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Roberto Quiñones, el periodista independiente que lleva 78 días detenido por el gobierno cubano

Defensores de derechos humanos dicen que el castigo inusualmente duro refleja problemas más amplios para el gobierno cubano.
Cubanet
Por Claudia Padrón Cueto / Institute for War and Peace Reporting
30 de noviembre, 2019
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La condena a un año de prisión al periodista independiente Roberto Quiñones es la primera en el gobierno cubano del presidente Miguel Díaz-Canel y señala el punto de inflexión de lo que analistas y organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran una ola represiva contra la prensa no estatal, que data de inicios de este año.

Con el castigo impuesto, las autoridades fueron más allá del hostigamiento habitual de los últimos años,  que se resumian detenciones arbitrarias por algunas horas e, incluso, días, intimidaciones, y decomisos de equipos.

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Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabaja como corresponsal para el medio digital Cubanet, fue arrestado en abril pasado cuando trataba de entrevistar a la hija de una pareja que fue condenada por intentar educarla fuera del sistema educativo cubano.

En agosto, el tribunal municipal de Guantánamo, al extremo oriental de la isla, desechó una apelación presentada por Quiñones y ratificó la condena a un año de prisión y trabajo comunitario, luego de acusarlo de “resistencia y desobediencia” a la autoridad cuando fue arrestado.

Las detenciones, hostigamientos y decomisos son realizados por agentes de la policía y seguridad del estado cubano y la mayoría ocurren cuando los periodistas están reporteando historias, como el caso de Quiñones.

Hugo Landa, director del sitio digital Cubanet, para el que reportaba Quiñones cuando fue detenido, dice que la severidad de la medida obedece a diversos factores.

“Primeramente, Roberto tiene una tradición de lucha contra la dictadura desde los años noventa”, dijo Landa que enmarca la condena en el contexto de crisis energética que vive Cuba y al posible racionamiento, en el futuro, de otros bienes y servicios. “El gobierno se siente débil, temeroso y quiere dar un escarmiento. Utiliza la vida de Roberto para asustar a aquellos que disienten públicamente o hacen periodismo independiente”.

La relación directa entre la crisis económica que vive el archipiélago cubano y el aumento de las medidas represivas también la observa Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba.

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Las tiendas y mercados en Cuba han padecido de desabastecimiento de productos en los últimos meses por la falta de dinero para adquirirlos en el mercado internacional. A finales de septiembre, el combustible para automóviles empezó a escasear por problemas de transporte desde Venezuela, principal proveedor de gasolina a la isla.

La escasez ha revivido los fantasmas del periodo especial, una larga crisis económica provocada por la caída del régimen soviético en los noventa, que entonces era el principal comprador de los productos cubanos como el azúcar y proveedor de gasolina.

El periodo especial supuso un deterioro en la calidad de vida de la población y, en términos económicos, una fuerte contracción de la economía que fueron enfrentadas con severas restricciones al consumo de productos básicos y combustible. Ello generó malestar en la población y el éxodo de miles de cubanos a Estados Unidos y Europa.

El caso de Quiñones alarmó a organizaciones internacionales por las circunstancias de su arresto, juicio y condena y fue incluido en la lista del OneFreePress entre los 10 casos más urgentes de injusticia contra periodistas.

Amnistía Internacional lo nombró como “prisionero de conciencia”.

“Quiñones fue arrestado y golpeado mientras cubría un juicio, y esta injusticia representa un nivel aún más bajo, incluso para un país con una larga tradición de censura como Cuba”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés).

Fuera de la condena a Quiñones, la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) de Cuba ha reportado 76 agresiones más a periodistas independientes de enero hasta julio de este año.

20 de estas agresiones fueron dirigidas contra mujeres. A la mayoría de ellas les impidieron salir del país para asistir a capacitaciones profesionales o a eventos que tenían en su agenda conferencias sobre derechos humanos.

El 25 de junio pasado, por ejemplo, las autoridades cubanas impideron la salida del país a las periodistas Ileana Colas y Maricel Nápoles que iban a participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Las reporteras, que viajaban junto a otros activistas, fueron invitadas para exponer la situación de la prensa independiente y la libertad de expresión en Cuba.

Cuando arribaron al aeropuerto de La Habana, los oficiales de inmigración les informaron que no podían salir del país. Actualmente, el 60% de los periodistas que tienen prohibición de salida son mujeres, según los datos recabados por APLP.

El proceso contra Quiñones inició tres meses antes cuando a la entrada del mismo tribunal que lo condenó, el periodista se disponía a entrevistar a Ruth Rigal, la hija de 13 años de los pastores evangélicos Ramón Rigal y Ayda Expósito.

La pareja fue acusada de cometer “actos contrarios al normal desarrollo del menor” al querer educarla en casa y fue condenada a un año de prisión domiciliaria. En Cuba, por mandato constitucional, la educación es laica y estatal.

A los pocos minutos de iniciarse la entrevista con Rigal, dos agentes de la policía del estado se le acercaron a Quiñones e interrumpieron la conversación. Le pidieron identificación y le notificaron que estaba detenido.

El reportero dice que le preguntó a los policías por el motivo del arresto y que la respuesta fue aplicarle una técnica de defensa física para someterlo.

“Me hizo girar, me esposó y me jaló con tal violencia que caí en la acera desde la pequeña escalera del tribunal”, dijo Quiñones al Institute for War & Peace Reporting (IWPR, siglas en inglés).

Durante el trayecto hacia la delegación policial, el periodista dice que fue golpeado por las autoridades, lo que le provocó lesiones en el rostro, manos, cuello y oído, que fueron certificadas por dos instituciones médicas independientes.

