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Animal Político

'No hay prestaciones ni seguro social, y pagan poco': así trabajan los adultos mayores en el Metro

Animal Político hizo un recorrido por las 12 líneas del Metro para conocer las condiciones en las que trabajan quienes hacen la limpieza en las instalaciones y documentó diversas violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos de los afanadores.
Animal Político
19 de septiembre, 2019
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“Me quieren matar”, dice Rafael. “Me están observando”. Tiene 65 años de edad y trabaja como personal de limpieza en la estación del Metro Morelos, de la Línea B. Padece un trastorno mental, por eso lo angustian esos pensamientos. A pesar de eso, no tiene seguridad social y no recibe la atención médica adecuada.

Está subcontratado bajo el modelo conocido como outsourcing, por la empresa Consorcio Multigreen, una de las dos que presta el servicio de limpia en el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro. La otra es Tecnolimpieza Ecotec S. A. de C. V.

Es sábado. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Rafael espera en la entrada de la estación Morelos. Su brazo derecho tiembla. Le cuesta sostener el envase de refresco a medio llenar que lo acompaña. En unos minutos más empezará su turno y deberá limpiar las escaleras y los andenes, hasta las 9 y media o 10 de la noche.

Entérate: Adultos mayores trabajan por bajos sueldos y reciben pensiones precarias

Dice que no se cansa, que no le duele nada, que está acostumbrado al trabajo duro. Pero que regularmente debe ir a un hospital psiquiátrico porque le hicieron un mal en su cabeza, cuando tenía 18 años.

“Voy al Fray Bernardino, en Tlalpan, pero me dicen que ya no me van a atender. No sé por qué. Voy a ver si hablo con el director. Seguro social no tengo. Dicen aquí (en su trabajo) que me lo van a dar, pero todavía no”.

Cuenta también que vive con su hermana, que no tiene más entrada de dinero que los 1,540 pesos quincenales que le pagan por limpiar.

Paupérrimas condiciones

Rafael es el caso más extremo de entre 12 historias que Animal Político pudo conocer en un recorrido por las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México para entrevistar a los adultos mayores que limpian y que, con más de 65 años, trabajan para este organismo público, aunque subcontratados por una empresa, sin seguridad social pese a tener variados padecimientos, con salarios bajos y jornadas de ocho horas durante seis días a la semana.

De acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, respecto al régimen de subcontratación, en los artículos del 15 al 15D, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes, para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.

La ley es muy clara, dice el abogado Raúl Padilla, aunque los trabajadores estén subcontratados o estén contratados por outsourcing, como se le conoce, deben tener seguridad social.

“No hay ningún hueco en la ley que exima de eso a las contratistas, ni ninguna excusa posible. Todo trabajador debe tenerla y las empresas o instituciones que contratan servicios terciarizados deben vigilar que así sea.

“Los adultos mayores son los que más requieren esa seguridad: están enfermos y si van a trabajar, sobre todo en algo como limpiar en el Metro, están muy expuestos a tener un accidente, su cuerpo ya no responde igual y están en las escaleras, andan en los andenes, es algo riesgoso para ellos. Si algún día les sucede algo, ¿quién se va a hacer responsable? El calvario va a ser para las familias”, advierte el abogado.

De acuerdo con los contratos que celebran el STC y las empresas que prestan el servicio de limpieza, todos los trabajadores subcontratados, como Rafael, deben estar asegurados por ley.

Las empresas están obligadas a entregar mensualmente la relación actualizada de los empleados, con fecha y número de alta en el IMSS. También se estipula que los afanadores deben portar en lugar visible sus credenciales con nombre, fotografía y número de seguridad social. Pero eso no sucede.

En el recorrido de Animal Político se pudo constatar que, además de no tener seguridad social, los trabajadores no portan el gafete correspondiente en un lugar visible, aunque los entrevistados aseguraron que sí lo tienen, pero deben dejarlo con el jefe de estación cuando llegan y recogerlo al salir. Solo dos lo traían metido entre la camisola de su uniforme, y en este no tenían registrados sus respectivos números de seguro social.

En los contratos entre las empresas y el Metro se señala que en caso de incumplimiento el organismo público puede rescindirlos. Pero el STC no lo ha hecho, pese a que una auditoría en 2018, de su mismo órgano interno de control a los servicios de limpieza, encontró que los trabajadores no estaban afiliados ni al IMSS ni a ninguna institución de salud por parte de las compañías de limpia.

