Vocero de policía comunitaria de Guerrero encarcelado más de 5 años demandará al Estado
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Alberto Pradilla

Vocero de policía comunitaria de Guerrero encarcelado más de 5 años demandará al Estado

Gonzalo Molina González reclama al Gobierno de la República un resarcimiento por los años encarcelado y el fin de las órdenes de aprensión contra miembros de la policía comunitaria.
Alberto Pradilla
7 de noviembre, 2019
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“No tengo que pedir perdón, en todo caso el gobierno me tiene que pedir perdón a mí y a mi familia por el daño que nos hicieron”. Gonzalo Molina González (Matialapa, Tixtla, Guerrero, 1962) pasó cinco años y tres meses en prisión acusado de diversos delitos que un juez determinó que no había cometido. Absuelto de todos sus cargos desde el 28 de febrero de este año, el expreso político quiere presentar una demanda contra el Estado para ser resarcido por el tiempo que permaneció encerrado.  

“Me tuvieron cinco años y medio en prisión y demostré que no hubo delito, que todo era legal. La libertad de Gonzalo no se la debemos a nadie. Hay organizaciones que dicen, “lo sacamos”. Pero querían que saliera por amparo, o porque el fiscal se desistiera. Otras me pidieron que negociara. Yo dije que no, que iba a salir por la vía legal. Quise que me sentenciara porque no he cometido un delito. Tampoco pedí la amnistía. No tengo que pedir perdón, en todo caso el gobierno me tiene que pedir perdón a mí y a mi familia por el daño que nos hicieron”, dice en entrevista con Animal Político. 

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La demanda se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y exigirá el resarcimiento a Gonzalo Molina, la retirada de órdenes de aprensión contra integrantes de la CRAC-EP y la devolución del material incautado por la policía, según informó Enriqueta Chávez, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero. 

Gonzalo Molina González es un hombre comprometido, de esos con discurso denso y elaborado, de los que no dejan pasar una frase sin carga política. Era vocero y uno de los promotores de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) cuando fue arrestado en un retén de carretera el 6 de noviembre de 2013. 

Fue acusado de “terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones”. Durante cinco años permaneció encerrado en cárceles de Oaxaca, Estado de México y Guerrero. 

El 28 de febrero, el juzgado mixto de primera instancia con sede en Tixtla lo declaró inocente de todos sus cargos y ordenó su puesta en libertad. 

En los últimos años, al menos 50 integrantes de la CRAC-PC fueron arrestados y encarcelados, según Enriqueta Chávez. En la actualidad todos ellos recuperaron la libertad salvo Julio César Cotecón, que se encuentra en el penal de Chilpancingo, Guerrero. 

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Actualmente existen 5 casas de justicia que operan para 250 comunidades. Sin embargo, Chávez reconoce que la CRAC-EP fue “muy dañada” y que se encuentra en un período de reestructuración. 

En opinión de Molina, el proceso abierto en su contra tuvo como objetivo debilitar la policía comunitaria. 

Su relato sobre la CRAC-EP, la detención, los años de cárcel y el proceso en su contra tiene dos vertientes, la personal y la política.

En términos personales, Molina González acusa al Estado de haber “destruido a su familia”. Su salud también se ha deteriorado. El aislamiento en una celda de metro por metro y medio es un castigo añadido. También las humedades de la celda en Oaxaca, que le provocaron problemas irreversibles de salud. Otro plus de peligrosidad: tuvo que estar encerrado con integrantes de grupos criminales como Los Rojos, contra los que combatió en Guerrero. Enemigos convertidos en compañeros de presidio. Una bomba de relojería de la que Molina González solo relata las constantes amenazas. “Siempre llevas ese tipo de amenazas pero cuando tus ideas son firmes no hay nada que te doble”, dice. 

Desde que salió de prisión tampoco lo ha tenido fácil. Asegura haber enfrentado tres intentos de levantón en la Ciudad de México. Todo ello a pesar de estar incluido dentro del Mecanismo de Protección para activistas y periodistas. 

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“El mecanismo se supone que tendría que estar resguardándome, que tendría que estar bajo cuidado de ellos. Pero cuando detecto estas cosas (los intentos de levantón), rompo con el mecanismo y me blindo solo, me protejo con mis propios medios, llegando a perder el contacto con todo el mundo, incluso con mi familia”, explica.

Animal Político quiso conocer la opinión del mecanismo, dependiente de la secretaría de Gobernación, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta. 

Un ejemplo de la inseguridad que persigue a Molina González: la entrevista se realiza en un parque de la ciudad de México, casi a escondidas. El policía comunitario solo se siente seguro en la montaña de Guerrero. “Ahí garantizamos la seguridad, ahí no hay problema”, argumenta.

