“No tengo que pedir perdón, en todo caso el gobierno me tiene que pedir perdón a mí y a mi familia por el daño que nos hicieron”. Gonzalo Molina González (Matialapa, Tixtla, Guerrero, 1962) pasó cinco años y tres meses en prisión acusado de diversos delitos que un juez determinó que no había cometido. Absuelto de todos sus cargos desde el 28 de febrero de este año, el expreso político quiere presentar una demanda contra el Estado para ser resarcido por el tiempo que permaneció encerrado.
“Me tuvieron cinco años y medio en prisión y demostré que no hubo delito, que todo era legal. La libertad de Gonzalo no se la debemos a nadie. Hay organizaciones que dicen, “lo sacamos”. Pero querían que saliera por amparo, o porque el fiscal se desistiera. Otras me pidieron que negociara. Yo dije que no, que iba a salir por la vía legal. Quise que me sentenciara porque no he cometido un delito. Tampoco pedí la amnistía. No tengo que pedir perdón, en todo caso el gobierno me tiene que pedir perdón a mí y a mi familia por el daño que nos hicieron”, dice en entrevista con Animal Político.
La demanda se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y exigirá el resarcimiento a Gonzalo Molina, la retirada de órdenes de aprensión contra integrantes de la CRAC-EP y la devolución del material incautado por la policía, según informó Enriqueta Chávez, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero.
Gonzalo Molina González es un hombre comprometido, de esos con discurso denso y elaborado, de los que no dejan pasar una frase sin carga política. Era vocero y uno de los promotores de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) cuando fue arrestado en un retén de carretera el 6 de noviembre de 2013.
Fue acusado de “terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones”. Durante cinco años permaneció encerrado en cárceles de Oaxaca, Estado de México y Guerrero.
El 28 de febrero, el juzgado mixto de primera instancia con sede en Tixtla lo declaró inocente de todos sus cargos y ordenó su puesta en libertad.
En los últimos años, al menos 50 integrantes de la CRAC-PC fueron arrestados y encarcelados, según Enriqueta Chávez. En la actualidad todos ellos recuperaron la libertad salvo Julio César Cotecón, que se encuentra en el penal de Chilpancingo, Guerrero.
Actualmente existen 5 casas de justicia que operan para 250 comunidades. Sin embargo, Chávez reconoce que la CRAC-EP fue “muy dañada” y que se encuentra en un período de reestructuración.
En opinión de Molina, el proceso abierto en su contra tuvo como objetivo debilitar la policía comunitaria.
Su relato sobre la CRAC-EP, la detención, los años de cárcel y el proceso en su contra tiene dos vertientes, la personal y la política.
En términos personales, Molina González acusa al Estado de haber “destruido a su familia”. Su salud también se ha deteriorado. El aislamiento en una celda de metro por metro y medio es un castigo añadido. También las humedades de la celda en Oaxaca, que le provocaron problemas irreversibles de salud. Otro plus de peligrosidad: tuvo que estar encerrado con integrantes de grupos criminales como Los Rojos, contra los que combatió en Guerrero. Enemigos convertidos en compañeros de presidio. Una bomba de relojería de la que Molina González solo relata las constantes amenazas. “Siempre llevas ese tipo de amenazas pero cuando tus ideas son firmes no hay nada que te doble”, dice.
Desde que salió de prisión tampoco lo ha tenido fácil. Asegura haber enfrentado tres intentos de levantón en la Ciudad de México. Todo ello a pesar de estar incluido dentro del Mecanismo de Protección para activistas y periodistas.
“El mecanismo se supone que tendría que estar resguardándome, que tendría que estar bajo cuidado de ellos. Pero cuando detecto estas cosas (los intentos de levantón), rompo con el mecanismo y me blindo solo, me protejo con mis propios medios, llegando a perder el contacto con todo el mundo, incluso con mi familia”, explica.
Animal Político quiso conocer la opinión del mecanismo, dependiente de la secretaría de Gobernación, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Un ejemplo de la inseguridad que persigue a Molina González: la entrevista se realiza en un parque de la ciudad de México, casi a escondidas. El policía comunitario solo se siente seguro en la montaña de Guerrero. “Ahí garantizamos la seguridad, ahí no hay problema”, argumenta.
En marzo, el policía comunitario presentó una denuncia ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH). En ella denuncia amenazas contra él y su familia por parte del crimen organizado, el levantón sufrido por uno de sus compañeros ocho días antes de que Molina González saliese de la cárcel, y “la constante vigilancia de halcones y constantes recorridos de peinando la zona de sicarios que se desplazaban en camionetas”.