La auditoría analizó los contratos de limpieza formalizados durante el ejercicio 2018 entre el STC y las tres empresas que entonces prestaban el servicio, y que involucraron un monto máximo autorizado de 325 millones de pesos, adjudicados directamente.

En referencia a los servicios realizados en estaciones, se detectó durante la auditoría que había falta de personal, de materiales y herramientas de limpieza en general. También se encontraron irregularidades como cobros en exceso, ante un servicio deficiente prestado con un menor número de personal que el estipulado en los contratos.

No sólo eso. Se detectó que no existe una falta de control en el registro y emisión de credenciales a los trabajadores de limpieza. En el caso de la empresa Ecotec señaló que la coordinación del STC no tuvo control al expedir y autorizar las identificaciones. “Al autorizar la credencial no se controlan ni revisan los números de registros de afiliación al IMSS”, señala el informe final.

De 195 trabajadores asignados en los turnos matutino y vespertino, se verificaron físicamente las credenciales de identificación de 169 de ellos, y se encontró que 5 eran pensionados de otras empresas y por eso cuentan con IMSS, 60 no tenían número de registro en sus credenciales y 104 sí tenían registro de seguridad social.

Sin embargo, señala el informe de la auditoría del órgano interno de control en el SCT, “al hacer la conciliación de los nombres y números de afiliación de los 169, no se encontraron las cédulas de determinación de cuotas del IMSS de febrero y marzo de 2018 que presentó la compañía Ecotec, lo que constata que ninguno está afiliado al seguro social o a otra institución de salud por parte de la empresa”.

La auditoría detectó también otros abusos de las tres empresas con sus trabajadores. En encuestas realizadas a los afanadores se encontró que a 25% se les depositaba el pago de su quincena de forma extemporánea, 18% reportó descuentos injustificados y a 7.5% se le solicitó quedarse a trabajar más tiempo de su jornada sin pago extra.

Respecto a esas fallas, la auditoría solo emitió observaciones preventivas y correctivas, como: “reforzar el control interno en la relación de credenciales emitidas para el personal de limpieza, incluyendo el número de afiliación del seguro social vigente y previamente verificado y el folio de emisión correspondiente”.

Pero pese a su incumplimiento, la compañía Ecotec pasó de tener el servicio de limpia en cinco líneas del Metro en 2018 a tener nueve en 2019. Mientras que a Consorcio Multigreen se le asignó una más, para quedar en tres. Todos los contratos fueron por adjudicación directa.

Son desechables

Eusebio Alonso Olguín, de 72 años, dice que trabaja en la limpieza del Metro porque ya no lo emplean en otro lado por su edad, y si le pueden dar trabajo le piden muchos requisitos. Cuenta que hay otras empresas de limpieza que dan servicio a bancos, o corporativos donde pagan mejor y sí dan prestaciones, pero piden hasta cartas de recomendación.

“Antes de entrar al Metro fui al INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se opera una bolsa de trabajo), de ahí me mandaron a una de estas empresas, me iban a pagar 2 mil pesos a la quincena y a darme seguro social, pero me tardé en juntar los documentos y el lugar se ocupó”.

En cambio, las compañías que ofrecen personal para el metro piden sólo acta de nacimiento, credencial del INE, comprobante de domicilio y tres fotografías. “Es fácil entrar. Hay muchas vacantes, porque mucha gente se va rápido, como no hay prestaciones ni seguro social, pagan poco, luego ni pagan y además maltratan a los trabajadores, pues los que pueden se van, aquí la gente no dura”, cuenta Eusebio.

Alonso Olguín dice que a él, por ejemplo, le deben una quincena. Tiene poco más de dos meses limpiando en la estación Zapata, de la Línea 3 del Metro, la que va de Indios Verdes a Universidad. Se supone que la empresa de outsourcing Tecnolimpieza Ecotec debe pagarle los días 5 y los 20 de cada mes.

“Pero la quincena del 5 no me la pagaron. La cabo (supervisora de cuatro estaciones) me dijo que no le había yo recordado que tenía que pagarme y que por eso no habían hecho el depósito, como si no fuera obligación de ella saber a quién deben depositarle, y hasta ahorita (23 de agosto) no me han liquidado lo de esas dos semanas”.

Arnulfo Pérez Hernández tiene 69 años y hace poco más de dos meses trabaja en limpieza en el Metro. Estuvo dos meses en la Línea 7, la que corre de Rosario a Barranca del Muerto, y ahora está en la 6, del Rosario a Martín Carrera, en la estación Norte 45. Trabaja ahí porque no tiene una mejor opción.

