El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios
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El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios

Aunque el gobierno federal habla de una nueva estrategia para combatir las adicciones, las declaraciones del presidente y la falta de recursos lo contradicen.
Cuartoscuro
8 de noviembre, 2019
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El gobierno federal relanzó su estrategia contra las adicciones anunciando un cambio en la manera de atender a la población y abordando la salud mental.

Por un lado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la legalización de la mariguana y la no criminalización de los consumidores, pero por otro, en los spots de campaña y en sus discursos relaciona los problemas de adicciones con “la desatención a los jóvenes, la desintegración de las familias”, y “la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”.

Ahí entra una gran contradicción, de acuerdo con Catalina Pérez Correa, especialista en política de drogas de América Latina y profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Leer más: Expresidentes denuncian que prohibición de drogas no tiene bases científicas

La investigadora explica que la política de drogas no parece ser diferente a la de administraciones pasadas, porque no contempla la posibilidad de que haya un consumo adulto y responsable, pues se manda un mensaje de que el único consumo sano es el que no se hace. 

Además, la estrategia anunciada por el presidente aún no tiene recursos presupuestado para 2020, mientras que las partidas asignadas en el pasado al tema de adicciones tendrán un recorte. 

No solo eso, la estructura con la que cuenta el gobierno federal para tratar el tema tiene un déficit de personal especializado, como reconoció la misma Secretaría de Salud en entrevista. 

El problema del plan presentado por el gobierno federal, subraya Pérez Correa, es que se parte de la idea de que todo consumo muestra “un defecto en la personalidad o en la comunidad”, y que no distingue entre un consumo problemático de uno responsable. 

“Esta idea muy cristiana o puritana de decir que solamente la gente que está sola o la gente que tiene problemas afectivos busca el consumo de drogas es mentira. La gente busca drogas por muchas razones distintas, sentirse más energéticos, para tener experiencias distintas, otros con razones medicinales o para explorar”.

Una política de drogas distinta, afirma Correa, tendría que asumir que hay un porcentaje de personas que van a consumir y lo que se debe reducir son “los riesgos para las personas que van a consumir, retrasar los primeros consumos lo más posible”.

¿En qué consiste la nueva estrategia? 

Una de las claves del nuevo plan, de acuerdo con las autoridades, es la implementación de “un modelo de cobertura universal de servicios de salud”, donde una entidad se encargará de la atención en salud mental.

Se trata de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasamar) que aún no existe oficialmente, pero que según la estrategia, deberá coordinarse con otras entidades como el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y las secretarías de Salud, Educación y Cultura.

Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, explica que su objetivo es incidir en una reducción de consumo de sustancias para evitar trastornos adictivos en la población, por lo que buscarán fortalecer la prevención y atención, mediante campañas masivas de información y capacitación a personal médico. 

En el caso de adultos y jóvenes que ingieren drogas y sustancias ilícitas, sin problemas de adicción, la especialista dice que su consumo debe ser respetado y no estigmatizado o criminalizado. 

“A esa parte de las juventudes que ya consumen, les queremos fomentar el tema de consumo responsable y tratamos también de incidir en una reducción de consumo, para que no vay a llegar a un trastorno con sustancias, que si bien es la minoría, en lo que queremos incidir es en que no haya ese riesgo”, explica en entrevista. 

Sin embargo, reconoce que el gobierno federal mantendrá acciones para detener la oferta de drogas, “mientras que nosotros vamos a tratar de incidir en los factores que causan la demanda, abordar esos factores psicosociales, para evitar el consumo, en el caso de los menores”.

Al respecto, Pérez Correa dice que “básicamente es el mismo discurso que vimos en otros gobiernos, en el cual se dice que lo único que están haciendo es combatir la oferta pero de facto lo que termina pasando es que la oferta se combate persiguiendo el narcomenudeo, y lo delitos de narcomenudeo se llevan a los consumidores entre las patas, ese siempre ha sido el problema”.  

La especialista sostiene que la estrategia de “combatir la oferta” siempre termina siendo una política que persigue a consumidores, a productores campesinos y a narcomenudistas que resultan ser jóvenes que venden en las calles.

El Consejo Nacional de Salud Mental también está colaborando con las campañas antiadicciones que se transmiten en los tiempos oficiales de radio y televisión, en los que “no estamos tratando de causar miedo”, según su secretaria técnica, quien afirma que, hasta ahora, no ha salido ningún anuncio que mencione la palabra “droga”, ni la palabra “adicto”. 

