Brasil: analizan la apertura de tierras indígenas a la minería
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Fotp: foto: Instituto Socioambiental

Brasil: analizan la apertura de tierras indígenas a la minería

Informaciones obtenidas por la Agência Pública con integrantes del grupo que debate la minuta del proyecto de minería, apuntan a la Funai como futura representante de “intereses indígenas” en la negociación.
Fotp: foto: Instituto Socioambiental
Por Diajanida Hernández
20 de octubre, 2019
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La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano gubernamental que “coordina y ejecuta la política indigenista” en Brasil, se está apartando de sus atribuciones legales para asumir un nuevo papel: el de mediadora en los desarrollos de minería en tierras indígenas (TIS). La información fue obtenida por la Agência Pública con uno de los integrantes del grupo técnico interministerial que discute la minuta del nuevo proyecto de minería y confirmada con dos fuentes más. El funcionario pidió no ser identificado.

La legalización de las minas y de las empresas mineras es parte de una ofensiva gubernamental y legislativa, patrocinada por la bancada ruralista en el Congreso, con la finalidad de abrir las TIS a desarrollos privados a través de un cambio constitucional, que tramitan a ritmo acelerado.

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La propuesta original es del gobierno anterior, de Michel Temer, que prevía solo la participación de las empresas mineras. Al desengavetar el proyecto, el presidente Jair Bolsonaro puso la regulación de las minas clandestinas como prioridad.

Sin recursos y con sus cargos de dirección ocupados por la extrema derecha ligada al ruralismo, la Funai es el retrato de la fragilidad en la protección a los indígenas. Su nuevo papel en la apertura de las TIS para minería está siendo definido en las discusiones del grupo de trabajo interministerial formado por los ministerios de Minas y Energía, Justicia, Medio Ambiente, Agricultura, Planificación y Secretaría General de la Presidencia de la República.

El esbozo del proyecto será encaminado al Congreso probablemente en septiembre por la Casa Civil del Palacio del Planalto.

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El grupo tiene 30 técnicos que se reúnen periódicamente en el Palacio de Planalto desde el inicio de julio. La Funai solo comenzó a participar en esos encuentros después de que el Congreso derogó parte de la MP 870, obligando al gobierno a retirar competencias de la estructura del Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos y devolverlas al Ministerio de Justicia, a quien la Funai está vinculada desde 1967, cuando fue creada.

Uno de los integrantes del grupo de trabajo, que pidió no divulgar su nombre, relató a la Agência Pública los puntos más importantes que deben ser parte del proyecto.

Para driblar a la legislación —basada en la convención 169 de la OIT— que obliga a consultar a las comunidades indígenas, el proyecto incluiría una brecha para que, en los casos de recusación, el gobierno pueda autorizar unilateralmente los desarrollos bajo la justificativa de intereses estratégicos nacionales. Los proyectos, uno por uno, tendrían que pasar por el tamiz del Congreso.

Las cuestiones centrales en discusión pasan por la definición de la forma de exploración económica y de captación de las regalías como compensación financiera a las comunidades indígenas. Es ahí que se inserta el papel de la Funai, que mantendría su atribución de tutora ya prevista en la ley, pero haría una mediación más intensa entre las etnias y los desarrollos, siempre según la misma fuente.

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El grupo debe sugerir la creación de un consejo para gestionar los recursos indígenas a través de un fondo y acompañar la ejecución del desarrollo, reteniendo ya en el momento de la extracción de oro o diamante, por ejemplo, un porcentaje estimado entre 3% y 4% del volumen bruto extraído.

Las comunidades crearían asociaciones que harían el enlace con el consejo, que estaría formado mayoritariamente por indígenas, dice la fuente.

Uno de los grandes desafíos apuntados en los debates es el control de las minas cuya marca es la clandestinidad, frecuentemente acompañada de crímenes ambientales y conflictos con los habitantes de los territorios que invaden, como sucede en gran escala en la Tierra Yanomami en este momento.