Pero el señor dice que no le pagan completo. “Muchas veces nos descuentan. A mí la primera quincena de agosto me dieron solo 700 pesos, de los 1,450 que me deben pagar, que porque falté cuatro días. No es verdad. Solo falté una vez para acompañar a mi hijo a un trámite de su preparatoria. Pero de ahí se agarraron, y eso que diario firmamos asistencia, pero según ellos que falté y estamos todavía en el alegato de si me reponen el dinero o no”.

¿Qué permite que esto pase?

En México existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En esta se estipula que tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, y a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

En esta legislación se establece que el INAPAM es el organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. El Instituto, dice la ley, procurará su desarrollo humano integral, lo que incluye brindar a este sector de la población empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida.

Sin embargo, esta ley carece de reglamento y en la práctica no se aplica, como lo subraya Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.

“No hay una ley secundaria que vea por los derechos de las personas mayores y tenemos un serio problema con el cumplimento. A eso hay que sumarle la precarización general del trabajo que permitió la legalización del outsourcing, que afecta a toda la población”.

Montes de Oca señala a varios responsables de la vulneración de derechos de las personas mayores que trabajan en el STC: primero la Secretaria del Trabajo, por permitir la figura de la subcontratación y encima no regularla; también el INAPAM, aunque asegura que ahora esto es causa del golpeo del gobierno federal en su contra. Además le pone responsabilidad al Sindicato del Metro, por permitir esta figura de subcontratados en la institución.

El abogado Raúl Padilla, experto en derecho laboral, señala también al IMSS, por no verificar el cumplimento de la ley, en cuanto a la afiliación de los trabajadores.

Padilla dice que, además, en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo (la del 1 de mayo de 2019), el gobierno federal no quiso entrarle al tema del outsourcing porque tenía prisa por sacarla debido al T-MEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN y que tenía como uno de sus puntos sensibles las condiciones laborales de los trabajadores.

“Como el tema iba a generar conflicto con el sector patronal, porque ellos no quieren que se quite o se regule la subcontratación, mejor no le entraron, no tenían tiempo. Se supone que lo harán en el segundo periodo legislativo, pero no, ¿cómo le va a entrar el gobierno? Si ellos hacen lo mismo. Ellos tienen gente subcontratada en todos lados”.

Animal Político solicitó una entrevista con Florencia Serranía, directora general del STC, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con la solicitud para entrevistar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Para el caso del STC Metro corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX vigilar el cumplimiento de la reglamentación laboral. Soledad Aragón, titular de la dependencia en la capital del país, confirma que uno de los grandes problemas con estas empresas de outsourcing es la falta de seguridad social de sus trabajadores.

“Estas empresas simulan el cumplimiento de esa obligación cuando se hacen los contratos con las dependencias de gobierno, entregan la documentación donde supuestamente prueban que sus trabajadores están asegurados, pero luego resulta que tienen prácticas incorrectas”.

Aragón asegura que, frente a esto, la Secretaría del Trabajo capitalina está diseñando un protocolo de inspección laboral que se aplicará en conjunto con el IMSS. “El protocolo ya está prácticamente terminado, en breve se empezará a ejecutar y en caso de incumplimiento se va a proceder como lo marca la ley”.

La funcionaria explica que habrá sanciones económicas pero también se hará un seguimiento de los casos para confirmar que estas empresas aseguren a sus trabajadores. Aragón también subraya que el STC estará obligado a rescindir los contratos si no se cumple con los derechos laborales.

“Si hay una violación y si amerita sanción, a través de la recomendación que haremos como parte de la inspección del trabajo, el STC estará obligado a rescindir los contratos con estas empresas. La idea es que las sanciones sean ejemplares”.

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Por qué Suecia está deportando a talentosos trabajadores expertos en tecnología

El país nórdico, al que muchos trabajadores extranjeros acuden en busca de oportunidades, está emitiendo órdenes de deportación contra empleados que no han cometido irregularidad alguna.
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30 de diciembre, 2019
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Había comprado un apartamento y un automóvil, recibido clases de sueco, inscrito a su bebé en una guardería e incluso mejoró sus habilidades en esquí para adaptarse a las gélidas temperaturas.

Aún así, más de tres años después de que su familia llegara a Suecia y a pesar de su bien pagado puesto como jefe de una de las compañías tecnológicas y de energía más prestigiosas, a Ali Omumi le pidieron que abandonara el país.

“Para mí fue una enorme frustración y para mi esposa supuso el comienzo de una profunda depresión”, lamenta el especialista en ventas del sector de la ingeniería, originario de Irán.

