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Cuartoscuro

El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios

Aunque el gobierno federal habla de una nueva estrategia para combatir las adicciones, las declaraciones del presidente y la falta de recursos lo contradicen.
Cuartoscuro
8 de noviembre, 2019
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El gobierno federal relanzó su estrategia contra las adicciones anunciando un cambio en la manera de atender a la población y abordando la salud mental.

Por un lado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la legalización de la mariguana y la no criminalización de los consumidores, pero por otro, en los spots de campaña y en sus discursos relaciona los problemas de adicciones con “la desatención a los jóvenes, la desintegración de las familias”, y “la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”.

Ahí entra una gran contradicción, de acuerdo con Catalina Pérez Correa, especialista en política de drogas de América Latina y profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Leer más: Expresidentes denuncian que prohibición de drogas no tiene bases científicas

La investigadora explica que la política de drogas no parece ser diferente a la de administraciones pasadas, porque no contempla la posibilidad de que haya un consumo adulto y responsable, pues se manda un mensaje de que el único consumo sano es el que no se hace. 

Además, la estrategia anunciada por el presidente aún no tiene recursos presupuestado para 2020, mientras que las partidas asignadas en el pasado al tema de adicciones tendrán un recorte. 

No solo eso, la estructura con la que cuenta el gobierno federal para tratar el tema tiene un déficit de personal especializado, como reconoció la misma Secretaría de Salud en entrevista. 

El problema del plan presentado por el gobierno federal, subraya Pérez Correa, es que se parte de la idea de que todo consumo muestra “un defecto en la personalidad o en la comunidad”, y que no distingue entre un consumo problemático de uno responsable. 

“Esta idea muy cristiana o puritana de decir que solamente la gente que está sola o la gente que tiene problemas afectivos busca el consumo de drogas es mentira. La gente busca drogas por muchas razones distintas, sentirse más energéticos, para tener experiencias distintas, otros con razones medicinales o para explorar”.

Una política de drogas distinta, afirma Correa, tendría que asumir que hay un porcentaje de personas que van a consumir y lo que se debe reducir son “los riesgos para las personas que van a consumir, retrasar los primeros consumos lo más posible”.

¿En qué consiste la nueva estrategia? 

Una de las claves del nuevo plan, de acuerdo con las autoridades, es la implementación de “un modelo de cobertura universal de servicios de salud”, donde una entidad se encargará de la atención en salud mental.

Se trata de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasamar) que aún no existe oficialmente, pero que según la estrategia, deberá coordinarse con otras entidades como el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y las secretarías de Salud, Educación y Cultura.

Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, explica que su objetivo es incidir en una reducción de consumo de sustancias para evitar trastornos adictivos en la población, por lo que buscarán fortalecer la prevención y atención, mediante campañas masivas de información y capacitación a personal médico. 

En el caso de adultos y jóvenes que ingieren drogas y sustancias ilícitas, sin problemas de adicción, la especialista dice que su consumo debe ser respetado y no estigmatizado o criminalizado. 

“A esa parte de las juventudes que ya consumen, les queremos fomentar el tema de consumo responsable y tratamos también de incidir en una reducción de consumo, para que no vay a llegar a un trastorno con sustancias, que si bien es la minoría, en lo que queremos incidir es en que no haya ese riesgo”, explica en entrevista. 

Sin embargo, reconoce que el gobierno federal mantendrá acciones para detener la oferta de drogas, “mientras que nosotros vamos a tratar de incidir en los factores que causan la demanda, abordar esos factores psicosociales, para evitar el consumo, en el caso de los menores”.

Al respecto, Pérez Correa dice que “básicamente es el mismo discurso que vimos en otros gobiernos, en el cual se dice que lo único que están haciendo es combatir la oferta pero de facto lo que termina pasando es que la oferta se combate persiguiendo el narcomenudeo, y lo delitos de narcomenudeo se llevan a los consumidores entre las patas, ese siempre ha sido el problema”.  

La especialista sostiene que la estrategia de “combatir la oferta” siempre termina siendo una política que persigue a consumidores, a productores campesinos y a narcomenudistas que resultan ser jóvenes que venden en las calles.

El Consejo Nacional de Salud Mental también está colaborando con las campañas antiadicciones que se transmiten en los tiempos oficiales de radio y televisión, en los que “no estamos tratando de causar miedo”, según su secretaria técnica, quien afirma que, hasta ahora, no ha salido ningún anuncio que mencione la palabra “droga”, ni la palabra “adicto”. 

Pero esto contrasta con las palabras del mismo López Obrador quien dijo que buscan mostrar “el sufrimiento que produce la drogadicción”. 

“Vamos también a mostrar esto, lo que daña el fentanilo, el cristal, cómo elaboran esas drogas hasta con raticidas, y vamos a utilizar todo el tiempo en radio, en televisión que tenemos, lo que se contrata de publicidad dirigido a eso; y los tiempos oficiales a lo mismo, a informar, a orientar”, señaló. 