Se estudia extender la exigencia de licencia para todos los tipos de minería y aplicar una norma, que puede ser una especie de caución financiera, a ser usada en casos de abandono del desarrollo para corregir eventuales pasivos ambientales. El grupo estudia tasar los desarrollos también por el uso del suelo, pero sin dirigir para los indígenas los recursos recaudados.

Según el integrante del grupo, es consenso entre ellos que, en concesiones para grandes proyectos, —como en el caso del probable desarrollo de la canadiense Belo Sun, en Volta Grande do Xingu (PA), de las etnias Arara y Juruna, citado en las discusiones, (en un área ya tomada por mineros)— cabría a las empresas mineras expulsar a los garimpeiros y evitar nuevas invasiones, ya que el gobierno no tendría estructura de fiscalización para eso. Belo Sun quiere hacer en Xingu, cerca de la planta de energía Belo Monte, inversiones por el orden de 1,22 billones de reales para extraer, en 12 años, 60 toneladas de oro.

Conforme el levantamiento del Instituto Socioambiental (ISA), una fila con 4181 requerimientos de exploración mineral en tierras indígenas aguarda decisión de la Agencia Nacional Mineral (ANM), la mitad de ellas pidiendo autorización para extraer oro. Juntas, las áreas reivindicadas totalizan 28 millones de hectáreas, el equivalente al 25% de la superficie y áreas consolidadas como TI.

Empresas mineras y campañas electorales

Entidades indigenistas alertan, sin embargo, que las posiciones públicas asumidas por Bolsonaro —el presidente también declaró que no va a demarcar más tierras indígenas e incluso revisar la extensión de las TIS ya consolidadas, además de criticar a los órganos de fiscalización ambiental y a la propia Funai— están funcionando como autorización a invasores y fomentando conflictos con muerte en las regiones más desprotegidas de la Amazonia.

Segunda mayor TI de Brasil, con 8,5 millones de hectáreas, y el área de mayor concentración de pueblos desconocidos del mundo, Javari fue blanco de cuatro ataques a tiros este año contra las bases de Ituí y Curuçá, las más pretendidas por invasores.

“El gobierno de Bolsonaro siembra la idea de que el indígena es un estorbo para el desarrollo y extiende la idea de que la Funai está repartida y comprada por ONG. Es una tentativa de matar a la Funai de inanición, cortando recursos y desmontando estructuras, sobre todo las que protegen a los pueblos aislados, en clara opción por el abandono”, afirma Beto.

Incluso sin participar de las discusiones que involucran el destino de sus tierras y de sus pueblos, los indígenas siguen de cerca los movimientos del gobierno. “Los interesados son grandes empresas mineras que financiaron campañas electorales. Es el papel de la Policía Federal, así como hizo en la Operación Lava Jato, investigar lo que está detrás de todo eso”, dice la diputada Joenia Wapichana (REDE-RR), presidenta del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La intención es abrir grandes minas. No es pobre con batea”, alerta.

“El discurso del presidente da fuerzas a los hacendados y sufrimiento a los indígenas. Es como un decreto de exterminio. No queremos minería. La tierra es nuestra madre: nadie la da, vende o entrega. La tierra tiene dueño”, dice Wiliam Rodrigues, líder de la etnia Mura, del Amazonas, en el mismo evento. “¡Ayúdennos! Si no hay autoridad para hacer cumplir la ley, vamos a reaccionar. Basta de invasiones y amenazas”, alertó. “Si nuestra situación está así, imagine los aislados, que no saben qué es la ley”.

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De acuerdo con Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del CIMI (Consejo Indígena Misionario), en entrevista con la Agência Pública, hay una nueva “fiebre del oro” en dirección a las TIS, estimulada por el gobierno, provocando “un aumento de cerca del 40% en el número de invasiones en comparación con el mismo periodo del año pasado”.

El mayor foco de invasión está en el área de los Yanomami, en Roraima, donde el número de garimpeiros subió de cuatro a 15 mil desde que el presidente declaró que regularizaría la actividad. “Bolsonaro está creando fuerzas antagónicas dentro de la Funai con el objetivo de vaciar la estructura de protección para atender el negocio agrario y las empresas mineras”, sostiene Buzatto.

