El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios
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El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios

Aunque el gobierno federal habla de una nueva estrategia para combatir las adicciones, las declaraciones del presidente y la falta de recursos lo contradicen.
Cuartoscuro
8 de noviembre, 2019
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El gobierno federal relanzó su estrategia contra las adicciones anunciando un cambio en la manera de atender a la población y abordando la salud mental.

Por un lado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la legalización de la mariguana y la no criminalización de los consumidores, pero por otro, en los spots de campaña y en sus discursos relaciona los problemas de adicciones con “la desatención a los jóvenes, la desintegración de las familias”, y “la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”.

Ahí entra una gran contradicción, de acuerdo con Catalina Pérez Correa, especialista en política de drogas de América Latina y profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Leer más: Expresidentes denuncian que prohibición de drogas no tiene bases científicas

La investigadora explica que la política de drogas no parece ser diferente a la de administraciones pasadas, porque no contempla la posibilidad de que haya un consumo adulto y responsable, pues se manda un mensaje de que el único consumo sano es el que no se hace. 

Además, la estrategia anunciada por el presidente aún no tiene recursos presupuestado para 2020, mientras que las partidas asignadas en el pasado al tema de adicciones tendrán un recorte. 

No solo eso, la estructura con la que cuenta el gobierno federal para tratar el tema tiene un déficit de personal especializado, como reconoció la misma Secretaría de Salud en entrevista. 

El problema del plan presentado por el gobierno federal, subraya Pérez Correa, es que se parte de la idea de que todo consumo muestra “un defecto en la personalidad o en la comunidad”, y que no distingue entre un consumo problemático de uno responsable. 

“Esta idea muy cristiana o puritana de decir que solamente la gente que está sola o la gente que tiene problemas afectivos busca el consumo de drogas es mentira. La gente busca drogas por muchas razones distintas, sentirse más energéticos, para tener experiencias distintas, otros con razones medicinales o para explorar”.

Una política de drogas distinta, afirma Correa, tendría que asumir que hay un porcentaje de personas que van a consumir y lo que se debe reducir son “los riesgos para las personas que van a consumir, retrasar los primeros consumos lo más posible”.

¿En qué consiste la nueva estrategia? 

Una de las claves del nuevo plan, de acuerdo con las autoridades, es la implementación de “un modelo de cobertura universal de servicios de salud”, donde una entidad se encargará de la atención en salud mental.

Se trata de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasamar) que aún no existe oficialmente, pero que según la estrategia, deberá coordinarse con otras entidades como el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y las secretarías de Salud, Educación y Cultura.

Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, explica que su objetivo es incidir en una reducción de consumo de sustancias para evitar trastornos adictivos en la población, por lo que buscarán fortalecer la prevención y atención, mediante campañas masivas de información y capacitación a personal médico. 

En el caso de adultos y jóvenes que ingieren drogas y sustancias ilícitas, sin problemas de adicción, la especialista dice que su consumo debe ser respetado y no estigmatizado o criminalizado. 

“A esa parte de las juventudes que ya consumen, les queremos fomentar el tema de consumo responsable y tratamos también de incidir en una reducción de consumo, para que no vay a llegar a un trastorno con sustancias, que si bien es la minoría, en lo que queremos incidir es en que no haya ese riesgo”, explica en entrevista. 

Sin embargo, reconoce que el gobierno federal mantendrá acciones para detener la oferta de drogas, “mientras que nosotros vamos a tratar de incidir en los factores que causan la demanda, abordar esos factores psicosociales, para evitar el consumo, en el caso de los menores”.

Al respecto, Pérez Correa dice que “básicamente es el mismo discurso que vimos en otros gobiernos, en el cual se dice que lo único que están haciendo es combatir la oferta pero de facto lo que termina pasando es que la oferta se combate persiguiendo el narcomenudeo, y lo delitos de narcomenudeo se llevan a los consumidores entre las patas, ese siempre ha sido el problema”.  

La especialista sostiene que la estrategia de “combatir la oferta” siempre termina siendo una política que persigue a consumidores, a productores campesinos y a narcomenudistas que resultan ser jóvenes que venden en las calles.

