Gobierno de AMLO aún es más discurso que hechos al proteger derechos humanos: Amnistía Internacional
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Gobierno de AMLO aún es más discurso que hechos al proteger derechos humanos: Amnistía Internacional

La estrategia de seguridad aún es militarizada y aunque parece que hay buena intención para atender los problemas de desaparición, agresiones a personas defensoras de derechos humanos y violencia de género, todavía no se pasa de las palabras a los hechos.
Cuartoscuro
27 de noviembre, 2019
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A un año de iniciado el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador hay más palabras que acciones para proteger los derechos humanos en el país. Así lo demuestra la estrategia militarizada para atender la seguridad pública y la migración, lo que podría generar una mayor vulneración de derechos.

Pero también lo prueban los meros actos simbólicos o anuncios en los que han quedado la atención de las agresiones y muertes contra personas defensoras de derechos humanos, la crisis de desapariciones o los feminicidios.

A esas conclusiones llega el informe de Amnistía Internacional, México: cuando las palabras no bastan. Situación de los derechos humanos a un año de gobierno. Este documento se centra en cuatro áreas: las estrategias de seguridad y su impacto en los derechos humanos, las condiciones para garantizar un espacio seguro y propicio para la sociedad civil, la violencia basada en el género en contra de mujeres y niñas, y la situación de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Lee: Militares y marinos sí pueden usar la fuerza, pero con respeto a derechos humanos, dice AMLO

Sobre el ámbito de la seguridad, Amnistía Internacional recuerda en su documento que de acuerdo al derecho internacional, el orden público interno y la seguridad ciudadana de un país deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles. La participación de fuerzas armadas debe permitirse sólo en las más graves circunstancias y limitarse al máximo.

En México no se cumple esto: 79.22% de los elementos desplegados de la Guardia Nacional provienen de las fuerzas armadas y solamente 20.78% de la Policía Federal. Pese a que en la reforma para crearla se estipuló que sería de carácter civil.

A los elementos de las fuerzas armadas se les ha transferido a la guardia sólo mediante oficios administrativos, sin que se haya roto su dependencia y adscripción original.

Además, el gobierno nombró comandante de la Guardia Nacional a Luis Rodríguez Bucio, que entonces era un General de Brigada del Ejército Mexicano. Aunque las autoridades indicaron que estaba en proceso de retiro del Ejército, las normas legales del mismo prevén que los militares en retiro siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares.

Esta Guardia tiene facultades de investigación de delitos, cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que las fuerzas armadas no deben asumir esas labores, señala Amnistía Internacional en su informe.

Casi a la par de la reforma que creó la Guardia Nacional se emitió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pero –alerta el informe de Amnistia– esta no establece con claridad que su uso debe ser siempre la última alternativa para hacer cumplir la ley.

Tampoco está delimitado el uso de la fuerza letal y no contempla la protección de terceras personas. Además permite muchas armas y no dice cómo y cuándo usarlas, es el caso de dispositivos  para descargas eléctricas.

Tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias 

Las autoridades insisten en que la tortura no es un problema generalizado en el país, en clara contradicción con los hallazgos de organizaciones de la sociedad civil y de diversos expertos en la materia, incluyendo el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La obligación de crear un programa nacional de prevención y sanción contra esto no se ha cumplido, aunque existe la obligación legal de tenerlo a partir de La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en junio de 2017

En cuanto a desapariciones, en México se desconoce el paradero de alrededor de 40 mil personas. El caso más emblemático de desapariciones sin resolver es de los 43 normalistas de Ayotzinapa que sigue estancado.

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Durante su primer año, señala Amnistía Internacional, el gobierno se centró en una estrategia para hacer frente a las carencias institucionales para gestionar e identificar miles de restos humanos. Aunque el plan va avanzando poco a poco, no hay aún resultados. Lo positivo es que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, y se le asignaron más recursos.

Las detenciones arbitrarias son otro problema que podría agravarse en lugar de combatirse. Una reforma constitucional de abril de 2019 amplió la lista de delitos a los que se aplica prisión preventiva oficiosa.

