Las muestras deben ser recogidas poco después del fallecimiento para poder ser analizadas en los laboratorios de COVID-19, lo que no siempre es posible cuando la persona muere en su casa.

Estos casos son más complicados por el hecho de que ni el propio médico que acude a la casa ha podido ver por sí mismo los síntomas del paciente, sino que se remite a las explicaciones de los familiares.

“A veces, solo te saben decir que por la mañana empezó a arrojar muchas flemas y al mediodía ya había muerto en casa. Entonces tenía un problema pulmonar, pero si esa persona tenía 85 o 90 años, ¿puedo yo decir que fue COVID? Se vuelve difícil”, le dice López a BBC Mundo.

El experto cree que el número de muertes en casas se puede ver acentuado por el hecho de que en México “hay segmentos de la población que no reconocen ninguna fuente formal de atención médica y no saben a dónde dirigirse”.

“No sabemos a dónde van estas personas cuando algo les sucede. O no buscan la atención, o lo hacen en algún servicio privado de bajo costo que no tiene capacidad ni los mecanismos para notificar algún problema”, agrega.

3. El exceso de muertes

El exceso de muertes es el número de fallecimientos ocurridos en esta pandemia por encima del promedio de muertes registradas en el mismo período de años anteriores.

Con base a este cálculo que López-Gatell reconoció la semana pasada al diario The Washington Post que la cifra general de muertos en Ciudad de México podría haber sido el triple de lo habitual, lo que después dijo que podría ocurrir también en todo el país.

Se contempla que la mayoría de este exceso de muertes corresponda a víctimas de covid-19 no registradas, aunque también incluiría fallecidos por otras causas.

Según O’Shea, en el Estado de México no se registró exceso de mortalidad por otras enfermedades, pero sí se dispararon los casos por causas respiratorias.

“En 2018 tuvimos reporte de 1,300 fallecidos por neumonía; 2,185 en 2019 y ahora en 2020 ya tenemos 7,924”, enumera con datos hasta el viernes 3 de julio.

Entierro en el Estado de Mexico.

Getty Images
Cerca de 8.000 actas de defunción sospechosas serán analizadas en el Estado de México para determinar si se debieron al covid-19.

Equipos de epidemiólogos revisan este alto número de neumonías para concluir si fueron o no debidas al covid.

Pero, basado en la positividad de casos vista en la evolución de esta pandemia, el secretario de Salud mexiquense calcula que “seguramente el 50% (de los 7,924) serán casos de covid”.

Estos se sumarían entonces a las más de 4,600 muertes confirmadas hasta ahora en el estado. Es decir, que la cifra actual de muertos en el Estado de México casi se duplicaría.

De nuevo, el exceso de muertes no es un fenómeno exclusivo de México sino identificado en buena parte del mundo durante esta pandemia.

Una investigación de la BBC sobre una treintena de países identificó al menos 130.000 personas fallecidas durante este período al margen de las muertes reconocidas como coronavirus.

Pero O’Shea sí señala un factor que puede contribuir a un mayor exceso de muertes en México respecto a otros países y a que la fase de máxima transmisión se haya convertido en “meseta” y los casos no acaben de disminuir visiblemente tras varias semanas.

“Aquí (en el estado de México) tenemos el primer y nada honroso lugar en obesidad, y también en pacientes diabéticos sin medicamento y sin control: cinco millones de los 13 que viven en el país”, recuerda.

“Es muy diferente la epidemiología de un mexicano que la de un noruego. Por estas comorbilidades de diabetes, hipertensión y obesidad es que el virus es más agresivo y, por ende, tenemos mayor mortalidad en nuestro país”.

4. La demora en los resultados de los tests

En este punto de la pandemia, el doctor López de la UNAM cree que el actual “cuello de botella” a la hora de tener mayor claridad sobre los casos es el rezago en la obtención de los resultados de las pruebas de laboratorio.

Así, en los datos que el gobierno publica diariamente, se observa cómo gran número de las nuevas muertes no ocurrieron realmente en las pasadas 24 horas, sino semanas o incluso meses antes.

Muestra

AFP
El retraso a la hora de analizar las muestras de posibles casos de covid-19 hace que algunos de los positivos se confirmen días o semanas después.

Ello dificulta enormemente el seguimiento epidemiológico y el conocer cuándo realmente la curva de casos comenzará a bajar, ya que las confirmaciones de las muestras de casos sospechosos recogidas hoy tardarán días o semanas en llegar.