El Consejo Nacional de Salud Mental también está colaborando con las campañas antiadicciones que se transmiten en los tiempos oficiales de radio y televisión, en los que “no estamos tratando de causar miedo”, según su secretaria técnica, quien afirma que, hasta ahora, no ha salido ningún anuncio que mencione la palabra “droga”, ni la palabra “adicto”. 

Pero esto contrasta con las palabras del mismo López Obrador quien dijo que buscan mostrar “el sufrimiento que produce la drogadicción”. 

“Vamos también a mostrar esto, lo que daña el fentanilo, el cristal, cómo elaboran esas drogas hasta con raticidas, y vamos a utilizar todo el tiempo en radio, en televisión que tenemos, lo que se contrata de publicidad dirigido a eso; y los tiempos oficiales a lo mismo, a informar, a orientar”, señaló. 

De hecho, tras el multihomicidio contra familiares del activista Julián LeBarón en Bavispe, Sonora, el presidente relacionó a los responsables con el consumo de estupefacientes.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general, los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, son gentes drogadas. Eso está probado”, dijo este 7 de noviembre en su conferencia mañanera.

 

Faltan psiquiatras y centros de prevención

Las propias autoridades federales han reconocido que hay falta de infraestructura y personal para atender a la población. 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, en México hay 3.6 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, de los cuales, el 60% está concentrado en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco. 

En cuanto a infraestructura, el país cuenta solo con 45 Centros Integrales de Salud Mental (Cisamen), de los cuales solo el 30% tienen médicos; los demás son atendidos por trabajadores sociales. 

También se cuenta con 336 Centros de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA), sin embargo no todos realizan actividades de prevención o atención a salud mental.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Salud Mental descarta construir más centros, pues buscan “aumentar su capacidad de atención”, y capacitar a personal no especializado para combatir el déficit en atención a la salud mental. 

Para capacitar a los trabajadores de salud, Rodríguez-Bores Ramírez asegura que utilizará la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2016.

El objetivo, asegura, es crear una red de facilitadores, para capacitar a personal de los estados, que su vez puedan replicar ese aprendizaje a enfermeras, trabajadores sociales, promotores de la salud, y todo personal que no es especialista en salud mental, pero participa en la identificación, diagnóstico, abordaje y tratamiento de las personas con trastornos de este tipo.

El cálculo, de acuerdo con la especialista, es capacitar anualmente a entre 240 y 480 personas, un promedio de 20 al mes, cuya formación se dará en tres o cuatro días. 

Hasta ahora, detalla, se han capacitado a 120 facilitadores del centro de atención Línea de la Vida, el cual ofrece prevención y atención del consumo de sustancias, así como orientación a familiares.

Centros de Integración Juvenil

El gobierno federal anunció el 29 de octubre la estrategia junto con voluntarios e integrantes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación que se dedica a la atención y rehabilitación de adicciones en México y que depende, en su mayoría, del Estado, por lo que está sujeta a sus normas.

De los 2,108 establecimientos residenciales privados que atienden adicciones en México, 11 unidades de hospitalización son de CIJ, más 104 unidades de consulta externa.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de drogas en México, de la Secretaría de Salud, 1,045 centros se encuentran registrados y apenas 348 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Catalina Pérez Correa advierte que justamente hay una falta de verificación en la que operan los centros privados, pues asegura que algunos de ellos pueden incurrir en actos de tortura o tratamientos que no están aprobados científicamente.

Te puede interesar: Malos tratos y tortura, el tratamiento en los centros de rehabilitación en México

La especialista asegura que el modelo con el que operan es el mismo, sin reducción de riesgos y daños ni información para los jóvenes que quieran consumir.

“Hay que ver todavía si implementan algunos programas de reducción de riesgos y daños, como intercambios de jeringas, o de lugares seguros para inyectar a quienes usan drogas inyectables. Campañas de prevención sobre el consumo para informar a las personas cuáles son las formas menos riesgosas de poder consumir”, menciona.

Datos del informe de salud muestran que en 2018, se atendieron 91,684 personas en la modalidad ambulatoria a través de la red de CAPAS, principalmente por consumo de alcohol y mariguana, mientras que en los en Centros de Integración Juvenil se atendieron 43,631 pacientes.

Recorte al presupuesto 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, por ahora no se cuenta con un monto establecido para la estrategia de manera integral, por lo que cada dependencia ha ido aportando recursos, sin embargo, esperan que exista una partida específica para el presupuesto de 2020.

