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Cuartoscuro

Gobierno federal, sin estrategia para atender a menores de 5 años

Aunque desde el sexenio pasado se inició con los trabajos para definir la política pública en favor de este grupo de población, apenas se discuten los contenidos temáticos y la articulación de actores. No hay fecha para que esté lista.
Cuartoscuro
4 de septiembre, 2019
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En México no existe una estrategia integral para brindar atención a los menores de cinco años.

Lo que hay son iniciativas focalizadas y desarticuladas para necesidades o grupos específicos, que no han tenido impacto en el desarrollo adecuado de esta población. 

Así lo han admitido públicamente funcionarios, investigadores e integrantes de la sociedad civil, entre ellos Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; Esteban Moctezuma, de la Secretaría de Educación Pública; Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como representantes de organizaciones civiles nacionales e internacionales. 

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“En México existen muchas actividades gubernamentales dirigidas a la niñez de 0 a 5 años, pero están desarticuladas, no tienen estándares comunes y hay poca inversión”, aseguró Bucio en febrero pasado. 

De acuerdo a cifras de UNICEF México, el saldo de esa falta de atención es: de los 12.7 millones de niñas y niños de 0 a 5 años que hay en México, 54% viven en la pobreza, eso los convierte en el grupo poblacional con mayor nivel de privaciones, y 12.4% sufren de desnutrición crónica, lo que conlleva a un menor desarrollo cognitivo y por ende a un menor rendimiento escolar.

Un 5.2% sufre de sobrepeso, lo que eleva su probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas; 14.5% de los menores de un año no tiene registro de nacimiento, situación más agravada en comunidades indígenas o en situación de pobreza; 63% es víctima de la violencia y dos millones no alcanzan un nivel óptimo de desarrollo debido a la pobreza, mal nutrición, falta de acceso a servicios básicos y a la ausencia de oportunidades de aprendizaje temprano. 

Ante esto, el gobierno federal reconoce que es hora de actuar. “Llegó el momento de darle toda la atención que merece a la primera infancia”, señaló Estaban Moctezuma Barragán, en la inauguración de Primera Infancia, Construyendo la política desde el territorio, foro que forma parte de los trabajos para diseñar la política pública de atención a este grupo poblacional. 

El titular de la SEP aseguró que es necesario un matrimonio entre las secretarias de Educación Pública y la de Salud para atender a los menores de cinco años. En lo que corresponde a su dependencia, el funcionario explicó que se hará la focalización de la población de niños y niñas con mayor grado de vulnerabilidad para brindarles distintas modalidades de educación inicial y preescolar.

Se trabajará también en la consolidación en los 32 estados de la República del programa de educación inicial a través de visitas a hogares. “Estamos en fase piloto en 10 estados de la República. Habrá programas de orientación a madres y padres de familia y a tutores en temas relacionados con las prácticas de crianza y la educación de los niños pequeños, con enfoque de derechos y cuidados cariñosos y sensibles”. 

El secretario de Educación subrayó que la pretensión es que la nueva escuela mexicana vaya traduciendo la escuela de ser un lugar exclusivamente para estudiantes a ser un verdadero centro de aprendizaje comunitario.

“Que en las escuelas también se dé información, educación a madres y padres que quieran conocer cómo criar a sus niñas y a sus niños, cómo nutrirlos, cómo tratarlos y cómo darles estimulación temprana. Todo esto sería educación extra escolar dentro de este concepto de escuela como centro de aprendizaje comunitario”, subrayó Moctezuma Barragán. 

En lo que toca a la Secretaría de Salud, Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), adelantó, durante su participación en el foro, que deberá ampliarse el enfoque de solo reducir la mortalidad en este grupo de población a buscar su pleno desarrollo, los ambientes amigables y el fortalecimiento de las relaciones parentales. 

“Habrá intervenciones concretas, territorializadas, dirigidas no solo a restaurar la salud sino al desarrollo de sus potencializadades, con participación conjunta de los servicios de salud, la familia, la comunidad y la sociedad civil”. 

Los retos que se enfrentan, a decir de la funcionaria, son: garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad, territorializados, con estrategias específicas que surjan de la sociedad y el Estado, estrategias locales para atender rezagos que se han perpetuado y fortalecer los determinantes positivos de la salud y no solo esperar a que los usuarios acudan a las unidades a buscar atención de una enfermedad. 