Algo similar ocurrió en abril en Ecuador, cuando en un día duplicó su número oficial de contagios debido a la obtención de miles de resultados de pruebas retrasadas.

Y aunque en México se fueron abriendo laboratorios estatales para procesar las pruebas después de que inicialmente solo se realizaran en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) de la capital, el alto número de tests aún mantiene saturados los sistemas.

"Ahora, el cuello de botella está en el tiempo que se tarda en regresar el resultado de las pruebas de covid-19 desde el laboratorio"", Source: Malaquias López, Source description: Profesor de Salud Pública y vocero de la Comisión Covid-19 de la UNAM., Image: Malaquías López, profesor de Salud Pública y vocero de la Comisión Covid-19 de la UNAM.

En el Estado de México, según su titular de Salud, se está a la espera de conocer el resultado de unas 4.000 pruebas de las 2,000 que se realizan diariamente.

O’Shea calcula que, actualmente, los resultados de los tests realizados en su estado demoran hasta una semana en ser publicados, frente a “los 15 o 20 días, o incluso un mes” que pueden llegar a tardar en laboratorios federales como el Indre, asegura.

5. La necesidad o no de contabilizar todas las muertes

Al igual que las autoridades federales, el secretario de Salud del Estado de México niega tajantemente tener interés en ocultar las muertes reales por COVID-19 y atribuye las discrepancias en los datos a los factores ya mencionados.

“Yo no veo el fin o la utilidad de que yo, como doctor, pudiera querer esconder o no informar de los casos. No veo que estemos luchando por tener un último o segundo lugar, de eso no se trata”, dice O’Shea.

“Al contrario, estaré muy feliz el día en que tenga la letalidad definitiva en mi estado, para ver cómo afectó a los mexiquenses. El índice de muertos que deje la pandemia es muy importante saberlo, el registro es vital para saber el comportamiento de este virus”.

Cementerio en Mexico.

Reuters
Expertos discuten sobre si registrar el 100% de muertes por COVID-19 es imprescindible o no para diseñar las estrategias sanitarias frente a la pandemia.

Pero López-Gatell insistió en los últimos días en que no es necesario tener una contabilidad completa de indicadores como las muertes para reconocer los patrones de ocurrencia de la enfermedad y poder así actuar frente a su propagación.

Y aunque subrayó no querer decir que no sea importante contabilizar todos los eventos, sobre todo los fallecimientos, aseguró que no es objetivo de ningún sistema de vigilancia epidemiológica contabilizar todos los casos.

“En ningún país del mundo se tiene un número del tamaño real de la epidemia”, dijo en varias ocasiones, y recordó cómo en Estados Unidos sus autoridades sanitarias reconocieron que la epidemia podría ser diez veces mayor.

"Yo no veo el fin o la utilidad de que yo, como doctor, pudiera querer esconder o no informar de los casos. No veo que estemos luchando por tener un último o segundo lugar"", Source: Gabriel O´Shea, Source description: Secretario de Salud del Estado de México., Image: Gabriel O´Shea, secretario de Salud del Estado de México.

Su planteamiento recuerda al utilizado para defender el método Centinela, empleado al inicio de la epidemia en México para contabilizar los casos con un sistema de muestreo similar al de las encuestas.

El Centinela permitía tener un estimado de casos de COVID-19, aunque lejos del número real, al considerarse que no era necesario para plantear las estrategias sanitarias, lo que provocó enfrentamientos entre defensores y críticos de este método.

“El argumento que se dio para usar el Centinela se basaba en la creencia de que estábamos ante una enfermedad casi idéntica a la influenza, con una variación muy predecible en términos de estacionalidad y de la cantidad de personas que pueden llegar a tener alguna forma grave”, dice López.

Con la influenza se considera pertinente enfocarse en ofrecer atención hospitalaria a los casos graves, pensando que todos los demás “se curarían solos”. Así que resulta suficiente con tener una idea del número de contagios, pero sin saberlo con exactitud.

“Cuando llegó el COVID a México se pensó que se podría tratar igual que la influenza, y creo que fue un error fatal, un error monumental por el que ahora ya no hay manera de reconstruir la realidad y conocer exactamente el alcance de la enfermedad”, concluye el experto de la UNAM.

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