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CNDH no puede investigar muerte de una niña en hospital de Guanajuato porque robaron su expediente

La CNDH acusó “responsabilidad institucional” en el extravío, por lo que pide investigar la cadena de mando de todo el personal que tuvo a cargo el resguardo del expediente, con el fin de encontrar a las personas responsables y sancionarlas.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo públicas dos recomendaciones dirigidas al director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Zoé Robledo, por el fallecimiento de dos pacientes en hospitales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Celaya, Guanajuato. La institución considera que se violaron los derechos humanos “a la protección de la salud, a la vida y a la inadecuada integración del expediente clínico, así como al acceso a la información en materia de salud y a la verdad”. 

Leer más: CNDH emite recomendaciones para el IMSS por la muerte de dos pacientes relacionadas con atención inadecuada

En la recomendación 65/2019, la Comisión se dice incapaz de establecer la razón de la muerte de una niña de 9 años porque su historial clínico y su certificado de defunción fueron robados. Mientras que en el expediente 64/2019, señala directamente a un doctor como posible responsable.

Animal Político quiso conocer la versión del IMSS pero al cierre de la nota no había emitido una respuesta. 

El caso de la menor de edad lo conoció la CNDH el 21 de diciembre de 2018, procedente de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Al ser una queja contra un servidor federal, el expediente pasa directamente a la entidad federativa. El informe relata las continuadas visitas al médico de una madre con su hija de nueve años. Apenas un mes después de la primera visita, la niña fallece. La madre tendrá tiempo de escucharle gritando “mamá, mamá” al otro lado de la puerta antes del deceso.

El expediente médico de la niña fue robado, por lo que observa las vulneraciones al derecho a la protección de la salud, al derecho de acceso a la información en materia de salud y al derecho a la verdad.

Según recoge el informe, el 9 de diciembre de 2017 se presentó en el Hospital de Celaya, en Guanajuato, una mujer con su hija, de 9 años de edad y que padecía diabetes mellitus desde su nacimiento. Al presentar fuerte dolor abdominal le recetaron con “Sulindaco”, un antiinflamatorio. En una segunda visita del 17 de enero recibe “Diclofenaco”. 

“Al no disminuir el dolor, una semana después acudió al área de urgencias del Hospital General de Zona número 4 (HGZ-4), en esa ciudad, donde solicitó la realización de un ultrasonido que le fue negado, en tanto que un médico le diagnosticó ‘quiste ovárico’ y recetó ‘brupracil’, la envió a su domicilio indicándole que su situación no era de gravedad y debía acudir con su médico familiar”, relata el informe. 

Al día siguiente es hospitalizada. Se le toma una radiografía de abdomen y una doctora revisa los resultados, concluyendo que todo es correcto a pesar de los dolores que refiere la niña. Ese mismo día, a las 16:00 horas, la niña es intervenida de apendicitis.

Entérate: ¿Qué opina la gente de los servicios del IMSS? Más del 60% dice que el abasto de medicamentos es “muy malo”

A partir de entonces todo se desencadena. 

“En la madrugada de ese día, estaba sentada y respiraba con dificultad, por lo que su madre encontró a una enfermera quien aplicó a la paciente una inyección que le ocasionó una reacción porque dejó de hablar y le dificultó más la respiración. El jefe de cirugía del hospital, le dijo a la quejosa que su hija estaba muy grave y presentaba índices altos de “azúcar en sangre”, por lo que le aplicarían “10” de insulina rápida y le darían “reanimación”. 

A las 10:30 horas le informaron que perdió la vida. 

El informe señala que la madre aseguró que “uno de sus hijos observó que las sábanas que le quitaron a la cama en donde se encontraba su hermana estaban empapadas de sangre, situación a la que no encontró explicación, pues según indicó, las heridas ocasionadas por la cirugía realizada el 25 de enero de 2018 por la apendicitis que presentó, ya se encontraban cerradas”.

Ante estos hechos, la CNDH abrió una investigación. Sin embargo no pudo determinar la responsabilidad de los sanitarios porque el director del hospital le notificó que el expediente de la víctima había sido extraviado, junto con el certificado de defunción. 

“Debido a la pérdida de las documentales contenidas en el expediente clínico integrado con motivo de la atención otorgada a la víctima, se carece de elementos suficientes para determinar si el procedimiento quirúrgico fue desarrollado de manera adecuada al padecimiento que presentó. De igual manera, la propia ausencia de evidencia clínica no hace posible determinar si (…) la atención fue la adecuada ante las revisiones post operatorias realizadas y tampoco hace posible conocer si el tratamiento y suministro de medicamentos otorgados después de la cirugía realizada fueron los correctos y si estos tuvieron como consecuencia el fallecimiento”.