En tanto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud, expuso que para el programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, del Ramo 12 Salud, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se reduce el presupuesto 18.2 millones de pesos, 1.3% en términos reales.

También dijo que para la Conadic se proyecta un recorte de 50 millones, lo que implicará una reducción del 7%. 

El legislador sostuvo que el servicio contra el tema de adicciones en las instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE se maneja de manera deficiente, por lo que propondrán un reajuste para no reducir en término reales el dinero sobre atención a adicciones en 2020. 

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Las 3 lecciones que deja la segunda ola de contagios de COVID-19 en una isla de Japón

El levantamiento de las restricciones en esta isla de Japón provocó que se vuelvan a multiplicar los contagios.
Por Rupert Wingfield-Hayes BBC News, Tokio
18 de abril, 2020
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Hace apenas un mes se consideraba que Hokkaido, la segunda isla más grande de Japón, era un caso de éxito en la contención, detección y aislamiento del coronavirus. Sin embargo, las noticias que ahora llegan desde allí no son tan buenas.

La región atraviesa desde esta semana una segunda ola de infecciones confirmadas y volvió a estar en el centro de atención por el rebrote de la pandemia.

A finales de febrero, este territorio con más de cinco millones de habitantes fue el primero en declarar estado de emergencia en suelo japonés debido al covid-19.

Se cerraron las escuelas, se cancelaron las reuniones a gran escala y los vecinos se alentaban a quedarse en casa.

El gobierno local persiguió el virus con determinación, rastreando agresivamente y aislando a cualquiera que hubiera tenido contacto con los contagiados.

La política funcionó y a mediados de marzo, el número de casos nuevos se había reducido a uno o dos por día.

El 19 de marzo se levantó el estado de emergencia y, a principios de abril, se reabrieron las escuelas.

Sin embargo, apenas 26 días después del levantamiento paulatino de las restricciones, se volvió a decretar la cuarentena en Hokkaido.

gobernador de Hokkaido.

Getty Images
El gobernador de Hokkaido declaró el estado de emergencia el 28 de febrero.

Hay que señalar que las autoridades locales actuaron de manera independiente del gobierno central, que colocó a Tokio, Osaka y otras cinco regiones en estado de emergencia recién la semana pasada. La declaratoria a nivel nacional se produjo este jueves.

En la última semana, Hokkaido ha registrado 135 nuevos casos confirmados de covid-19.

A diferencia del primer brote de febrero, no hay evidencia de que el virus haya sido reimportado desde fuera de Japón.

Ninguno de los nuevos contagios son extranjeros y los afectados no viajaron fuera de Japón en el último mes.

Tres lecciones

¿Qué nos dice esto sobre cómo se manejó el brote de virus en Hokkaido?

Hay al menos tres lecciones.

Primero que nada que puedes tener bajo control el brote si lo detectas temprano.

“Es relativamente sencillo delimitar grupos de contagiados, hacer seguimiento y aislar”, explica el profesor Kenji Shibuya, del King’s College de Londres.

El experto sostiene que las autoridades japonesas tuvieron bastante éxito en su enfoque de control de aglomeraciones.

La economía de Hokkaido depende del turismo en gran medida.

Getty Images
La economía de Hokkaido depende del turismo en gran medida.

“Japón estaba en la fase inicial del brote en ese entonces, fue localizado y se convirtió en un caso de éxito“, indica.

En este sentido, Hokkaido tiene cierta similitud con lo que sucedió en la ciudad surcoreana de Daegu.

Allí, un gran brote provocado dentro de un grupo de culto religioso fue rastreado agresivamente. Los infectados fueron aislados y se logró suprimir el foco de contagio.

Sin embargo, la segunda lección que nos deja Hokkaido es mucho menos tranquilizadora.

Después del brote de Daegu, el gobierno de Corea del Sur comenzó un programa de pruebas masivas para tratar de rastrear la epidemia. Japón hizo lo contrario.

Incluso ahora, más de tres meses después de que Japón registrara su primer caso, los exámenes para detectar contagios se realizaron a un pequeño porcentaje de la población.

La isla japonesa tuvo que reinstalar la cuarentena menos de un mes después del levantamiento de las restricciones.

