'No hay prestaciones ni seguro social, y pagan poco': así trabajan los adultos mayores en el Metro
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'No hay prestaciones ni seguro social, y pagan poco': así trabajan los adultos mayores en el Metro

Animal Político hizo un recorrido por las 12 líneas del Metro para conocer las condiciones en las que trabajan quienes hacen la limpieza en las instalaciones y documentó diversas violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos de los afanadores.
Animal Político
19 de septiembre, 2019
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“Me quieren matar”, dice Rafael. “Me están observando”. Tiene 65 años de edad y trabaja como personal de limpieza en la estación del Metro Morelos, de la Línea B. Padece un trastorno mental, por eso lo angustian esos pensamientos. A pesar de eso, no tiene seguridad social y no recibe la atención médica adecuada.

Está subcontratado bajo el modelo conocido como outsourcing, por la empresa Consorcio Multigreen, una de las dos que presta el servicio de limpia en el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro. La otra es Tecnolimpieza Ecotec S. A. de C. V.

Es sábado. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Rafael espera en la entrada de la estación Morelos. Su brazo derecho tiembla. Le cuesta sostener el envase de refresco a medio llenar que lo acompaña. En unos minutos más empezará su turno y deberá limpiar las escaleras y los andenes, hasta las 9 y media o 10 de la noche.

Entérate: Adultos mayores trabajan por bajos sueldos y reciben pensiones precarias

Dice que no se cansa, que no le duele nada, que está acostumbrado al trabajo duro. Pero que regularmente debe ir a un hospital psiquiátrico porque le hicieron un mal en su cabeza, cuando tenía 18 años.

“Voy al Fray Bernardino, en Tlalpan, pero me dicen que ya no me van a atender. No sé por qué. Voy a ver si hablo con el director. Seguro social no tengo. Dicen aquí (en su trabajo) que me lo van a dar, pero todavía no”.

Cuenta también que vive con su hermana, que no tiene más entrada de dinero que los 1,540 pesos quincenales que le pagan por limpiar.

Paupérrimas condiciones

Rafael es el caso más extremo de entre 12 historias que Animal Político pudo conocer en un recorrido por las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México para entrevistar a los adultos mayores que limpian y que, con más de 65 años, trabajan para este organismo público, aunque subcontratados por una empresa, sin seguridad social pese a tener variados padecimientos, con salarios bajos y jornadas de ocho horas durante seis días a la semana.

De acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, respecto al régimen de subcontratación, en los artículos del 15 al 15D, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes, para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.

La ley es muy clara, dice el abogado Raúl Padilla, aunque los trabajadores estén subcontratados o estén contratados por outsourcing, como se le conoce, deben tener seguridad social.

“No hay ningún hueco en la ley que exima de eso a las contratistas, ni ninguna excusa posible. Todo trabajador debe tenerla y las empresas o instituciones que contratan servicios terciarizados deben vigilar que así sea.

“Los adultos mayores son los que más requieren esa seguridad: están enfermos y si van a trabajar, sobre todo en algo como limpiar en el Metro, están muy expuestos a tener un accidente, su cuerpo ya no responde igual y están en las escaleras, andan en los andenes, es algo riesgoso para ellos. Si algún día les sucede algo, ¿quién se va a hacer responsable? El calvario va a ser para las familias”, advierte el abogado.

De acuerdo con los contratos que celebran el STC y las empresas que prestan el servicio de limpieza, todos los trabajadores subcontratados, como Rafael, deben estar asegurados por ley.

Las empresas están obligadas a entregar mensualmente la relación actualizada de los empleados, con fecha y número de alta en el IMSS. También se estipula que los afanadores deben portar en lugar visible sus credenciales con nombre, fotografía y número de seguridad social. Pero eso no sucede.

En el recorrido de Animal Político se pudo constatar que, además de no tener seguridad social, los trabajadores no portan el gafete correspondiente en un lugar visible, aunque los entrevistados aseguraron que sí lo tienen, pero deben dejarlo con el jefe de estación cuando llegan y recogerlo al salir. Solo dos lo traían metido entre la camisola de su uniforme, y en este no tenían registrados sus respectivos números de seguro social.

