Una Misión Internacional de Observación, integrada por 17 organizaciones defensoras de la libertad de expresión, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que resuelva, al menos, tres casos al año de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.
Esto, luego de que las organizaciones civiles nacionales e internacionales criticaran en conferencia de prensa la mañana de este miércoles que la eficacia para resolver casos de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas (Feadle), que depende de la FGR, es prácticamente nula.
De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, de 186 delitos cometidos entre 2010 y 2018 contra la libertad de expresión en México, en los que las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación, el 99.13% quedaron impunes, y solo en 10 casos obtuvieron sentencias condenatorias.
O, en otras cifras, 9 de cada 10 ataques a la prensa permanecen en la impunidad.
Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó en entrevista con Animal Político que pidieron a la FGR que se comprometa a reducir un 2% anual los índices de impunidad en ataques a la prensa, lo cual representaría, en términos reales, al menos 3 casos de agresiones completamente resueltos.
Y por completamente resueltos, subrayó la activista, se entiende que la Fiscalía resuelva tanto quiénes fueron los autores materiales de las agresiones, como quiénes fueron los autores intelectuales. Y, a partir de esa investigación, que los casos lleguen a judicializarse hasta conseguir una sentencia firme por la agresión.
“Conseguir saber quiénes son los autores intelectuales es la clave”, recalcó Ana Ruelas. “Porque, hasta ahora, sí hay cierta identificación de presuntos autores materiales de las agresiones contra periodistas, pero no hay ningún caso, excepto el de la periodista Lydia Cacho, en el que se haya logrado llegar hasta los autores intelectuales”.
Para Artículo 19, que al menos queden resueltos por año 3 casos de agresión contra la prensa sería un indicador claro de que el Gobierno quiere dar “un mensaje claro y contundente a los perpetradores de las agresiones de que en México hay justicia, y se está protegiendo a la libertad de expresión”.
Sin embargo, la Misión Internacional de Observación lamentó hoy que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, declinó reunirse con las organizaciones civiles que la integran, y que la propia Feadle no quiso comprometerse a reducir la impunidad en crímenes contra periodistas, ni a crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos.
Lo que sí logró acordarse, apuntó la directora de Artículo 19, es que la Feadle se reunirá una vez cada seis meses con integrantes de la Misión Internacional de Observación para analizar cuáles son los avances en la investigación de la Fiscalía, en la identificación de posibles autores intelectuales en casos de agresión a la libertad de expresión.
“Lo que buscamos con esas reuniones es que nos digan en qué casos sí tienen identificados a posibles autores intelectuales. Porque ayer nos decían: es que hay secrecía en el caso. Pero eso no aplicaría cuando tienen un presunto autor intelectual y ya se giró una orden de aprehensión”, precisó la directora de Artículo 19.
La Misión Internacional de Observación, de la que forman parte otras organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Reporteros Sin Fronteras, o el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), emitió un documento conjunto en el que pidió al Gobierno mexicano, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cese el discurso de “estigmatización” y de descalificación contra periodistas y medios de comunicación, para impedir que aumente la vulnerabilidad del gremio en México; país que, en lo que va de 2019, suma ya 10 asesinatos de periodistas.
La Misión Internacional se reunió con 30 periodistas de todo el país, quienes expusieron la situación de violencia, impunidad y de vulnerabilidad, con la que desempeñan su trabajo en México.
