close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Fotp: foto: Instituto Socioambiental

Brasil: analizan la apertura de tierras indígenas a la minería

Informaciones obtenidas por la Agência Pública con integrantes del grupo que debate la minuta del proyecto de minería, apuntan a la Funai como futura representante de “intereses indígenas” en la negociación.
Fotp: foto: Instituto Socioambiental
Por Diajanida Hernández
20 de octubre, 2019
Comparte

La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano gubernamental que “coordina y ejecuta la política indigenista” en Brasil, se está apartando de sus atribuciones legales para asumir un nuevo papel: el de mediadora en los desarrollos de minería en tierras indígenas (TIS). La información fue obtenida por la Agência Pública con uno de los integrantes del grupo técnico interministerial que discute la minuta del nuevo proyecto de minería y confirmada con dos fuentes más. El funcionario pidió no ser identificado.

La legalización de las minas y de las empresas mineras es parte de una ofensiva gubernamental y legislativa, patrocinada por la bancada ruralista en el Congreso, con la finalidad de abrir las TIS a desarrollos privados a través de un cambio constitucional, que tramitan a ritmo acelerado.

Lee: Brasil: conflictos agrarios y destrucción ambiental en la Amazonia

La propuesta original es del gobierno anterior, de Michel Temer, que prevía solo la participación de las empresas mineras. Al desengavetar el proyecto, el presidente Jair Bolsonaro puso la regulación de las minas clandestinas como prioridad.

Sin recursos y con sus cargos de dirección ocupados por la extrema derecha ligada al ruralismo, la Funai es el retrato de la fragilidad en la protección a los indígenas. Su nuevo papel en la apertura de las TIS para minería está siendo definido en las discusiones del grupo de trabajo interministerial formado por los ministerios de Minas y Energía, Justicia, Medio Ambiente, Agricultura, Planificación y Secretaría General de la Presidencia de la República.

El esbozo del proyecto será encaminado al Congreso probablemente en septiembre por la Casa Civil del Palacio del Planalto.

Lee: Bolsonaro niega en la ONU que la Amazonia sea “un patrimonio de la humanidad”

El grupo tiene 30 técnicos que se reúnen periódicamente en el Palacio de Planalto desde el inicio de julio. La Funai solo comenzó a participar en esos encuentros después de que el Congreso derogó parte de la MP 870, obligando al gobierno a retirar competencias de la estructura del Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos y devolverlas al Ministerio de Justicia, a quien la Funai está vinculada desde 1967, cuando fue creada.

Uno de los integrantes del grupo de trabajo, que pidió no divulgar su nombre, relató a la Agência Pública los puntos más importantes que deben ser parte del proyecto.

Para driblar a la legislación —basada en la convención 169 de la OIT— que obliga a consultar a las comunidades indígenas, el proyecto incluiría una brecha para que, en los casos de recusación, el gobierno pueda autorizar unilateralmente los desarrollos bajo la justificativa de intereses estratégicos nacionales. Los proyectos, uno por uno, tendrían que pasar por el tamiz del Congreso.

Las cuestiones centrales en discusión pasan por la definición de la forma de exploración económica y de captación de las regalías como compensación financiera a las comunidades indígenas. Es ahí que se inserta el papel de la Funai, que mantendría su atribución de tutora ya prevista en la ley, pero haría una mediación más intensa entre las etnias y los desarrollos, siempre según la misma fuente.

Lee: “El bolsonarismo es el neofacismo adaptado al Brasil del siglo XXI”, asegura historiador

El grupo debe sugerir la creación de un consejo para gestionar los recursos indígenas a través de un fondo y acompañar la ejecución del desarrollo, reteniendo ya en el momento de la extracción de oro o diamante, por ejemplo, un porcentaje estimado entre 3% y 4% del volumen bruto extraído.

Las comunidades crearían asociaciones que harían el enlace con el consejo, que estaría formado mayoritariamente por indígenas, dice la fuente.

Uno de los grandes desafíos apuntados en los debates es el control de las minas cuya marca es la clandestinidad, frecuentemente acompañada de crímenes ambientales y conflictos con los habitantes de los territorios que invaden, como sucede en gran escala en la Tierra Yanomami en este momento.

Se estudia extender la exigencia de licencia para todos los tipos de minería y aplicar una norma, que puede ser una especie de caución financiera, a ser usada en casos de abandono del desarrollo para corregir eventuales pasivos ambientales. El grupo estudia tasar los desarrollos también por el uso del suelo, pero sin dirigir para los indígenas los recursos recaudados.