En marzo, el policía comunitario presentó una denuncia ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH). En ella denuncia amenazas contra él y su familia por parte del crimen organizado, el levantón sufrido por uno de sus compañeros ocho días antes de que Molina González saliese de la cárcel, y “la constante vigilancia de halcones y constantes recorridos de peinando la zona de sicarios que se desplazaban en camionetas”. 

“Hago responsables a las autoridades obligadas de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos de lo que me suceda tanto a mi persona, a mi familia y a mis compañeros”, afirma la demanda. 

Apenas dos semanas después de interponer esta queja, Molina González permaneció en paradero desconocido por varios días después de detectar que desconocidos planeaban secuestrarlo. 

Además de las consecuencias personales, el policía comunitario hace hincapié en el panorama desolador que encontró al salir de prisión. 

“Salgo y la delincuencia está posicionada en todos los sentidos. El Gobierno destruyó todo lo que habíamos construido como proyecto de vida”, se queja.

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“Hay una estrategia del gobierno, lo dije antes de caer a la cárcel, hay una estrategia para destruir el proyecto de la CRAC. Esa estrategia es la cooptación de compañeros, para que obedezcan y se desmovilicen”, asegura. En su opinión, quienes fueron cabezas visibles del movimiento tuvieron tres alternativas: la muerte, la cárcel o la desaparición. 

La gran preocupación de Molina González ahora es la desmovilización que encontró tras ser excarcelado. Antes, pone énfasis en reivindicar la legitimidad de la policía comunitaria. “Somos legales y legítimos, porque nos amparamos en la Constitución, las leyes de Guerrero y normas como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México”, afirma. 

El policía comunitario pone énfasis en la legitimidad institucional. Por eso, marca distancias con los grupos de autodefensa. “No somos lo mismo. Nosotros somos una institución, no productos impulsados por las autoridades o por la misma delincuencia”, afirma. 

Por eso, su propuesta tiene que ver con un desarrollo integral, no solo con la seguridad. Y reclama fondos a las autoridades para poder llevarlo a cabo.  “Si los gobiernos lo respetaran, se daría presupuesto para nuestro propio desarrollo, dentro de nuestra propia cosmovisión. No se trata de un desarrollo como lo plantean los gobiernos”, dice. 

Por estos motivos asegura que no confía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Nunca creímos que pudiera haber un cambio. No sé quién se lo haya creído. De alguna forma, tenemos claro que estamos viviendo en un sistema capitalista y el cambio no va a ser por cambiar una persona. Hay toda una estructura”, dice. 

Como ejemplo, Molina González pone los megaproyectos que tratan de instalarse en Guerrero, especialmente las iniciativas mineras. 

“Esta es una tierra rica en oro y zinc. Y las mineras quieren entrar. Se está luchando por la vía legal, que son los amparos”, dice. 

Pone como ejemplo el caso de Carizalillo, en Guerrero. “Cuando ingresa la minera les ofrece recursos por sus tierras, les dijeron que iba a haber progreso… ¿qué pasó? que les pagaron seis pesos cada metro. Y cuando los sicarios, la delincuencia, cree que les están dando mucho dinero, va y les quita ese recurso. Se quedan sin nada, la minera trabajando y solo te contratan unas 50 personas para limpiar el oro. El resto lo hacen las maquinas”, explica.

Como alternativa, el policía comunitario explica que en los últimos meses se ha dedicado a visitar comunidades y tratar de organizarlas. 

“Quiero hacer un llamado a los compañeros de la CRAC. Que se pongan las pilas, que luchemos por nuestros derechos. Que los hagamos valer y que hagamos uso de ellos”, afirma 

“Yo estoy en la región de la montaña, visitando los pueblos, los miztecos, los tlapanecos, los nahuas. Los pueblos necesitan que estés ahí, que duermas, comas, platiques con ellos.  Estamos haciendo una producción de calzado, guaraches, cinturones, en comunidades de Malinaltepec, Citlaltepec y Ayutla”, explica. 

“Estamos dentro del marco legal y legítimo”, asegura. “No somos un grupo, somos una institución legal y legítima”. “La CRAC – PC estamos reconstruyendo el trabajo que destruyo el estado, reconstruyendo el tejido social, y formando policías comunitarios en donde no había, a través de un proyecto integral. Este proyecto va más allá de las armas. Este proyecto es de vida, de salud, de educación”, dice.

Por el momento, el policía comunitario pide que el Estado reconozca que le encarceló injustamente durante cinco años y tres meses. 

La CRAC PC estamos reconstruyendo el trabajo que destruyo el estado, reconstruyendo el tejido social, y formando policías comunitarios en donde no había, a través de un proyecto integral. Este proyecto va más allá de las armas. Este proyecto es de vida, de salud, de educación.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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