A un año de iniciado el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador hay más palabras que acciones para proteger los derechos humanos en el país. Así lo demuestra la estrategia militarizada para atender la seguridad pública y la migración, lo que podría generar una mayor vulneración de derechos.
Pero también lo prueban los meros actos simbólicos o anuncios en los que han quedado la atención de las agresiones y muertes contra personas defensoras de derechos humanos, la crisis de desapariciones o los feminicidios.
A esas conclusiones llega el informe de Amnistía Internacional, México: cuando las palabras no bastan. Situación de los derechos humanos a un año de gobierno. Este documento se centra en cuatro áreas: las estrategias de seguridad y su impacto en los derechos humanos, las condiciones para garantizar un espacio seguro y propicio para la sociedad civil, la violencia basada en el género en contra de mujeres y niñas, y la situación de personas migrantes y solicitantes de asilo.
Sobre el ámbito de la seguridad, Amnistía Internacional recuerda en su documento que de acuerdo al derecho internacional, el orden público interno y la seguridad ciudadana de un país deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles. La participación de fuerzas armadas debe permitirse sólo en las más graves circunstancias y limitarse al máximo.
En México no se cumple esto: 79.22% de los elementos desplegados de la Guardia Nacional provienen de las fuerzas armadas y solamente 20.78% de la Policía Federal. Pese a que en la reforma para crearla se estipuló que sería de carácter civil.
A los elementos de las fuerzas armadas se les ha transferido a la guardia sólo mediante oficios administrativos, sin que se haya roto su dependencia y adscripción original.
Además, el gobierno nombró comandante de la Guardia Nacional a Luis Rodríguez Bucio, que entonces era un General de Brigada del Ejército Mexicano. Aunque las autoridades indicaron que estaba en proceso de retiro del Ejército, las normas legales del mismo prevén que los militares en retiro siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares.
Esta Guardia tiene facultades de investigación de delitos, cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que las fuerzas armadas no deben asumir esas labores, señala Amnistía Internacional en su informe.
Casi a la par de la reforma que creó la Guardia Nacional se emitió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pero –alerta el informe de Amnistia– esta no establece con claridad que su uso debe ser siempre la última alternativa para hacer cumplir la ley.
Tampoco está delimitado el uso de la fuerza letal y no contempla la protección de terceras personas. Además permite muchas armas y no dice cómo y cuándo usarlas, es el caso de dispositivos para descargas eléctricas.
Tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias
Las autoridades insisten en que la tortura no es un problema generalizado en el país, en clara contradicción con los hallazgos de organizaciones de la sociedad civil y de diversos expertos en la materia, incluyendo el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La obligación de crear un programa nacional de prevención y sanción contra esto no se ha cumplido, aunque existe la obligación legal de tenerlo a partir de La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en junio de 2017
En cuanto a desapariciones, en México se desconoce el paradero de alrededor de 40 mil personas. El caso más emblemático de desapariciones sin resolver es de los 43 normalistas de Ayotzinapa que sigue estancado.
Durante su primer año, señala Amnistía Internacional, el gobierno se centró en una estrategia para hacer frente a las carencias institucionales para gestionar e identificar miles de restos humanos. Aunque el plan va avanzando poco a poco, no hay aún resultados. Lo positivo es que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, y se le asignaron más recursos.
Las detenciones arbitrarias son otro problema que podría agravarse en lugar de combatirse. Una reforma constitucional de abril de 2019 amplió la lista de delitos a los que se aplica prisión preventiva oficiosa.
Bajo esta norma, las personas acusadas de alguno de esos delitos enfrentarán su juicio en prisión sin que una autoridad judicial pueda valorar la necesidad de esa medida. Amnistía Internacional, dice el informe, considera que esta privación de la libertad es arbitraria.
El avance en el tema es que el Congreso aprobó, en mayo, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, pero no se ha implementado bien y le falta incluir en su regulación la obligación de registrar a todas las personas detenidas en todos los lugares, como en los hospitales psiquiátricos y las estaciones migratorias.
El espacio social
Durante años se han usado detenciones arbitrarias masivas y acusaciones penales no sustentadas para acallar a las personas que se oponen a alguna política gubernamental. Pese a que el gobierno ha prometido el fin de este tipo de hostigamiento, durante los últimos meses se han aprobado dos leyes que limitan la posibilidad de ejercicio de los derechos humanos al desproteger o criminalizar la protesta social.
La primera es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que prescribe que esta no se usará contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”, lo que abre la posibilidad a que la policía pueda determinar si el propósito de una asamblea es legítimo y, sobre esa base decidir si utiliza o no la fuerza.