Bajo esta norma, las personas acusadas de alguno de esos delitos enfrentarán su juicio en prisión sin que una autoridad judicial pueda valorar la necesidad de esa medida. Amnistía Internacional, dice el informe, considera que esta privación de la libertad es arbitraria.

El avance en el tema es que el Congreso aprobó, en mayo, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, pero no se ha implementado bien y le falta incluir en su regulación la obligación de registrar a todas las personas detenidas en todos los lugares, como en los hospitales psiquiátricos y las estaciones migratorias.

El espacio social 

Durante años se han usado detenciones arbitrarias masivas y acusaciones penales no sustentadas para acallar a las personas que se oponen a alguna política gubernamental. Pese a que el gobierno ha prometido el fin de este tipo de hostigamiento, durante los últimos meses se han aprobado dos leyes que limitan la posibilidad de ejercicio de los derechos humanos al desproteger o criminalizar la protesta social.

La primera es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que prescribe que esta no se usará contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”, lo que abre la posibilidad a que la policía pueda determinar si el propósito de una asamblea es legítimo y, sobre esa base decidir si utiliza o no la fuerza.

La segunda es la del estado de Tabasco, donde en julio se aprobó una reforma a su código penal que aumentó las penas y modificó las definiciones de varios delitos, entre ellos los delitos de “impedimento de ejecución de trabajos u obras” (artículo 196Bis) y el de “oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas” (artículo 299).

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

El 17 de enero de 2019,  Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, dos activistas de los derechos humanos y miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) fueron privados ilegalmente de su libertad por personas armadas no identificadas que atacaron una manifestación pacífica en Amatán, en el estado de Chiapas, después de unas elecciones cuestionadas.

Al día siguiente sus cadáveres aparecieron en un vertedero local. En reacción a este ataque, el gobierno federal tomó algunas medidas como enviar fuerzas de seguridad a la zona, pero no se han aclarado los hechos ni sancionado a los responsables.

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Durante el primer año de este nuevo gobierno, advierte Amnistía Internacional, no se ha logrado disminuir la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas. En octubre, el gobierno reportó que, durante la actual administración, 23 personas defensoras de derechos humanos y 15 periodistas o trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados.

Varias de las personas asesinadas habían alertado a las autoridades sobre su situación de riesgo y tres de ellas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En este contexto, preocupa que el presidente López Obrador haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas.

Pese a eso, Amnistía Internacional ha verificado una mayor disposición de las autoridades federales para reaccionar a eventos de ataques a personas defensoras de derechos humanos, movilizando recursos y personal en breve tiempo. Pero es necesario que estas respuestas se institucionalicen y funcionen en todos los casos; además de que se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención de ataques y amenazas.

Violencia contra las mujeres 

En México persisten patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.

Las autoridades mantuvieron activos 20 protocolos conocidos como “Alertas de violencia de género contra las mujeres” en 18 estados. Sin embargo, las alertas carecen de una metodología clara que permita diseñarlas con base en las necesidades de cada localidad y dar seguimiento a su implementación, así como una evaluación de su impacto.

En Jalisco, por ejemplo, está el caso de Alondra, víctima de feminicidio presuntamente por parte de su expareja. Alondra había denunciado, un mes antes, a las autoridades que él había amenazado con matarla. Se emitió una orden de protección, pero las autoridades nunca notificaron a la policía ni a la persona señalada como el agresor, así que esa orden en realidad no se implementó.

Lee: Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como feminicidios

Además, las autoridades mexicanas no producen aún estadísticas confiables sobre el feminicidio y sobre otras formas de violencia de género; aun así, entre enero y septiembre de 2019, las fiscalías habían registrado 748 víctimas de feminicidio. El año anterior, según datos oficiales, al menos 3,548 mujeres habrían sufrido muertes violentas, que incluyen tanto homicidios como feminicidios.

