Médicos en Nuevo León podrán negar servicios de salud por supuestos principios morales
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Médicos en Nuevo León podrán negar servicios de salud por supuestos principios morales

El Congreso de Nuevo León aprobó hace unos días la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería, grupos vulnerables podrías ser los más afectados.
Cuartoscuro
22 de octubre, 2019
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Hace unos días, a propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud, en lo relacionado a la objeción de conciencia, para que personal médico y de enfermería puedan negarse a una atención con base a sus principios éticos y morales. 

La objeción de conciencia es una acción que, de ser aplicada, puede afectar a diversos grupos como los migrantes, la comunidad LGBTTTI, las personas indígenas, pacientes con VIH y las mujeres que solicitan un aborto, a quienes se les podría negar la atención médica. 

Sin embargo, el dictamen fue aprobado por el Congreso de Nuevo León con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención, con lo que la fracción IV del artículo 48 de la Ley Estatal de Salud queda de la siguiente manera:

“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación de servicios que establece esta ley”. 

La objeción de conciencia, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es una extensión del derecho humano a la libertad de conciencia. 

En temas médicos, se trata de un derecho del personal médico y de enfermería en su obligación de prestar servicios de salud “cuando determinados procedimientos se consideren contrarias a sus creencias personales, por motivos éticos, morales o religiosos”. 

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) plantea que no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia; sin embargo, “dicha regulación debe de ser dentro del estricto respeto al marco constitucional (…) de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales”.

La aprobación del dictamen en Nuevo León ha traído cuestionamientos y expresiones de preocupación por parte de organizaciones y activistas que trabajan con este tipo de grupos, las cuales califican la medida como un acto de discriminación y advierten que se podrían violar los derechos humanos de las personas.

 

Sin embargo la objeción de conciencia no es un tema exclusivo ahora del estado de Nuevo León pues es un derecho establecido en la Ley General de Salud y ya se aplica en otras entidades como la Ciudad de México, desde 2018, Jalisco y Yucatán, donde la reforma fue aprobada a inicios de octubre.

En ambos casos se estipula que el personal médico puede hacer efectiva la objeción de conciencia siempre y cuando no se trate de una urgencia médica o no esté en riesgo la vida del paciente.

Derechos Humanos advierte riesgos por objeción de conciencia

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) expresó su preocupación acerca de la reforma que prevé la objeción de conciencia del personal de salud, pues dijo, podría impedir el acceso a derechos de todas las personas.

En un comunicado, la CEDHNL indicó que los cambios aprobados por el Congreso de Nuevo León no prevé la obligación de las instituciones de salud pública de contar con personal objetor y no objetor de conciencia para minimizar la posibilidad de que las personas que requieran los servicios.

De acuerdo con la Comisión, el personal de salud podrá excusarse de la prestación de servicios que establece la Ley Estatal de Salud, excepto en dos casos: cuando se ponga en riesgo la vida del paciente y cuando se trate de una urgencia médica.

El organismo autónomo informó que dará seguimiento puntual al tema, pues, “al existir una colisión de derechos, considera que debió realizarse una ponderación de los mismos, para no hacer negatorio alguno de los dos y mantener el equilibrio constitucional entre ambos”.

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) alertó sobre la posibilidad de que la reforma al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud de Nuevo León se convierta “en un impedimento para que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos”.

En un comunicado, Conapred explicó que “la objeción de conciencia no debe conducir, de ninguna manera, a que el estado de Nuevo León deje de prestar servicios médicos a la ciudadanía, sobre todo si dicha objeción pudiera estar motivada por alguno de los supuesto que señala la ley como discriminatorios”.

Por ello, pidió a las autoridades del estado que recuerden su responsabilidad de que existan prestadores de servicios suficientes para realizar los procedimientos médicos a los que las personas tienen derecho.

Gobierno amaga con frenar reforma

Tras conocer la aprobación del dictamen, el secretario de gobierno de Nuevo León, Manuel González, dio a conocer que el Ejecutivo del estado “vetará” la reforma de objeción de conciencia ya que la consideran discriminatoria.

González señaló que el estado de Nuevo León se opone “a una discriminación marcada en la ley” y que los médicos deben atender a todos los ciudadanos, sea cual sea el caso.

Con información de Notimex y El Norte (suscripción necesaria).

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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