La segunda es la del estado de Tabasco, donde en julio se aprobó una reforma a su código penal que aumentó las penas y modificó las definiciones de varios delitos, entre ellos los delitos de “impedimento de ejecución de trabajos u obras” (artículo 196Bis) y el de “oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas” (artículo 299).
Personas defensoras de derechos humanos y periodistas
El 17 de enero de 2019, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, dos activistas de los derechos humanos y miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) fueron privados ilegalmente de su libertad por personas armadas no identificadas que atacaron una manifestación pacífica en Amatán, en el estado de Chiapas, después de unas elecciones cuestionadas.
Al día siguiente sus cadáveres aparecieron en un vertedero local. En reacción a este ataque, el gobierno federal tomó algunas medidas como enviar fuerzas de seguridad a la zona, pero no se han aclarado los hechos ni sancionado a los responsables.
Durante el primer año de este nuevo gobierno, advierte Amnistía Internacional, no se ha logrado disminuir la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas. En octubre, el gobierno reportó que, durante la actual administración, 23 personas defensoras de derechos humanos y 15 periodistas o trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados.
Varias de las personas asesinadas habían alertado a las autoridades sobre su situación de riesgo y tres de ellas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En este contexto, preocupa que el presidente López Obrador haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas.
Pese a eso, Amnistía Internacional ha verificado una mayor disposición de las autoridades federales para reaccionar a eventos de ataques a personas defensoras de derechos humanos, movilizando recursos y personal en breve tiempo. Pero es necesario que estas respuestas se institucionalicen y funcionen en todos los casos; además de que se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención de ataques y amenazas.
Violencia contra las mujeres
En México persisten patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.
Las autoridades mantuvieron activos 20 protocolos conocidos como “Alertas de violencia de género contra las mujeres” en 18 estados. Sin embargo, las alertas carecen de una metodología clara que permita diseñarlas con base en las necesidades de cada localidad y dar seguimiento a su implementación, así como una evaluación de su impacto.
En Jalisco, por ejemplo, está el caso de Alondra, víctima de feminicidio presuntamente por parte de su expareja. Alondra había denunciado, un mes antes, a las autoridades que él había amenazado con matarla. Se emitió una orden de protección, pero las autoridades nunca notificaron a la policía ni a la persona señalada como el agresor, así que esa orden en realidad no se implementó.
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Además, las autoridades mexicanas no producen aún estadísticas confiables sobre el feminicidio y sobre otras formas de violencia de género; aun así, entre enero y septiembre de 2019, las fiscalías habían registrado 748 víctimas de feminicidio. El año anterior, según datos oficiales, al menos 3,548 mujeres habrían sufrido muertes violentas, que incluyen tanto homicidios como feminicidios.
Otra forma de violencia basada en el género es la prohibición del aborto y la criminalización de su práctica. En septiembre, el gobierno del presidente López Obrador presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado. Esta medida, de ser adoptada, tendría la desventaja de que aplica solamente a casos juzgados ante tribunales federales y la mayoría están ante tribunales de los estados.
Personas migrantes
A pesar de que el nuevo gobierno empezó su administración anunciando un enfoque de derechos humanos en las políticas de atención para personas migrantes y solicitantes de asilo, las medidas humanitarias cambiaron por otras de restricción y endurecimiento de la gestión migratoria.
En enero y febrero, el gobierno mexicano emitió 14 mil 174 visas humanitarias. A los pocos meses ese número descendió en forma abrupta. Después llegó a un acuerdo con el gobierno de EU sobre varias medidas como el despliegue de seis mil elementos de la guardia nacional en la frontera sur.
Para septiembre, las autoridades habían detenido a 158 mil 200 migrantes, incluyendo 46 niñas, niños y adolescentes. Por lo menos tres personas, incluyendo una niña de 10 años, murieron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM).
En total 102,705 personas fueron deportadas a sus países de origen. El 98% de los deportados procedían de América Central, más de la mitad de ellos de Honduras. De estas personas deportadas, mil 808 fueron niñas y niños no acompañados.
México recibió más de 50 mil personas solicitantes de asilo retomadas por los Estados Unidos. Se había asegurado que recibirían visados humanitarios de seis meses mientras esperaban aquí su proceso de asilo, pero se han entregado muy pocas.
Como conclusión, Amnistía Internacional señala que México ha mostrado interés en avanzar en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos en algunas áreas clave, pero problemas en el diseño e implementación de políticas públicas, incluyendo en la asignación de recursos, podrían mermar su capacidad de lograr cambios reales.
Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con López Obrador para presentarle los resultados” y esperamos que no pase a la lista de mandatarios de la región que no nos reciben para mostrarle la evidencia de violaciones a derechos humanos”, dice Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