En los contratos entre las empresas y el Metro se señala que en caso de incumplimiento el organismo público puede rescindirlos. Pero el STC no lo ha hecho, pese a que una auditoría en 2018, de su mismo órgano interno de control a los servicios de limpieza, encontró que los trabajadores no estaban afiliados ni al IMSS ni a ninguna institución de salud por parte de las compañías de limpia.

La auditoría analizó los contratos de limpieza formalizados durante el ejercicio 2018 entre el STC y las tres empresas que entonces prestaban el servicio, y que involucraron un monto máximo autorizado de 325 millones de pesos, adjudicados directamente.

En referencia a los servicios realizados en estaciones, se detectó durante la auditoría que había falta de personal, de materiales y herramientas de limpieza en general. También se encontraron irregularidades como cobros en exceso, ante un servicio deficiente prestado con un menor número de personal que el estipulado en los contratos.

No sólo eso. Se detectó que no existe una falta de control en el registro y emisión de credenciales a los trabajadores de limpieza. En el caso de la empresa Ecotec señaló que la coordinación del STC no tuvo control al expedir y autorizar las identificaciones. “Al autorizar la credencial no se controlan ni revisan los números de registros de afiliación al IMSS”, señala el informe final.

De 195 trabajadores asignados en los turnos matutino y vespertino, se verificaron físicamente las credenciales de identificación de 169 de ellos, y se encontró que 5 eran pensionados de otras empresas y por eso cuentan con IMSS, 60 no tenían número de registro en sus credenciales y 104 sí tenían registro de seguridad social.

Sin embargo, señala el informe de la auditoría del órgano interno de control en el SCT, “al hacer la conciliación de los nombres y números de afiliación de los 169, no se encontraron las cédulas de determinación de cuotas del IMSS de febrero y marzo de 2018 que presentó la compañía Ecotec, lo que constata que ninguno está afiliado al seguro social o a otra institución de salud por parte de la empresa”.

La auditoría detectó también otros abusos de las tres empresas con sus trabajadores. En encuestas realizadas a los afanadores se encontró que a 25% se les depositaba el pago de su quincena de forma extemporánea, 18% reportó descuentos injustificados y a 7.5% se le solicitó quedarse a trabajar más tiempo de su jornada sin pago extra.

Respecto a esas fallas, la auditoría solo emitió observaciones preventivas y correctivas, como: “reforzar el control interno en la relación de credenciales emitidas para el personal de limpieza, incluyendo el número de afiliación del seguro social vigente y previamente verificado y el folio de emisión correspondiente”.

Pero pese a su incumplimiento, la compañía Ecotec pasó de tener el servicio de limpia en cinco líneas del Metro en 2018 a tener nueve en 2019. Mientras que a Consorcio Multigreen se le asignó una más, para quedar en tres. Todos los contratos fueron por adjudicación directa.

Son desechables

Eusebio Alonso Olguín, de 72 años, dice que trabaja en la limpieza del Metro porque ya no lo emplean en otro lado por su edad, y si le pueden dar trabajo le piden muchos requisitos. Cuenta que hay otras empresas de limpieza que dan servicio a bancos, o corporativos donde pagan mejor y sí dan prestaciones, pero piden hasta cartas de recomendación.

“Antes de entrar al Metro fui al INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se opera una bolsa de trabajo), de ahí me mandaron a una de estas empresas, me iban a pagar 2 mil pesos a la quincena y a darme seguro social, pero me tardé en juntar los documentos y el lugar se ocupó”.

En cambio, las compañías que ofrecen personal para el metro piden sólo acta de nacimiento, credencial del INE, comprobante de domicilio y tres fotografías. “Es fácil entrar. Hay muchas vacantes, porque mucha gente se va rápido, como no hay prestaciones ni seguro social, pagan poco, luego ni pagan y además maltratan a los trabajadores, pues los que pueden se van, aquí la gente no dura”, cuenta Eusebio.