Omumi, de entonces 38 años, recibió la orden final de deportación en 2018, después de apelar sin éxito la decisión de la Agencia Sueca de Migración.

Los funcionarios le negaron la extensión de su permiso de trabajo basándose en un error administrativo de la compañía en la que Omumi trabajó antes, la cual falló en proveerle de los seguros correctos.

“La deportación me hizo sentir como un criminal cuando sé que no lo soy. Yo trabajo y pago mis impuestos, y vine con experiencia y dinero”, asegura Omumi.

Escasez de talento en Suecia

Suecia tiene una escasez de graduados cualificados en materias como ingeniería y programación, lo que significa que las empresas acuden cada vez más fuera de las fronteras nacionales y europeas para suplir las vacantes.

Miles de trabajadores talentosos se mudan cada año a este país nórdico y muchos deciden quedarse gracias a su relativamente poderosa economía y una alta calidad de vida.

Los permisos de trabajo, requeridos para los trabajadores no europeos, se conceden por empleos específicos, pero aquellos que deseen cambiar de compañía pueden hacerlo mientras se procesa la extensión del visado.

Sin embargo, centenares de trabajadores como Omumi han visto cómo se les niega sus aplicaciones de extensión debido a errores administrativos menores de sus antiguos jefes.

Junto a estos, otros de los errores que han provocado la deportación incluyen pagos de pensión incorrectos, tomarse muy pocas o demasiadas vacaciones o incluso registrarse para un trabajo en LinkedIn que no está anunciado por el Servicio Sueco de Empleo Público.

Los suecos llaman a estas deportaciones kompetensutvisning, que significa la “expulsión de alguien con habilidades requeridas en el mercado laboral”.

Y es un tema candente que ya lleva un largo recorrido, especialmente en el sector tecnológico, un área en plena expansión.

La deportación de un desarrollador pakistaní en 2016 provocó que más de 10.000 personas firmaran una petición en contra de estos procesos.

Entre los firmantes estaba el cofundador de Spotify Daniel Ek, quien luego admitió que 15 de los empleados contratados para los puestos más importantes de su empresa habían sido amenazados con la deportación.

A comienzos de este año, la Cámara de Comercio de Estocolmo advirtió que esta tendencia podría dañar la economía de la capital sueca, mientras que la sede local de Startup Grind, la organización independiente más grande de la comunidad de startups, organizó un evento llamado Keep The Talent (Conserva el talento) para protestar ante la “fuga de cerebros internacional” de Suecia.

En marzo, The Diversity Foundation, una organización sin ánimo de lucro que lucha por un mercado laboral más inclusivo, realizó una encuesta y halló que el 81% de los trabajadores no europeos que participaron dijeron que su salud o la de su familia se vio afectada ante la amenaza de la deportación.

Y cerca de un 70% dijo que no recomendaría Suecia como un destino para trabajadores extracomunitarios; es decir, sin la nacionalidad de un país europeo.

Stefan Löfven, primer ministro de Suecia.

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El primer ministro sueco, Stefan Löfven, prometió nuevas regulaciones en materia de visados para trabajadores extranjeros.

“Creemos que esto ha sido dañino para la reputación internacional de Suecia. Tanto empleados como jefes que están en contacto con nosotros se sienten inseguros con el sistema legal de Suecia“, asegura Alexandra Loyd, abogada de Centrum för Rättvisa, una firma legal sin ánimo de lucro que representa a algunos de los trabajadores afectados.

La raíz del problema, argumenta Loyd, es la estricta interpretación por parte de la agencia migratoria de una decisión de 2015 de la Corte de Apelación de Migración.

Esta concluyó que los permisos de los trabajadores no deben extenderse si sus jefes no han acatado las normas de la industria.

Y lo hizo en base a dos casos en los que los extranjeros no habían sido pagados lo suficiente, con el objetivo de proteger a los inmigrantes de la explotación de empresarios deshonestos.

Esta es una piedra angular de la cultura laboral en Suecia, que tiene una larga historia de sindicatos fuertes y acuerdos estrictos diseñados para proteger los derechos de los empleados.

Sin embargo, ha resultado en un período de numerosas deportaciones de empleados talentosos que habían sido contratados precisamente por esos conocimientos específicos y como consecuencia de pequeños errores administrativos.

En 2017 se rechazó la renovación de 1.800 permisos de trabajo, aunque no es posible desglosar exactamente cuántas negativas se debieron a errores menores.