Otra forma de violencia basada en el género es la prohibición del aborto y la criminalización de su práctica. En septiembre, el gobierno del presidente López Obrador presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado. Esta medida, de ser adoptada, tendría la desventaja de que aplica solamente a casos juzgados ante tribunales federales y la mayoría están ante tribunales de los estados.

Lee: Mujeres que piden respeto a sus derechos no deben portarse como criminales, dice Rosario Piedra sobre marcha

Personas migrantes 

A pesar de que el nuevo gobierno empezó su administración anunciando un enfoque de derechos humanos en las políticas de atención para personas migrantes y solicitantes de asilo, las medidas humanitarias cambiaron por otras de restricción y endurecimiento de la gestión migratoria.

En enero y febrero, el gobierno mexicano emitió 14 mil 174 visas humanitarias. A los pocos meses ese número descendió en forma abrupta. Después llegó a un acuerdo con el gobierno de EU sobre varias medidas como el despliegue de seis mil elementos de la guardia nacional en la frontera sur.

Para septiembre, las autoridades habían detenido a 158 mil 200 migrantes, incluyendo 46 niñas, niños y adolescentes. Por lo menos tres personas, incluyendo una niña de 10 años, murieron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM).

Entérate: Titular del INM se disculpa por decir que migrantes serán deportados así sean de Marte

En total 102,705 personas fueron deportadas a sus países de origen. El 98% de los deportados procedían de América Central, más de la mitad de ellos de Honduras. De estas personas deportadas, mil 808 fueron niñas y niños no acompañados.

México recibió más de 50 mil personas solicitantes de asilo retomadas por los Estados Unidos. Se había asegurado que recibirían visados humanitarios de seis meses mientras esperaban aquí su proceso de asilo, pero se han entregado muy pocas.

Como conclusión, Amnistía Internacional señala que México ha mostrado interés en avanzar en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos en algunas áreas clave, pero problemas en el diseño e implementación de políticas públicas, incluyendo en la asignación de recursos, podrían mermar su capacidad de lograr cambios reales.

Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con López Obrador para presentarle los resultados” y esperamos que no pase a la lista de mandatarios de la región que no nos reciben para mostrarle la evidencia de violaciones a derechos humanos”, dice Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

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Qué se sabe del daño que el COVID-19 puede causar en los pacientes asíntomáticos

A diferencia de otras infecciones virulentas que pueden no provocar síntomas, el SARS-CoV-2 puede causar cambios patológicos en los infectados asintomáticos.
15 de julio, 2020
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La medicina moderna enfatiza -y con razón- la importancia de la ciencia. El foco, sin embargo, desplaza con frecuencia nuestra atención del verdadero objetivo de la atención médica: el cuidado (de los pacientes).

Esta idea fue capturada por la advertencia de William Osler (1849-1919) de atender al paciente más que a la enfermedad. Yo redescubrí la verdad de su consejo cuando dos pacientes en particular me enseñaron sobre la infección covid-19 y cuestionaron la experiencia que creía tener en el manejo de la neumonía.

El primer paciente con covid-19 que se presentó en mi hospital era probablemente el típico de los pacientes iniciales en muchos otros hospitales en ese momento.

Era un hombre mayor con neumonía, a quien aún no se le había hecho la prueba del nuevo coronavirus, pero se suponía que lo tenia.

Un equipo de expertos lo evaluó cuidadosamente, le recetó oxígeno de flujo alto y lo monitoreó en una guardia respiratoria. Esa noche, murió de forma inesperada.

El segundo paciente era una mujer de mediana edad enviada a una unidad de cuidados intensivos para que la conectaran a ventilación mecánica.

La muerte reciente me había dejado nervioso, así que fui a evaluarla. De camino a la guardia, me imaginaba lo que me esperaba: una paciente con grandes dificultades para respirar, que apenas era capaz de hablar, con el pecho agitado por el esfuerzo de tratar de llevar oxígeno a su sangre.

Cámaras para tomar la temperatura en un aeropuerto

Getty Images
Muchas personas contagiada de covid-19 pueden no tener tos ni fiebre.