Alonso Olguín dice que a él, por ejemplo, le deben una quincena. Tiene poco más de dos meses limpiando en la estación Zapata, de la Línea 3 del Metro, la que va de Indios Verdes a Universidad. Se supone que la empresa de outsourcing Tecnolimpieza Ecotec debe pagarle los días 5 y los 20 de cada mes.

“Pero la quincena del 5 no me la pagaron. La cabo (supervisora de cuatro estaciones) me dijo que no le había yo recordado que tenía que pagarme y que por eso no habían hecho el depósito, como si no fuera obligación de ella saber a quién deben depositarle, y hasta ahorita (23 de agosto) no me han liquidado lo de esas dos semanas”.

Arnulfo Pérez Hernández tiene 69 años y hace poco más de dos meses trabaja en limpieza en el Metro. Estuvo dos meses en la Línea 7, la que corre de Rosario a Barranca del Muerto, y ahora está en la 6, del Rosario a Martín Carrera, en la estación Norte 45. Trabaja ahí porque no tiene una mejor opción.

Pero el señor dice que no le pagan completo. “Muchas veces nos descuentan. A mí la primera quincena de agosto me dieron solo 700 pesos, de los 1,450 que me deben pagar, que porque falté cuatro días. No es verdad. Solo falté una vez para acompañar a mi hijo a un trámite de su preparatoria. Pero de ahí se agarraron, y eso que diario firmamos asistencia, pero según ellos que falté y estamos todavía en el alegato de si me reponen el dinero o no”.

¿Qué permite que esto pase?

En México existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En esta se estipula que tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, y a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

En esta legislación se establece que el INAPAM es el organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. El Instituto, dice la ley, procurará su desarrollo humano integral, lo que incluye brindar a este sector de la población empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida.

Sin embargo, esta ley carece de reglamento y en la práctica no se aplica, como lo subraya Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.

“No hay una ley secundaria que vea por los derechos de las personas mayores y tenemos un serio problema con el cumplimento. A eso hay que sumarle la precarización general del trabajo que permitió la legalización del outsourcing, que afecta a toda la población”.

Montes de Oca señala a varios responsables de la vulneración de derechos de las personas mayores que trabajan en el STC: primero la Secretaria del Trabajo, por permitir la figura de la subcontratación y encima no regularla; también el INAPAM, aunque asegura que ahora esto es causa del golpeo del gobierno federal en su contra. Además le pone responsabilidad al Sindicato del Metro, por permitir esta figura de subcontratados en la institución.

El abogado Raúl Padilla, experto en derecho laboral, señala también al IMSS, por no verificar el cumplimento de la ley, en cuanto a la afiliación de los trabajadores.

Padilla dice que, además, en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo (la del 1 de mayo de 2019), el gobierno federal no quiso entrarle al tema del outsourcing porque tenía prisa por sacarla debido al T-MEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN y que tenía como uno de sus puntos sensibles las condiciones laborales de los trabajadores.

“Como el tema iba a generar conflicto con el sector patronal, porque ellos no quieren que se quite o se regule la subcontratación, mejor no le entraron, no tenían tiempo. Se supone que lo harán en el segundo periodo legislativo, pero no, ¿cómo le va a entrar el gobierno? Si ellos hacen lo mismo. Ellos tienen gente subcontratada en todos lados”.

Animal Político solicitó una entrevista con Florencia Serranía, directora general del STC, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con la solicitud para entrevistar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Para el caso del STC Metro corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX vigilar el cumplimiento de la reglamentación laboral. Soledad Aragón, titular de la dependencia en la capital del país, confirma que uno de los grandes problemas con estas empresas de outsourcing es la falta de seguridad social de sus trabajadores.

“Estas empresas simulan el cumplimiento de esa obligación cuando se hacen los contratos con las dependencias de gobierno, entregan la documentación donde supuestamente prueban que sus trabajadores están asegurados, pero luego resulta que tienen prácticas incorrectas”.

Aragón asegura que, frente a esto, la Secretaría del Trabajo capitalina está diseñando un protocolo de inspección laboral que se aplicará en conjunto con el IMSS. “El protocolo ya está prácticamente terminado, en breve se empezará a ejecutar y en caso de incumplimiento se va a proceder como lo marca la ley”.

