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Animal Político

'No hay prestaciones ni seguro social, y pagan poco': así trabajan los adultos mayores en el Metro

Animal Político hizo un recorrido por las 12 líneas del Metro para conocer las condiciones en las que trabajan quienes hacen la limpieza en las instalaciones y documentó diversas violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos de los afanadores.
Animal Político
19 de septiembre, 2019
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“Me quieren matar”, dice Rafael. “Me están observando”. Tiene 65 años de edad y trabaja como personal de limpieza en la estación del Metro Morelos, de la Línea B. Padece un trastorno mental, por eso lo angustian esos pensamientos. A pesar de eso, no tiene seguridad social y no recibe la atención médica adecuada.

Está subcontratado bajo el modelo conocido como outsourcing, por la empresa Consorcio Multigreen, una de las dos que presta el servicio de limpia en el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro. La otra es Tecnolimpieza Ecotec S. A. de C. V.

Es sábado. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Rafael espera en la entrada de la estación Morelos. Su brazo derecho tiembla. Le cuesta sostener el envase de refresco a medio llenar que lo acompaña. En unos minutos más empezará su turno y deberá limpiar las escaleras y los andenes, hasta las 9 y media o 10 de la noche.

Entérate: Adultos mayores trabajan por bajos sueldos y reciben pensiones precarias

Dice que no se cansa, que no le duele nada, que está acostumbrado al trabajo duro. Pero que regularmente debe ir a un hospital psiquiátrico porque le hicieron un mal en su cabeza, cuando tenía 18 años.

“Voy al Fray Bernardino, en Tlalpan, pero me dicen que ya no me van a atender. No sé por qué. Voy a ver si hablo con el director. Seguro social no tengo. Dicen aquí (en su trabajo) que me lo van a dar, pero todavía no”.

Cuenta también que vive con su hermana, que no tiene más entrada de dinero que los 1,540 pesos quincenales que le pagan por limpiar.

Paupérrimas condiciones

Rafael es el caso más extremo de entre 12 historias que Animal Político pudo conocer en un recorrido por las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México para entrevistar a los adultos mayores que limpian y que, con más de 65 años, trabajan para este organismo público, aunque subcontratados por una empresa, sin seguridad social pese a tener variados padecimientos, con salarios bajos y jornadas de ocho horas durante seis días a la semana.

De acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, respecto al régimen de subcontratación, en los artículos del 15 al 15D, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes, para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.

La ley es muy clara, dice el abogado Raúl Padilla, aunque los trabajadores estén subcontratados o estén contratados por outsourcing, como se le conoce, deben tener seguridad social.

“No hay ningún hueco en la ley que exima de eso a las contratistas, ni ninguna excusa posible. Todo trabajador debe tenerla y las empresas o instituciones que contratan servicios terciarizados deben vigilar que así sea.

“Los adultos mayores son los que más requieren esa seguridad: están enfermos y si van a trabajar, sobre todo en algo como limpiar en el Metro, están muy expuestos a tener un accidente, su cuerpo ya no responde igual y están en las escaleras, andan en los andenes, es algo riesgoso para ellos. Si algún día les sucede algo, ¿quién se va a hacer responsable? El calvario va a ser para las familias”, advierte el abogado.

De acuerdo con los contratos que celebran el STC y las empresas que prestan el servicio de limpieza, todos los trabajadores subcontratados, como Rafael, deben estar asegurados por ley.

Las empresas están obligadas a entregar mensualmente la relación actualizada de los empleados, con fecha y número de alta en el IMSS. También se estipula que los afanadores deben portar en lugar visible sus credenciales con nombre, fotografía y número de seguridad social. Pero eso no sucede.

En el recorrido de Animal Político se pudo constatar que, además de no tener seguridad social, los trabajadores no portan el gafete correspondiente en un lugar visible, aunque los entrevistados aseguraron que sí lo tienen, pero deben dejarlo con el jefe de estación cuando llegan y recogerlo al salir. Solo dos lo traían metido entre la camisola de su uniforme, y en este no tenían registrados sus respectivos números de seguro social.