Según el integrante del grupo, es consenso entre ellos que, en concesiones para grandes proyectos, —como en el caso del probable desarrollo de la canadiense Belo Sun, en Volta Grande do Xingu (PA), de las etnias Arara y Juruna, citado en las discusiones, (en un área ya tomada por mineros)— cabría a las empresas mineras expulsar a los garimpeiros y evitar nuevas invasiones, ya que el gobierno no tendría estructura de fiscalización para eso. Belo Sun quiere hacer en Xingu, cerca de la planta de energía Belo Monte, inversiones por el orden de 1,22 billones de reales para extraer, en 12 años, 60 toneladas de oro.

Conforme el levantamiento del Instituto Socioambiental (ISA), una fila con 4181 requerimientos de exploración mineral en tierras indígenas aguarda decisión de la Agencia Nacional Mineral (ANM), la mitad de ellas pidiendo autorización para extraer oro. Juntas, las áreas reivindicadas totalizan 28 millones de hectáreas, el equivalente al 25% de la superficie y áreas consolidadas como TI.

Empresas mineras y campañas electorales

Entidades indigenistas alertan, sin embargo, que las posiciones públicas asumidas por Bolsonaro —el presidente también declaró que no va a demarcar más tierras indígenas e incluso revisar la extensión de las TIS ya consolidadas, además de criticar a los órganos de fiscalización ambiental y a la propia Funai— están funcionando como autorización a invasores y fomentando conflictos con muerte en las regiones más desprotegidas de la Amazonia.

Segunda mayor TI de Brasil, con 8,5 millones de hectáreas, y el área de mayor concentración de pueblos desconocidos del mundo, Javari fue blanco de cuatro ataques a tiros este año contra las bases de Ituí y Curuçá, las más pretendidas por invasores.

“El gobierno de Bolsonaro siembra la idea de que el indígena es un estorbo para el desarrollo y extiende la idea de que la Funai está repartida y comprada por ONG. Es una tentativa de matar a la Funai de inanición, cortando recursos y desmontando estructuras, sobre todo las que protegen a los pueblos aislados, en clara opción por el abandono”, afirma Beto.

Incluso sin participar de las discusiones que involucran el destino de sus tierras y de sus pueblos, los indígenas siguen de cerca los movimientos del gobierno. “Los interesados son grandes empresas mineras que financiaron campañas electorales. Es el papel de la Policía Federal, así como hizo en la Operación Lava Jato, investigar lo que está detrás de todo eso”, dice la diputada Joenia Wapichana (REDE-RR), presidenta del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La intención es abrir grandes minas. No es pobre con batea”, alerta.

“El discurso del presidente da fuerzas a los hacendados y sufrimiento a los indígenas. Es como un decreto de exterminio. No queremos minería. La tierra es nuestra madre: nadie la da, vende o entrega. La tierra tiene dueño”, dice Wiliam Rodrigues, líder de la etnia Mura, del Amazonas, en el mismo evento. “¡Ayúdennos! Si no hay autoridad para hacer cumplir la ley, vamos a reaccionar. Basta de invasiones y amenazas”, alertó. “Si nuestra situación está así, imagine los aislados, que no saben qué es la ley”.

Lee: Proyecto de Bolsonaro busca prohibir que se hable de política y sexualidad en escuelas de Brasil

De acuerdo con Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del CIMI (Consejo Indígena Misionario), en entrevista con la Agência Pública, hay una nueva “fiebre del oro” en dirección a las TIS, estimulada por el gobierno, provocando “un aumento de cerca del 40% en el número de invasiones en comparación con el mismo periodo del año pasado”.

El mayor foco de invasión está en el área de los Yanomami, en Roraima, donde el número de garimpeiros subió de cuatro a 15 mil desde que el presidente declaró que regularizaría la actividad. “Bolsonaro está creando fuerzas antagónicas dentro de la Funai con el objetivo de vaciar la estructura de protección para atender el negocio agrario y las empresas mineras”, sostiene Buzatto.

En la evaluación del CIMI, en el caso de que los otros poderes no adopten medidas urgentes, los conflictos entre indígenas y garimpeiros pueden llegar a niveles extremos. A final de agosto, en medio de la repercusión de los incendios en la Amazonia, un grupo de nueve exministros del medio ambiente apeló al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que bloquee los proyectos legislativos que abren las tierras indígenas a la minería.

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

¿Son las avellanas que utiliza Nutella producto del trabajo infantil?

Ferrero, el fabricante de Nutella, adquiere un tercio de las avellanas producidas por Turquía. Pero parte de las mismas son recolectadas por niños que cargan sacos pesados a sus espaldas y cobran menos del salario mínimo de ese país.
19 de septiembre, 2019
Comparte

Alrededor del 75% de la avellanas del mundo se recogen en Turquía y el principal comprador es Ferrero, el fabricante de la popular marca de chocolate para untar Nutella.

