Autoridades también investigarán al Ejército por presuntas ejecuciones en Tamaulipas
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Cuartoscuro

Autoridades también investigarán al Ejército por presuntas ejecuciones en Tamaulipas

Tanto la defensa de la víctimas, como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, afirmaron que se investigará al Ejército por las presuntas ejecuciones extrajudiciales del pasado 5 de septiembre.
Cuartoscuro
28 de septiembre, 2019
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La defensa legal de las ocho víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, ocurridas el pasado 5 de septiembre en Tamaulipas, informó que será investigada la actuación del Ejército en estos incidentes.

Este 27 de septiembre, se realizaron dos reuniones en las que participaron autoridades y organizaciones que tienen relación con la investigación sobre los hechos ocurridos en una colonia de Nuevo Laredo por los cuales, hasta el momento, han sido liberadas siete órdenes de aprehensión contra policías estatales.

Al salir de esas reuniones, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, informó que fue abierta una carpeta de investigación que incluye pesquisas sobre la presencia del Ejército en las inmediaciones donde ocurrieron las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El pasado 5 de septiembre, las autoridades de Tamaulipas informaron que sucedió un supuesto enfrentamiento entre policías e integrantes de un grupo delincuencial que dejó un saldo ocho de ellos fallecidos y fueron exhibidos sus cuerpos con armas y uniformes que los identificaban como miembros de la delincuencia.

Familiares de las víctimas y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo mostraron evidencias de un presunto montaje a los medios de comunicación. Tamaulipas nombró a un fiscal especial para este caso.

Este viernes, Raymundo Ramos informó que en las reuniones participaron el fiscal especial, Gabriel González Pérez, testigos sobrevivientes, representantes de la ONU Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según el defensor de las víctimas, el fiscal informó que se abrió una investigación para esclarecer la participación de elementos del Ejército el 5 se septiembre en los hechos ocurridos en la colonia Valles de Anáhuac, de la ciudad fronteriza.

“Se nos ha informado que se ha abierto una carpeta. Se está haciendo una investigación sobre la participación del personal del Ejército mexicano pero se le dará vista a vista a a Fiscalía General de la República porque tienen mucha información que proporcionar en relación a su presencia el 5 de septiembre en Valles de Anáhuac”.

Agregó que hay un total de 25 personas que pudieron haber participado “de manera directa” en los hechos que se investigan y no solo los siete policías sobre los cuales pesan las órdenes de aprehensión que fueron anunciadas por la Fiscalía de Tamaulipas.

“Le hemos hecho la observación de que en estos hechos participaron de manera directa más de 25 elementos, tanto del Centro de Análisis Información y Estudios de Tamaulipas como de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano”, informó Ramos en unas declaraciones realizadas a la salida de las reuniones.

“Hemos pedido al fiscal especial que investigue a toda la cadena de mando de ese operativo. Nos dicen que la información está en curso, que existe la posibilidad de que se amplíen estas órdenes de detención y que se llegue hasta las últimas consecuencias”.

Otra institución que ha solicitado que la investigación se amplíe a la cadena de mando es la CNDH, la cual inició una investigación el pasado 12 de septiembre, un día después de que fueron publicadas las pruebas recabadas por las familias de las víctimas.

Esa institución espera que las autoridades de Tamaulipas faciliten la declaración de los mandos que pudieran tener algún tipo de relación con los hechos.

Ramos informó que habrá una nueva reunión entre autoridades, organizaciones y familiares de las víctimas el próximo 12 de octubre.

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El país que quiere castigar el sexo fuera del matrimonio con prisión

El parlamento de Indonesia aprobó un nuevo Código Penal que castiga el adulterio y las críticas contra las altas autoridades, como el presidente del país, con cárcel.
6 de diciembre, 2022
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Un año en prisión. Ese es el castigo al que se arriesgan aquellos indonesios que mantengan relaciones fuera del matrimonio.

El parlamento del país asiático aprobó un nuevo código penal, el cual se prevé que entrará en vigor plenamente en tres años, en el que no solo se penaliza el adulterio, sino que también la blasfemia, renunciar a la religión y las críticas a las altas autoridades del Estado.

Los cambios se producen después de un aumento del conservadurismo religioso en el país musulmán más poblado del planeta.

Los críticos ven las leyes como un “desastre” para los derechos humanos y un posible golpe para el turismo y la inversión pues también se castigará a los extranjeros.

Varios grupos, en su mayoría jóvenes, protestaron contra la legislación en Yakarta esta semana y se espera que las nuevas leyes sean impugnadas en los tribunales.

Apretando las tuercas

La nueva legislación también prohíbe que dos personas no casadas vivan juntas y castiga este comportamiento con hasta seis meses de cárcel.

Una mujer a punto de ser flagelada en Aceh, Indonesia.

Getty Images
Organizaciones de Derechos Humanos advierten que millones de personas en Indonesia están en riesgo de ser castigados, porque sus uniones no están formalizadas.