En los contratos entre las empresas y el Metro se señala que en caso de incumplimiento el organismo público puede rescindirlos. Pero el STC no lo ha hecho, pese a que una auditoría en 2018, de su mismo órgano interno de control a los servicios de limpieza, encontró que los trabajadores no estaban afiliados ni al IMSS ni a ninguna institución de salud por parte de las compañías de limpia.

La auditoría analizó los contratos de limpieza formalizados durante el ejercicio 2018 entre el STC y las tres empresas que entonces prestaban el servicio, y que involucraron un monto máximo autorizado de 325 millones de pesos, adjudicados directamente.

En referencia a los servicios realizados en estaciones, se detectó durante la auditoría que había falta de personal, de materiales y herramientas de limpieza en general. También se encontraron irregularidades como cobros en exceso, ante un servicio deficiente prestado con un menor número de personal que el estipulado en los contratos.

No sólo eso. Se detectó que no existe una falta de control en el registro y emisión de credenciales a los trabajadores de limpieza. En el caso de la empresa Ecotec señaló que la coordinación del STC no tuvo control al expedir y autorizar las identificaciones. “Al autorizar la credencial no se controlan ni revisan los números de registros de afiliación al IMSS”, señala el informe final.

De 195 trabajadores asignados en los turnos matutino y vespertino, se verificaron físicamente las credenciales de identificación de 169 de ellos, y se encontró que 5 eran pensionados de otras empresas y por eso cuentan con IMSS, 60 no tenían número de registro en sus credenciales y 104 sí tenían registro de seguridad social.

Sin embargo, señala el informe de la auditoría del órgano interno de control en el SCT, “al hacer la conciliación de los nombres y números de afiliación de los 169, no se encontraron las cédulas de determinación de cuotas del IMSS de febrero y marzo de 2018 que presentó la compañía Ecotec, lo que constata que ninguno está afiliado al seguro social o a otra institución de salud por parte de la empresa”.

La auditoría detectó también otros abusos de las tres empresas con sus trabajadores. En encuestas realizadas a los afanadores se encontró que a 25% se les depositaba el pago de su quincena de forma extemporánea, 18% reportó descuentos injustificados y a 7.5% se le solicitó quedarse a trabajar más tiempo de su jornada sin pago extra.

Respecto a esas fallas, la auditoría solo emitió observaciones preventivas y correctivas, como: “reforzar el control interno en la relación de credenciales emitidas para el personal de limpieza, incluyendo el número de afiliación del seguro social vigente y previamente verificado y el folio de emisión correspondiente”.

Pero pese a su incumplimiento, la compañía Ecotec pasó de tener el servicio de limpia en cinco líneas del Metro en 2018 a tener nueve en 2019. Mientras que a Consorcio Multigreen se le asignó una más, para quedar en tres. Todos los contratos fueron por adjudicación directa.

Son desechables

Eusebio Alonso Olguín, de 72 años, dice que trabaja en la limpieza del Metro porque ya no lo emplean en otro lado por su edad, y si le pueden dar trabajo le piden muchos requisitos. Cuenta que hay otras empresas de limpieza que dan servicio a bancos, o corporativos donde pagan mejor y sí dan prestaciones, pero piden hasta cartas de recomendación.

“Antes de entrar al Metro fui al INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se opera una bolsa de trabajo), de ahí me mandaron a una de estas empresas, me iban a pagar 2 mil pesos a la quincena y a darme seguro social, pero me tardé en juntar los documentos y el lugar se ocupó”.

En cambio, las compañías que ofrecen personal para el metro piden sólo acta de nacimiento, credencial del INE, comprobante de domicilio y tres fotografías. “Es fácil entrar. Hay muchas vacantes, porque mucha gente se va rápido, como no hay prestaciones ni seguro social, pagan poco, luego ni pagan y además maltratan a los trabajadores, pues los que pueden se van, aquí la gente no dura”, cuenta Eusebio.

Alonso Olguín dice que a él, por ejemplo, le deben una quincena. Tiene poco más de dos meses limpiando en la estación Zapata, de la Línea 3 del Metro, la que va de Indios Verdes a Universidad. Se supone que la empresa de outsourcing Tecnolimpieza Ecotec debe pagarle los días 5 y los 20 de cada mes.