La funcionaria explica que habrá sanciones económicas pero también se hará un seguimiento de los casos para confirmar que estas empresas aseguren a sus trabajadores. Aragón también subraya que el STC estará obligado a rescindir los contratos si no se cumple con los derechos laborales.

“Si hay una violación y si amerita sanción, a través de la recomendación que haremos como parte de la inspección del trabajo, el STC estará obligado a rescindir los contratos con estas empresas. La idea es que las sanciones sean ejemplares”.

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Aborto en América Latina: ¿puede la legalización en Argentina impulsar un cambio en toda la región?

Las activistas a favor del aborto en América Latina aseguran que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.
7 de marzo, 2021
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Cuando el Congreso de Argentina votó para legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, Renata (no es su nombre real) se sintió emocionada.

“Qué genial”, recuerda haber pensado la joven de 20 años del norte de Brasil a finales de diciembre. Renata, estudiante y trabajadora de un supermercado, vio el cambio en Argentina como el inicio de algo nuevo en América Latina, donde el aborto es mayoritariamente ilegal.

Renata no pensó mucho en el tema hasta una semana después, cuando descubrió que ella misma estaba embarazada. Luego, relató, sintió que “su mundo colapsaba”.

“Bajo ninguna circunstancia podría tener al bebé”, me dijo, y me explicó que en la ciudad donde vive es imposible conseguir trabajo, más aún en el contexto de la pandemia. Renata tenía además la certeza de que en su trabajo la darían de baja con un salario menor si contaba la noticia a su jefe.

“Todo tiene que estar bien para traer un niño a este mundo”, afirmó. La joven agregó que después de haber visto a su madre criar a dos niños sola, nunca quiso tener que pasar por eso.

Mujeres en Argentina con un gran pañuelo verde que dice "Aborto legal, seguro y gratuito"

Reuters
Argentina se sumó en diciembre a la lista reducida de países en América Latina en los que el aborto es legal.

Pero Renata tenía pocas opciones.

El aborto está prohibido en Brasil a menos que el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la madre esté en peligro o el feto sea anencefálico, una condición poco común que impide el desarrollo de parte del cerebro y el cráneo.

Renata decidió que viajaría a Colombia. Si bien las restricciones allí son similares a las de Brasil, la interpretación de la ley es más amplia y, por lo tanto, es más fácil acceder a abortos legales.

La joven incluso había pedido dinero prestado para pagar el vuelo, que iba a ser su primer viaje al extranjero.

Pero Colombia prohibió los vuelos desde Brasil debido a una nueva variante de covid-19 detectada en Manaos.

“Empecé a llorar”, recordó Renata. “Era mi última esperanza, estaba inconsolable”.

Ahora, con la ayuda de una organización benéfica llamada “Milhas pela vida das mulheres” (Millas por la vida de las mujeres), mediante la cual las personas donan millas aéreas para ayudar a mujeres a acceder a abortos seguros en el extranjero, Renata viajará a la Ciudad de México, donde el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo es legal.

“Es la mejor decisión para mí”, aseguró sin vacilar.

Poderoso movimiento por los derechos de las mujeres

Solo en Brasil, se estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año. Los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y partes de México. Y ahora, por supuesto, Argentina.

Muchas activistas proaborto esperan que el cambio de ley en Argentina presione a otros países para que sigan el ejemplo.

En Argentina, quienes apoyaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lucían un pañuelo verde.

Es un símbolo que desde entonces ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región. El pañuelo representa la resistencia pacífica de un creciente movimiento por los derechos de las mujeres que asegura que la sociedad debe cambiar.

Mujeres en Argentina muestran sus pañuelos verdes

Reuters
El símbolo del pañuelo verde usado en Argentina ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región.

Debora Diniz, profesora de antropología de la Universidad de Brasilia, señaló que es inusual que un símbolo se extienda a otros países de esta manera.

“Tradicionalmente, América Latina no opera de esta manera”, afirmó la destacada activista feminista.