“Dentro del auto patrullero le dije que era un abusador y me golpeó salvajemente”, dijo Quiñones en referencia al policía que lo detuvo. “Me partieron el labio y la punta de la lengua, así como me lastimaron el pulgar izquierdo y me abofetearon sobre el costado derecho de la cara, encima de la oreja”.

Las autoridades dijeron que la violencia en contra de Quiñones fue “necesaria para reducirlo a la obediencia”, según los documentos judiciales que obran en el expediente penal en su contra.

Tras su detención, fue confinado en un calabozo durante cinco días con el cuerpo lleno de hematomas y contusiones, la camisa ensangrentada y el tímpano derecho perforado, según un certificado médico.

Al día siguiente de su detención, fue trasladado hacia un hospital donde, aseguró, lo examinaron varios médicos que certificaron las lesiones pero que no recibió tratamiento médico.

Un día después, el reportero fue llevado al Departamento de Medicina Legal del gobierno cubano, donde las autoridades le dijeron que las lesiones no representaban un riesgo para su vida pero que si requerían de tratamiento médico, según dice el periodista.

Los policías que lo golpearon fueron eximidos de responsabilidad por el Primer Fiscal Militar de Guantánamo el pasado 30 de abril. En la sentencia que condena a Quiñones a prisión, se afirma que los funcionarios cumplían con su deber.

Las autoridades policiales de Guantánamo tienen varios antecedentes conocidos de violencia contra personas arrestadas y reclusos. El 19 de octubre de 2014 falleció en el hospital provincial el cubano Antonio Leyva Tejeda, de 39 años, víctima de una golpiza recibida en la misma unidad policial hacia donde trasladaron a Roberto, según reportó el medio digital Cubanet.

En ese mismo año, el activista por los Derechos Humanos, Ulises García, denunció otra paliza que le propició la policía provincial, que le provocó fracturas y lesiones.

Entérate: Cuba, el único país de América sin garantías para el ejercicio a la libertad de expresión

La organización de defensa de libertad de prensa Artículo 19, que ha estado pendiente de la nueva ola represiva a la prensa independiente en Cuba y en especial de la condena a Quiñones, relaciona la magnitud del castigo con el control de la información existente en Cuba.

“Al existir prensa independiente el control del flujo informativo se le va de las manos al gobierno cubano y por ello ha aumentado la severidad de las medidas”, dijo Claudia Ordóñez directora de la organización. “(Quiñones) podría ser un castigo ejemplar para sus colegas”.

El periodista tenía que ingresar a prisión el 12 de septiembre pero las autoridades cubanas adelantaron su fecha de encarcelamiento para el 5 y la policía lo arrestó en su casa. Seis días después lo llevó a la prisión provincial de Guantánamo porque Quiñones se negó a cumplir con su condena de trabajo comunitario.

“Durante el enjuiciamiento, al periodista le violaron una y otra vez sus garantías legales”, dice la abogada Laritza Diversent de Cubalex, una asociación sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en Cuba. “Roberto Quiñones no tuvo acceso a un tribunal independiente o jueces imparciales como no lo tiene nadie en Cuba donde el sistema judicial está supeditado el gobierno”.

Al periodista no se le permitió defenderse por su cuenta como él lo había solicitado, ni se le facilitó tiempo y recursos para hacerlo, dijo. Agregó que acudió al juicio sin un defensor, que nunca tuvo acceso a su expediente, ni se le admitieron las pruebas que quiso presentar.

Entre las pruebas están las fotografías de las lesiones sufridas y un historial de hostigamiento escrito por el propio Quiñones donde relata la persecución que ha padecido por parte de la seguridad del estado de su provincia durante años.

El pasado mes de febrero, la seguridad del estado había impedido que el periodista viajara a La Habana. Luego, el 18 de abril, lo obligaron a bajarse de un autobús que se dirigía a Cienfuegos, adonde iba a visitar a sus padres ancianos y enfermos, según dijo.

Ambos actos fueron ejecutados por el agente de la policía política cubana conocido como Víctor Víctor, el mismo que Quiñones acusa de ordenar a los policías su arresto el día que trabajaba como reportero en el tribunal.

En Cuba, los miembros de la seguridad del Estado no utilizan sus verdaderos nombres sino seudónimos para evitar que quede expuesta su identidad.

Al ocultar sus nombres, es más complejo situarlos como agentes o impedir su entrada a terceros países por las actividades represivas que han cometido en la isla.

Desde 1994, Quiñones ha sufrido persecución política en Cuba por defender a activistas políticos y de derechos humanos en su condición de abogado.

Dos décadas atrás, estuvo recluido en la cárcel durante más de cuatro años, acusado de falsificación de documentos públicos y recibir sobornos. El periodista dice que se le acusó de complicidad con una notaría que él defendía.

La notaría había sido sido procesada por autorizar la compraventa de una casa, lo que era prohibido en la época. Estas transacciones fueron autorizadas en 2011.

Quiñones dice que no trabajaba en la oficina dónde se infligió la ley ni tuvo acceso a documento alguno. También dijo que fue condenado para que no siguiera defendiendo activistas.

“El gobierno cubano suele sancionar como delincuentes comunes y acusa de delitos no políticos a las personas que pertenecen o se relacionan con la oposición o la prensa independiente”, dijo Quiñones. “Lo hizo conmigo hace más de 20 años, y lo vuelve a hacer hoy”.

Claudia Padrón Cueto es una periodista cubana que colabora con Tremenda Nota.

Esta historia se publicó originalmente en inglés en el sitio del Institute for War and Peace Reporting.

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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