Arturo pasó cuatro años encarcelado por tener discapacidad intelectual; ONU pide reparar el daño
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Arturo pasó cuatro años encarcelado por tener discapacidad intelectual; ONU pide reparar el daño

Al declararlo "inimputable", Arturo fue forzado a estar en un área psiquiátrica bajo control penitenciario, y a estar medicado obligatoriamente.
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2 de octubre, 2019
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Arturo Medina todavía no logra hablar en público de los años que pasó encerrado injustamente y sin derecho siquiera a defenderse, por tener una discapacidad intelectual, en el Centro de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi) del Reclusorio Sur.

“Una experiencia dura… Cuatro años de mi vida…”, dice trastabillando.

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Se queda callado, se le enturbian los ojos, se agarra la frente, mira hacia arriba. Pasa un minuto y repite que perdió cuatro años de su vida. Vuelve a respirar, vuelve a intentarlo, pero solo logra articular que salió adelante y desiste de contar más.

El 14 de septiembre de 2011, cuando tenía 21 años, salió a comprar un periódico en la colonia Morelos, en el centro de la Ciudad de México, de alta incidencia delictiva. La policía lo detuvo y hasta 12 horas después, su madre, Judith, recibió una llamada para informarle dónde estaba y pedirle que fuera porque no lograban comunicarse con él, ya que en situaciones de estrés, Arturo casi no puede hablar.

Cuando llegó, le dijeron que había sido arrestado por tratar de robarse un auto, empujándolo dos cuadras. Judith cuenta que nunca le mostraron los supuestos videos de cámaras de vigilancia que probaran eso, y que el propio dueño del vehículo, un coche viejo, dijo que estaba en el mismo lugar en el que lo dejó.

“Definitivamente fue por cumplir una cuota de detenidos. Fue un caso armado completamente”, asegura en entrevista con Animal Político.

Pero lo peor que le pasó a Arturo no fue caer en manos de policías que lo acusaron sin pruebas. Lo peor vendría después por su discapacidad intelectual: a los dos días de ser detenido lo declararon “inimputable”, una figura legal que considera que no comprende sus actos y anula su derecho a tomar decisiones como declarar y nombrar un abogado.

Esto llevó a que en lugar de una sentencia, le impusieran una “medida de seguridad” de pasar cuatro años encerrado, no en una cárcel común, sino en un área psiquiátrica bajo control penitenciario, y estar medicado obligatoriamente.

“El abogado de oficio me dijo que ya me hiciera a la idea de que a mi hijo no me lo iban a entregar, que era más fácil, si fuera una persona normal y hubiera ido a asaltar en un micro con una pistola, que a él me lo entregaban en tres meses. Pero a él por ser discapacitado lo iban a meter en una medida de seguridad. Las medidas de seguridad no se apelan, las sentencias sí. Él nunca pudo apelar, nunca se pudo hacer absolutamente nada”, recuerda Judith.

La ONU emite recomendación histórica de reformar la figura de inimputabilidad

Pasados otros cuatro años de que Arturo salió libre y aunque todavía no se recupera del todo, su caso acaba de hacer historia porque llegó hasta la ONU. Hace un par de días, la familia Medina y la ONG que llevó su caso, Documenta, recibieron la noticia de que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resolvió el pasado 6 de septiembre que el Estado Mexicano cometió una violación de derechos humanos.

Es la primera vez que este Comité se pronuncia sobre un caso individual en México, pero tendrá implicaciones para todo el sistema de justicia mexicano porque es un problema de discriminación estructural, explicó en conferencia de prensa Jan Jarab, representante de la ONU en México.

“El sistema como existe hoy en México está, se puede decir, diseñado para excluirlos, no para hacerlos parte. La figura de inimputabilidad es muy problemática porque va mucho más allá del caso individual de Arturo”, señaló.

“La persona es suplantada, excluida del proceso. Entonces es una figura que no protege, sino quita los derechos procesales. Y la medida de sanción, la privación de libertad, se establece con base en la discapacidad de la persona, no en el acto delictivo que pudo haber cometido, y dicha medida suele privilegiar la privación de la libertad como la medida estándar y no como último recurso. Y bajo esta figura se puede someter a las personas con discapacidad a medicación forzosa, y se mantiene un estigma sobre la supuesta peligrosidad de las personas con discapacidad”.

Para Arturo tendrá que haber medidas de reparación del daño, incluyendo reembolsarle gastos judiciales, y una disculpa pública.

Pero además, el Estado mexicano recibió recomendaciones para reformar sus leyes tanto a nivel estatal como federal sobre esta figura de inimputabilidad, que viene de los años 70, y las medidas de seguridad, consideradas discriminatorias.

La ONU recomienda estas reformas, tomar acciones para evitar que de repitan violaciones de derechos similares, capacitar de forma adecuada a su personal sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y brindar a quienes tienen discapacidad y se ven involucrados en un proceso penal los apoyos razonables.

La directora de Documenta, María Sirvent, remarcó que esta declaración de la ONU impactará a muchas otras personas, aunque ni siquiera se se sabe cuántas de las declaradas inimputables tienen discapacidad intelectual o psicosocial, ya que ni el sistema penitenciario lo tiene desagregado así. Pero desde hace dos años, la ONG ha acompañado alrededor de mil audiencias, por lo que creen que podría haber muchos otros casos de violaciones de derechos a personas con discapacidad.

Arturo, ahora de 29 años, trata de seguir con su vida. Hace un año le pidió a su madre ir a terapia, y aunque no ha podido conseguir un trabajo, ahora ayuda a limpiar una iglesia cercana, para tener alguna actividad.

En los próximos días, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tendrá que ponerse en contacto con él para acatar la recomendación de la ONU y ofrecerle un disculpa y reparación.

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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