Progreso limitado

La situación ha mejorado en los últimos dos años, en parte gracias a una enmienda que permite a los contratantes corregir los errores retroactivamente,

Mientras, la Corte de Apelación de Migración decidió en diciembre de 2017 que se debía realizar una “evaluación general” de cada uno de los casos con el objetivo de tomar decisiones más proporcionadas, en lugar de andar rechazando las extensiones de forma automática por pequeños errores.

Per Ek, un portavoz de la agencia de migración, dice que entiende que algunos trabajadores extranjeros pasen por una “situación muy difícil” si sus visas son rechazadas.

Pero, a su vez, insiste en que la “evaluación general” está “funcionando sin problemas” para limitar la expulsión de trabajadores talentosos a la misma vez que se acogen a la legislación diseñada para protegerlos en cualquier industria.

Oficina de Spotify en Estocolmo.

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Uno de los cofundadores de Spotify afirmó que algunos de sus trabajadores han sido advertidos sobre una posible deportación.

“Estamos aquí por una clara razón. Tenemos que asegurarnos del cumplimiento de las leyes… e intentamos, de la mejor manera posible, que todos los que llegan aquí conozcan los requerimientos para cumplir con esas reglas”.

En 2019 se les rechazó la extensión del permiso a 550 personas, incluyendo a 50 que trabajan en el sector tecnológico y en puestos de programación. Este número es significativamente menor que los registrados en 2017 y 2018.

Sin embargo, la abogada Alexandra Loyd opina que la agencia tiene una tendencia a seguir “ligada a las reglas”, rechazando casos sin precedente legal y esperando a las apelaciones en corte, en lugar de analizar toda la cuestión al comienzo de cada una de las renovaciones de las visas.

“Hay una falta de previsibilidad en el sistema y en las decisiones de la Agencia de Migración”, argumenta Loyd.

Ali Omumi, el especialista en ventas del sector de la ingeniería, está ahora de vuelta en Suecia y trabaja en su antigua empresa en un puesto nuevo. Sin embargo, asegurar su regreso fue un largo proceso.

El iraní se reubicó en Estambul con su familia mientras buscaba nuevas oportunidad en Suecia o en otro país del norte de Europa. Primero rentó su casa en Suecia, pero pronto fue forzado a venderla por debajo del precio del mercado.

Se le dijo que había incumplido las reglas que prohíben que cualquiera que posea una propiedad en Suecia la alquile desde el extranjero, a no ser que se haya ido por razones de trabajo, estudios, enfermedad, entre otras. Y ninguno de esos motivos aplicaban para el caso de Omumi.

Trabajadores en las oficinas de Spotify en Estocolmo.

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Suecia ha sido un mercado atractivo para los trabajadores tecnológicos.

Cuando le ofrecieron de nuevo el trabajo en Suecia, se le impidió solicitar un nuevo visado porque no había pasado suficiente tiempo fuera del país, una decisión que después fue revocada.

Centrum för Rättvisa, el bufete de abogados, ahora le ayuda a demandar al estado sueco por las ganancias perdidas durante el período que estuvo fuera. Es la primera vez que un trabajador deportado presenta un caso de este tipo y de ganar el juicio podrían compensarle con unas 600.000 coronas suecas (US$62.900).

“El principal objetivo es reconocer que lo que sucedió fue incorrecto y que la agencia migratoria no vuelva a hacerlo”, dice Loyd, quien espera que el caso de Omumi suponga un antes y un después.

Si el caso progresa hasta la Corte Suprema sueca, podría sentar un precedente para aquellos trabajadores deportados que consideran que han sido injustamente tratados.

“Espero que esta demanda lleve a que se diseñen mejores leyes, las cuales permitan que el talento internacional venga a Suecia y se quede aquí siempre que contribuyan. Al final, será una mejor Suecia para todos”, añade Omumi.

La agencia de migración no quiere especular sobre el potencial impacto de la demanda.

“Esperaremos a que se tome una decisión y la comentaremos entonces”, dijo el portavoz Per Ek. La agencia no realizó declaraciones específicas sobre el caso de Omumi.

¿Quiénes siguen afectados?

Mientras tanto, muchos trabajadores talentosos continúa en el limbo.

La desarrolladora web Zena Jose, de India, apeló la negación a renovarle el visado y está esperando la resolución de su caso.

Tiene 28 años y trabaja en una startup en Estocolmo, pero ya había trabajado en la capital sueca para una compañía importante antes de hacerlo durante un periodo de forma remota desde la ciudad india de Bombay.