Era una región colonizada, que miraba mucho más al norte global. Y ahora nos miramos los unos a los otros. Incluso un país que se entiende a sí mismo como un continente, como Brasil, está usando el pañuelo verde para representar las causas de las mujeres”.

El conservadurismo y la Iglesia

Pero América Latina está profundamente dividida. Es una región donde reinan la religión y el conservadurismo.

Si bien Argentina avanzó en una dirección en diciembre, un mes después, el Congreso de Honduras agregó una prohibición del aborto a su Constitución, lo que hace que sea más difícil que nunca legalizar el procedimiento en el futuro.

Por tanto, no es un camino sencillo.

Mujeres en Honduras protestando contra la la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto

Reuters
Grupos de mujeres salieron a las calles en Honduras para protestar contra la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto.

“Cuando se aprobó la ley en Argentina, la gente en Honduras comenzó pensar si la presión para legalizar el aborto se extendería en la región y tal vez habría un cambio aquí”, afirmó Álvaro Hernández de “Ola Celeste”, un grupo antiaborto que respaldó el cambio a la Constitución.

“Honduras es un país cristiano y el aborto no ha sido un tema de debate a nivel local”, aseguró. Aunque la Iglesia puede ser muy influyente en Honduras, algunos grupos de mujeres salieron a las calles para protestar contra la prohibición del aborto.

En Argentina, muchos observadores dieron crédito al presidente de centroizquierda Alberto Fernández por contribuir a impulsar la legalización del aborto.

Pero en el vecino Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro condenó la medida argentina, y los grupos conservadores siguen siendo fuertes.

No creo que vaya a ser tan fácil legalizar el aborto en Brasil“, señaló Celene Salomão, activista del capítulo de São Paulo de “40 Días por la Vida”, una campaña religiosa internacional contra el aborto.

Salomão opina que los senadores en Argentina “fueron sometidos a mucha presión” de grupos de izquierda para legalizar el aborto. Pero cree que el presidente Bolsonaro se mantendrá firme sabiendo que cuenta con el respaldo de grupos religiosos.

“Muchos brasileños son cristianos, no solo católicos sino también de otras denominaciones, y todos estamos en contra”.

Chile impulsa el cambio

En Chile, el presidente de derecha Sebastián Piñera también dejó en claro que se opone a un cambio en la ley, aunque en enero, a raíz de la decisión de Argentina, el Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Uno de los temas que une a las activistas proaborto es el argumento a favor del acceso seguro.

Las activistas afirman que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.

Y argumentan que las mujeres se someterán a abortos, sean legales o no, por lo que permitirles el acceso legal a la interrupción será más seguro y reducirá el número de muertes como resultado de abortos clandestinos.

La Dra. Karla Figueroa de la clínica GineClinic en México dice que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ninguna mujer ha muerto por este procedimiento.

“Eso es lo más importante en términos de salud pública”, agregó.

Pancarta en Argentinca que dice "Ni una muerte más por aborto clandestino"

Getty Images
Para muchos, el debate debe centrarse en la salud de la mujer. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México ninguna mujer ha muerto por este procedimiento, afirmó la Dra. Karla Figueroa.

Y es un mensaje que se extiende por toda la región.

“El ángulo de la vida y la salud de las mujeres está muy presente en la discusión en Colombia”, afirmó Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s Link Worldwide.

Ardila está haciendo campaña para eliminar la criminalización del aborto y asegurar que las mujeres que se someten a abortos y los equipos médicos que los realizan no sean procesados.

“El derecho penal es en realidad el peor instrumento en este caso y tiene muchas consecuencias como imponer un estigma y generar miedo entre el personal sanitario”, señaló.

Activistas a favor del aborto en la región aseguran que la legalización en Argentina ha galvanizado su lucha.

“Espero que el cambio en Argentina sirva como un punto de inflexión”, afirmó la Dra. Figueroa en la Ciudad de México.

Para Debora Diniz, la decisión argentina proporciona una mayor motivación.

“En Brasil, tenemos algunas de las feministas negras más activas y vibrantes de la región”, afirmó.

“Tenemos un feminismo diverso, y tal vez algo salga de él”.


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