En 2018, último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó recursos por 17 millones de pesos e investigó a 57 personas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero y corrupción, las cifras más bajas de las que se tengan registro oficial desde 2015.
Estos números contrastan con los 858 millones de pesos bloqueados y las 748 personas investigadas en 2016, y los 102 millones de pesos congelados y 457 personas indagadas en 2017, de acuerdo con los datos más actualizados de la UIF.
En la presente administración, sin embargo, de enero a octubre del presente año, la UIF informó que ha bloqueado 5 mil 325 millones de pesos por esta misma actividad e investigado a 858 personas.
En montos totales, la actual UIF ha bloqueado en 10 meses más recursos, en un 545%, que los tres últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de que en dicho periodo se destaparon multimillonarios casos de corrupción como La Estafa Maestra, o los presuntos sobornos entregados a autoridades mexicanas por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Entre las personas cuyas cuentas fueron congeladas por la actual UIF, por presuntas actividades de lavado de dinero y corrupción, se encuentran exfuncionarios como Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, quien hoy enfrenta un proceso penal por La Estafa Maestra; Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Rosario Robles; y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex prófugo de la justicia tras ser acusado de recibir sobornos millonarios de la constructora Odebrecht.
También está en la lista Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero de Pemex acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Las pruebas contra un líder sindical
Durante su intervención en la conferencia titulada: “Corrupción, lavado de dinero y elecciones” que se celebró en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el actual titular de la UIF, Santiago Nieto, habló sin mencionar nombres sobre al caso de un líder sindical prófugo de la justicia quien fue investigado por la instancia a su cargo, el esquema de presuntos sobornos del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, y la trama detectada en el financiamiento del documental “Populismo en América Latina”.
En el caso del líder sindical, Nieto aseguró que ese caso muestra cómo se ejerció presión desde un órgano sindical para que sus integrantes votaran por una corriente política en la campaña de 2012, en la que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue elegido presidente.
“Se trata de un caso de corrupción sindical”, dijo el funcionario. Se revela la “presión a los trabajadores para que voten por una visión política violentando todas las normas de libertad sindical”.
No solo eso. Reveló que en ese caso se identificó cómo este sujeto que ganó 140 mil pesos durante un año, unos 11 mil 600 pesos al mes, compró dos bienes inmuebles por más de 10 millones cada uno, gastó en tarjeta de crédito 10 millones; gastó 32 millones en vehículos, 4 millones en otros vehículos de lujo, y la operativa en efectivo que van de 10 millones en retiros. Unos 76 millones de pesos en total.
“Toda esta operación, si uno la va juntando, no salen las cuentas”, recalcó Nieto, quien añadió que se trata de un caso en el que se muestra que “por mucho que se quiera esconder la mano que ejerce el acto de corrupción, siempre la mano que gasta es la mano que se visibiliza”.
En cuanto al caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que cuenta con órdenes de aprehensión por presuntos sobornos de la constructora brasileña para favorecerla con jugosos contratos de obra pública en el gobierno de Peña Nieto, el titular de la UIF presentó un complejo diagrama con las conexiones entre empresas offshore creadas en Islas Vírgenes, transferencias bancarias desde Suiza, y depósitos millonarios en las cuentas de Lozoya y su madre, Gilda Austin.
“Es un tema relacionado con redes de corrupción”, planteó Nieto, quien como resultado de esta investigación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que el pasado 4 de noviembre derivó en que la madre de Emilio Lozoya se convirtiera en la primera persona en México vinculada a proceso por el caso Odebrecht, acusada por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Flujo de recursos al extranjero, el reto a investigar
Además de las cuentas bloqueadas y las investigaciones en curso, Nieto reconoció que el problema que están teniendo actualmente para investigar los temas de corrupción es el flujo de recursos que van a parar al extranjero.
“Es interesante cómo durante los últimos años se ha incrementado el número de adquisiciones de bienes en Estados Unidos y en Europa, particularmente en Barcelona y Madrid, de gente vinculada con la clase política mexicana. Esto es un tema de corrupción”.
En relación al trabajo que hace la instancia a su cargo con otras dependencias, el funcionario informó que han colaborado en 71 casos con dependencias como la Fiscalía General de la República y otras fiscalías estatales, como la de Jalisco y Tamaulipas; la Secretaría de la Función Pública, y la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade).
En esas 71 vistas, la Unidad pidió que se investigaran las cuentas de 101 personas físicas, entre las que hay 52 servidores públicos, y 117 empresas.
Por otra parte, Santiago Nieto adelantó que para finales de este mes de noviembre presentarán la Estrategia Nacional Anti-Lavado de dinero.
Esta estrategia estará centrada en combatir riesgos emergentes en la presente administración, como el robo de hidrocarburos y su venta clandestina; la pornografía infantil y la trata de personas a través de plataformas digitales en internet; el hackeo de instituciones de banca y financieras; y la llegada a México de precursores químicos como el fentanilo para la fabricación de drogas.
