Gobierno de AMLO aún es más discurso que hechos al proteger derechos humanos: Amnistía Internacional
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Gobierno de AMLO aún es más discurso que hechos al proteger derechos humanos: Amnistía Internacional

La estrategia de seguridad aún es militarizada y aunque parece que hay buena intención para atender los problemas de desaparición, agresiones a personas defensoras de derechos humanos y violencia de género, todavía no se pasa de las palabras a los hechos.
Cuartoscuro
27 de noviembre, 2019
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A un año de iniciado el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador hay más palabras que acciones para proteger los derechos humanos en el país. Así lo demuestra la estrategia militarizada para atender la seguridad pública y la migración, lo que podría generar una mayor vulneración de derechos.

Pero también lo prueban los meros actos simbólicos o anuncios en los que han quedado la atención de las agresiones y muertes contra personas defensoras de derechos humanos, la crisis de desapariciones o los feminicidios.

A esas conclusiones llega el informe de Amnistía Internacional, México: cuando las palabras no bastan. Situación de los derechos humanos a un año de gobierno. Este documento se centra en cuatro áreas: las estrategias de seguridad y su impacto en los derechos humanos, las condiciones para garantizar un espacio seguro y propicio para la sociedad civil, la violencia basada en el género en contra de mujeres y niñas, y la situación de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Lee: Militares y marinos sí pueden usar la fuerza, pero con respeto a derechos humanos, dice AMLO

Sobre el ámbito de la seguridad, Amnistía Internacional recuerda en su documento que de acuerdo al derecho internacional, el orden público interno y la seguridad ciudadana de un país deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles. La participación de fuerzas armadas debe permitirse sólo en las más graves circunstancias y limitarse al máximo.

En México no se cumple esto: 79.22% de los elementos desplegados de la Guardia Nacional provienen de las fuerzas armadas y solamente 20.78% de la Policía Federal. Pese a que en la reforma para crearla se estipuló que sería de carácter civil.

A los elementos de las fuerzas armadas se les ha transferido a la guardia sólo mediante oficios administrativos, sin que se haya roto su dependencia y adscripción original.

Además, el gobierno nombró comandante de la Guardia Nacional a Luis Rodríguez Bucio, que entonces era un General de Brigada del Ejército Mexicano. Aunque las autoridades indicaron que estaba en proceso de retiro del Ejército, las normas legales del mismo prevén que los militares en retiro siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares.

Esta Guardia tiene facultades de investigación de delitos, cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que las fuerzas armadas no deben asumir esas labores, señala Amnistía Internacional en su informe.

Casi a la par de la reforma que creó la Guardia Nacional se emitió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pero –alerta el informe de Amnistia– esta no establece con claridad que su uso debe ser siempre la última alternativa para hacer cumplir la ley.

Tampoco está delimitado el uso de la fuerza letal y no contempla la protección de terceras personas. Además permite muchas armas y no dice cómo y cuándo usarlas, es el caso de dispositivos  para descargas eléctricas.

Tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias 

Las autoridades insisten en que la tortura no es un problema generalizado en el país, en clara contradicción con los hallazgos de organizaciones de la sociedad civil y de diversos expertos en la materia, incluyendo el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La obligación de crear un programa nacional de prevención y sanción contra esto no se ha cumplido, aunque existe la obligación legal de tenerlo a partir de La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en junio de 2017

En cuanto a desapariciones, en México se desconoce el paradero de alrededor de 40 mil personas. El caso más emblemático de desapariciones sin resolver es de los 43 normalistas de Ayotzinapa que sigue estancado.

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Durante su primer año, señala Amnistía Internacional, el gobierno se centró en una estrategia para hacer frente a las carencias institucionales para gestionar e identificar miles de restos humanos. Aunque el plan va avanzando poco a poco, no hay aún resultados. Lo positivo es que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, y se le asignaron más recursos.

Las detenciones arbitrarias son otro problema que podría agravarse en lugar de combatirse. Una reforma constitucional de abril de 2019 amplió la lista de delitos a los que se aplica prisión preventiva oficiosa.

Bajo esta norma, las personas acusadas de alguno de esos delitos enfrentarán su juicio en prisión sin que una autoridad judicial pueda valorar la necesidad de esa medida. Amnistía Internacional, dice el informe, considera que esta privación de la libertad es arbitraria.

El avance en el tema es que el Congreso aprobó, en mayo, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, pero no se ha implementado bien y le falta incluir en su regulación la obligación de registrar a todas las personas detenidas en todos los lugares, como en los hospitales psiquiátricos y las estaciones migratorias.