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Entrevistada por Animal Político, María Josefina Menéndez, directora de Save The Children, quien también participó en la inauguración del foro, aseguró respecto a la decisión de dejar de apoyar a las estancias infantiles y reforzar cuestiones de crianza en la familia que lo adecuado sería optar por ambas vías. 

Menéndez señaló que es importante el trabajo con las familias. “Hablamos de 64% de niños que son abusados en el seno familiar, 6 de cada 10 niños menores de seis años reciben castigos físicos, hay que trabajar con las familias, pero también hay que permitirles contar con un espacio de atención para los menores y que los padres puedan destinar tiempo a su trabajo y otras necesidades”. 

En este sentido, Menéndez, quien forma parte del grupo de trabajo para definir la estrategia nacional de atención a menores de cinco años, subrayó que esta administración federal no está considerando a las estancias infantiles. 

“Se está considerando reforzar la modalidad de educación comunitaria, con los centros de desarrollo infantil comunitarios, de los que solo en la zona metropolitana debe haber unos 2 mil, y que surgieron hace más de 20 años, enfocados en la atención a la primera infancia, de 0 a 6 años, con mujeres madres educadoras y con supervisión de la SEP”.

Menéndez explica que estos centros surgieron desde la comunidad y no desde un proyecto gubernamental, como en el caso de las estancias. “Lo que esperamos es que estas estancias se puedan modificar y fortalecerlas como centros de desarrollo infantil comunitario, con personalidad jurídica y con esta mayor cercanía en la educación familiar”.  

Por ahora, la directora de Save The Children explicó que se está avanzando en la estrategia integral de atención a la primera infancia. “El proceso apenas inicia, estamos en la definición, hemos empezado a trabajar de forma sistemática desde hace un año, en la anterior administración, pero vemos mayor voluntad política en los últimos nueve meses”. 

Dijo que se está en un punto álgido, en el que se trabaja en los contenidos temáticos de la política, por eso el foro con la intervención de expertos nacionales y extranjeros, y en los próximos días se entrará a la discusión del presupuesto, ahí es donde se verá la verdadera voluntad, dijo, para destinar el mayor monto posible a este grupo de población. 

¿Nueve meses de vacío?

Una de las primeras acciones de este gobierno en materia de política social, y también una de las más criticadas, fue la de desaparecer el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, bajo el argumento de que se habían detectado prácticas corruptas en su operación. 

El gobierno federal procedió a desaparecer el programa, en el que los recursos para la atención de los menores se otorgaban directo a la estancia, y lo sustituyó por el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, un apoyo económico, entregado directo a las familias, de 1600 pesos bimestrales o de 3600 si el menor tiene alguna discapacidad. 

El cambio significó un descenso en los recursos canalizados y en el número de beneficiarios, de acuerdo con la información del primer informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, comparado con el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.

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Durante el primer semestre de 2018 se destinaron 1,589 millones de pesos a Estancias Infantiles; en contraste para el cierre de junio de 2019 el recurso para el nuevo programa fue de 625.5 millones de pesos (61% menos que en el periodo anterior).

En cuanto a beneficiarios, el programa anterior atendió a 314 mil 763 menores de enero a junio de 2018. Mientras que durante el primer semestre de 2019 se apoyó a 197 mil 719 niñas y niños (37% menos). 

Las madres trabajadoras y padres beneficiarios eran 295 mil 567 a junio de 2018. En el mismo periodo de 2019 tenían inscritos en el nuevo programa a 188 mil 060 madres y padres o tutores.

La subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes detalló en una intervención en la conferencia diaria del presidente, en mayo, que en la pasada administración se tenían registrados a 330 mil niños, pero como resultado del censo que se realizó, solo localizaron a 213 mil, representados por 203 mil madres, padres o tutores.

“Ese es el universo con el que estamos trabajando”, aseguró. 

El padrón, sin embargo, continua abierto, informó la oficina de comunicación de la Secretaría de Bienestar, por lo que las madres que estaban en el programa de estancias infantiles y que quedaron fuera en el primer censo, porque no se les encontró, pueden solicitar la continuidad del apoyo, siempre y cuando demuestren que eran beneficiarias y sus hijos cumplan con el requisito de la edad.