De hecho, tras el multihomicidio contra familiares del activista Julián LeBarón en Bavispe, Sonora, el presidente relacionó a los responsables con el consumo de estupefacientes.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general, los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, son gentes drogadas. Eso está probado”, dijo este 7 de noviembre en su conferencia mañanera.

 

Faltan psiquiatras y centros de prevención

Las propias autoridades federales han reconocido que hay falta de infraestructura y personal para atender a la población. 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, en México hay 3.6 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, de los cuales, el 60% está concentrado en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco. 

En cuanto a infraestructura, el país cuenta solo con 45 Centros Integrales de Salud Mental (Cisamen), de los cuales solo el 30% tienen médicos; los demás son atendidos por trabajadores sociales. 

También se cuenta con 336 Centros de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA), sin embargo no todos realizan actividades de prevención o atención a salud mental.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Salud Mental descarta construir más centros, pues buscan “aumentar su capacidad de atención”, y capacitar a personal no especializado para combatir el déficit en atención a la salud mental. 

Para capacitar a los trabajadores de salud, Rodríguez-Bores Ramírez asegura que utilizará la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2016.

El objetivo, asegura, es crear una red de facilitadores, para capacitar a personal de los estados, que su vez puedan replicar ese aprendizaje a enfermeras, trabajadores sociales, promotores de la salud, y todo personal que no es especialista en salud mental, pero participa en la identificación, diagnóstico, abordaje y tratamiento de las personas con trastornos de este tipo.

El cálculo, de acuerdo con la especialista, es capacitar anualmente a entre 240 y 480 personas, un promedio de 20 al mes, cuya formación se dará en tres o cuatro días. 

Hasta ahora, detalla, se han capacitado a 120 facilitadores del centro de atención Línea de la Vida, el cual ofrece prevención y atención del consumo de sustancias, así como orientación a familiares.

Centros de Integración Juvenil

El gobierno federal anunció el 29 de octubre la estrategia junto con voluntarios e integrantes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación que se dedica a la atención y rehabilitación de adicciones en México y que depende, en su mayoría, del Estado, por lo que está sujeta a sus normas.

De los 2,108 establecimientos residenciales privados que atienden adicciones en México, 11 unidades de hospitalización son de CIJ, más 104 unidades de consulta externa.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de drogas en México, de la Secretaría de Salud, 1,045 centros se encuentran registrados y apenas 348 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Catalina Pérez Correa advierte que justamente hay una falta de verificación en la que operan los centros privados, pues asegura que algunos de ellos pueden incurrir en actos de tortura o tratamientos que no están aprobados científicamente.

Te puede interesar: Malos tratos y tortura, el tratamiento en los centros de rehabilitación en México

La especialista asegura que el modelo con el que operan es el mismo, sin reducción de riesgos y daños ni información para los jóvenes que quieran consumir.

“Hay que ver todavía si implementan algunos programas de reducción de riesgos y daños, como intercambios de jeringas, o de lugares seguros para inyectar a quienes usan drogas inyectables. Campañas de prevención sobre el consumo para informar a las personas cuáles son las formas menos riesgosas de poder consumir”, menciona.

Datos del informe de salud muestran que en 2018, se atendieron 91,684 personas en la modalidad ambulatoria a través de la red de CAPAS, principalmente por consumo de alcohol y mariguana, mientras que en los en Centros de Integración Juvenil se atendieron 43,631 pacientes.

Recorte al presupuesto 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, por ahora no se cuenta con un monto establecido para la estrategia de manera integral, por lo que cada dependencia ha ido aportando recursos, sin embargo, esperan que exista una partida específica para el presupuesto de 2020.

En tanto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud, expuso que para el programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, del Ramo 12 Salud, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se reduce el presupuesto 18.2 millones de pesos, 1.3% en términos reales.

También dijo que para la Conadic se proyecta un recorte de 50 millones, lo que implicará una reducción del 7%. 

El legislador sostuvo que el servicio contra el tema de adicciones en las instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE se maneja de manera deficiente, por lo que propondrán un reajuste para no reducir en término reales el dinero sobre atención a adicciones en 2020. 

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Getty Images

El juicio en Nueva York donde afirman que “El Chapo” Guzmán sobornó al presidente de Honduras

La fiscalía de EU aseguró que el líder del cartel de Sinaloa envió un millón de dólares al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante su hermano, cuyo juicio ha comenzado en Manhattan. El mandatario rechaza la alegación.
Getty Images
3 de octubre, 2019
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El juicio por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras arrancó en Manhattan tan explosivo como prometía: la fiscalía afirmó que el propio mandatario, Juan Orlando Hernández, recibió millones para proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros narcos.