“Pero la quincena del 5 no me la pagaron. La cabo (supervisora de cuatro estaciones) me dijo que no le había yo recordado que tenía que pagarme y que por eso no habían hecho el depósito, como si no fuera obligación de ella saber a quién deben depositarle, y hasta ahorita (23 de agosto) no me han liquidado lo de esas dos semanas”.

Arnulfo Pérez Hernández tiene 69 años y hace poco más de dos meses trabaja en limpieza en el Metro. Estuvo dos meses en la Línea 7, la que corre de Rosario a Barranca del Muerto, y ahora está en la 6, del Rosario a Martín Carrera, en la estación Norte 45. Trabaja ahí porque no tiene una mejor opción.

Pero el señor dice que no le pagan completo. “Muchas veces nos descuentan. A mí la primera quincena de agosto me dieron solo 700 pesos, de los 1,450 que me deben pagar, que porque falté cuatro días. No es verdad. Solo falté una vez para acompañar a mi hijo a un trámite de su preparatoria. Pero de ahí se agarraron, y eso que diario firmamos asistencia, pero según ellos que falté y estamos todavía en el alegato de si me reponen el dinero o no”.

¿Qué permite que esto pase?

En México existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En esta se estipula que tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, y a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

En esta legislación se establece que el INAPAM es el organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. El Instituto, dice la ley, procurará su desarrollo humano integral, lo que incluye brindar a este sector de la población empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida.

Sin embargo, esta ley carece de reglamento y en la práctica no se aplica, como lo subraya Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.

“No hay una ley secundaria que vea por los derechos de las personas mayores y tenemos un serio problema con el cumplimento. A eso hay que sumarle la precarización general del trabajo que permitió la legalización del outsourcing, que afecta a toda la población”.

Montes de Oca señala a varios responsables de la vulneración de derechos de las personas mayores que trabajan en el STC: primero la Secretaria del Trabajo, por permitir la figura de la subcontratación y encima no regularla; también el INAPAM, aunque asegura que ahora esto es causa del golpeo del gobierno federal en su contra. Además le pone responsabilidad al Sindicato del Metro, por permitir esta figura de subcontratados en la institución.

El abogado Raúl Padilla, experto en derecho laboral, señala también al IMSS, por no verificar el cumplimento de la ley, en cuanto a la afiliación de los trabajadores.

Padilla dice que, además, en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo (la del 1 de mayo de 2019), el gobierno federal no quiso entrarle al tema del outsourcing porque tenía prisa por sacarla debido al T-MEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN y que tenía como uno de sus puntos sensibles las condiciones laborales de los trabajadores.

“Como el tema iba a generar conflicto con el sector patronal, porque ellos no quieren que se quite o se regule la subcontratación, mejor no le entraron, no tenían tiempo. Se supone que lo harán en el segundo periodo legislativo, pero no, ¿cómo le va a entrar el gobierno? Si ellos hacen lo mismo. Ellos tienen gente subcontratada en todos lados”.

Animal Político solicitó una entrevista con Florencia Serranía, directora general del STC, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con la solicitud para entrevistar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Para el caso del STC Metro corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX vigilar el cumplimiento de la reglamentación laboral. Soledad Aragón, titular de la dependencia en la capital del país, confirma que uno de los grandes problemas con estas empresas de outsourcing es la falta de seguridad social de sus trabajadores.

“Estas empresas simulan el cumplimiento de esa obligación cuando se hacen los contratos con las dependencias de gobierno, entregan la documentación donde supuestamente prueban que sus trabajadores están asegurados, pero luego resulta que tienen prácticas incorrectas”.

Aragón asegura que, frente a esto, la Secretaría del Trabajo capitalina está diseñando un protocolo de inspección laboral que se aplicará en conjunto con el IMSS. “El protocolo ya está prácticamente terminado, en breve se empezará a ejecutar y en caso de incumplimiento se va a proceder como lo marca la ley”.

La funcionaria explica que habrá sanciones económicas pero también se hará un seguimiento de los casos para confirmar que estas empresas aseguren a sus trabajadores. Aragón también subraya que el STC estará obligado a rescindir los contratos si no se cumple con los derechos laborales.

“Si hay una violación y si amerita sanción, a través de la recomendación que haremos como parte de la inspección del trabajo, el STC estará obligado a rescindir los contratos con estas empresas. La idea es que las sanciones sean ejemplares”.

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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