El espacio social 

Durante años se han usado detenciones arbitrarias masivas y acusaciones penales no sustentadas para acallar a las personas que se oponen a alguna política gubernamental. Pese a que el gobierno ha prometido el fin de este tipo de hostigamiento, durante los últimos meses se han aprobado dos leyes que limitan la posibilidad de ejercicio de los derechos humanos al desproteger o criminalizar la protesta social.

La primera es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que prescribe que esta no se usará contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”, lo que abre la posibilidad a que la policía pueda determinar si el propósito de una asamblea es legítimo y, sobre esa base decidir si utiliza o no la fuerza.

La segunda es la del estado de Tabasco, donde en julio se aprobó una reforma a su código penal que aumentó las penas y modificó las definiciones de varios delitos, entre ellos los delitos de “impedimento de ejecución de trabajos u obras” (artículo 196Bis) y el de “oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas” (artículo 299).

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

El 17 de enero de 2019,  Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, dos activistas de los derechos humanos y miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) fueron privados ilegalmente de su libertad por personas armadas no identificadas que atacaron una manifestación pacífica en Amatán, en el estado de Chiapas, después de unas elecciones cuestionadas.

Al día siguiente sus cadáveres aparecieron en un vertedero local. En reacción a este ataque, el gobierno federal tomó algunas medidas como enviar fuerzas de seguridad a la zona, pero no se han aclarado los hechos ni sancionado a los responsables.

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Durante el primer año de este nuevo gobierno, advierte Amnistía Internacional, no se ha logrado disminuir la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas. En octubre, el gobierno reportó que, durante la actual administración, 23 personas defensoras de derechos humanos y 15 periodistas o trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados.

Varias de las personas asesinadas habían alertado a las autoridades sobre su situación de riesgo y tres de ellas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En este contexto, preocupa que el presidente López Obrador haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas.

Pese a eso, Amnistía Internacional ha verificado una mayor disposición de las autoridades federales para reaccionar a eventos de ataques a personas defensoras de derechos humanos, movilizando recursos y personal en breve tiempo. Pero es necesario que estas respuestas se institucionalicen y funcionen en todos los casos; además de que se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención de ataques y amenazas.

Violencia contra las mujeres 

En México persisten patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.

Las autoridades mantuvieron activos 20 protocolos conocidos como “Alertas de violencia de género contra las mujeres” en 18 estados. Sin embargo, las alertas carecen de una metodología clara que permita diseñarlas con base en las necesidades de cada localidad y dar seguimiento a su implementación, así como una evaluación de su impacto.

En Jalisco, por ejemplo, está el caso de Alondra, víctima de feminicidio presuntamente por parte de su expareja. Alondra había denunciado, un mes antes, a las autoridades que él había amenazado con matarla. Se emitió una orden de protección, pero las autoridades nunca notificaron a la policía ni a la persona señalada como el agresor, así que esa orden en realidad no se implementó.

Lee: Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como feminicidios

Además, las autoridades mexicanas no producen aún estadísticas confiables sobre el feminicidio y sobre otras formas de violencia de género; aun así, entre enero y septiembre de 2019, las fiscalías habían registrado 748 víctimas de feminicidio. El año anterior, según datos oficiales, al menos 3,548 mujeres habrían sufrido muertes violentas, que incluyen tanto homicidios como feminicidios.

Otra forma de violencia basada en el género es la prohibición del aborto y la criminalización de su práctica. En septiembre, el gobierno del presidente López Obrador presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado. Esta medida, de ser adoptada, tendría la desventaja de que aplica solamente a casos juzgados ante tribunales federales y la mayoría están ante tribunales de los estados.

Lee: Mujeres que piden respeto a sus derechos no deben portarse como criminales, dice Rosario Piedra sobre marcha

Personas migrantes 

A pesar de que el nuevo gobierno empezó su administración anunciando un enfoque de derechos humanos en las políticas de atención para personas migrantes y solicitantes de asilo, las medidas humanitarias cambiaron por otras de restricción y endurecimiento de la gestión migratoria.

En enero y febrero, el gobierno mexicano emitió 14 mil 174 visas humanitarias. A los pocos meses ese número descendió en forma abrupta. Después llegó a un acuerdo con el gobierno de EU sobre varias medidas como el despliegue de seis mil elementos de la guardia nacional en la frontera sur.