Pero detrás de este monopolio de producción y compra-venta se esconde otra realidad: la mayoría de estos frutos se recogen por inmigrantes, incluyendo niños, que trabajan durante largas horas al día y reciben una paga muy baja.

“Cuando hablamos de avellanas, para mí significa miseria y trabajo duro”, dice Mehmet Kelekci mientras carga a su espalda 35 kilogramos de avellanas recién recogidas.

Alrededor de él, en una zona montañosa de Turquía, una familia de inmigrantes kurdos que trabaja en la recogida se acerca a los árboles de avellanas.

El padre usa un bastón de madera para sacudir las ramas sobre su cabeza y su esposa e hijos se sitúan en cuclillas para recoger los racimos y frutos desde el suelo.

Mehmet Kelekci

BBC
Mehmet Kelekci carga un saco de 35 kilogramos a su espalda.

Es un trabajo agobiante, durante 10 horas al día, en pendientes tan inclinadas que se pierde el equilibrio con facilidad.

Dos recolectores, Mustafa y Mohammed, trabajan de forma ilegal. Tienen 12 y 10 años cada uno, cuando la edad mínima para trabajar en Turquía son 13 años para tiempo parcial y 15 para tiempo completo.

Esta es una escena típica del mes de agosto, el momento en que se trae la cosecha en la costa turca del Mar Negro, donde se originan tres cuartas partes del suministro mundial de avellanas.

Niños.

BBC
Algunos niños recogen cargas pesadas de avellanas.

La mayoría de recolectores son inmigrantes estacionales que vienen de las zonas pobres del sur y el este de Turquía. La mayor parte de ellos son kurdos.

El salario oficial ajustado por las autoridades locales para realizar este trabajo es de 95 liras (US$16) al día. Calculando este salario por número de horas trabajadas, es menos que la remuneración mínima en Turquía de 2.020 liras (US$353) al mes trabajando entre 40 y 45 horas por semana.

Pero esta familia recibe incluso menos.

Cómo máximo, 65 liras (US$11) al día, de los cuales seguramente se queden con solo 50 (US$8) después de pagar un 10% de comisión al contratista que les trae y aún después deben pagar la tarifa de desplazamiento y los gastos de manutención mientras están fuera de casa.

“Hacen que los niños trabajen como máquinas. Piensan: ¿cuántos niños, cuántos beneficios?“, explica Kazim Yaman, dueño de una de las huertas de la zona, en contra de la explotación infantil.

Pero la mayoría de granjeros lo aceptan, y a Yaman no le queda más opción que pagar a los niños por trabajar debido a que los propios padres insisten que así sea.

“Intento no hacerles trabajar, pero entonces dicen que se van. Los padres quieren que sus hijos trabajen y se les pague. Es una cadena que debe romperse“, afirma Yaman.

Kazim Yaman, hazelnut farmer

BBC
Kazim Yaman opina que “la cadena debe romperse”.

¿Pero cómo romper la cadena?

Los eslabones

Turquía posee alrededor de 400.00 huertas de avellanas cuyos dueños son familias. La mayoría, como la de Yaman, comprenden unas pocas hectáreas. Muchos granjeros, como él, desconocen el destino final de la cosecha.

Al final de la compleja cadena de suministros se encuentra la firma italiana Ferrero, quien fabrica otras marcas mundialmente conocidas como los bombones Ferrero Rocher, la pasta de cacao para untar Nutella y los chocolates Kinder.

Solo Ferrero adquiere un tercio de toda la cosecha turca. Y lo necesita: la producción anual de Nutella pesa tanto como el Empire State de Nueva York, cerca de 365.000 toneladas.

En su sitio web, Ferrero publicita que conocer de dónde vienen sus productos es “esencial para asegurar estándares de calidad tanto en la producción como en sus productos”.

La compañía se ha puesto como objetivo conocer al 100% la procedencia de sus avellanas para el año 2020. Sin embargo, de acuerdo a su último informe, el objetivo apenas llega al 39%.

Enginay Akcay es uno de los miles de comerciantes independientes de avellanas que en Turquía se conocen como manavs.

Los granjeros le traen lo producido en sacos, y él les paga de acuerdo a la calidad antes de venderlo a intermediarios o directamente a exportadores como Ferrero.

Enginay Akcay

BBC
Enginay Akcay valora la calidad y de acuerdo a la misma paga a los granjeros.

Pero Akcay asegura que Ferrero no le pregunta de qué granjeros viene la cosecha o en qué condiciones trabajan los recolectores.