En la evaluación del CIMI, en el caso de que los otros poderes no adopten medidas urgentes, los conflictos entre indígenas y garimpeiros pueden llegar a niveles extremos. A final de agosto, en medio de la repercusión de los incendios en la Amazonia, un grupo de nueve exministros del medio ambiente apeló al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que bloquee los proyectos legislativos que abren las tierras indígenas a la minería.

 

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Remdesivir: la polémica compra de EU de casi toda la existencia mundial del prometedor fármaco contra el COVID

En una transacción con la farmacéutica Gilead Sciences, Estados Unidos compró casi toda la existencia mundial del fármaco que combate el COVID-19 para los próximos tres meses.
2 de julio, 2020
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El gobierno de Donald Trump logró un polémico acuerdo para hacerse con todo el suministro mundial de los próximos tres meses de remdesivir, uno de los medicamentos más prometedores en el tratamiento del covid-19.

El medicamento, producido por la farmacéutica Gilead Sciences, es el primero en ser aprobado por las autoridades en EE.UU. para el tratamiento de la enfermedad.

Según el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el acuerdo con Gilead garantiza 500.000 tratamientos, equivalente al 100% de la producción de julio, 90% de la producción en agosto y 90% de la producción en septiembre.

La compra sucede cuando EE.UU. registra un alarmante repunte de nuevas infecciones de coronavirus. Es el país con más casos y con más muertes y lo expertos alertan de que el control total de la pandemia está lejos.

El acuerdo ha suscitado críticas por el acaparamiento del medicamento por un solo país que, además, cuenta con la mayor capacidad económica del planeta. Y hace pensar qué podría pasar cuando se descubra la vacuna contra la pandemia.

¿Qué es remdesivir?

Paciente tratado de covid-19

Getty Images
Se estima que remdesivir acorta la recuperación de covid-19 en cuatro días.

Remdesivir es un fármaco antiviral que ha sido utilizado contra el ébola. Actúa atacando una enzima que el virus necesita para replicarse dentro de nuestras células.

Su tratamiento ha sido aprobado en pacientes con covid-19 en Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países.

Los resultados iniciales de pruebas clínicas indican que puede reducir el período de recuperación de la infección por unos cuatro días, pero todavía no hay evidencia que puede salvar más vidas.

Corea del Sur es uno de los países que ha empezado a distribuir sus existencias del medicamento para tratar pacientes con covid-19.

Según un comunicado de la agencia de control de enfermedades del país, la aplicación del tratamiento está “limitado a pacientes en estado severo de neumonía y que requieren terapia con oxígeno”.

¿Quién fabrica remdesivir?

Gilead

Getty Images
Gilead Sciences es una empresa farmacéutica estadounidense.

La empresa estadounidense Gilead Sciences produce el fármaco y tiene acuerdos con otras farmacéuticas en el sur de Asia para ampliar el suministro.

Gilead ha firmado pactos con cinco compañías de fármacos genéricos en India y Pakistán para producir dosis para 127 países.

Un tratamiento con remdesivir vale unos US$3.200 y consta de unas seis ampolletas en promedio.

La farmacéutica había donado el equivalente a 120.000 tratamientos del fármaco a Estados Unidos que empezaron a ser distribuidos el 29 de junio.

También donó cantidades de remdesivir a Corea del Sur, aunque no se sabe exactamente cuántas dosis. Según las autoridades surcoreanas, el gobierno está en negociaciones con la firma para comprar suministros en agosto.

El “increíble acuerdo” que logró Trump

Donald Trump hablando de remdesivir en abril de 2020

Getty Images
En abril, Trump declaró que los resultados clínicos de remdesivir eran “muy buena noticia”.

Este lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo para garantizar grandes suministros del fármaco remdesivir para el país hasta fines de septiembre.

El HHS declaró que el presidente Trump había logrado “un increíble acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso al primer tratamiento terapéutico de covid-19”.

