"No más impunidad": ONG exigen a autoridades que transfeminicidios sean debidamente investigados
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"No más impunidad": ONG exigen a autoridades que transfeminicidios sean debidamente investigados

Itzayana fue hallada muerta en el departamento de su novio luego de que vecinos escucharon una pelea entre ambos; a pesar de ello, él se encuentra libre.
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1 de octubre, 2019
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La noche del pasado 22 de septiembre Itzayana López Hernández, mujer trans de 21 años originaria de Chiapas, fue hallada sin vida en la Ciudad de México dentro del departamento de su novio, quien a pesar de ser el presunto responsable de los hechos se encuentra libre.  

De acuerdo con Kenya Cuevas, presidenta de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, los vecinos relataron que aquel día luego de que Itazayana llegó a la casa de su novio, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, ambos iniciaron una discusión que se volvió cada vez más violenta hasta que ella empezó a pedir auxilio, por lo que llamaron al 911. 

Los policías capitalinos que atendieron la emergencia entraron al departamento y encontraron el cuerpo de Itzayana en el piso; su novio estaba a un lado pidiendo perdón. 

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Después de realizar los peritajes correspondientes, la Procuraduría General de Justicia capitalina determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. 

Al momento del hallazgo, el novio de Itzayana fue detenido por las autoridades capitalinas, sin embargo 48 horas después, y a pesar de los testimonios de los vecinos, fue liberado debido a que el Ministerio Público determinó que no había pruebas contundentes sobre su culpabilidad en el asesinato.

Ante esto, Kenya Cuevas pide que se repita la investigación con una perspectiva de género pues de tomarse en cuenta todas las pruebas y testimonios existentes, el novio de Itzayana no hubiera quedado en libertad.

En conferencia de prensa, la presidenta de Casa de las Muñecas, asegura que este tipo de irregularidades durante la investigación son una constante en los crímenes de odio contra las mujeres trans. 

“Hacemos publica la petición para un segundo peritaje con perspectiva de género, en el que se tomen en cuenta las declaraciones de los testigos (…) Itzayana incluso había hablado con su familia de los problemas con su pareja y les contó que buscaría dejar ese departamento, y eso no fue tomado en cuenta (…) ya basta de tanta impunidad, exigimos justicia”, comentó Cuevas. 

Kenya señaló que esperan que no se repita la misma situación de hace tres años, en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, cuyo asesino quedó en libertad a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México recibieron una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX por la negligencia de policías, peritos y personal del Ministerio Público durante la investigación.

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“Cada vez que detenemos a un homicida lo dejan en libertad, ahora se está repitiendo la impunidad”, agregó Kenya. 

En tanto, Alejandro Brito, director de la organización Letra S, señaló que de acuerdo con un registro de crímenes de odio elaborado por ellos, de 2013 a 2018 suman 473 víctimas de homicidios contras personas LGBTTTI a nivel nacional, con un aumento de casos del 30% en 2017 y 2018.

“La población más afectada son las mujeres trans, de las cuales fueron asesinadas 261, un 55% del total (…) Estas son cifras que recolectamos en medios, pero aún así no es el reflejo de lo que pasa en la realidad porque no todos los asesinatos de mujeres trans se publican”, refirió. 

Brito acotó que la mayoría de estos homicidios se ejercen con extrema violencia y que las víctimas más frecuentes “son las trabajadoras sexuales y las que laboran en estéticas”.

Al reiterar la petición de un segundo peritaje, Kenya Cuevas dijo que lo único que solicitan es una investigación clara y si después de esta se resuelve que se trató de un suicidio, ellas lo aceptarán pero en caso contrario no descansarán hasta que se detenga al responsable.

“Las mujeres estamos en la búsqueda de procesos transparentes, no estamos en una cacería de brujas queremos justicia, no es posible que después de haber una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos se sigan cometiendo estas irregularidades (…) me siento cansada y triste pero no dejaré de luchar y exigir que se respeten nuestros derechos”, finalizó.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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