Para septiembre, las autoridades habían detenido a 158 mil 200 migrantes, incluyendo 46 niñas, niños y adolescentes. Por lo menos tres personas, incluyendo una niña de 10 años, murieron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM).

Entérate: Titular del INM se disculpa por decir que migrantes serán deportados así sean de Marte

En total 102,705 personas fueron deportadas a sus países de origen. El 98% de los deportados procedían de América Central, más de la mitad de ellos de Honduras. De estas personas deportadas, mil 808 fueron niñas y niños no acompañados.

México recibió más de 50 mil personas solicitantes de asilo retomadas por los Estados Unidos. Se había asegurado que recibirían visados humanitarios de seis meses mientras esperaban aquí su proceso de asilo, pero se han entregado muy pocas.

Como conclusión, Amnistía Internacional señala que México ha mostrado interés en avanzar en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos en algunas áreas clave, pero problemas en el diseño e implementación de políticas públicas, incluyendo en la asignación de recursos, podrían mermar su capacidad de lograr cambios reales.

Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con López Obrador para presentarle los resultados” y esperamos que no pase a la lista de mandatarios de la región que no nos reciben para mostrarle la evidencia de violaciones a derechos humanos”, dice Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

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Covid-19: cómo la falta de bolsas plásticas gigantes está demorando la fabricación de vacunas

Falta de componentes clave, así como problemas de comunicación y suministro ralentizan la campaña mundial de vacunación. Analizamos los factores en juego más importantes en este proceso.
BBC
8 de agosto, 2021
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Aunque la producción de la vacuna contra la covid-19 se ha incrementado de cero a miles de millones de dosis en un tiempo récord, la escasez de materias primas y equipos ha limitado la cantidad de dosis que se pueden fabricar.

A fin de resolver algunos de estos cuellos de botella, se ha creado un mercado, una especie de equivalente farmacéutico de eBay, para ayudar a los fabricantes y proveedores a ver que está disponible y permitirles comerciar en un solo lugar.

La plataforma ayudará a crear una conexión entre los materiales no utilizados y excedentes con las empresas que los necesitan, comenzando con las cosas que están en mayor demanda.

Aquí echamos un vistazo a algunos de los componentes clave que causan cuellos de botella, así como a problemas más amplios relacionados con el programa de vacunación, como la propiedad intelectual.

1. Bolsas plásticas gigantes

Fabricación de vacunas - ilustración

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Uno de los problemas más urgentes ha sido la escasez de grandes bolsas de plástico estériles que se utilizan para cultivar células de vacunas dentro de grandes recipientes llamados biorreactores.

Se parecen un poco a las bolsas que se utilizan en el proceso de elaboración casera, dice Matthew Downham, director de fabricación sostenible de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), un organismo mundial que tiene como objetivo acelerar la producción de vacunas y una de las organizaciones líderes en el lanzamiento del mercado.

Las bolsas de plástico gigantes, que pueden contener hasta 2.000 litros, son necesarias en el proceso de elaboración de los cuatro tipos de vacunas que se fabrican actualmente.

2. Filtros y tubos de plásticos

Fabricación de vacunas - ilustración

BBC

También ha generado preocupación la disponibilidad de filtros y tubos de plástico, a veces denominados como “conjuntos de un solo uso”.

Ambos son, nuevamente, requeridos por los cuatro tipos de vacuna en producción.

Los tubos de plástico se utilizan en muchos procesos biológicos, pero solo se pueden utilizar una vez.

3. Materias primas

Los ingredientes esenciales para el desarrollo de cultivos celulares, que se utilizan para producir algunas de las sustancias farmacológicas, también han escaseado.

Fabricación de vacunas - ilustración

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También ha habido problemas con un ingrediente especializado llamado nanopartículas lipídicas: partículas ultrapequeñas que son cruciales para las vacunas pioneras de ARNm producidas por BioNTech / Pfizer y Moderna.

Antes de la pandemia, estas nanopartículas -que se usaban para albergar la sustancia farmacológica para facilitar su administración en el cuerpo- solo se producían en pequeñas cantidades para la investigación clínica, por lo que su producción masiva ha sido un gran desafío.

4. Trabajadores capacitados

A medida que ha aumentado la fabricación de vacunas, también lo ha hecho la necesidad de personal capacitado.

Los involucrados en la industria dicen que algunos lugares han tenido dificultades para encontrar suficientes trabajadores capacitados para ocupar puestos especializados.

