La Estafa Maestra: Hacienda congela cuentas de la Universidad de la Chontalpa; no pagará la nómina
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Universidad de Chontalpa

La Estafa Maestra: Hacienda congela cuentas de la Universidad de la Chontalpa; no pagará la nómina

La Universidad de la Chontalpa entregó el dinero a 19 empresas, de las cuales, cinco ya están en la lista de empresas fantasma por el SAT debido a que simularon operaciones y no tenían capital, personal ni infraestructura para poder realizar algún servicio.
Universidad de Chontalpa
13 de septiembre, 2019
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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la Universidad Popular de la Chontalpa por su participación en el esquema de presunto de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra, por lo que la institución ni siquiera podrá pagar la nómina a sus empleados esta quincena. 

La Universidad firmó nueve convenios con Pemex Producción y Exploración para realizar supuestos servicios, por lo que recibió 779 millones de pesos sólo entre 2012 y 2013, pero de ese dinero solo se quedó con 49 millones de pesos por servir de intermediaria para subcontratar y entregar el resto del dinero a 19 empresas. 

Dicha información forma parte de la investigación periodística La Estafa Maestra en la cual Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que las empresas subcontratadas eran fantasma y, en algunos casos, propiedad de exfuncionarios de Pemex.

La Universidad de la Chontalpa entregó el dinero a 19 empresas, de las cuales, cinco ya están en la lista de empresas fantasma por el SAT debido a que simularon operaciones y no tenían capital, personal ni infraestructura para poder realizar algún servicio. 

Mientras que en cuatro empresas, exfuncionarios de Pemex eran accionistas o representantes: Maheca, S. A. de C. V., Cantarell Services, S. A. de C. V.; Pro Source, S. A. de C. V.; y Corporativo de Obras y Servicios Múltiples de la Región S. A. de C. V. (Comursa)

Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra investigando sus operaciones financieras, según informó la Universidad este viernes 13 de septiembre a través de un aviso publicado en su página de internet. 

“La administración está haciendo las gestiones necesarias ante las instancias competentes para atender el tema y a la brevedad posible estar en condiciones de lograr los pagos de salarios y prestaciones”, dice el aviso. 

Aviso de la Universidad de Chontalpa

Sin embargo, la Chontalpa no es la única universidad con la que Pemex-Producción y Exploración hizo tratos. Solo entre 2012 y 2013 firmó 39 convenios con otras cinco universidades a las que entregó 3 mil 576 millones de pesos. 

De ese monto, la Universidad Autónoma de Tabasco, el Instituto Superior de Comalcalco, el Tecnológico de Tabasco, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Politécnica del Golfo de México y la Chontalpa, se quedaron con 634 millones de pesos por ser intermediarias.

Leer más | La Estafa Maestra: no hay pruebas contra exdirector de Pemex-PEP por desvíos, dice AMLO

De exfuncionarios de Pemex a empresarios

Héctor Vera Argüelles, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta octubre de 2010, creó la empresa Maheca S. A. de C. V siete meses después de su salida.

Aunque en su acta constitutiva la empresa supuestamente se dedicaba a asesorías contables e informáticas, hizo ocho contratos que sumaron 502 millones de pesos con universidades para hacer los supuestos servicios que le Pemex-PEP le había solicitado a través de convenios. 

Pero Maheca no fue el destinatario final de todo el dinero. Al no tener el perfil ni la capacidad para cumplir con los servicios, subcontrató a cinco empresas a las que transfirió 90 millones de pesos. 

Se trata de Logistic Peninsular S.A. de C.V., empresa fantasma señalada por el SAT; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax que ni siquiera tenía registro mercantil ante la Secretaría de Economía. Mientras que Pen Comerce S.A. de C.V. y Global Baker Oil fueron liquidadas en el estado de Guerrero, lugar de su sede, una vez que recibieron contratos millonarios.

Así operaban 

La Universidad Popular de la Chontalpa declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que “no requería la contratación de ningún tercero”. Pero no fue así. 

Por ejemplo, para el convenio número 425102832, Pemex-PEP entregó 238 millones de pesos a la Universidad de la Chontalpa. Firmaron el convenio el 28 de agosto de 2012 y ese mismo día la universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V.

Esta subcontratación se realizó sin que la universidad justificara con un estudio de mercado que contratar a esa empresa significaba mejores precios o mejores condiciones para realizar los servicios.

En otro caso, en el convenio con Pemex-PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la empresa productiva.

Aquí, por ejemplo, el servicio solicitado a la Universidad y por lo que contrató a Maheca, que se dedicaba a la asesoría financiera, era “Soporte Técnico en el Análisis de Pozos Productores e Inyectores para el Control de Yacimientos Seguimiento Operativo en las Intervenciones de Perforación en los Pozos del Activo Integral Abkatún Pol-Chuc”.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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