Pero esto contrasta con las palabras del mismo López Obrador quien dijo que buscan mostrar “el sufrimiento que produce la drogadicción”. 

“Vamos también a mostrar esto, lo que daña el fentanilo, el cristal, cómo elaboran esas drogas hasta con raticidas, y vamos a utilizar todo el tiempo en radio, en televisión que tenemos, lo que se contrata de publicidad dirigido a eso; y los tiempos oficiales a lo mismo, a informar, a orientar”, señaló. 

De hecho, tras el multihomicidio contra familiares del activista Julián LeBarón en Bavispe, Sonora, el presidente relacionó a los responsables con el consumo de estupefacientes.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general, los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, son gentes drogadas. Eso está probado”, dijo este 7 de noviembre en su conferencia mañanera.

 

Faltan psiquiatras y centros de prevención

Las propias autoridades federales han reconocido que hay falta de infraestructura y personal para atender a la población. 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, en México hay 3.6 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, de los cuales, el 60% está concentrado en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco. 

En cuanto a infraestructura, el país cuenta solo con 45 Centros Integrales de Salud Mental (Cisamen), de los cuales solo el 30% tienen médicos; los demás son atendidos por trabajadores sociales. 

También se cuenta con 336 Centros de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA), sin embargo no todos realizan actividades de prevención o atención a salud mental.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Salud Mental descarta construir más centros, pues buscan “aumentar su capacidad de atención”, y capacitar a personal no especializado para combatir el déficit en atención a la salud mental. 

Para capacitar a los trabajadores de salud, Rodríguez-Bores Ramírez asegura que utilizará la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2016.

El objetivo, asegura, es crear una red de facilitadores, para capacitar a personal de los estados, que su vez puedan replicar ese aprendizaje a enfermeras, trabajadores sociales, promotores de la salud, y todo personal que no es especialista en salud mental, pero participa en la identificación, diagnóstico, abordaje y tratamiento de las personas con trastornos de este tipo.

El cálculo, de acuerdo con la especialista, es capacitar anualmente a entre 240 y 480 personas, un promedio de 20 al mes, cuya formación se dará en tres o cuatro días. 

Hasta ahora, detalla, se han capacitado a 120 facilitadores del centro de atención Línea de la Vida, el cual ofrece prevención y atención del consumo de sustancias, así como orientación a familiares.

Centros de Integración Juvenil

El gobierno federal anunció el 29 de octubre la estrategia junto con voluntarios e integrantes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación que se dedica a la atención y rehabilitación de adicciones en México y que depende, en su mayoría, del Estado, por lo que está sujeta a sus normas.

De los 2,108 establecimientos residenciales privados que atienden adicciones en México, 11 unidades de hospitalización son de CIJ, más 104 unidades de consulta externa.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de drogas en México, de la Secretaría de Salud, 1,045 centros se encuentran registrados y apenas 348 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Catalina Pérez Correa advierte que justamente hay una falta de verificación en la que operan los centros privados, pues asegura que algunos de ellos pueden incurrir en actos de tortura o tratamientos que no están aprobados científicamente.

Te puede interesar: Malos tratos y tortura, el tratamiento en los centros de rehabilitación en México

La especialista asegura que el modelo con el que operan es el mismo, sin reducción de riesgos y daños ni información para los jóvenes que quieran consumir.

“Hay que ver todavía si implementan algunos programas de reducción de riesgos y daños, como intercambios de jeringas, o de lugares seguros para inyectar a quienes usan drogas inyectables. Campañas de prevención sobre el consumo para informar a las personas cuáles son las formas menos riesgosas de poder consumir”, menciona.

Datos del informe de salud muestran que en 2018, se atendieron 91,684 personas en la modalidad ambulatoria a través de la red de CAPAS, principalmente por consumo de alcohol y mariguana, mientras que en los en Centros de Integración Juvenil se atendieron 43,631 pacientes.

Recorte al presupuesto 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, por ahora no se cuenta con un monto establecido para la estrategia de manera integral, por lo que cada dependencia ha ido aportando recursos, sin embargo, esperan que exista una partida específica para el presupuesto de 2020.

En tanto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud, expuso que para el programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, del Ramo 12 Salud, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se reduce el presupuesto 18.2 millones de pesos, 1.3% en términos reales.

También dijo que para la Conadic se proyecta un recorte de 50 millones, lo que implicará una reducción del 7%. 

El legislador sostuvo que el servicio contra el tema de adicciones en las instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE se maneja de manera deficiente, por lo que propondrán un reajuste para no reducir en término reales el dinero sobre atención a adicciones en 2020. 

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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