Los hospitales podrán comprar el fármaco en cantidades que han sido asignadas por el HHS, que se encarga de distribuirlo a los departamentos estatales de salud según la carga de pacientes de covid-19.

El tratamiento se cobrará a los pacientes al costo, dicen las autoridades, y pagado a través de Medicare -el sistema de salud estatal para mayores de 65- o a través de seguro privado.

Una ampolleta de remdesivir

Getty Images
El tratamiento completo de remdesivir cuesta alrededor de US$3.200.

“Hasta donde sea posible, queremos asegurar que cada paciente estadounidense que necesite remdesivir pueda tenerlo”, dijo el HHS en su comunicado.

“La administración Trump está haciendo todo en su poder para aprender más sobre terapias contra covid-19 que puedan salvar vidas y asegurar el acceso a estas opciones del pueblo estadounidense”, añadió.

¿Qué reacciones ha habido?

La compra de EE.UU. de casi todo el suministro mundial de remdesivir ha generado preocupaciones de tipo ético sobre el comportamiento de gobiernos durante la crisis.

“En parte, era de esperarse”, expresó a la BBC el profesor Peter Horby, científico de la Universidad de Oxford, ya que la farmacéutica Gilead es una compañía comercial estadounidense que estaría bajo “ciertas presiones políticas locales”.

Trabajadora en un laboratorio en Egipto hace una prueba con remdesivir

Reuters
Muchos países colaboraron en las pruebas clínicas de remdesivir, dijo el profesor Horby.

No obstante señaló que el asunto “plantea dos preguntas muy importantes: ¿qué es el precio justo de un fármaco y qué es un acceso justo a un fármaco?

“Esos dos son asuntos comunes pero particularmente importantes en una crisis global como esta”, añadió.

El profesor Horby destacó que las pruebas clínicas que habían permitido que remdesivir saliera al mercado incluyeron la participación de pacientes en otros países.

Que EE.UU. ahora compre todo el suministro aborda serias consideraciones en caso de que se encuentre una vacuna contra el coronavirus.

“La empresas comerciales están hechas para comportarse así y necesitamos un marco mucho más fuerte si vamos a desarrollar estos productos y los vamos a usar para emergencias nacionales”, concluyó el académico.

Una boticaria sostiene una caja con el medicamento dexametasona

Getty Images
Reino Unido acaparó las existencias de dexametasona cuando se comprobó que beneficiaba a los pacientes graves de covid-19.

Por su parte, Nadhim Zahawi, subsecretario de Comercio en Reino Unido, manifestó que los gobiernos y las empresas deberían cooperar para garantizar el acceso a los tratamientos contra el virus.

El gobierno británico acaparó existencias de dexametasona, otro fármaco que ha probado ser efectivo en los pacientes más graves con covid-19, pero Zahawi indicó que la cooperación, en lugar de la competencia, debería ser el camino a seguir.

“El mejor resultado para todo el mundo es que trabajemos conjuntamente”, dijo el subsecretario.

“Al tratar de competir, creo que al final debilitamos todas nuestras estrategias”, afirmó.

¿Qué está pasando en EE.UU.?

Antony Fauci

Getty Images
El doctor Fauci dice que no le sorprendería ver 100.000 casos de coronavirus al día en EE.UU.

Estados Unidos se encuentra entre un grupo de países que enfrenta un auge alarmante de nuevas infecciones de coronavirus.

Los estados de Texas, Florida, Arizona y California son los más recientes epicentros del virus, aunque los líderes estatales y los funcionarios de las salud no concuerdan en la causa de los brotes.

Cuando este martes EE.UU. alcanzó un nuevo récord de infecciones diarias el principal experto en enfermedades infecciosas del país, manifestó su preocupación.

El doctor Anthony Fauci dijo que las cifras de más de 40.000 casos nuevos reportados cada día ponían a “todo el país en riesgo”.

Cuando se le preguntó cuántos casos se podrían esperar en EE.UU., dijo: “No estaría sorprendido si llegáramos a 100.000 al día”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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