El hecho de que su primer empleador no le cancelara la visa al terminar el contrato fue lo que la llevó a este punto, a estar en riesgo de deportación.

“Es muy desalentador, porque no es mi culpa lo que está sucediendo y no he hecho nada incorrecto. Sin embargo, soy la que paga por ello“, dijo Zena.

A esta trabajadora se le ha aconsejado no dejar Suecia durante su apelación, ya que puede enfrentar problemas si regresa sin los documentos válidos. Esto significa que no podrá visitar familiares durante el período navideño. “Es deprimente porque hace casi un año que no les visito”, lamenta Zena.

Aniel Bhaga, un australiano de 34 años que recientemente trabajó como desarrollador de negocios para la marca de moda H&M, perdió una batalla legal de tres años para permanecer en el país en octubre. La razón: errores administrativos cometidos por su anterior empresa.

“He construido una extensa red profesional, una gran familia y grandes amigos aquí. He hecho mi vida”, lamenta Bhaga.

Ahora vive con sus padres en Brisbane, Australia, y realiza trabajos de autónomo mientras lanza una postulación que le permita continuar su trabajo para el gigante de la moda H&M.

A pesar de estar harto de la situación, se reconoce “entre los afortunados”, argumentando que hay “otras personas en peores circunstancias, sin un país fácil o agradable al que volver” mientras esperan que su situación se resuelva.

Una cuestión divisiva

El gobierno sueco ha abordado esta cuestión a nivel político, pero el progreso es lento.

En enero, un acuerdo entre el partido socialdemócrata del primer ministro Stefan Löfven, en coalición con otros partidos, prometió resolver este problema y presentó planes de una nueva visas de talentos para trabajadores altamente cualificados, empezando en 2021.

Desde entonces, sin embargo, no se han concretado muchos detalles y el ministro de Migración Morgan Johansson no aceptó ser entrevistado para este artículo.

Bandera sueca en Estocolmo.

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Los distintos puntos de vista sobre la situación de los trabajadores extranjeros está demorando la creación de políticas que la resuelvan.

La inmigración por trabajo es en general un asunto divisivo, con partidos de oposición y sindicatos ofreciendo un amplio espectro de puntos de vista sobre las prioridades a la hora de realizar ajustes legales.

Algunos quieren limitar las visas, ofreciéndolas solo en sectores donde está comprobada la escasez de trabajadores, mientras que otros abogan por una mayor flexibilidad a la hora de manejar los errores administrativos.

Mientras tanto, varias investigaciones llevadas a cabo por medios locales, como el documental de la emisora ​​de servicio público sueco SVT sobre la explotación de los trabajadores vietnamitas en salones de belleza, han agregado combustible al debate, al exponer el potencial de eludir incluso las regulaciones actuales.

Matthew Kriteman, director de operaciones de The Diversify Foundation, dice que Suecia sigue sin una dirección clara en este ámbito, con funcionarios que “continúan buscando el camino para mantener las regulaciones laborales tradicionales” y al mismo tiempo “integrar el talento extranjero que necesitan para diversificarse”.

Kriteman comenta que las experiencias de Suecia deben ser observadas de cerca, y tomando en consideración que el kompetensutvisning representa mucho más que una colección de batallas judiciales individuales o debates internos.

“Creo que en realidad refleja los desafíos de lo que es una especie de cuarta revolución industrial, donde la tecnología, las ideas y la innovación son más fluidas”, dice.

“En cuanto a la movilidad, este es un problema de futuro… No hay duda de que la innovación y el verdadero talento tienen otros mercados a los que pueden acudir”.

“Mantén a los que ya tienes”

“Si quieres crecer y hacer que tus compañías sean globales, necesitas talento internacional que aporte ese extra a las compañías y los equipos”, concuerda Aniel Bhaga, quien advierte que el talento extranjero se irá desplazando de Estocolmo a Berlín o Londres si Suecia no encuentra una solución duradera al problema.

Aniel Bhaga.

Maddy Savage
Aniel Bhaga advierte que el talento puede ir abandonando Suecia de forma voluntaria si la situación no se aclara.

Argumenta, a su vez, que el primer paso es “crear conciencia” de las reglas entre los empleados y los contratantes, además de una “mejor colaboración” entre las grandes corporaciones, las startups, los sindicatos y los políticos.

“Estás atrayendo a todas estas personas aquí, pero también necesitas mantener a las que ya tienes… porque eso es lo que va a llevar a Suecia a seguir innovando”, concluye.


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