Ajeng, una mujer musulmana de 28 años que vive en la ciudad de Depok, en Java Occidental, dijo que ahora su libertad estaba en riesgo, pues no se ha casado con el hombre con el que ha estado viviendo durante los últimos cinco años.

“Con la nueva ley, ambos podemos ir a la cárcel si uno de la familia decide hacer una denuncia en la policía“, le dijo a la BBC.

“¿Qué pasa si hay un familiar que tiene un problema conmigo y decide enviarme a la cárcel?”, inquirió.

La mujer, quien en 2019 participó en las primeras protestas que se desató la propuesta, afirmó: “Creo que vivir juntos o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es un delito”.

“En mi religión, se considera un pecado. Pero no creo que el código penal deba basarse en una determinada religión“, agregó.

Sin embargo, el martes, el parlamento aprobó por unanimidad el nuevo instrumento de más de 600 artículos e incorpora algunas disposiciones de la ley islámica.

A todos por igual

Grupos y organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que las nuevas disposiciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las personas LGBT y las minorías étnicas.

Un hombre esperando ser golpeado.

AFP Contributor
En la provincia de Aceh, desde hace algún tiempo, hombres y mujeres acusados de adulterio vienen siendo sometidos flagelados públicamente en aplicación de la sharía (ley islámica).

El hecho de que las normas se apliquen por igual a los locales y a los extranjeros que viven en Indonesia o que visitan destinos turísticos como Bali ha disparado las alarmas entre los empresarios.

Muchas firmas se han opuesto a la legislación, porque temen que espante a la llegada de visitantes e inversiones.

La directora para Asia de Human Rights Watch, Elaine Pearson, dijo a la BBC que el nuevo Código Penal supone un “gran revés para un país que ha tratado de presentarse como una democracia musulmana moderna“.

Por su parte, el investigador Andreas Harsano advirtió que en Indonesia hay millones de parejas sin certificados de matrimonio “especialmente entre los pueblos indígenas o musulmanes en áreas rurales”, los cuales se han casado en ceremonias religiosas específicas.

“Estas personas, en teoría, estarían infringiendo la ley y su convivencia podría ser castigada con hasta seis meses de prisión”, dijo.

Un activista con una bandera LGBTI en el partido Portugal vs. Uruguay.

Getty Images
La celebración del Mundial de Fútbol ha puesto en la palestra la estricta legislación en materia de relaciones sexuales de Qatar.

Siguiendo el ejemplo de…

Con su decisión los legisladores indonesios han incluido a su país en la lista de países que castigan el adulterio, las relaciones prematrimoniales y entre parejas del mismo sexo.

Debido al Mundial de Fútbol la estricta legislación moral de Qatar ha vuelto a la palestra. Sin embargo, el país del Golfo Pérsico no es el único que tiene normativas de esta naturaleza. Afganistán, Somalia, Irán, Egipto, Bangladesh, Brunei, zonas de Pakistán y Arabia Saudita penalizan con cárcel o incluso castigos físicos como la lapidación o los latigazos el sexo fuera del matrimonio.

Pero no solo países de mayoría musulmana tienen legislaciones de esta naturaleza, pues Filipinas también castiga el adulterio y en el caso de las mujeres hasta con seis años de cárcel.

Dejando atrás el pasado colonial

Desde la transición democrática en 1998, en Indonesia se han introducido leyes cada vez más estrictas sobre el sexo y el comportamientos sociales basadas en la religión en algunas partes del país de 267 millones de habitantes.

Un hombre tras ser flagelado por adultero.

Getty Images
La nueva legislación permite a las familias denunciar ante las las autoridades a aquellos parientes que convivan o tengan sexo con otra persona, sin estar casados.

La provincia de Aceh ya hace cumplir la sharía (ley islámica) y se castiga a las personas por apostar, beber alcohol y reunirse con miembros del sexo opuesto.

Muchos grupos islámicos han estado presionando para tener más influencia en la configuración de las políticas públicas en los últimos años.

Los legisladores, por su parte, han celebrado la revisión de las leyes que se remontan a la época colonial holandés.

“Es hora de que tomemos una decisión histórica y dejemos atrás el Código Penal colonial que heredamos”, dijo al parlamento la ministra de derecho, Yasonna Laoly.

Estaba previsto que un borrador anterior se aprobara en 2019, pero éste provocó protestas en todo el país con decenas de miles de personas participando en las manifestaciones.

Muchos, incluidos estudiantes, salieron a las calles y hubo enfrentamientos con la policía en Yakarta.

Ajeng dijo que muchos indonesios que no se vieron afectados por la ley también protestaron en 2019 porque “la gente no quiere que sus impuestos se usen para enviar a la gente a la cárcel solo por sexo”.

“La gente está enfadada porque les están quitando su libertad. Indonesia tiene muchos problemas como la pobreza, el cambio climático y la corrupción, pero en lugar de resolver un problema, han creado un proyecto de ley que solo aumenta el problema”, remató.


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