“El acusado estaba protegido por y tenía acceso a su hermano, el actual presidente de Honduras, un hombre que ha recibido millones de dólares en sobornos de dinero de la droga (…) de hombres como ‘El Chapo'”, dijo el fiscal Jason Richman en sus alegatos iniciales este miércoles.

No se han presentado cargos hasta ahora contra Juan Orlando Hernández, quien tuiteó que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula“.

El presidente estuvo en Nueva York la semana pasada para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y cerró un trato con el gobierno de Donald Trump para aceptar que sean deportados a su país migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y hayan pasado antes por Honduras.

Trump saludó personalmente a Juan Orlando Hernández y dijo a la asamblea de la ONU que Honduras es uno de los “amigos en la región” con los que trabaja estrechamente en temas fronterizos.

Sin embargo, ya se preveía que los fiscales del juicio al exdiputado hondureño involucrarían a su hermano presidente, como presunta parte de un plan criminal con otros funcionarios para alcanzar la cima del poder en Honduras.

“Auspiciada por el Estado”

Tony Hernández fue detenido en Miami el año pasado y su juicio en una corte federal de Manhattan comenzó este miércoles con la selección del jurado y los primeros alegatos.

Está acusado de conspirar con narcos de distintos países para enviar toneladas de cocaína a EE.UU. desde 2004, por lo que podría recibir una sentencia mínima de cinco años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Juan Orlando Hernández y Donald Trump

Reuters
Los presidentes de Honduras y Estados Unidos dejaron ver su sintonía en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El exdiputado siguió los alegatos en la corte con una calma que contrasta con la violencia que le atribuye la fiscalía, que lo vincula con al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013, antes de llegar al Congreso.

El fiscal Richman sostuvo que Tony Hernández era parte de una estructura de narcotráfico “auspiciada por el Estado” hondureño y protegida por alcaldes, congresistas, generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.

Además aseguró que el acusado recibió en persona un soborno de US$1 millón para su hermano presidente, de parte de “El Chapo” Guzmán y su cartel de Sinaloa.

El mexicano Guzmán fue condenado este año en otra corte de Nueva York a cadena perpetua, en lo que es considerado el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EE.UU.

El presidente hondureño recibió sobornos “de algunos de los traficantes de cocaína más grandes del mundo”, dijo Richman.

Chapo

AFP
“El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

La fiscalía procura demostrar que las campañas electorales de Juan Orlando Hernández y su antecesor Porfirio Lobo (2010-2014) fueron financiadas al menos parcialmente con recursos del narcotráfico.

Lobo tampoco enfrenta cargos en EE.UU. y ha rechazado esos señalamientos.

La acusación contaría entre otras cosas con un testigo cooperante que asegura haber entregado al menos US$1,5 millones del narcotráfico para contribuir a que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones de 2013.

Entre los testigos que se aguardan para el juicio hay exnarcos presos en EE.UU., como el exalcalde hondureño Amilcar Alexander Ardón y un exlíder de la organización criminal de ese país Los Cachiros.

El fiscal Richman indicó que Tony Hernández llegó a ser “intocable” en Honduras por la protección que recibía de su hermano presidente y la red de corrupción en el poder.

“Alicia en el País de las Maravillas”

El presidente hondureño reaccionó rápido a las noticias sobre los dichos del fiscal y sostuvo en su cuenta de Twitter que “esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”.

La semana pasada Hernández le dijo a la asamblea de la ONU que su gobierno luchó contra el crimen organizado y por eso hay una “campaña sucia de desprestigio” contra él por parte de narcos, pandilleros, policías y políticos corruptos.

Una protesta contra el presidente de Honduras

AFP
En la capital de Honduras miles de personas han exigido la renuncia de Juan Orlando Hernández (JOH).

El abogado de Tony Hernández, Omar Malone, indicó en el inicio del juicio este miércoles que hay criminales que desean perjudicar a su cliente después de que su hermano habilitara la extradición de narcos a EE.UU.

Malone señaló además que Juan Orlando Hernández “interactúa con EE.UU. como cualquier otro presidente”.

El mandatario ha enfrentado recientes protestas de opositores que reclaman su renuncia, y este mismo miércoles decenas de hondureños se manifestaron en su contra frente a la corte de Manhattan.

En medio de esta situación, Juan Orlando Hernández alcanzó el acuerdo migratorio con el gobierno de Trump para reducir la cantidad de solicitudes de asilo en EE.UU. de personas que buscan huir de la violencia y pobreza en Centroamérica.

Guatemala y El Salvador han firmado pactos similares con Washington.

Trump y Hernández estrecharon sus manos la semana pasada durante la asamblea de la ONU.

“Nos reunimos con Honduras, como saben, y también tuvimos reuniones previas a esto con Guatemala, reuniones tremendamente exitosas”, dijo Trump junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“Firmamos acuerdos con ellos: acuerdos de cooperación”, agregó el presidente estadounidense. “Eso es bueno para todos nosotros”.


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