Los habitantes de la colonia Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, están convencidos de que portan un estigma solo por vivir en el sitio considerado la cuna de un cártel de huachicoleros que lleva el mismo nombre de la localidad y que, a decir de las autoridades a cargo de seguridad en el estado, es uno de los causantes de la violencia en esa región del centro de México.
La muerte de Leonardo Aguilar, vecino de la colonia y asesinado el 11 de julio presuntamente por la policía estatal, es para ellos evidencia de que son criminalizados solo por vivir en Santa Rosa de Lima.
La familia del joven panadero de 24 años asegura que él no tenía ningún vínculo con el delito del robo de combustible y que, pese a ello, las autoridades lo abatieron durante un supuesto enfrentamiento con presuntos delincuentes.
Su asesinato provocó protestas de los vecinos que han exigido justicia para el joven y un alto a la criminalización de quienes nacieron y viven en la colonia Santa Rosa de Lima, para que se deje de vincularlos con el cártel del mismo nombre.
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Pues Leonardo no es el único caso. Incluso, producto de esa manifestación, las autoridades detuvieron a ocho vecinos de la colonia Santa Rosa de Lima y los acusaron de terrorismo, lesiones y daños a vehículos oficiales. Todos ellos podrían alcanzar penas por hasta 12 años de prisión, según la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, dependencia que integró las averiguaciones.
“Mi mamá no es terrorista”
El pasado 10 de octubre, Animal Político visitó la colonia Santa Rosa de Lima y se reunió con vecinos del sitio, entre ellos amigos y familiares de los ocho detenidos.
Previo a la entrevista, los vecinos se organizaron y emprendieron una caminata silenciosa en la colonia a manera de protesta por el crimen de Leonardo y por las detenciones del pasado 11 de julio.
En la caminata había adultos y niños que portaban cartulinas con diferentes consignas.
“Mi mamá no es terrorista”; “son inocentes”; “los queremos fuera”; “abuso de autoridad”.
“Los que están detenidos tienen familia. Creo que el gobierno ya investigó y saben que no se dedican a nada ilícito”, dijo María de los Ángeles Ruiz, hermana de una de las mujeres detenidas el 11 de julio y quien se quedó al cargo de sus dos sobrinos.
“Es la discriminación por el simple hecho de ser de aquí”, dijo por separado una de las vecinas que habló con Animal Político de manera anónima.
María de los Ángeles Ruiz describió que cuando se corrió la voz de la muerte de Leonardo García, la gente se organizó de inmediato para protestar en la carretera Salamanca-Celaya.
“Mi hermana está encarcelada, ella iba a la carretera, iba junto con toda la gente para apoyar a los familiares de Leonardo porque su muerte fue una injusticia”, comentó.
Pero la versión oficial es que esa manifestación se trató de un bloqueo orquestado por José Antonio Yepez conocido como “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y el hombre más buscado por las autoridades de Guanajuato.
María de los Ángeles, en cambio, niega que haya sido una acción del grupo criminal u organizada por alguna persona en particular. “Fue una protesta espontánea por el asesinato de nuestro vecino Leonardo. Solo eso”.
“Tenemos miedo de salir a la calle”
Pero aún cuando los vecinos sostienen que sus protestas son legítimas, el escrutinio social pesa sobre los habitantes de Santa Rosa de Lima, quienes reconocen que no solo las autoridades los criminalizan, también lo hacen otros ciudadanos.
En la pequeña manifestación de octubre, una joven narró que ha visto cómo a sus vecinos ni siquiera les reciben los papeles cuando buscan trabajo en empresas. “Están completas las áreas”, les dicen cuando ven su identificación oficial donde se especifica la dirección. “Es la discriminación por el simple hecho de ser de aquí”, lamentó.
También estuvo una señora de la tercera edad que vive en la localidad Santa Rosa de Lima y que cuenta que ya no recibe visita de su familia; y que cuando sale a visita al médico a Celaya, los taxis la dejan en la entrada del municipio porque se niegan a entrar a la colonia. “Tengo un hijo en Celaya que le da miedo venir”, agrega.
“Tenemos miedo de salir, en la calle nos paran los policías nos acusan de cosas que no tienen nada que ver con nosotros; pienso que están haciendo abuso de autoridad. Desde antes ya era un poco así pero desde el caso de Leonardo comenzaron a ser más malos”, agregó la señora, quien habló de manera anónima.
“Silvia”, una menor de edad, dijo que es frecuente que en el trayecto a su escuela, en el autobús, los policías se suban y los obliguen a mostrar lo que traen en las mochilas. “Ocurrió como tres veces que veníamos de la escuela y nos decían que abriéramos las mochilas”.
Otra habitante de Santa Rosa de Lima narró cómo al caminar frente a los puestos de vigilancia ha sido sometida a cuestionamientos de los policías estatales sin argumento alguno, solo por caminar en la vía pública.
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Una década criminal
En Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima se convirtió en el símbolo del robo de combustible y junto con sus operaciones e inflcuencia, también creció la percepción de que cultivó una amplia base de apoyo entre los pobladores de la colonia con el mismo nombre y de los habitantes de Villagrán.
Villagrán es uno de los 19 municipios de Guanajuato que forman el corredor industrial del estado, por los que cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos conectados a la Refinería Salamanca.
Es en esa región en la que, desde hace una década aproximadamente, comenzó a tomar fuerza el robo de combustible, según la Fiscalía estatal.