“El trabajo infantil no tiene nada que ver con nosotros. El control y la supervisión pertenecen al Estado y las fuerzas de seguridad“, dice.

El siguiente eslabón de la cadena son intermediarios como Osman Cakmak. quien compra el producto a comerciantes para luego revenderlo a Ferrero, otros exportadores y fabricantes.

Cakmak también afirma que Ferrero no le pregunta por la procedencia y las condiciones de la recolección.

“Yo compro y vendo. En ese momento, es imposible monitorizar tantas toneladas de avellanas”, dice Cakmak, y añade: “si Ferrero no tiene sus propios proyectos en la granja, no se puede sabe de qué productor vienen“.

Avellanas.

BBC
Tres cuartas partes del suministro mundial de avellanas se producen en Turquía.

El Programa de Valores Agrícolas lanzado por Ferrero en Turquía en 2012 ofrece entrenamiento gratuito para que cultivadores de avellanas realicen su trabajo en la forma más eficiente posible y así aumenten sus ingresos. Luego, tienen libertad absoluta para vender sus frutos a quien quieran.

En una de las granjas modelo desarrolladas por Ferrero, el agrónomo Gokhan Arikoglu muestra cómo, con la correcta irrigación y control de plagas, un árbol de avellanas puede producir racimos de hasta 21 frutos.

En las granjas tradicionales, lo típico son racimos de unas cuatro avellanas.

Gokhan Arikoglu

BBC
Gokhan Arikoglu con un racimo de 10 avellanas, tras aplicar las técnicas modelo de Ferrero.

En colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro y otras agencias, Ferrero también capacita a productores, trabajadores agrícolas, contratistas laborales, comerciantes, intermediarios y otros miembros de la comunidad, como los jefes de las aldeas, para que sean conscientes de cómo el sector puede ser más sostenible.

Esto incluye la capacitación sobre los derechos de los trabajadores, en particular sobre cómo evitar el trabajo infantil. La compañía se esfuerza por involucrar a las mujeres, incluidas las agricultoras, en sus programas de enseñanza.

Ferrero dice que el programa hasta ahora ha llegado a más de 42.000 agricultores, aproximadamente la décima parte de los cerca de 400.000 que hay en Turquía.

Entonces, ¿cómo se asegura Ferrero de que sus avellanas no son recogidas por niños?

Nutella contents list

Getty Images
Nutella is 13% hazelnuts – it also includes sugar, palm oil and cocoa

Bamsi Akin, gerente general de Ferrero en Turquía, afirmó en una entrevista que si “determinaban que uno de sus productos es obtenido con prácticas poco éticas, no lo tocarían”.

Sin embargo, sobre si estaba seguro que el sistema era completamente limpio, dijo que “nadie puede asegurarlo”.

También se le preguntó acerca de que su compañía no preguntaba a los negociantes por la procedencia de las avellanas.

No preguntamos, pero tenemos las herramientas para supervisar desde una perspectiva distinta. Antes de que la temporada comience, hemos hablado con los comerciantes y demostrado nuestros requerimientos de prácticas sociales”.

A la pregunta sobre si los estándares de procedencia de los que Ferrero presumen en su sitio web son sinceros, Akin respondió: “Ferrero siempre es honesto en el lado del consumidor”.

Mehmet Kelekci

BBC
“Esta cadena no se rompe con el esfuerzo de una o dos personas”.

En la vereda de su huerta del Mar Negro, el granjero Kazim Yamam observa como Mustafa, de 12 años, vacía otro pesado saco de avellanas.

“El otro día, vi cómo su padre ponía un saco pesado sobre los hombros del chico. Le pregunté: ¿qué haces?, y me respondió: deja que lo haga”, lamenta Yamam.

Choza

BBC
Una familia de kurdos pasará el próximo mes en una choza de madera sin electricidad.

Ferrero invitó a Yaman para que participase en su Proyecto de Valores Agrícolas, pero declinó la invitación. Como muchos otros granjeros, pertenece a otra generación-tiene 60 años-y desconfía del cambio.

“Esta cadena no se rompe con el esfuerzo de una o dos personas, pero quizás dentro de un tiempo sí que se pueda”.

Mientras tanto, otra familia de kurdos se desplaza a una minúscula choza de madera sin electricidad que será la casa de seis personas durante el próximo mes.

A la pregunta sobre si come chocolate con avellanas, la madre de la familia responde: “personalmente no me gusta”, sonríe, “el sufrimiento y la miseria que tengo con este producto... no quiero ni verlo”.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=hBN2H-E3KAc

https://www.youtube.com/watch?v=UtuieuqZq7M&t=27s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.