Un apoyo que sí se eliminó por completo fue el control nutricional, lo anterior por la desaparición de Prospera Programa de Inclusión Social, que incluía suplementos alimenticios para niños menores de dos años y de cinco si tenían desnutrición. Para junio de 2018 tenían este apoyo 1 millón 234 mil niños y 516 mil con desnutrición.

En cuanto a programas de Atención a la Niñez, en lo referente al Programa de Atención a Menores de cinco Años en Riesgo no escolarizados, en 2018, a junio, se entregaron 30 millones 649 mil, mientras que en el primer semestre de este año se han entregado 19 millones 495 mil.

En el programa de Atención a la Salud del Niño, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las consultas otorgadas de primera vez a niños menores de cinco años de edad fueron 1 millón 273,621 en 2013, aunque para 2018, en el primer semestre, ya se habían reducido a 759 mil 843, mientras que a junio de 2019 van 978 mil 681.

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Cuál es el poder de los narcos mexicanos en Colombia

La presencia de narcos mexicanos en Colombia no es nueva, pero sí las estrategias que usan para adaptarse a las condiciones del país. Los emisarios de los carteles de México no buscan fomentar la guerra entre organizaciones colombianas, solo abaratar costos.
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18 de julio, 2019
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“Son sujetos foráneos con un acento raro, como el de las novelas”.

Así describieron algunos pobladores de áreas de cultivo de coca a los emisarios de los cárteles de droga mexicanos llegados a Colombia, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.

La presencia de narcos de México en el país no es nueva, pero por diferentes razones su influencia ha crecido en los últimos años.

Ellos no necesitan traer sus ejércitos ni instalarse en grandes extensiones de terreno.

Llegan a Colombia, identifican a las organizaciones que les pueden ofrecer lo que buscan (cocaína, logística de traslado de la mercancía o seguridad), las contratan, pagan y se van.

Actúan como empresarios y aprovechan que, desde que en Colombia se terminó la era de los grandes cárteles, el negocio se ha atomizado.

Submarino de cocaína

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Este sumergible, confiscado en 2018, iba a trasladar cocaína colombiana comprada por mexicanos.

Otro factor determinante y más reciente es que ya no está la exguerrilla de las FARC como regulador en varios territorios que ahora se han convertido en zonas de disputa entre bandas criminales, paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su inmensa capacidad económica les da la ventaja decisiva para contratar a las organizaciones colombianas, exigirles un producto de calidad e imponerles plazos de entrega.

La Defensoría del Pueblo no es la única entidad que ha advertido del incremento de la influencia de los narcos provenientes de México, la Fiscalía y el gobierno también lo han hecho y señalan que su presencia está en al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia.

La transición

Para los cárteles de Cali y Medellín, los mexicanos eran sobre todo sinónimo de mano de obra en los 80.

México ni siquiera era la plaza más importante para ingresar cocaína a Estados Unidos, como sí lo eran las rutas por Las Bahamas y sus alrededores.

A mediados de los 90, esa situación comienza a cambiar en medio de la caída de los dos grandes cárteles y la guerra entre las organizaciones de narcotraficantes colombianas que luchaban entre ellas para remplazarlas.

Policía con droga decomisada.

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Paquetes de droga decomisada en Colombia.

“En los años 80, habían estructuras como la de Pablo Escobar o la de los hermanos Rodríguez Orejuela que eran capaces de controlar desde el cultivo, la producción, la transformación de la hoja en cocaína, el traslado de la mercancía en lanchas o aviones y la distribución en las calles de Estados Unidos, pero eso cambió mucho”, explica a BBC Mundo el investigador Daniel Rico.

El profesor universitario y consultor internacional en la materia explica que en Colombia, desde el fin de los dos grandes cárteles, las organizaciones que quedaron solo pueden controlar alguno de los eslabones de la cadena y desde entonces los mexicanos tomaron protagonismo.

“El ingreso promedio de los narcotraficantes colombianos se redujo a un tercio porque las principales organizaciones mexicanas comenzaron a comprar de manera directa acá. La ganancia, por ejemplo, por un kilo de cocaína pasó de US$20.000 a US$7.000”, indica el experto.