Getty Images
La isla japonesa tuvo que reinstalar la cuarentena menos de un mes después del levantamiento de las restricciones.

Inicialmente, el gobierno afirmó que las pruebas a gran escala eran un “desperdicio de recursos”, pero en las últimas semanas cambió de tono y anunció que aumentarán las pruebas.

De todas formas, esto ha sido un proceso lento.

En primer lugar, el ministerio de Salud de Japón manifestó que existe el peligro de que los hospitales se vean abrumados por la cantidad de personas que den positivo en la prueba , pero que solo presenten “síntomas menores”.

Además, en Japón los exámenes son responsabilidad de los centros de salud locales y no del gobierno nacional.

Y algunos de estos establecimientos simplemente no cuentan con el personal o el equipo para practicar pruebas a gran escala.

Por si fuera poco, las líneas telefónicas gratuitas habilitadas se han visto abrumadas por la cantidad de personas que buscan información y lograr ser derivado a un médico es un problema.

Esta combinación de factores significa que las autoridades en Japón no tienen una idea clara de cómo el virus se está moviendo a través de su población, sostiene el profesor Shibuya.

Gente con mascarilla en Tokio.

Getty Images

Estamos en mitad de la fase explosiva del brote“, añade.

“La principal lección que se puede extraer de Hokkaido es que, incluso si se tuvo éxito en la contención la primera vez, es difícil aislar y mantener el bloqueo durante un largo período. A menos que se amplíe la cobertura de pruebas, es difícil identificar la transmisión comunitaria y la transmisión hospitalaria”, explica.

La tercera lección a largo plazo

Existe una tercera lección y es que esta “nueva realidad” durará mucho más de lo que la mayoría de la gente espera.

Hokkaido tuvo que volver a imponer las restricciones, aunque la versión japonesa del “bloqueo” al covid-19 es bastante más suave que el impuesto en otros países.

La mayoría de la gente todavía va a trabajar. Las escuelas pueden estar cerradas, pero las tiendas e incluso los bares permanecen abiertos.

Kenji Shibuya piensa que sin medidas más duras, Japón tiene pocas esperanzas de controlar esta llamada “segunda ola” de infecciones que se ha producido no solo en Hokkaido, sino en todo el país.

Chica con mascarilla en Tokio.

Getty Images
La segunda ola de contagios no solo ha afectado a Hokkaido sino a todo el país.

Otra lección clave, señala el entrevistado, es que “incluso si se tiene éxito en la contención local, pero hay transmisión en otras partes del país, mientras la gente se mueva, es difícil mantener a una zona libre del virus”, concluye.

La economía

Aun con restricciones más blandas que las tomadas en otros lugares, la economía en Hokkaido ya está sufriendo mucho.

La isla depende en gran medida del turismo y Japón prohibió los viajes desde Estados Unidos, Europa y la mayoría de los países de Asia.

Un amigo que posee un bar en la ciudad de Chitose, dentro de la isla, se vio obligado a cerrarlo y despedir a su personal.

Más al norte, en la población de Asahikawa, Naoki Tamura, también dueña de un bar, indicó que lo mantiene abierto, pero que casi no tiene clientes. Recibe a una o dos personas por noche.

“Solía ​​haber muchos turistas de China y el sudeste asiático, y han desaparecido por completo. Ahora no se habla ningún idioma extranjero en la calle. Los lugares de alojamiento más pequeños tienen que cerrar. Las empresas de turismo realmente están sufriendo”, lamenta.

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El nuevo estado de emergencia en Hokkaido finalizará oficialmente el 6 de mayo, en el final de los feriados por la “Semana Dorada” de Japón.

Aunque un funcionario del gobierno local que trabaja en la supresión de epidemias en Hokkaido ya anunció que las medidas de restricción podrán mantenerse en vigencia durante mucho más tiempo debido a esta segunda ola.

“Sentimos que tenemos que seguir haciendo lo mismo. El objetivo es minimizar el contacto entre las personas para detener la propagación del virus”, dijo.

¿Cuánto tiempo puede significar eso?

“Hasta que encontremos una vacuna tenemos que seguir tratando de detener la expansión”.


Con reportes adicionales realizados por Miho Tanaka.

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