José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, miembros del concejo indígena y activista de Nahuatzen, en Michoacán, seguirán en prisión. El juez de enjuiciamiento penal de Uruapan, Víctor Hugo Ortiz Margarito, emitió un fallo condenatorio por delito de sabotaje.
Al mismo tiempo, los absuelve de robo calificado y robo de vehículo. La sentencia definitiva se conocerá la semana próxima, pero partidarios del Concejo Ciudadano Indígena prevén movilizaciones. Mientras, los activistas seguirán en prisión preventiva en el penal de Uruapán, donde están encerrados desde noviembre del año pasado.
Según León Pérez Manzanera, de Serapaz, organización que acompaña a los comunitarios, el juez los condena bajo el argumento de que impiden la labor del Ayuntamiento.
Arreola y Jiménez son integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, mientras que Talavera apoyaba a la organización rentando la vivienda en la que mantenían sus reuniones. Los tres fueron arrestados por unos sucesos ocurridos el 1 de noviembre de 2018, cuando se produjeron enfrentamientos en Nahuatzen a causa del desalojo del Ayuntamiento.
Nahuatzen, con más de 27 mil habitantes según el censo de 2010, se declaró municipio autónomo en 2015. En realidad, cuatro de las diez comunidades que lo componen, entre ellas la capital municipal, del mismo nombre, se rigen desde entonces bajo usos y costumbres.
Los vecinos argumentaban un incremento de la presencia del crimen organizado vinculado a las autoridades políticas, por lo que decidieron constituir sus propias instituciones.
El 23 de junio de 2019 el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió la causa 021/2019 y dio la razón a los partidarios de que Nahuatzen se rija a través del Consejo Ciudadano Indígena.
Ahora, sin embargo, un juez condena a dos líderes del movimiento y un simpatizante por obstruir la labor municipal.
Antes de conocer la sentencia, Alejandro Chávez, abogado de los acusados, vinculó el proceso a una disputa por los recursos económicos. Aseguró que la causa busca desactivar el concejo indígena para evitar que le lleguen los fondos para la gestión, tal y como ocurre desde 2017. A su vez, censuró al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que considera un intento de atacar al concejo indígena para quedarse con los recursos del Ayuntamiento.