“Hago responsables a las autoridades obligadas de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos de lo que me suceda tanto a mi persona, a mi familia y a mis compañeros”, afirma la demanda.
Apenas dos semanas después de interponer esta queja, Molina González permaneció en paradero desconocido por varios días después de detectar que desconocidos planeaban secuestrarlo.
Además de las consecuencias personales, el policía comunitario hace hincapié en el panorama desolador que encontró al salir de prisión.
“Salgo y la delincuencia está posicionada en todos los sentidos. El Gobierno destruyó todo lo que habíamos construido como proyecto de vida”, se queja.
“Hay una estrategia del gobierno, lo dije antes de caer a la cárcel, hay una estrategia para destruir el proyecto de la CRAC. Esa estrategia es la cooptación de compañeros, para que obedezcan y se desmovilicen”, asegura. En su opinión, quienes fueron cabezas visibles del movimiento tuvieron tres alternativas: la muerte, la cárcel o la desaparición.
La gran preocupación de Molina González ahora es la desmovilización que encontró tras ser excarcelado. Antes, pone énfasis en reivindicar la legitimidad de la policía comunitaria. “Somos legales y legítimos, porque nos amparamos en la Constitución, las leyes de Guerrero y normas como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México”, afirma.
El policía comunitario pone énfasis en la legitimidad institucional. Por eso, marca distancias con los grupos de autodefensa. “No somos lo mismo. Nosotros somos una institución, no productos impulsados por las autoridades o por la misma delincuencia”, afirma.
Por eso, su propuesta tiene que ver con un desarrollo integral, no solo con la seguridad. Y reclama fondos a las autoridades para poder llevarlo a cabo. “Si los gobiernos lo respetaran, se daría presupuesto para nuestro propio desarrollo, dentro de nuestra propia cosmovisión. No se trata de un desarrollo como lo plantean los gobiernos”, dice.
Por estos motivos asegura que no confía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Nunca creímos que pudiera haber un cambio. No sé quién se lo haya creído. De alguna forma, tenemos claro que estamos viviendo en un sistema capitalista y el cambio no va a ser por cambiar una persona. Hay toda una estructura”, dice.
Como ejemplo, Molina González pone los megaproyectos que tratan de instalarse en Guerrero, especialmente las iniciativas mineras.
“Esta es una tierra rica en oro y zinc. Y las mineras quieren entrar. Se está luchando por la vía legal, que son los amparos”, dice.
Pone como ejemplo el caso de Carizalillo, en Guerrero. “Cuando ingresa la minera les ofrece recursos por sus tierras, les dijeron que iba a haber progreso… ¿qué pasó? que les pagaron seis pesos cada metro. Y cuando los sicarios, la delincuencia, cree que les están dando mucho dinero, va y les quita ese recurso. Se quedan sin nada, la minera trabajando y solo te contratan unas 50 personas para limpiar el oro. El resto lo hacen las maquinas”, explica.
Como alternativa, el policía comunitario explica que en los últimos meses se ha dedicado a visitar comunidades y tratar de organizarlas.
“Quiero hacer un llamado a los compañeros de la CRAC. Que se pongan las pilas, que luchemos por nuestros derechos. Que los hagamos valer y que hagamos uso de ellos”, afirma
“Yo estoy en la región de la montaña, visitando los pueblos, los miztecos, los tlapanecos, los nahuas. Los pueblos necesitan que estés ahí, que duermas, comas, platiques con ellos. Estamos haciendo una producción de calzado, guaraches, cinturones, en comunidades de Malinaltepec, Citlaltepec y Ayutla”, explica.
“Estamos dentro del marco legal y legítimo”, asegura. “No somos un grupo, somos una institución legal y legítima”. “La CRAC – PC estamos reconstruyendo el trabajo que destruyo el estado, reconstruyendo el tejido social, y formando policías comunitarios en donde no había, a través de un proyecto integral. Este proyecto va más allá de las armas. Este proyecto es de vida, de salud, de educación”, dice.
Por el momento, el policía comunitario pide que el Estado reconozca que le encarceló injustamente durante cinco años y tres meses.
La CRAC PC estamos reconstruyendo el trabajo que destruyo el estado, reconstruyendo el tejido social, y formando policías comunitarios en donde no había, a través de un proyecto integral. Este proyecto va más allá de las armas. Este proyecto es de vida, de salud, de educación.