Rico añade que, desde entonces, los cárteles de México aprovechan que los grupos criminales de Colombia necesitan de sus recursos para financiar sus disputas territoriales y con ello se garantizan la cocaína que necesitan.

Cultivadores de coca

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Las plantaciones de coca en Colombia se han disparado en los últimos años, según la ONU.

De acuerdo a estimaciones de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por su sigla en inglés), el 82% de la cocaína salida de Colombia rumbo a Estados Unidos pasa por Centroamérica o México.

El factor FARC

La salida de las FARC, que tenían presencia fuerte en la mayoría de las zonas de cultivo de coca, supuso nuevos enfrentamientos entre organizaciones como el Clan del Golfo, los Rastrojos y el ELN, entre otras, en departamentos como Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

La desmovilización del grupo armado no solo supuso el incremento de la violencia entre bandas criminales, también un aumento de las plantaciones de coca que alcanzó cifras récord.

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de Naciones Unidas, en la última medición hecha (2017) se estableció que en Colombia existen más de 171,000 hectáreas de coca cultivada, algo nunca antes visto desde que la ONU realiza estas estimaciones.

El reporte correspondiente a 2018 será presentado en los siguientes meses.

Restos de laboratorio de cocaína

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Ahora los mexicanos buscan supervisar la calidad en la producción de clorhidrato de cocaína.

Este incremento en las plantaciones, indican los expertos, también supone un aumento lógico en la oferta de clorhidrato de cocaína, pues en Colombia el uso tradicional de la hoja de coca es muy pequeño (a diferencia de países como Bolivia y Perú).

Esta situación fue advertida por Estados Unidos, pero también por los cárteles mexicanos.

Es por ello que, de acuerdo al portal de investigación Verdad Abierta, estas organizaciones comenzaron a relacionarse con grupos colombianos dedicados desde los cultivos y la producción de pasta base, hasta la exportación y distribución local para el narcomenudeo.

El jefe de operaciones de la policía antinarcóticos colombiana, Carlos Bueno, sostiene que los emisarios mexicanos quieren eliminar a los intermediarios y por eso desembarcaron en Colombia.

“Entendemos que han venido a hacer parte de la cadena. Han venido a contactar las organizaciones ellos mismos y para verificar el producto, la cocaína que están comprando, y, posteriormente, enviando a México”, dijo el coronel.

En abril de este año, Bueno dirigió el operativo que terminó en la captura en Bogotá de alias Rafa, emisario de Ismael “Mayo” Zambada y el Cártel de Sinaloa en Colombia.

Ladrillo de cocaína

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Las organizaciones mexicanas buscan abaratar costos en Colombia.

El excomandante de las FARC y ahora prófugo de la justicia Jesús Santrich es acusado por la Fiscalía de Colombia y por Estados Unidos de conspirar para entregar cocaína a la organización criminal sinaloense.

Empresarios

No solo existen emisarios en Colombia llegados desde Sinaloa, reportes policiales también advierten de la presencia de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación e incluso de Los Zetas.

A los cárteles de México no les interesa fomentar la guerra entre las organizaciones criminales colombianas ni tomar partido por una de ellas, tampoco tener el control de un territorio, como sí lo hacen en su país.

Lo que buscan, en esencia, es abaratar costos.

Actúan como empresarios que invierten en una franquicia. Ya no se quedan en México esperando a que les vendan la cocaína en US$12,000 o US$15,000, sino que vienen para acá y compran a los laboratorios directamente. Incluso invierten en los laboratorios y consiguen el kilo en US$2,000 o menos”, señala Daniel Rico.

Fabricación de cocaína

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La producción de cocaína en Colombia ha crecido en los últimos años

El experto añade que esta estrategia no solo elimina a los intermediarios, sino que les garantiza obtener un producto de calidad.

“Durante muchos años a los mexicanos les vendían cocaína mezclada con otras sustancias y eso ha venido cambiando”, concluye.

Los predecesores de Joaquín Guzmán Loera fueron los primeros en aproximarse a Colombia, después el Chapo supo aprovechar ese mercado abierto para convertirse en multimillonario.

Y los que le siguen, han demostrado que son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones que se viven en el país.


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