“La familia de la víctima no podrá acceder a un procedimiento de justicia que les ampare contra los actos que vulneraron los derechos fundamentales en su agravio ante el extravío de las pruebas documentales principales en las que se basaría la investigación del caso (expediente clínico y certificado de defunción), mismas que permitirían conocer la veracidad de lo ocurrido durante toda la atención médica que otorgada y la causa de muerte”, dice el informe.

La CNDH observa “responsabilidad institucional” en el extravío, por lo que dice que “se deberá investigar la cadena de mando de todo el personal que tuvo a cargo el resguardo del expediente, con el fin de encontrar a las personas responsables del extravío y aplicar las sanciones respectivas”.

Como recomendaciones, la CNDH pide que se indemnice y se repare a los familiares de la víctima. Además, exhorta a la realización de cursos de capacitación sobre el manejo del expediente clínico. Los sanitarios deberán, en el plazo de dos meses, “entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que les permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”. En un plazo de seis meses, poner en marcha un sistema que digitalice los expedientes e impida que produzcan extravíos. Por último, insta a las autoridades a colaborar con las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República. 

El primer caso tuvo lugar el 3 de octubre de 2017 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque la queja se interpuso el 21 de septiembre de 2018. Según el relato de la madre de la víctima, su hijo, un joven de 26 años, había sufrido una caída de un metro de altura trabajando y se quejaba de dolores en la columna, la espalda y los pies. Según se recoge en el informe de la CNDH, “un médico le aplicó dos inyecciones sin informar qué medicamento suministró”.

A las 3:00 horas del día siguiente, en su domicilio, la mujer encontró a su hijo en el piso de su habitación, gritando por los dolores y sin poder caminar. Fue trasladado al hospital general de zona 11, donde ingresó en urgencias. Nadie lo revisó ni tomó sus datos. Para entonces, el joven refería no sentir las manos. Su madre se lo transmitió a dos doctores, que no le atendieron. 

Ante el empeoramiento de la situación, el joven llamó a su padre, a quien llegó a pedirle “la bendición”. Minutos después, los padres verán cómo un médico presiona el pecho del enfermo y le da, sin éxito, los primeros auxilios. 

A las 7:00 son informados de que su hijo falleció a causa de un infarto. 

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El informe de la CNHD detalla una atención negligente, tanto por parte del médico que le atiende el 3 de octubre como el que se encuentra en urgencias. El paciente dijo que no sentía las manos, vomitó en dos ocasiones y aseguró que se ahogaba. Ni siquiera le fue realizado un electrocardiograma. 

Entre las irregularidades detectadas por la CNDH está la ausencia de valoración cuando la ambulancia le va a recoger a su domicilio. Debido a su estado, “debió ser atendido en los primeros 30 a 60 minutos”, dice la recomendación. 

El 4 de octubre, poco antes de fallecer, el paciente presentaba “signos graves de hipertensión, taquicardia, ansiedad, angustia y alteraciones neuro-musculares, que no fueron estudiados y tratados de forma adecuada y oportuna”, dice la CNDH.

“Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional cuenta con elementos para determinar que existe una vulneración al derecho de la protección a la salud de la víctima, por la inadecuada atención médica proporcionada” por el doctor. “No le aseguró las mejores condiciones de atención, cuidado y tratamiento, lo cual vulneró su derecho humano a la salud y que posteriormente derivó en la pérdida de la vida”, dice el documento, que también señala al doctor que le atendió en primera instancia por una “inadecuada valoración, diagnóstico y tratamiento que otorgó al paciente el 3 de octubre de 2017”.

“Esta Comisión determinó que su fallecimiento fue consecuencia de una inadecuada atención médica, debido a omisiones en el interrogatorio, valoración, diagnóstico, monitoreo de signos vitales, incluida la presión arterial al haberle suministrado un medicamento que disminuye la presión arterial de manera súbita en lugar de uno que lo hiciera de manera paulatina. El joven falleció debido a que presentaba potasio bajo en la sangre y no se suministró su reposición, lo que provocó el infarto”, dice la CNDH. 

Ante las negligencias, la institución presentará una queja ante el Órgano Interno de Control en el IMSS contra los dos doctores, “con motivo de las irregularidades en que incurrieron en la atención médica y por la ausencia de formalidad en las notas médicas del 4 de octubre de 2017”. En el caso del segundo médico, el organismo formalizará una denuncia ante el ministerio público. 

Al margen de las acciones que pudieran verse derivadas de un proceso penal, la CNDH insta al director general del IMSS a que los familiares de la víctima, en este caso los padres, reciban atención psicológica y tanatológica, así como a garantizar una indemnización, que no estipula. Además, señala que en los próximos tres meses se deberán poner en marcha cursos para los trabajadores del hospital “sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos, que considere los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad relacionados con el derecho a la protección a la salud”. 

Además, en el plazo de un mes se deberá instruir a los sanitarios para que integren adecuadamente los expedientes. 

Por último, solicita garantías de colaboración en las carpetas de investigación administrativa y penal que se abran debido al caso. 

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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