Fabricación de vacunas - ilustración

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Downham dice que a las empresas les resulta difícil trasladar a su personal entre sus propios sitios, pero que es “incluso más complicado” cuando se transfiere personal a otra empresa contratada para realizar la fabricación.

Para ayudar a resolver el problema, la industria farmacéutica quiere que los trabajadores puedan viajar entre sitios internacionales con mayor facilidad.

5. Propiedad intelectual

Que la propiedad intelectual y la protección de patentes se consideren como algo que bloquea el despliegue global actual depende en gran medida de a quién le pregunte.

La propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones o invenciones protegidas por la ley mediante patentes, derechos de autor y marcas comerciales.

Su objetivo es garantizar que el creador sea recompensado con ganancias y que su invención conserve su calidad e integridad.

Estados Unidos ha apoyado una medida en la Organización Mundial del Comercio (OMC) -un organismo intergubernamental que promueve el comercio mundial- para levantar temporalmente dicha protección de patentes para las vacunas contra el coronavirus.

Esto se hizo tras una campaña de India y Sudáfrica y un grupo de unos 60 países que argumentan que la renuncia a las protecciones de propiedad intelectual permitirá que los conocimientos de fabricación se transmitan más fácilmente.

Pero los fabricantes de vacunas dicen que incluso si se libera la propiedad intelectual de una vacuna patentada, las nuevas empresas no podrían empezar repentinamente a hacer vacunas.

Fabricación de vacunas - ilustración

BBC

Todavía necesitarían las instalaciones y los conocimientos especializados y competirían por el mismo número limitado materiales y personal capacitado.

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, sostiene que una exención podría en realidad “descarrilar el progreso” en el programa de vacunación global.

Liz Breen, especializada en operaciones de servicios de salud de la Universidad de Bradford, en Reino Unido, está de acuerdo en que liberar la producción intelectual no es una solución instantánea.

“Es solo una parte del rompecabezas”, dice.

¿Qué tan mala es la situación y qué se está haciendo al respecto?

Los fabricantes tienen como objetivo suministrar al mundo un estimado de 11 mil millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para fines de 2021, un aumento masivo en la capacidad, triplicando la producción anual anterior de vacunas.

Pero la industria dice que solo puede cumplir con estos compromisos si la escasez actual de materiales y componentes se aborda junto con medidas que permitan el libre flujo de trabajadores en todo el mundo.

El Banco Mundial ha dicho incluso que las demoras resultantes podrían retrasar la fecha de inmunidad colectiva mundial, que había predicho que podría alcanzarse para marzo de 2022.

Matthew Downham, de CEPI, dice que “hay una gran cantidad de actividad en marcha” para tratar de aliviar las presiones sobre los componentes y materiales clave, para que se produzcan y envíen a los fabricantes de vacunas lo más rápido posible.

Se ha creado un grupo de trabajo de fabricación global -una rama del esquema Covax que tiene como objetivo garantizar que las vacunas estén disponibles en todo el mundo- para tratar de abordar la escasez.

Y ahora se ha lanzado Covax Marketplace, una plataforma segura que permitirá a los fabricantes y proveedores comprar y vender productos en un solo lugar, lo que ayudará a aumentar la visibilidad de qué está disponible en determinado momento.

Inicialmente se centrará en seis categorías de suministros: bolsas de biorreactor, conjuntos de un solo uso, filtros, cultivos celulares, lípidos, viales de vidrio y tapones.

Sin embargo, dice Downham, también es necesario trabajar para garantizar que los fabricantes de vacunas estén utilizando toda su capacidad en todo momento.

Por ejemplo, si los servicios de “llenado y acabado” de un fabricante -que es cuando las vacunas se envasan y empaquetan- no están disponibles, es necesario que haya formas de utilizar otras instalaciones para garantizar que la fabricación no se ralentice ni se detenga.

A largo plazo, el grupo de trabajo de fabricación tiene como objetivo desarrollar la capacidad de producción (fábricas, personal y experiencia) en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.

Pero ahora que la demanda mundial de dosis supera ampliamente la oferta, dado los devastadores niveles de covid-19 en lugares como India y Brasil, la presión para encontrar soluciones rápidas nunca ha sido mayor.

Thomas Cueni, de la Federación Internacional de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, se mostró intransigente en una sesión informativa de la industria sobre cuál sería el resultado si no se satisfacía esa demanda.

“Le fallaríamos al mundo”, dijo.

Diseño e ilustraciones Zoe Bartholomew.


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