Cuando llegué cubierto con mi equipo de protección y listo para sedarla e intubarla inmediatamente, pensé que me encontraba frente a la cama equivocada.

Ella estaba sentaba cómodamente en su cama, hablando por su móvil con su hija, sorprendida por mi apariencia. Colegas superprecavidos, pensé. Pero medí su saturación de oxígeno en sangre por las dudas, más por instinto que por preocupación.

Por su apariencia, esperaba que fuese normal (100%). Era de 75%, un nivel apenas compatible con la conciencia.

Daño pulmonar silencioso

Aprendí rápidamente que muchos pacientes en estado avanzado de covid-19 no tenían ninguno de los rasgos distintivos de la enfermedad respiratoria grave hasta que colapsaron repentinamente y murieron.

La ciencia detrás de esta temprana lección está emergiendo ahora, con un estudio de Wuhan, China, que describe los cambios patológicos del pulmón en las tomografías de pacientes completamente asintomáticos.

Tomografía

Reuters
Las tomografías revelan el daño, aunque no haya presencia de síntomas.

La falta de síntomas no es infrecuente en otras infecciones virulentas, como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o SARM y C diff (Clostridioides difficile), pero lo que llama la atención con el SARS-CoV-2 (el virus que causa la covid-19) es que puede estar acompañado de daño orgánico subyacente.

Los investigadores encontraron lesiones consistentes con inflamación del tejido pulmonar subyacente (opacidades de vidrio esmerilado y consolidación, para usar la jerga médica), que no son específicas a la infección de SARS-CoV-2 y pueden verse en muchas otras enfermedades pulmonares.

Lo que sigue siendo un misterio es por qué, a pesar de estos cambios, los pacientes no muestran síntomas típicos de neumonía, como falta de aire severa.

Alrededor de una cuarta parte de los pacientes en el estudio desarrollaron fiebre, tos y dificultad para respirar, pero muchos no.

La respuesta idiosincrásica a la infección es uno de varios misterios que plantea la covid-19, como es por qué ataca a ciertos grupos y no a otros: dos personas con exactamente la misma demografía y salud pueden expresar la enfermedad en los extremos opuestos del espectro.

El estudio refuerza que la ausencia de síntomas no implica la ausencia de daño.

Los riesgos

La falta de síntomas frente a una patología activa conlleva un riesgo tanto para las personas infectadas como para el público.

Las recomendaciones actuales alientan a los pacientes a quedarse en casa si son asintomáticos, lo que hace que la presentación tardía al hospital y la muerte súbita se conviertan en un riesgo.

Y también está la pesadilla de la salud pública, ya que cerca del 40-45% de la gente infectada con SARS-CoV-2 es asintomática, con una carga viral igual de alta que la de aquellos que están activamente enfermos.

Si le añades el significativo índice de falsos negativos de hasta un 20% en cribados (la estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas de esa enfermedad), donde a la gente se le dice erróneamente que no tiene la infección, la escala del problema se magnifica.

Paciente

Getty Images
La enfermedad covid-19 aún está rodeada de misterio.

Estos son los propagadores encubiertos que continuarán expulsando el virus por hasta 14 días, y esto plantea serias preguntas sobre la efectividad de las estrategias de testeo o el uso de herramientas de detección como el chequeo de la temperatura.

Se están empezando a recopilar retazos de evidencia, principalmente de muchos estudios pequeños y dispares.

La imagen completa se irá armando a medida que la calidad y cantidad de evidencia expanda y refine nuestra comprensión del SARS-CoV-2.

Sin embargo, la ciencia aún no informa a los médicos sobre la mejor manera de manejar a sus pacientes.

Las lesiones en una tomografía determinan qué tratamiento se necesita. Todavía hace falta una decisión personalizada basada en el juicio clínico.

Entonces, mientras crezca la comprensión científica, aplicaré el consejo de Osler con una convicción renovada: atiende a tus paciente con los cinco sentidos en alerta máxima. Te enseñarán lo que necesitas saber.

*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original en inglés.

John Kinnear es Director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anglia Ruskin, Reino Unido.


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