'Ya no queremos más promesas', los reclamos de la Caravana de madres de migrantes desaparecidos
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Andrea Vega

'Ya no queremos más promesas', los reclamos de la Caravana de madres de migrantes desaparecidos

Como cada año, desde hace 15, madres y familiares de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua recorren México para buscar a los integrantes de sus familias de quienes se ha perdido el rastro en este país.
Andrea Vega
30 de noviembre, 2019
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“¿Dónde quedan los gritos de las madres de los desaparecidos? ¿Dónde quedan también los del resto de sus familiares? Venimos aquí y lanzamos consignas. Hablamos con las autoridades. Pero parece que no nos escuchan. Creo que ya son tantos casos, tantas historias, que ya solo nos dicen que los van a buscar y después, ¿dónde queda todo eso?”, pregunta Lidia Marilú López, integrante de la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos.

El contingente llega a México cada año para recorrer los 5 mil kilómetros de la ruta migratoria que debieron hacer sus familiares antes de perderse, en un intento más por encontrarlos. El grupo se reúne con autoridades, organiza mítines, intercambia experiencias con organizaciones mexicanas y busca, busca y busca. 

Este año, la caravana la integran 45 mujeres y cinco hombres de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El 27 de noviembre llegaron a la Ciudad de México y este viernes 29 están en convivio con organizaciones mexicanas de búsqueda en la explanada del Monumento a la Madre. La mayoría son eso: madres, pero también hay hermanas, hermanos, padres e hijos de desaparecidos. 

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Ese es el caso de Lidia. A ella le ha tocado hacer la búsqueda a la inversa. La que desapareció fue su madre Alicia Méndez y su hermana Suceli Elizabeth Méndez, entonces de ocho años. A ellas las secuestraron en Motozintla, Chiapas, donde vivían y trabajaban vendiendo productos de Omnilife. 

Ese día también se llevaron al hijo de Lidia, quien había venido junto con el niño desde Guatemala a visitar a su madre. La señora salió al mercado juntos con los dos menores. Nadie supo qué pasó. No hubo testigos. Solo desaparecieron. Después el niño apareció en un parque golpeado y traumatizado. 

“No sé por qué a él lo regresaron. Yo estoy segura que mi madre hizo algo para que lo devolvieran. Amaba mucho a mi hijo. Era su primer nieto. Me gustaría que supiera que él está bien, donde esté, que sepa que su nieto está bien”, dice Lidia.

La mujer lleva tratando de encontrar a su madre y a su hermana desde 2004. Esta es la primera vez que participa en la caravana. Lidia dice que no ha encontrado más que promesas. 

“Hay autoridades de unos lugares que nos dicen que no tienen la capacidad de buscarlos. En otros lados nos dicen que los van a buscar. Yo tengo todos estos años tratando de encontrar a mi madre y a mi hermana y lo único que he conseguido es una carpeta de investigación llena de oficios, pero de búsqueda real nada”.

Esa es la exigencia de los integrantes de la caravana, que pretende visitar 13 estados de México, que las autoridades pasen de la búsqueda de escritorio, como ellos le llaman, a la búsqueda en campo. 

“Ya son 15 años de organizar la caravana y no queremos que solo nos vean y luego que pasamos ya se olvidó el tema. Ya no queremos promesas. Queremos un compromiso de los gobernantes de que el tema de los migrantes desaparecidos lo llevarán a sus mesas de trabajo, y que no nada más año con año saquen los expedientes que tiene ahí engavetados. Queremos una búsqueda de campo”, dice Anita Celaya, salvadoreña que busca a su hijo, Rafael Alberto Rolín, desaparecido en México desde hace 17 años. 

La señora dice que en todo el recorrido se han reunido con diferentes autoridades. “A todos les hacemos la misma exigencia: que se pongan de verdad a buscar a nuestros migrantes”. 

Anita dice que si el Movimiento Migrante Centroamericano y las madres de la caravana han logrado ubicar en los recorridos a 315 migrantes, con una sola persona que se dedica a hacer los rastreos, “¿por qué las autoridades no dedican a unas 20 personas, aunque sea, a que busquen en campo a nuestros familiares? Nosotros les damos los datos y las pistas y que los busquen”. 

Celaya cuenta que se reunieron ya con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Nos reunimos con ellos para darle seguimiento a las denuncias que ya están interpuestas. Hay madres y familiares de nuevos casos que apenas las interpusieron, pero cuesta mucho que de verdad se investigue”. 

De las buenas noticias que hay en la caravana están dos reencuentros de familiares. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se reunieron las hermanas Claudia Joaquina y Socorro Jaqueline Valladares, originarias del departamento de Francisco Morazán, en Honduras. 

Socorro Jaqueline salió de su país buscando una vida mejor. Llegó a México, pero después ya no pudo comunicarse con su familia. La marcación cambió. Cuando ella llamaba, una operadora le decía que el número había cambiado. 

Su familia en Honduras empezó a buscarla y a través del Movimiento Mesoamericano la localizaron hace un año. Apenas este martes 19, después de 16 años, Claudia y Socorro volvieron a abrazarse. 

También María Inés García tendrá un reencuentro en esta caravana. Ella verá el lunes 2 de diciembre a su hijo René Alonso Bolaños, pero el suyo será un reencuentro menos feliz. 

René está preso en el penal de Almoloya de Juárez, ahí lo verá María Inés. El joven, originario de El Salvador, lleva siete años preso acusado de secuestro y está en espera de sentencia. 

“Mi hijo es inocente. Él llevaba apenas 13 días en México cuando lo detuvieron en un albergue en Hidalgo. Cómo iba a andar secuestrando, iba de paso para Estados Unidos. Tuvo que huir de El Salvador porque las pandillas lo iban a matar”. 

Al joven de entonces 20 años lo estaban extorsionando. Él trabajaba ayudando al chofer de un bus. Les cobraban la renta, el piso. Ya no podían pagar, así que “los amenazaron y mi hijo mejor pensó en huir. Pero acá lo detuvieron y lo acusaron de secuestro”. 

Apenas después de siete años, René tendrá un abogado particular. Integrantes de la Red Retoño, en México, apoyarán para su defensa y María Inés tiene esperanzas. “Mi hijo es inocente. Me lo han tratado como criminal, mira dónde está preso, en ese penal donde están verdaderos criminales, pero mi hijo es inocente y yo tengo esperanza en que saldrá libre”.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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