El estado de Guanajuato informó que, solo en 2018, se decomisaron 7 millones de litros de combustible robado, en operativos de vigilancia y de combate a este delito
José Antonio Yépez, “El Marro”, ha consolidado su presencia en los municipios de Salamanca, Villagrán, Cortazar, Celaya, los Apaseos y Jerécuaro; todos ellos en zona de ductos, explicó Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exprocurador de Guanajuato.
Tanto Alcántara, como otras fuentes oficiales consultadas por Animal Político en Guanajuato, coinciden en que esa agrupación criminal tiene dos particularidades: es un “cártel” que nació y creció por el robo de combustible, sin traficar drogas u otras mercancías ilícitas, y es una organización que procuró hacerse de una amplia base de personas que los apoyan.
La hipótesis de que poseen un grupo amplio de apoyo ciudadano se basa en las muestras que han recibido públicamente por parte de pobladores de esta zona, con manifestaciones que han derivado en bloqueos y quemas de vehículos, dijo en entrevista con Animal Político, la comisionada de seguridad, Sophia Huett.
Ese grupo delictivo fincó una “base social” en la región, y en el caso de la colonia Santa Rosa de Lima, Villagrán, reveló que el apoyo fue tal que ni siquiera el Ejército podía entrar al municipio por ellos, recordó.
Explicó que los pobladores de la región han mostrado su apoyo al Cártel en diversas ocasiones, una de ellas con los bloqueos carreteros ocurridos el 4 y 5 de marzo pasado, esto como respuesta a un operativo realizado en Villagrán con la participación de fuerzas estatales y federales.
“Ya era imposible entrar, esto implicaba que los que estuvieran metidos estuvieran contentos con los recursos económicos, porque eso les permitía mantener la base social. Por otro lado se encuentra la gente que no esta metida pero cada día vive peor”, señaló la funcionaria.
“Golpe de Timón” al Cartel
El 4 de marzo de 2019, el gobierno de Guanajuato puso en marcha el operativo Golpe de Timón, teniendo como punto de partida la colonia Santa Rosa de Lima, con la participación de 250 elementos de la policía estatal acompañados de la Policía Federal y la Marina Armada de México.
El mismo día del inicio del operativo se liberó a cuatro personas secuestradas en Santa Rosa de Lima, se decomisaron 13 vehículos y cinco armas largas, además de diversas cantidades de droga, según informó el gobierno de Guanajuato.
El objetivo de ese operativo, reiteró el fiscal estatal, seguía siendo desmantelar al Cártel y detener a su líder, “El Marro”.
Sophia Huett abundó que ese operativo permitió la entrada al municipio de las fuerzas estatales, pero además envío el mensaje de que el gobierno guanajuatense trata de recuperar el tejido social en esa zona.
Para el Fiscal Carlos Zamarripa, las acciones y operativos implementados contra el robo de combustible han permitido disminuir hasta en 80% la estructura del Cártel Santa Rosa de Lima.
Aunque el fiscal no especificó detalles, sí dijo que en el estado hay 39 detenidos en los últimos dos años acusados de terrorismo, incluidos los ocho habitantes de la colonia Santa Rosa de Lima que se manifestaron por el muerte de Leonardo. Según Zamarripa, existen pruebas firmes que los relacionan con las actividades de “El Marro”, quien es, dijo, “objetivo número uno” de la justicia en Guanajuato.
Esas 39 personas están relacionadas a bloqueos carreteros que derivaron en la quema de vehículos y otros actos violentos atribuidos al Cártel local. También, dijo el fiscal, son acusados de quemar patrullas de la policía local.
Pero aún cuando el propio fiscal Zamarripa considera que el operativo Golpe de Timón llego tarde, el funcionario presume que gracias a estas acciones la dependencia a su cargo ha dado resultados.
Puso de ejemplo el hallazgo de una casa en la colonia Santa Rosa de Lima en la que se encontraron tambos y solventes químicos que presuntamente serían utilizados para disolver cuerpos. Ahí mismo fueron halladas pertenencias de personas reportadas como no localizadas, aunque no se localizó ningún resto humano.
También dijo que se halló un paraje ubicado en los límites entre Villagrán y Celaya con nueve cuerpos. No era una fosa clandestina propiamente, explicó, sino un tiradero de cascajo en el que los restos estaban semi enterrados en dos puntos distintos.
“En ese lugar encontramos varios cuerpos pero también encontramos restos óseos de diferente naturaleza. Fue algo horrendo. Si los hubieran enterrado hubiera sido muy difícil encontrarlo. Hemos identificado a la mayoría”.
De acuerdo con la declaración de Zamarripa, la información que obtuvieron les permitió saber que se trató de seis personas cuya desaparición correspondió a un mismo evento.
Además confirmó que hay dos personas más que eran taxistas, desaparecidas en otro evento y una mujer que ya fue identificada.
Para la comisionada Huett es evidente que existe un estigma contra los pobladores de Santa Rosa de Lima, Villagrán, pero dice que también es un hecho que la localidad es el punto de partida para investigar y combatir al cartel huachicolero.
“Es complejo porque hay una gran mayoría de gente buena. Y su capacidad de acceder a mejores oportunidades laborales se ven limitadas por un estigma”, reconoció la Comisionada, quien agregó que con el operativo “Golpe de Timón” lo que buscan es que “las nuevas generaciones tengan otras opciones para decidir”.
Pero mientras las autoridades enfocan sus acciones en un operativo contra la violencia y el robo de combustible que consideran que “llegó tarde”, los habitantes de la colonia Santa Rosa de Lima se sienten criminalizados, perseguidos y cada vez con menos oportunidades.
